Flora Miranda del Castillo

Expediente 933/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
933/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
05/11/2020

Partes del expediente

  • Flora Miranda del Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio con anexos de cuenta, por medio del cual, la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en el Estado de Puebla, en cumplimiento al fallo protector, remite copia certificada de diversas constancias, entre las que destaca la audiencia de ley de veintisiete de octubre de dos mil veinte, desahogada en el juicio laboral 777/2019 de su índice. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el contenido del oficio de cuenta, y córrase traslado con copia autorizada del presente proveído y de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a fin de que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Con el apercibimiento que transcurrido el plazo establecido con antelación, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal resolverá de oficio sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables en este juicio Exhortación de juicio en línea y comunicación por medios electrónicos Se exhorta a las partes a continuar la tramitación del asunto bajo el esquema de "juicio en línea"

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa desahogó la vista ordenada en autos y al efecto realizó manifestaciones en relación con las actuaciones de la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector, por lo que este órgano jurisdiccional procede a verificar si se cumplió o no con la ejecutoria de amparo dictada en autos responsables, las cuales tienen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, se advierte que se dejó insubsistente tanto el procedimiento administrativo que concluyó con la resolución de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, como el oficio DEPP/1856/18 y, siguiendo los lineamientos del fallo protector el ocho de mayo de dos mil veinte otorgó a la quejosa los apoyos que dejó de percibir desde el ocho de noviembre de dos mil diecisiete. En tales condiciones, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se tiene por cumplida la sentencia dictada por este juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la ley de la materia. Sin que sea óbice a lo anterior, las manifestaciones que realiza la parte quejosa, al estimar que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento, pues la cantidad que se le entregó no es la correcta ni fue en el tiempo determinado en la sentencia al puntualizar: que su hija Saira Anahi Hernández Juárez tiene el carácter de becaria; por ende, tiene derecho a recibir los apoyos respectivos; que los integrantes de su familia registrados en el Sistema de Prospera Programa de Inclusión Social en el Estado, son tres; por lo que, manifiesta que se debe efectuar una cuantificación justa y proporcional al número de integrantes; para lo cual solicita la apertura del incidente innominado a fin de cuantificar las cantidades que les corresponde recibir a cada uno de los integrantes de su familia, que en conjunto da un total de $90,632.00 (Noventa mil seiscientos treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). No le asiste razón, pues parte de una premisa inexacta dado que las autoridades responsables sí acataron los lineamientos del fallo protector y le otorgaron a la quejosa Margarita Juárez Hernández los apoyos que dejó de percibir del programa de subsidio al que se encuentra inscrita denominado Prospera Programa de Inclusión Social, por el período comprendido del ocho de noviembre de dos mil diecisiete al mes de abril de dos mil veinte, dado que de constancias se advierte el ocho de mayo de dos mil veinte se entregó a la quejosa dos sobres cada uno de ellos con un cheque por las cantidades de $11,200.00 (Once mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y $7,450.00 (Siete mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), que suman el total de $18,650.00 (Dieciocho mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); dicha cantidad justifica el monto bimestral de $1,600.00 (Mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), el cual representa hasta cinco emisiones por año fiscal. Por consiguiente, tampoco ha lugar acordar de conformidad la petición de la parte quejosa, respecto a que se declare en la presente valoración que las autoridades responsables no dieron cumplimiento al fallo protector; puesto que en líneas precedentes quedó demostrado que la ejecutoria de amparo sí está cumplida. Se hace constar que la fecha en que se llevó a cabo el cumplimiento por parte de las responsables ocurrió el ocho de mayo de dos mil veinte, constancias que se recibieron en la oficialía de partes de este juzgado federal el veinticuatro de septiembre siguiente y con su contenido se ordenó dar vista a la parte quejosa en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo mediante proveído de seis de octubre de dos mil veinte.

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