Flora Espinoza Raya
Expediente 441/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 32 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 441/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 27/08/2019
Partes del expediente
- Flora Espinoza Raya
- Juez Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por Ramón Roberto Jaime Córdova, en su carácter de apoderada de la quejosa, por medio del cual solicita la devolución del billete con el cual garantizó la suspensión definitiva de diez de octubre de dos mil diecisiete; en atención a lo anterior, hágasele saber al promovente que no ha lugar a acordar su solicitud, ello en virtud de que no existe ningún billete en los autos del presente juicio en que se actúa.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha transcurrió el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas para hacerlo, manifestaran su inconformidad contra el proveído de seis de noviembre de dos mil dieciocho, que declaró cumplido el fallo protector, sin que ello ocurriera; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el cuaderno principal y el original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devolución de constancias. En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver a las autoridades responsables Juez Segundo de lo Civil, Actuario de su adscripción y Director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, todas con residencia en esa ciudad, las copias certificadas que remitieron al rendir su respectivo informe justificado. 6. Destrucción de constancias. Por lo que respecta al tomo de prueba formado con motivo de las documentales que exhibió la parte quejosa, al no ser necesaria su devolución, ni retención, se ordena la destrucción de las mismas.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
hago efectivo el apercibimiento del CITATORIO de siete de noviembre de dos mil dieciocho, dejado en el domicilio procesal del tercero interesado, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de seis de noviembre de dos mil dieciocho, por lista y por lista en una página electrónica a la citada quejosa, publicada el doce de noviembre de dos mil dieciocho, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en los artículos 26, 27 y 29, todos de la Ley de Amparo, que a la letra dice: Visto el estado de los autos, se procede a analizar si las autoridades responsables Juez Segundo de lo Civil, así como Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, ambos con residencia en esta ciudad, cumplieron con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por las responsables, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Flora Espinoza Raya, también conocida como Flora Espinoza Raya de Nolasco, Flora Nolasco y Flora Espinoza Nolasco, sentencia que fue recurrida por la parte tercero interesada, y posteriormente por la parte quejosa, quien interpuso recurso de revisión adhesiva, siendo el primero confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana, Baja California, en veintiocho de septiembre del presente año, y por lo que respecta a la revisión adhesiva referida, dicho órgano jurisdiccional declaró sin materia el mismo; en consecuencia, se requirió a las autoridades responsables Juez Segundo de lo Civil, así como al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, ambos con residencia en esta ciudad, para que dieran cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: "Efectos de la sentencia de amparo. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable Juzgado Segundo de lo Civil de esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio civil 448/2011, a partir del emplazamiento cuestionado, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores. Concesión que se hace extensiva a los diversos actos reclamados al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en esta ciudad, por tener el carácter de autoridad ejecutora. Cabe precisar que en materia civil, a partir de ese momento de restitución, la continuación y conclusión de la contienda quedarán sujetas al principio de derecho rogado que la rige, por lo que será la instancia de las partes la que defina la conclusión de la controversia. Virtud a lo anterior, el efecto de la sentencia de amparo no puede abarcar la orden de que se convoque adecuadamente al tercero extraño en su calidad de demandado como parte que es en aquel proceso, a fin de entablarse así la relación procesal pertinente, sino sólo ordenar la nulidad en los términos apuntados. En apoyo a lo expuesto, se cita el siguiente criterio: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO DEPENDEN DEL SUPUESTO EN QUE SE UBIQUE EL QUEJOSO CON ESE CARÁCTER. En la práctica judicial se presentan diversos supuestos de persona extraña a juicio que se ha considerado conveniente clasificar con el fin de establecer, del modo más preciso posible, cuáles habrán de ser los efectos de la protección constitucional en cada una de esas hipótesis. Así, se tiene: I. Al tercero extraño stricto sensu que se identifica con la persona física o moral distinta de los sujetos que forman parte de una controversia; en esta hipótesis, al ser ajeno a la litis ventilada en el juicio, el concepto de persona extraña es menester ubicarlo como opuesto al de parte procesal. De resultar en el amparo que efectivamente el quejoso es extraño a la controversia, conforme al principio establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo, en restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación el efecto natural de la salvaguarda constitucional solamente se constreñirá en reintegrarlo en el goce de sus derechos que, involucrados en el litigio al que es ajeno, le fueron afectados; esto es, se le restituirá, por ejemplo, en el disfrute de su derecho de propiedad sobre un bien que ha sido embargado en un juicio en que no es parte; al no ser partícipe de esa relación procesal, es claro que no puede verse favorecido ni perjudicado por los actos que se lleven a cabo en la contienda. De ese modo, la concesión del amparo no implicará la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural al que se es extraño, en mérito a que al acudir al juicio de garantías la única intención del tercero en comento es simplemente extraer de aquella controversia sus derechos; no le interesa una declaratoria de nulidad total del juicio porque, se reitera, es ajeno a la relación jurídica en él ventilada. II. El tercero extraño por equiparación que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta con las siguientes modalidades: a) El tercero extraño equiparado simple que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente virtud a un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa; bajo esa condición, evidentemente que será extraño a todo lo actuado en el pleito. En este supuesto el efecto de una sentencia protectora se traducirá simplemente en que se declare nulo el juicio a partir del inexacto emplazamiento, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores; en materia civil, a partir de ese momento de restitución, la continuación y conclusión de la contienda quedarán sujetas al principio de derecho rogado que la rige, por lo que será la instancia de las partes la que defina la conclusión de la controversia. Virtud a lo anterior, el efecto de la sentencia de amparo no puede abarcar la orden de que se convoque adecuadamente al tercero extraño en su calidad de demandado como parte que es en aquel proceso, a fin de entablarse así la relación procesal pertinente, sino sólo ordenar la nulidad en los términos apuntados; b) El tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas: por un lado, aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia, lo cual le otorga el carácter de un litisconsorte pasivo necesario no llamado a juicio que de suyo evidencia la necesidad de haberla integrado a la relación jurídica para ponerla en aptitud de defender sus derechos. En esta hipótesis, el amparo que llegara a concederse por quedar corroborado el carácter de tercero en comento, habrá de tener como alcance no ordenar la reposición del procedimiento a fin de que dicha persona que no fue señalada en la demanda natural, sea emplazada junto con los demás litisconsortes; sino que, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la que emergió la jurisprudencia 1a./J. 79/2001 "...los alcances de la protección deberán ser para que se revoque la sentencia reclamada y se dejen a salvo los derechos de las partes...", en mérito a que "...admitir otra postura, esto es, que se reponga el procedimiento, sería tanto como darle poderes al Juez para que supla la demanda del actor, señalando a demandados que no fueron mencionados en la demanda, y es al actor a quien corresponde redactar otra demanda en la que cite a todos los demandados, no al Juez hacerlo de oficio.". Por otro lado, dentro de este apartado de tercero extraño equiparado por litisconsorcio se presenta aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado o se le llamó incorrectamente al juicio; caso en que al igual que el tercero extraño equiparado simple al que se hizo referencia, por virtud del principio de derecho rogado rector de la materia civil, el efecto de una concesión de amparo se constreñirá a la declaratoria de nulidad del juicio a partir del inexacto emplazamiento quedando inválidas todas las actuaciones posteriores, con la particularidad, en esta modalidad, de que tales consecuencias del fallo protector sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, tal como lo sustentó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 9/96, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ÉSTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.". Así, los diferentes supuestos de persona extraña a juicio que se presentan en el amparo permiten afirmar que el efecto del fallo protector no puede ser el mismo en todos ellos; los alcances que deban asignarse a la protección constitucional dependerán de la ubicación del caso en específico dentro de la categorización enunciada." (Criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 2244, del Libro 32, Julio de 2016, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época)." El quince de octubre del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado la Juez Provisional y la Actuaria, ambas adscritas al Juzgado Segundo de lo Civil, con residencia en esta ciudad, al que anexaron copia certificada del auto de diez de octubre en curso, donde en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la primera de las mencionadas, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil 448/2011, a partir del emplazamiento ordenado el once de julio de dos mil doce, y ordenó la cancelación de la inscripción ante la diversa responsable Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de esta ciudad, de la sentencia definitiva que dictó en los mencionados autos. Asimismo, en dieciocho del presente mes y año, se tuvo por recibido el oficio de la Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, en esta ciudad, donde informó que realizó la cancelación de la partida 5232931, sección civil, de trece de julio de dos mil once, bajo inscripción 5320623, sección civil, de quince de octubre del presente año, anexando hoja de inscripción con número de volante 3-18-29240, de esa misma fecha. Con lo anterior, se dio vista a las partes, sin que hubieran hecho manifestación alguna al respecto. Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Juzgado Segundo de lo Civil de esta ciudad, dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio civil 448/2011, a partir del emplazamiento cuestionado, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores, concesión que se hizo extensiva a los diversos actos reclamados al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en esta ciudad, por tener el carácter de autoridad ejecutora, lo cual así sucedió; por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.
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