Flora Cholula Veyta

Expediente 123/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
123/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
27/01/2021

Partes del expediente

  • Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 47 En la Ciudad de Puebla
  • Flora Cholula Veyta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Covid-19. La pandemia derivada del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada Covid-19, continúa activa y en aumento. Consejo de la Judicatura Federal. El CJF ha emitido diversos Acuerdos mediante los cuales ha adoptado medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general; procurado, en la medida de lo posible, que los órganos jurisdiccionales continúen prestando el servicio público de impartición de justicia en modalidades de trabajo a distancia, en línea, con guardias y con jornadas de trabajo restringidas en horario y personal. Acuerdo General 13/2020 del CJF. En el Acuerdo General 13/2020, el Pleno del CJF adoptó un esquema de trabajo y medidas de contingencia, en el que sólo se recibían, tramitaban y resolvían asuntos urgentes y en línea; asimismo, se resolvían aquellos asuntos tramitados en físico que ya estuviesen radicados y sólo faltase dictar la sentencia; quedando suspendidos los plazos y términos para los casos restantes. Acuerdo General 21/2020 del CJF. En el Acuerdo General 21/2020 el Pleno del CJF dispuso la reanudación de los plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2; con efectos a partir del tres de agosto de dos mil veinte. Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 del CJF. A través de los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, respectivamente, el Pleno del CJF amplió en dos ocasiones la temporalidad del 21/2020, quedando vigente la reanudación de los plazos y el esquema de trabajo escalonado con horario y personal reducidos hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. Circular CAP/3/2020. A través de la Circular CAP/3/2020, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó medidas especiales vigentes del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; en particular, el regreso al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; es decir, sólo para atender los casos urgentes, en línea y físicos listos para fallar y se volvieron a suspender los plazos para el resto de casos. Circular SECNO/6/2021. Finalmente, a través de la Circular SECNO/6/2021, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó nuevas medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, considerando la incidencia de contagios por la emergencia sanitaria. En particular, se dispuso: a. Que las medidas estarían vigentes del veintiséis de enero al nueve de febrero de dos mil veintiuno; b. Que en la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Jalisco (Tercer Circuito), Nuevo León (Cuarto Circuito), Coahuila (Octavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Querétaro (Vigesimosegundo Circuito), Tlaxcala (Vigesimoctavo Circuito e Hidalgo (Vigesimonoveno Circuito), continúa el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; y, c. Que en el resto de los Circuitos Judiciales (entre ellos el Sexto: Puebla), el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales sería el Acuerdo General 21/2020; esto es, el relativo que reanuda plazos y dispone el regreso escalonado en los órganos. Reanudación. En consecuencia, procede la reanudación del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, la Circular SECNO/6/2021, que establece las medidas vigentes del veintiséis de enero al nueve de febrero de dos mil veintiuno. En esa medida, se reanuda el procedimiento de este juicio de amparo indirecto. En el entendido que dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el procedimiento se reanuda en el punto en que quedó pausado. Causa estado cumplimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de uno de diciembre de dos mil veinte, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional..". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, uno de diciembre de dos mil veinte. Se declara cumplida sentencia. Visto el estado de autos, tomando en consideración que la parte quejosa no desahogó la vista que les fue otorgada mediante auto del once de noviembre de dos mil veinte, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia del trece de marzo de dos mil veinte, se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos plasmados en el párrafo 95 de la misma, que a la letra dice: "VII. DECISIÓN 95. Ante lo esencialmente fundado de los conceptos de violación vertidos por la quejosa, analizados en suplencia de la queja, conceder la protección constitucional solicitada, para los efectos siguientes: 1. Que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito cuarenta y siete deje insubsistente todo lo actuado en el juicio sucesorio agrario 588/2018, a bienes de Andrés Veyta Vilchis, a partir del acuerdo de radicación, incluida la sentencia, y ordene el emplazamiento de la quejosa en su calidad de concubina, a fin de que pueda oponer su derecho para suceder al extinto ejidatario. 2. En la inteligencia que el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla deberá dejar insubsistentes los actos derivados de la sentencia emitida en el referido juicio sucesorio, esto es: a. La cancelación del certificado parcelario 36720 y del certificado de derechos sobre tierras de uso común 9784, expedidos a favor del extinto Andrés Veyta Vilchis, b. La expedición de los certificados de derechos agrarios a favor de la tercera interesada Tomasa Pérez Limón." Mediante proveído del veintiuno de agosto de dos mil veinte, la sentencia de mérito causó ejecutoria; en consecuencia, se requirió al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito cuarenta y siete y Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Por oficio UJ-1165/2020, del diecisiete de septiembre de dos mil veinte, la autoridad responsable informó las gestiones que realizó a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y al efecto remitió copia certificada del auto dictado en ese misma fecha, en el que dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio sucesorio de origen, a bienes de Andrés Veyta Vilchis, a partir del acuerdo de radicación, incluida la sentencia, y ordenó el emplazamiento de la quejosa en su calidad de concubina a fin de que pueda oponer su derecho para suceder al extinto ejidatario y ordenó dejar insubsistentes los actos derivados de la sentencia emitida en el referido juicio sucesorio. Asimismo, en proveídos del cinco, nueve, diecinueve y treinta de octubre pasados, se tuvo al Magistrado responsable informando las gestiones que realizó a fin de dar cumplimiento al fallo protector. Posteriormente, mediante oficio UJ- 1610/2020, la citada autoridad responsable, remitió copia certificada del oficio D/RAN/SRB/1370/2020 del veintiocho de octubre de dos mil veinte. Del citado oficio se advierte que la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, en ausencia del Delegado Estatal, le informó que procedió a la cancelación y reactivación de los certificados solicitados y del auto de seis de noviembre de la presente anualidad, dictado en el juicio sucesorio 588/2018 de su índice. Cabe destacar que a las constancias remitidas por la autoridad responsable se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. En consecuencia, se aprecia que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito cuarenta y siete y Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, dieron cumplimiento al fallo protector, pues en primer término el Magistrado responsable dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio sucesorio de origen, a bienes de ***, a partir del acuerdo de radicación, incluida la sentencia, ordenó el emplazamiento de la quejosa en su calidad de concubina a fin de que pudiera oponer su derecho para suceder al extinto ejidatario. Asimismo, ordenó dejar insubsistentes los actos derivados de la sentencia emitida en el referido juicio sucesorio, por lo que giró oficio al Delegado del Registro Agrario Nacional, a fin de que: Cancelara la inscripción de la sentencia dictada en el juicio agrario 588/2018, el certificado parcelario 1078867 y el certificado de derechos sobre tierras de uso común 1016678, expedidos a favor de Tomasa Pérez Limón. Dejara vigentes los certificados parcelarios 36720 que ampara la parcela 32, así como el certificado de derechos sobre tierras de uso común 9784, expedidos a favor de Andrés Veyta Vilchis. En segundo término se advierte que el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, dio cumplimiento a lo solicitado y al efecto mediante oficio D/RAN/SRB/1370/2020 del veintiocho de octubre de dos mil veinte, informó al Magistrado responsable que procedió a la cancelación y reactivación de los certificados solicitados y del auto de seis de noviembre de la presente anualidad, dictado en el juicio sucesorio 588/2018. Con base en lo expuesto, se considera que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y tercero interesado.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA ... NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, uno de diciembre de dos mil veinte. Se declara cumplida sentencia. Visto el estado de autos, tomando en consideración que la parte quejosa no desahogó la vista que les fue otorgada mediante auto del once de noviembre de dos mil veinte, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia del trece de marzo de dos mil veinte, se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos plasmados en el párrafo 95 de la misma, que a la letra dice: "VII. DECISIÓN 95. Ante lo esencialmente fundado de los conceptos de violación vertidos por la quejosa, analizados en suplencia de la queja, conceder la protección constitucional solicitada, para los efectos siguientes: 1. Que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito cuarenta y siete deje insubsistente todo lo actuado en el juicio sucesorio agrario 588/2018, a bienes de Andrés Veyta Vilchis, a partir del acuerdo de radicación, incluida la sentencia, y ordene el emplazamiento de la quejosa en su calidad de concubina, a fin de que pueda oponer su derecho para suceder al extinto ejidatario. 2. En la inteligencia que el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla deberá dejar insubsistentes los actos derivados de la sentencia emitida en el referido juicio sucesorio, esto es: a. La cancelación del certificado parcelario 36720 y del certificado de derechos sobre tierras de uso común 9784, expedidos a favor del extinto Andrés Veyta Vilchis, b. La expedición de los certificados de derechos agrarios a favor de la tercera interesada Tomasa Pérez Limón." Mediante proveído del veintiuno de agosto de dos mil veinte, la sentencia de mérito causó ejecutoria; en consecuencia, se requirió al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito cuarenta y siete y Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Por oficio UJ-1165/2020, del diecisiete de septiembre de dos mil veinte, la autoridad responsable informó las gestiones que realizó a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y al efecto remitió copia certificada del auto dictado en ese misma fecha, en el que dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio sucesorio de origen, a bienes de Andrés Veyta Vilchis, a partir del acuerdo de radicación, incluida la sentencia, y ordenó el emplazamiento de la quejosa en su calidad de concubina a fin de que pueda oponer su derecho para suceder al extinto ejidatario y ordenó dejar insubsistentes los actos derivados de la sentencia emitida en el referido juicio sucesorio. Asimismo, en proveídos del cinco, nueve, diecinueve y treinta de octubre pasados, se tuvo al Magistrado responsable informando las gestiones que realizó a fin de dar cumplimiento al fallo protector. Posteriormente, mediante oficio UJ- 1610/2020, la citada autoridad responsable, remitió copia certificada del oficio D/RAN/SRB/1370/2020 del veintiocho de octubre de dos mil veinte. Del citado oficio se advierte que la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, en ausencia del Delegado Estatal, le informó que procedió a la cancelación y reactivación de los certificados solicitados y del auto de seis de noviembre de la presente anualidad, dictado en el juicio sucesorio 588/2018 de su índice. Cabe destacar que a las constancias remitidas por la autoridad responsable se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. En consecuencia, se aprecia que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito cuarenta y siete y Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, dieron cumplimiento al fallo protector, pues en primer término el Magistrado responsable dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio sucesorio de origen, a bienes de ***, a partir del acuerdo de radicación, incluida la sentencia, ordenó el emplazamiento de la quejosa en su calidad de concubina a fin de que pudiera oponer su derecho para suceder al extinto ejidatario. Asimismo, ordenó dejar insubsistentes los actos derivados de la sentencia emitida en el referido juicio sucesorio, por lo que giró oficio al Delegado del Registro Agrario Nacional, a fin de que: Cancelara la inscripción de la sentencia dictada en el juicio agrario 588/2018, el certificado parcelario 1078867 y el certificado de derechos sobre tierras de uso común 1016678, expedidos a favor de Tomasa Pérez Limón. Dejara vigentes los certificados parcelarios 36720 que ampara la parcela 32, así como el certificado de derechos sobre tierras de uso común 9784, expedidos a favor de Andrés Veyta Vilchis. En segundo término se advierte que el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, dio cumplimiento a lo solicitado y al efecto mediante oficio D/RAN/SRB/1370/2020 del veintiocho de octubre de dos mil veinte, informó al Magistrado responsable que procedió a la cancelación y reactivación de los certificados solicitados y del auto de seis de noviembre de la presente anualidad, dictado en el juicio sucesorio 588/2018. Con base en lo expuesto, se considera que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y tercero interesado.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Se agrega oficio sin mayor proveído. Visto el oficio de la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, se le tiene informando que en cumplimiento al fallo protector el veintiocho de octubre del presente año, canceló la inscripción del fallo emitido el ocho de abril de dos mil diecinueve, así como la cancelación de los certificados *** expedidos a nombre de la tercero interesada y se reactivaron los certificados *** a favor de ***, y al efecto remite las constancias con las que acredita lo anterior; sin embargo, se ordena agregar sin mayor proveído, ya que por auto del once de noviembre de dos mil veinte, se tuvo al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Siete, informado lo anterior y remitiendo copias certificadas de las constancias relativas al cumplimiento que dio la autoridad oficiante a la sentencia dictada en el presente juicio, por lo que se dio vista a las partes con dichas constancias. Notifíquese.

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