Flora Camacho Islas
Expediente 1645/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1645/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Flora Camacho Islas
- Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Auto. Hermosillo, Sonora, tres de febrero de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes toda vez que como se asentó en la certificación de cuenta, no obran documentos originales en el presente sumario. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Auto. Hermosillo, Sonora, trece de enero de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente el informe justificado rendido por el secretario de acuerdos y proyectos adscrito a la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; dese vista con lo anterior a las partes. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexan dichas autoridades, a las cuales este juzgador les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de las cual se advierte la actualización de una causal de improcedencia. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de la documental agregada, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: La falta de emplazamiento de la parte demandada en el juicio de servicio civil ********************/********************. Ahora, de las constancias que la autoridad remitió se advierte que el diez de enero del año en curso, el actuario adscrito al tribunal responsable emplazó a la parte demandada del juicio origen. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba en la omisión de la autoridad responsable de gestionar el emplazamiento a la contraparte del juicio natural, lo cual ya aconteció, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de la autoridad, volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto sus pretensiones se encuentran satisfechas, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio -nueve horas con treinta y cinco minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés-. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Auto. Hermosillo, Sonora, tres de enero de dos mil veintitrés. 1. Se hace efectivo apercibimiento. Visto lo de cuenta, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para manifestar lo relativo a la prevención efectuada el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós; por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento de dicho auto, y se tiene únicamente como autoridad responsable a aquella que señaló en el apartado correspondiente de su escrito inicial de demanda. Atento a lo anterior, se acuerda lo siguiente: 2. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 14, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Flora Camacho Islas, en contra de los actos reclamados al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. 3. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con treinta y cinco minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente; ello con fundamento en lo señalado en el numeral 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. 4. Informe. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad señalada como responsable rinda su informe justificado, lo que deberá hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dicho informe copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que haga llegar sus informes o cualquier comunicación dirigida al órgano. 5. Apercibimiento a la autoridad responsable. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, se presumirá cierto el acto que se le reclama, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Además, en términos del numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida de actualización. 6. Requerimiento a la autoridad. Requiérase a la autoridad señalada como responsable para que, al momento de rendir su informe con justificación, comunique si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del mismo acto reclamado; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos del acto combatido, así lo haga saber a este juzgado. En el entendido que no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, ello de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 del referido cuerpo de leyes. 7. Prevención a la autoridad. En caso de que la autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 8. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete. 9. Tercero interesado. Debido a la naturaleza del acto reclamado, se estima que no existe tercero interesado. 11. Información de contacto. En términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se solicita a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. 12. Incidente de suspensión. Sin necesidad de tramitarse el incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado por la impetrante de amparo. 13. Pruebas. En cuanto a la prueba documental que refiere en su escrito de demanda, no ha lugar a tenerla por ofrecida, ello en razón de que no fue anexada al ocurso que se atiende. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciada en tiempo y forma la prueba de inspección judicial que refiere en su escrito y se proveerá lo que corresponda en el momento procesal oportuno. 14. Comunicación a las responsables de las resoluciones que se le notificarán por oficio. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.176/2012 (10ª), se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 15. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 263, considerando tercero, del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; personalmente a la representación social de la adscripción, por oficio a la responsable y por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. 1. Recepción. Fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número que corresponda. 2. Prevención de la demanda. A efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión, con fundamento en el artículo 108, fracciones III y V, en relación con el diverso 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente ********************, para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, por escrito para cada una de las partes y bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda por lo siguiente: Precise si además de la autoridad que indica en el capítulo correspondiente, señala como autoridad responsable al actuario notificador del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, toda vez que de lo narrado en el capítulo del acto reclamado, se advierte que se duele de la omisión de emplazar a la parte demandada dentro del juicio de origen ********************. Lo anterior, se hace necesario, a fin de emitir pronunciamiento en torno a las autoridades responsables del presente asunto y, en su caso, para establecer de manera correcta la Litis constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la jurisprudencia de texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición". 3. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del plazo concedido, este juzgador encausará su reclamo constitucional únicamente en relación con la autoridad responsable que señala en el capítulo correspondiente de su demanda y se procederá a proveer lo conducente sobre la admisión de la misma. Se cita al respecto, la tesis III.2o.T.1 K (10a.), Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo III, página 1778, Décima Época, con registro de localización 2022150, de rubro y texto siguientes: "ACLARACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. CASO EN QUE SU INCUMPLIMIENTO NO ACARREA NECESARIAMENTE TENERLA POR NO PRESENTADA. El artículo 108 de la Ley de Amparo establece lo que deberá expresarse en la demanda de amparo indirecto, entre otros, la autoridad o autoridades responsables así como el acto u omisión que a cada una se reclame; en tanto que, conforme a lo dispuesto por el diverso 114, fracción II, de la legislación en consulta, el Juez de Distrito mandará requerir al promovente para que aclare su demanda cuando hubiere omitido alguno de los requisitos establecidos en la disposición legal aludida, con el apercibimiento que de no hacerlo, invariablemente se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Ahora bien, a la luz del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esa sanción procesal para el caso de incumplir con el requerimiento del Juez de amparo no debe interpretarse en sentido literal en todos los casos, sino que debe armonizarse de acuerdo con el asunto específico, pues la finalidad del requerimiento para establecer las bases sobre las que habrán de fijarse los actos reclamados, las autoridades responsables y, en general, la litis constitucional, atiende a la necesidad de contar con todos los elementos necesarios para iniciar la acción constitucional de amparo. En ese sentido, habrá casos en que la oscuridad que pueda presentar una demanda de amparo afecte sólo una parte de ella y su aclaración no resulte necesaria para proseguir con el juicio respecto de lo demás reclamado; por ejemplo, cuando se plantean diversos actos reclamados a distintas autoridades responsables, sin estar necesariamente vinculados entre sí ni dependan una de la otra. Ante ese panorama, el Juez de amparo, al advertir alguna deficiencia, irregularidad u omisión que deba corregirse, procederá en los términos indicados en el artículo 114 de la Ley de Amparo, pero deberá precisar con toda claridad el motivo de prevención y el apercibimiento correspondiente para el caso de incumplir sobre el punto específico que deba dilucidarse; sin que de manera alguna pueda condicionar el acceso a la totalidad de la instancia constitucional si el punto considerado oscuro está desvinculado o tiene suficiente independencia de lo restante reclamado en la demanda de amparo que sí satisface la totalidad de los requisitos exigidos por las disposiciones legales en consulta; con ese proceder, se otorga un sentido protector a la norma en favor del peticionario, pues ante la existencia de varias posibles interpretaciones de los alcances del artículo 114 de la Ley de Amparo, se adopta la limitación menos restrictiva del derecho a la tutela judicial efectiva." 4. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 5. Información de contacto. En términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se solicita a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. 6. Domicilio. Téngasele señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de demanda. 7. Autorizados. En el caso de que la parte quejosa sea el patrón, se tiene por autorizadas a las personas que menciona en su demanda, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, para el sólo efecto de recibir notificaciones e imponer de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. En la inteligencia de que, dado el evento que la parte quejosa resulte ser el trabajador, se autorizan para oír y recibir notificaciones en su nombre, a cualquiera de las personas que indica con capacidad legal, con las facultades conferidas en el párrafo primero del precepto en cita. 8. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 9. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 10. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 11. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 12. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 263, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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