Flor Yolanda Colmenero Cisneros

Expediente 785/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
785/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
04/08/2017

Partes del expediente

  • Flor Yolanda Colmenero Cisneros

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, específicamente la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el acuerdo de veinte de julio del año en curso, por el cual se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que tal proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además que no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA VI NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    MESA VI SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE VEINTE DE JULIO DEL PRESENTE AÑO: Por recibida la demanda de amparo promovida Flor Yolanda Colmenero Cisneros, contra actos de Coordinadora de Stratega Live Sociedad Anónima de Capital Variable; fórmese expediente, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno de este juzgado con el número 785/2017-VI-B. DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, en la especie, la parte quejosa señala como acto reclamado destacado el siguiente: La omisión de acordar el escrito presentado el dieciséis de julio del año en curso, ante Stratega Live Sociedad Anónima de Capital Variable, en el cual, solicitó el reembolso de la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), con motivo de un contrato de entrenamiento celebrado con dicha sociedad. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. Ahora bien, en el presente caso, a consideración de la suscrita, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción II, de la misma ley que dispone: "Artículo 61. En el juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general" Por lo anterior, se debe destacar que los particulares, pueden tener el carácter de autoridades responsables siempre y cuando se satisfagan los siguientes requisitos: 1. Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien que emitan actuar en determinado sentido; 2. Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general. Luego entonces, se considera que es autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubique en un plano de supra a subordinación y cuyos actos desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia XXVII.3º. J/18 (10ª), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, marzo de 2015, Tomo III, página 2184, registro 2008595, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS." Asimismo, se relaciona lo resuelto en la tesis aislada I.1º.A.25 K (10ª), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, abril de 2015, Tomo II, página 1669, registro 8008959, de rubro: "BOLSA MÉXICANA DE VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE. SU PRESIDENTE NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Por otra parte, es pertinente acudir a los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de autoridad, susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo. Así, al resolver la contradicción de tesis 71/98, fallada en sesión de diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, en torno al concepto de autoridad para efectos de procedencia del juicio de amparo, la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación sostuvo, en lo conducente, las consideraciones sustanciales siguientes: Autoridad, para efectos del amparo, es la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni de obtener el consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto precisado. Aunado a ello, dicha Sala estima que el concepto de autoridad responsable está dado, en primer lugar, por exclusión de los actos de particulares, pues conforme a la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo, éste es improcedente contra actos de aquéllos. Lo expuesto revela que debe atenderse a la clasificación que la Teoría General del Derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de ese tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil y laboral, la nota distintiva de ese tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los Tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y las regula el derecho público, que establece también los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Para definir el concepto de autoridad responsable, cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, debe partirse del supuesto de que la promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si se trata de una relación de coordinación, la que por su propia naturaleza debe tener un procedimiento claramente establecido para ventilar cualquier controversia que se suscite, por ejemplo un juicio civil, mercantil o laboral. De no contemplarse este procedimiento, y siendo la promovente un gobernado, debe llegarse a la conclusión de que se trata de una relación de supra a subordinación, existiendo entonces una autoridad responsable. Las consideraciones precedentes dieron origen a la tesis aislada 2a. XXXVI/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, marzo de 1999, página 307, del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado. Por otra parte, al resolver la contradicción de tesis 164/2011, en sesión de siete de septiembre de dos mil once, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte precisó, como notas distintivas de una autoridad, para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Para emitir esos actos, no requiere acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Tales consideraciones dieron lugar a la tesis de jurisprudencia 2a./J.164/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Por tanto, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En efecto, en el caso en particular, la quejosa señaló como acto reclamado la omisión de acordar el escrito presentado el dieciséis de julio del año en curso, ante Stratega Live, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el cual, solicitó el reembolso de la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), con motivo de un contrato de entrenamiento celebrado con dicha sociedad y acompañó a su promoción inicial, copia simple de los siguientes documentos: 1. Formato de inscripción ó contrato de entrenamiento de dieciséis de julio del año en curso, presuntamente celebrado entre la quejosa y Stratega Live, Sociedad Anónima de Capital Variable; 2. Recibo de pago de dieciséis del presente mes y año, a nombre de la parte quejosa, por $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional); 3. Aviso de privacidad de Stratega Live, Sociedad Anónima de Capital Variable. A mayor abundamiento, de los antecedentes del acto reclamado citados en la demanda y de sus documentos anexos, se advierte que la promovente manifestó bajo protesta de decir verdad, que el dieciséis del presente mes y año, celebró un contrato de entrenamiento PRO 3, con la persona moral Stratega Live, Sociedad Anónima de Capital Variable, que realizó un depósito a favor de esta persona moral por la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 m.n.) y que posteriormente se retractó, por lo que le solicitó por escrito el reembolso de dicha cantidad, sin obtener ninguna respuesta. Por lo tanto, se considera que el acto reclamado a Stratega Live, Sociedad Anónima de Capital Variable, consistente en la omisión de acordar o dar respuesta a la solicitud de la quejosa, es una decisión particular tomada por ésta persona moral comerciante, como parte de un acuerdo de voluntades, es decir, en tal hipótesis Stratega Live, Sociedad Anónima de Capital Variable, actúa como una parte de un contrato, en un ámbito meramente privado, es decir, una relación jurídica de coordinación, y de existir un conflicto entre los intereses de las partes, este debe ser ventilado ante la autoridad competente. Por tanto, debe señalarse que el acto que reclama la promovente no constituye, de acuerdo a su naturaleza, un acto de persona de derecho público o de particular en funciones de autoridad, sino un acto de particular en sus actividades comerciales, en razón que Stratega Live, Sociedad Anónima de Capital Variable, no obra con el imperio de soberanía, característica de los actos de autoridad, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclaman actos de esta especie resulta improcedente, por actualizarse una manifiesta e indudable causa de improcedencia, que es concretamente la prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción II, de la misma ley. Lo anterior, sin que este órgano jurisdiccional deje de observar el contenido de la tesis de Jurisprudencia PCI.A. J/75 A(10a.), emitida por los Plenos de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 32, julio de 2016, Tomo II, página 1208, registro 2012002, de rubro: "FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES. SON PARTICULARES EQUIPARADOS A UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LES RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN EN EJERCICIO DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN"; toda vez que en el contenido de esta tesis se advierte, que no se deben considerar como actos de autoridad, aquellos que son emitidos en un ámbito meramente privado, realizados por un organismo hacia otros particulares, de acuerdo a su régimen estatutario y normativo. De esta manera, las sociedades anónimas en un su actividad ordinaria, actúan en un nivel de particular, es decir, como comerciantes, pero no en un grado de suprasubordinación, dado que sus determinaciones evidentemente están dirigidas a cumplir su objeto social. Por ende, la omisión reclamada por la promovente, no es factible impugnación en la vía constitucional, pues constituye un acto que deriva de un vínculo de coordinación ó contrato entre particulares, y en caso de conflicto deberá resolverse ante las autoridades correspondientes. Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 5 fracción II, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA origen de este juicio. Apoya tal determinación la tesis de Jurisprudencia I.1o.A. J/4 (9a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página ochocientos noventa y nueve del Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo solamente a Pascual Velázquez Martínez, Gerardo Mar Marmolejo, Juan Carlos Soto García, Ramón Velázquez Rivera, Daniel Olivares Montoya y Guillermina Guadalupe Díaz Nava, por encontrarse su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, se tiene como autorizados términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral, es decir, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Juan Manuel Rosales Rosales, Dulce Lizdeth Solís Rubio, Diene Guadalupe Murillo Juárez, y Oscar Velázquez Hernández, por no encontrarse su cédula registrada en dicho sistema; además, se tiene como autorizados en estos mismos términos a Alfredo Pulido Rivera, Adriana Hernández Domínguez, Diana Laura Kuri Rivera y Karina Lizeth Martínez Álvarez, por así haberlo solicitado la parte quejosa

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 9,351 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano