Flor Ruiz Ruiz
Expediente 346/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 346/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 06/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Flor Ruiz Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte se concedió a la parte quejosa la medida cautelar solicitada; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido, este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo y la resolución emitida y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente de violación a la suspensión, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de julio de dos mil dieciocho. Vistos los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que el doce de junio del presente año, la parte quejosa quedó legalmente notificada de lo determinado en proveído de once de junio del año en curso, sin que al efecto hubiera interpuesto el recurso de inconformidad dentro del término de quince días a que se contrae el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo; en tal virtud, es de estimarse que consintió tácitamente el proveído de que se trata. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; es susceptible de depuración; en su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente, devuélvase a la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, el disco en formato DVD, que remitió en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio signado por el director general de Trámite y Substanciación de Procesos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado el catorce de mayo del año en curso, informa que giró oficio al director general de la Oficina de Pensiones del Gobiernos del Estado de Oaxaca, a efecto de requerirle el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el presente juicio, anexando la constancia que acredita dicha circunstancia; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo, establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia que por una parte sobreseyó en el juicio, y por la otra, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Flor Ruíz Ruíz, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 2° y 86, de la ley de la materia, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Ahora bien, con apoyo en el artículo 192 de la citada Ley de Amparo, requiérase a los integrantes del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado y al director de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, todos con sede en la Ciudad de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, cumplan con la ejecutoria de amparo; se apercibe a la autoridades antes mencionadas, a través de la persona física que las representa, que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado líneas atrás, y si informan actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, conforme a lo dispuesto por el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis), equivalente a ocho mil sesenta pesos, cero centavos ($8,060.00/100, M.N.), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($80.60) por cien (100), acorde con lo previsto en los numerales 192, 193 y 258 de la ley de la materia, y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a la persona física, que ocupa el cargo de las autoridades a que se requieren, por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representan; lo cual no se prejuzga. Asimismo, se ordena notificar este proveído al gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, en su calidad de superior jerárquico de las responsables, para que ordene a éstas cumplir con la ejecutoria de amparo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden correspondiente, dentro de igual término al antes señalado, se le impondrá igual multa a la especificada en el párrafo que antecede, además de que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Por otra parte, en lo que atañe a las autoridades responsables Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, ambos con residencia en la Ciudad de Oaxaca, no ha lugar a requerir cumplimiento alguno, porque resultaría ocioso pretender el mismo por parte de dichas autoridades; cuenta habida que el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a tales autoridades a dejar insubsistentes sus actos, pues el efecto de la sentencia es que la norma declarada inconstitucional no se aplique en perjuicio de la parte quejosa, sin que sea factible hacer una declaración general en relación a la ley o, en este caso, al decreto que motivó el juicio; por tanto, únicamente notifíqueseles el presente, para su conocimiento. En apoyo a lo anterior, es de invocarse la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 414, Tomo VI, octubre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, y que a la letra dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculartoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistente sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". NOTIFÍQUESE.
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