Flor Rubí García Zamora

Expediente 807/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
807/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
16/08/2023

Partes del expediente

  • Flor Rubí García Zamora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el acuerdo en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio queda firme, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de seguimiento de Expedientes (SISE). Intégrense los cuadernos incidentales. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo. Sin embargo, se concedió la suspensión provisional, pero se dejó sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, debido al sobreseimiento decretado fuera de audiencia. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción. Por otra parte, toda vez que obran documentos que se estiman de interés para la parte quejosa, se le requiere para que dentro del plazo de noventa días naturales, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca al local que ocupa este juzgado a recogerlos. Bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, serán destruidos junto con el presente expediente. Ahora bien, toda vez que el juicio en que se actúa se encuentra totalmente concluido, se ordena el archivo definitivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por oficio a la autoridad responsable y por lista al resto de las partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos se advierte que la autoridad señalada como responsable ********************al rendir su informe justificado, aceptó el acto reclamado consistente en la cancelación de la cuenta bancaria de la quejosa, con número de cuente ******************** y clave ******************** Lo anterior, en virtud de que fue identificada como receptora de recursos de manera ilícita, a través de una transferencia internacional, en la cual el nombre del beneficiario del mensaje SWIFT es distinto al nombre del titular de la cuenta que acreditó los recursos. Por tal razón, el pasado veintiséis de mayo el año en curso procedió a la cancelación de la cuenta, por así convenir a los intereses de la institución bancaria. Además, con fundamento en lo pactado en la cláusula II.20 VIGENCIA Y TERMINACIÓN del "CONTRATO ÚNICO DE CAPTACIÓN, CRÉDITO Y BANCA ELECTRÓNICA PARA PERSONAS FÍSICAS" dio por terminada la relación contractual de manera unilateral con la quejosa. En ese tenor, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º, fracción I, 5º, fracción II, , todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". De la interpretación conjunta de los citados preceptos se infiere que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. A contrario sensu, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente hablando, el juicio constitucional es improcedente. Las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.164/2011 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el caso concreto, la quejosa reclama la inmovilización, traba, bloqueo, embargo, aseguramiento o cualquier otra denominación que implique la no disposición de fondos de la cuenta bancaria ********************, abierta en la institución bancaria ********************. Sin embargo, la institución bancaria denominada ********************, al rendir su informe con justificación, indicó que la quejosa fue identificada como receptora de recursos de manera ilícita, a través de una transferencia internacional, en la cual el nombre del beneficiario del mensaje SWIFT es distinto al nombre del titular de la cuenta que acreditó los recursos. Por tal motivo, procedió a la cancelación de la cuenta bancaria de la quejosa, por así convenir a los intereses de la institución bancaria. Además, con fundamento en lo pactado en la cláusula II.20 VIGENCIA Y TERMINACIÓN del "CONTRATO ÚNICO DE CAPTACIÓN, CRÉDITO Y BANCA ELECTRÓNICA PARA PERSONAS FÍSICAS", dio por terminada la relación contractual de manera unilateral con la quejosa. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa se relaciona, de manera directa, con los derechos y obligaciones que derivan del contrato único de captación, crédito y banca electrónica para personas físicas, que celebró la impetrante del amparo con la institución bancaria ********************. Por tanto, la institución bancaria ******************** no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues actuó en un plano de coordinación con la quejosa, derivado de una relación contractual de naturaleza privada. Cabe señalar, que por contrato debe entenderse un acuerdo voluntario entre dos o más partes, en el que manifiestan la voluntad y compromiso de desarrollar en forma planificada, actividades de interés común, es decir, un acuerdo que se desarrolla en función de un asunto específico destinado a crear, trasferir, modificar o extinguir una obligación, lo que hace por demás evidente que la relación entre ******************** y la quejosa, es de carácter meramente contractual como sujetos de derecho en un plano de igualdad. En este sentido, la relación contractual derivada del contrato celebrado entre la quejosa y ******************** señalada como autoridad responsable, no constituye una relación de supra a subordinación, ya que no se emiten actos unilaterales que puedan prescindir del consentimiento del particular. Esto es, la relación contractual que derivó con motivo del contrato único de captación, crédito y banca electrónica para personas físicas, suscrito entre las partes, es una relación de coordinación que evidentemente no se desarrolla en un plano de supra a subordinación, dada la vinculación que las une, pues ambas partes se encuentran en un plano de igualdad y bilateralidad ante la ley, ya que su relación en este caso deriva de la suscripción del contrato que ambas partes signaron, por ello, el acto impugnado no puede ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable la tesis I.9º.c.18 k (10 a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y contenido: INSTITUCIONES BANCARIAS. LA DETERMINACIÓN DE DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE DEPÓSITO DE CUENTA DE CHEQUES, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO LO QUE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. La determinación de una institución bancaria de dar por terminado unilateralmente el contrato de depósito de cuenta de cheques, no es un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, porque de conformidad con los artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; asimismo, los particulares tienen el carácter de autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; empero, la decisión de dar por terminada la relación derivada del contrato de apertura de una cuenta de cheques que no obstante fue unilateral, ello no constituye ni es equiparable a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la cancelación y la determinación de poner a su disposición el dinero que hubiese en ésta, de acuerdo con su naturaleza, son acciones derivadas del contrato de depósito de dinero, celebrado de manera voluntaria por ambas partes y en un mismo plano, por lo que la institución bancaria está facultada para analizar cada caso concreto y determinar si presta o no los servicios financieros, y aun de resultar contrario a lo que contrataron, ello sería objeto de análisis ante la potestad común y no la de amparo; de ahí que si al momento de dictarse el acuerdo de desechamiento de la demanda, existen constancias o elementos que evidencien las circunstancias apuntadas, ello es suficiente para actualizar la citada causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable, sin necesidad de esperar hasta el dictado de la sentencia. De igual forma, la tesis I.5º.C.65 C (11a.) del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "BLOQUEO O RESTRICCIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO LA INSTITUCIÓN FINANCIERA LO REALIZA CON BASE EN LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON EL USUARIO. Hechos: Una institución financiera realizó el bloqueo de fondos en una cuenta bancaria porque consideró que se realizó una operación probablemente fraudulenta. La persona usuaria promovió juicio de amparo indirecto contra dicha restricción, donde señaló como autoridad responsable a la institución bancaria. La persona juzgadora de Distrito concedió el amparo a la parte quejosa, pues estimó que el banco excedió el plazo para resolver lo conducente; contra esa decisión la institución financiera interpuso recurso de revisión donde, esencialmente, hizo valer la improcedencia del juicio de amparo, sobre la base de que no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando un banco bloquea o restringe una cuenta bancaria con base en las cláusulas del contrato que celebró con la persona usuaria, no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo. Justificación: Lo anterior es así, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el estándar para determinar cuándo un acto de particular puede ser considerado como de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, consistente en corroborar: 1) la existencia de un nexo entre la prerrogativa con base en la cual actúa el particular, y una fuente de autoridad de carácter estatal, donde la autoridad pública haya otorgado al particular los medios para posicionarlo en una situación diferenciada; y, 2) la constatación de la función pública, lo que implicará evaluar si la prerrogativa del particular reviste un interés público diferenciado, es decir, si tiene beneficios asociados a los de una autoridad pública, o bien, actúa delegadamente. Bajo ese contexto, cuando un banco bloquea o restringe la cuenta bancaria de una persona usuaria con base en el contrato respectivo, no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque aunque dicho acto tiene fundamento en el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, la cual es de orden público, lo cierto es que en términos de ese precepto, el bloqueo o la restricción de cuentas está sujeto a que las partes convengan en el contrato respectivo que el banco podrá actuar en esos términos; de lo que se sigue que no se trata de una obligación unilateral para el banco donde actúe como un brazo o extensión del Estado, sino que constituye una prerrogativa sujeta a la voluntad de las partes ya que, de lo contrario, la norma no hubiera establecido esa restricción o bloqueo como una posibilidad sujeta al acuerdo de los contratantes, sino como una obligación al margen de la voluntad de éstos. No es obstáculo a esa conclusión que los productos bancarios generalmente se adquieran a través de la celebración de contratos de adhesión, en los que el usuario se ubica en una posición inferior y en los que su voluntad se limita a aceptar o rechazar los términos propuestos, pero no a negociar su contenido; sin embargo, aun ante esa hipótesis, no se considera que el bloqueo de cuentas con base en el contrato respectivo constituya un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque no se observa un nexo entre la prerrogativa del banco de actuar en esos términos y una función de carácter estatal; aunado a que, de considerar lo contrario, se llegaría al extremo de que todos los contratos de adhesión colocarían a uno de sus contratantes como autoridad, lo que iría más allá de la finalidad que tuvo el Poder Reformador de la Constitución de revisar en amparo, excepcionalmente, algunos actos de autoridad que resultaran violatorios de derechos humanos. Esta conclusión no impide que los usuarios que se vean afectados por la restricción o bloqueo de sus cuentas bancarias puedan acudir ante la jurisdicción ordinaria a fin de que se resuelva lo conducente, así como tampoco permite a las instituciones financieras actuar al margen de las disposiciones legales o contractuales, debido a que, en caso de retener indebidamente los fondos de una persona usuaria más allá del plazo establecido en la ley o de manera indefinida, la institución bancaria deberá pagar intereses moratorios a favor de la persona usuaria." En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º, fracción I, 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales correspondientes. Atento a la determinación tomada en este auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cinco minutos del cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la presente resolución, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, agréguense a los autos las razones del actuario adscrito a este juzgado de las que se desprende la imposibilidad de notificar los oficios 15949 y 15951, dirigidos a las sucursales del ******************** ubicadas en ******************** y a sucursal ********************, en virtud de que al constituirse en los domicilios mencionados personal administrativo le informó que todo oficio debe entregarse directamente en el jurídico de dicha institución, el cual tiene su domicilio el ubicado en la calle de ********************. Sin que sea necesario, realizar mayor pronunciamiento sobre su contenido, en virtud de que, como se desprende de líneas que anteceden, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Notifíquese: vía electrónica a la quejosa; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.

  3. Incidental

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se provee: toda vez que en auto dictado en esta fecha en el cuaderno principal del que deriva esta incidencia se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, procede declarar sin materia este incidente de suspensión y dejar sin efectos las medidas decretadas, así como la audiencia incidental señalada para el día de la fecha. Por otro lado, agréguense a los autos las razones del actuario adscrito a este juzgado de las que se desprende la imposibilidad para notificar los oficios 16101 y 16103, dirigidos a la sucursal del ********************, ubicada en ********************, y sucursal ********************, en virtud de que al constituirse en los domicilios mencionados, el personal administrativo informó que todo oficio debe entregarse directamente en el jurídico de dicha institución, el cual tiene su domicilio el ubicado en la calle de ********************. Sin que sea necesario, realizar mayor pronunciamiento sobre su contenido, en virtud de que se declaró sin materia el incidente de suspensión en que se actúa. Notifíquese: por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.

  4. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tiene por rendido el informe justificado de ********************. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el referido informe por el término continuo y genérico de ocho días. Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas que se adjuntan por la autoridad responsable; con las que se dará nueva cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la citada ley, se tienen como delegados de la mencionada autoridad, a las personas que refiere y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se tiene como medio alternativo de contacto de la referida autoridad la cuenta de correo electrónico y número telefónico que proporciona, para entablar comunicaciones no procesales, cuando así lo considere necesario este órgano jurisdiccional. En relación a la solicitud de que se le permita la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, vía internet a través del usuario "********************, se tiene por autorizada su solicitud, siempre y cuando se encuentre registrado en la página relativa al "sistema de consulta de expediente electrónico". Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE adscrita a este juzgado, para que lleve a cabo el registro del usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual manera, de conformidad con la circular 12/2009, de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a los delegados de las citadas autoridades, para que tomen las fotografías de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, con los medios tecnológicos que indica la circular referida. Notifíquese: por lista a las partes.

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