Flor Rosado Sauri

Expediente 811/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
811/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
16/10/2018

Partes del expediente

  • Flor Rosado Sauri
  • Lorena Castillo Bolio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil dieciocho Vista la copia certificada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción III del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que en auto de catorce de julio del año en curso, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados; en consecuencia, deberá conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento y por lo que respecta al duplicado deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictada la sentencia interlocutoria que resolvió la suspensión definitiva. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado encargada del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, y por cuanto que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho por este Juzgado Federal, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, aun cuando en estos autos se sobreseyó en el presente juicio de amparo, toda vez que por acuerdo de catorce de julio de dos mil dieciocho, por lo que respecta al acto que consistió en la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial, incomunicación y malos tratos que se adujo sufrían aquí las directas quejosas, se concedió de oficio la suspensión de plano, para que cesaran de inmediato dichos actos, en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción III del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, por lo que de acuerdo a las instrucciones de las nuevas disposiciones relacionadas con la destrucción depuración y transferencia de expedientes, aplicables a partir del martes veintinueve de enero de dos mil trece, en relación al punto número uno, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el presente expediente es susceptible de depuración, pero debiendo conservarse únicamente el acuerdo relativo al otorgamiento de la suspensión de plano. En consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo debiendo conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento y que carece de relevancia documental. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado encargada del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos, para resolver el juicio de amparo 811/2018-IV promovido por Mateo Iván González Berzunza a favor de Martha Lorena Castillo Bolio y Flor Irasema Rosado Sauri, en contra de los actos que reclama al Fiscal General del Estado y otras autoridades, por violación a los artículos 14, 16 y 22 Constitucionales; y, Resultando: Primero. Presentación de la demanda. El dieciséis de julio del presente año, Mateo Iván González Berzunza a favor de Martha Lorena Castillo Bolio y Flor Irasema Rosado Sauri solicitó el amparo respecto de los actos que reclamó del Fiscal General del Estado y otras autoridades. Segundo. Otorgamiento de suspensión de plano. Mediante acuerdo de catorce de julio de dos mil dieciocho, se concedió a las directas quejosas la suspensión de oficio y de plano por lo que refiere a los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, consistentes en la incomunicación y malos tratos. Tercero. Admisión de la demanda. Por auto de dieciséis de julio del año en curso, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su correspondiente informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, que se realizó en términos del acta que antecede. Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, porque el acto reclamado tuvo ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo, se puede advertir que la parte quejosa lo que reclama es la detención, incomunicación y malos tratos. Tercero. Sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. Al rendir su informe justificado todas las autoridades responsables negaron los actos reclamados respecto de la incomunicación y malos tratos. Asimismo, en cuanto a la detención el encargado provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, negó dicho acto. Por tanto, al no haber sido desvirtuada dicha negativa por la parte quejosa respecto de los mencionados actos reclamados lo que procede es sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo aplicable. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia de los actos reclamados. En cuanto al acto reclamado consistente en la detención de las directas quejosas, el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General y Fiscal adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes con Detenido del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, aceptaron el acto que se reclama; por tanto, debe tenerse por cierto. Quinto. Estudio de las causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este Órgano Jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, respecto a la detención reclamada, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en virtud de haber ocurrido un cambio de situación jurídica. El invocado numeral en lo conducente dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ".XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. .Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente.". Lo anterior es así, en virtud que de las constancias remitidas por la Fiscal adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes con Detenido del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que si bien es cierto las directas quejosas se encontraban detenidas a disposición de dicha Fiscalía por hechos posiblemente delictuosos contenidos en la carpeta de investigación D1/183/2018, también es cierto que el quince de julio del año en curso Flor Irasema Rosado Sauri fue puesta en libertad, determinación que le fue notificada a la directa quejosa en esa propia fecha (fojas 30 a 32); asimismo, en esa misma data Martha Lorena Castillo Bolio fue presentada ante el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial (fojas 34 a 36) por hechos posiblemente delictuosos contenidos en la carpeta de investigación D1/183/2018; en consecuencia, es incuestionable que las autoridades responsables han dejado de intervenir en la detención que se les imputa desde el momento en que una de las directas quejosas fue puesta en libertad y la otra fue puesta a disposición de la señalada autoridad judicial; por lo que no existe materia sobre la que pueda versar este juicio. En tal virtud, es evidente que no puede hacerse pronunciamiento alguno respecto del citado acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica de las quejosas, por lo que en este asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo. En ese sentido, al actualizarse la causal de improcedencia de mérito lo que procede es sobreseer en el presente asunto, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal de mérito. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo. Se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Mateo Iván González Berzunza a favor de Martha Lorena Castillo Bolio y Flor Irasema Rosado Sauri, en contra de los actos que reclama al Fiscal General y otras autoridades, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a las partes mediante acuerdo de nueve de agosto del año en curso, en el cual se puso a la vista de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el informe justificado rendido por el encargado provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, autoridad señalada como responsable en el presente juicio; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fija como nueva fecha y hora para su celebración las diez horas con veinte minutos del veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

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