Flor Rocio Ramirez Gonzalez
Expediente 1844/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1844/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 07/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Flor Rocio Ramirez Gonzalez
- Camila Sofía Vértiz Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de enero de dos mil dieciséis. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 1844/2015-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto del catorce de diciembre de dos mil quince, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. En mérito de lo anterior, se ordena agregar los cuadernos incidentales previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción; asimismo, el original del cuaderno incidental, es susceptible de destrucción en virtud de que se negó la suspensión definitiva. Por otra parte, toda vez que el Juez Octavo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, remitió diversas copias certificadas de las actuaciones que emanan de la causa penal 320/12; en esas condiciones, remítanse a la autoridad antes referida las copias certificadas de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de diciembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, del que se advierte que con fecha tres de diciembre del dos mil quince, el Juez Octavo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, remitió copia certificada de la sentencia emitida el veinte de noviembre del dos mil quince, en los autos del expediente 256/2014, relativo al juicio de Controversia del Orden Familiar de Divorcio Necesario promovido por Flor Roció Ramírez González en contra de Carlos Ernesto Vertiz Álvarez, radicado en la segunda Secretaria, del 303/2014, originalmente en trámite ante ese Juzgado Octavo Civil, (acumulado al expediente 320/2012), y el expediente 320/12, relativo al juicio de controversia familiar de divorcio necesario mutado a divorcio por mutuo consentimiento promovido por Flor Rocío Ramírez González en contra de Carlos Ernesto Vértiz Álvarez; documentales a las cuales se les otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, del escrito inicial de demanda la quejosa, Flor Roció Ramírez González, por su propio derecho y en representación de la menor Camila Sofia Vertiz Ramitez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y el acto que a continuación se transcriben: "Autoridad responsable. La C. Juez Octavo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. IV. ACTO RECLAMADO. La sentencia interlocutoria de fecha 11 de septiembre de 2015, dictada dentro del juicio de alimentos y convivencia 320/2012-2 notificada de manera personal el 21 de septiembre de 2015." Luego, como se advierte de los párrafos que anteceden, la autoridad responsable Juez Octavo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, residente en esta ciudad, remitió copia certificada de la sentencia emitida el veinte de noviembre del dos mil quince (foja 69), por haber celebrado las partes un convenio en el juicio de controversia del orden familiar de origen, por consiguiente se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; Tomando como premisa que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario estableció como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese contexto, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción XXII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando se advierte que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Bajo esa óptima, de la imposición de las constancias que integran el juicio generador de los actos reclamados, se advierte que la emisión de la resolución interlocutoria de once de septiembre del dos mil quince emitida en los autos del juicio familiar 320/2012, en la cual la responsable ordenó la acumulación dentro del expediente 320/2012 con el número 1601/2012, actualmente ya no tiene ningún efecto legal que trascienda en la esfera jurídica del accionante, dado que ha cambiado el entorno jurídico en el que fue emitido, al existir actualmente un convenio formulado por ambas partes, y que se elevó a sentencia el veinte de noviembre del dos mil quince, lo que genera que el acto reclamado ya no pueda surtir efecto legal, al haber variado la materia del mismo, al existir un acuerdo de voluntades que concluye con la sentencia definitiva, decisión que es la que actualmente está vigente y surte plenos efectos; máxime que no existe oposición por el representante social adscrito al juzgado familiar, por el contrario, éste manifestó su conformidad con el convenio celebrado el veintiuno de octubre del dos mil quince (fojas 270 a 272) . En esa virtud, es válido para demostrar la causal de improcedencia antes invocada, que pone en evidencia que el objeto y finalidad por la cual se había recurrido la resolución de once de septiembre de dos mil quince, y que constituye la materia de esta vía de amparo, dejó de existir, lo que hace improcedente este juicio de garantías, por lo que no es factible abordar el análisis de ese acto, ya que en el supuesto de que se le otorgara a la impetrante de amparo un fallo a su favor en este juicio de garantías, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la agraviada en el pleno goce de la garantía violada, puesto que ninguna consecuencia legal tendría dejar sin efecto la resolución reclamada, ya que su objeto ha dejado de existir, toda vez que la jueza de primera instancia tuvo por recibido y fue ratificado un convenio en el que las partes, mutaron a divorcio por mutuo consentimiento y se emitió sentencia definitiva el veinte de noviembre del dos mil quince, por lo que tal situación generó que los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Tiene sustento lo anterior en la jurisprudencia que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Diciembre de 2006, visible en la página 189, Tesis 2a./J. 181/2006, que es de la literalidad siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En adición a lo expuesto, también es aplicable por analogía, la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del Nación, consultable en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Agosto de 2000, página 358, Tesis 2a. XCVIII/2000, en Materia Común, que es del contenido literal siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE SUBSISTE, PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. SI SE DEMUESTRA QUE EL TERCERO PERJUDICADO DECLARÓ ANTE EL JUEZ NATURAL QUE LAS PRERROGATIVAS CUYA TUTELA JURISDICCIONAL SOLICITÓ Y LE FUERON RECONOCIDAS, HAN SIDO CUMPLIDAS POR LA QUEJOSA EN VIRTUD DE UN CONVENIO, OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Al tenor de lo establecido en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, si estando pendiente de resolver un juicio de garantías promovido en contra de una sentencia judicial, cuyo objeto se traduce en que un gobernado deba cumplir en favor de otro, con quien previamente había celebrado un determinado acto jurídico, determinadas prestaciones consecuencia de ese vínculo, debe estimarse que el objeto o la materia de aquélla habrá dejado de existir, aun cuando tal sentencia subsista, si las partes dentro del juicio natural llegan a un convenio y en virtud de éste, el tercero perjudicado acude ante el Juez que conoció del litigio declarando que el demandado, promovente del juicio de amparo, ha cumplido a su entera satisfacción con las prerrogativas cuya tutela judicial solicitó y le fueron reconocidas, ya que si la materia de la resolución en comento se traduce en la incorporación a la esfera jurídica del tercero perjudicado de las referidas prerrogativas, mediante el respectivo procedimiento de ejecución, al declarar éste ante la autoridad judicial competente que la totalidad de los derechos que le asistían, en razón del acto jurídico subyacente al fallo correspondiente, le fueron restituidos por el quejoso, al tenor de un convenio celebrado entre ellos, resulta inconcuso que tal objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista la sentencia de mérito. Debiendo señalarse que el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto jurídico que dio lugar al juicio, cuando acontece en virtud de un convenio celebrado entre las partes no constituye, en manera alguna, un efecto jurídico de la sentencia impugnada, sino, en todo caso, de la relación jurídica que con anterioridad habían entablado, por lo que el pago correspondiente no puede considerarse como un efecto de la resolución judicial, que haya dejado una huella en la esfera jurídica de la quejosa, susceptible de repararse mediante la sentencia de amparo que, en su caso, llegare a emitirse." En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar citada causal. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de diciembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por la JUEZ OCTAVO CIVIL EN MATERIA FAMILIAR Y DE SUCESIONES DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual remite copia certificada de las constancias requeridas por auto de primero de diciembre de dos mil quince; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos conducentes; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga, dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Finalmente agréguese a los autos el acuse de recibo que antecede para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos conducentes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, primero de diciembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos, toda vez que de las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Octavo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primer Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, al rendir su informe justificado foja (57), se advierte una causal de improcedencia en el sentido de que las partes celebraron un convenio respecto del acto que se reclama en la presente litis. Por lo que tomando en consideración que este Juzgado al emitir la resolución correspondiente, debe de oficio o a petición de parte estudiar las causales de improcedencia, por ende, requiérase al Juez Octavo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primer Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que se encuentre debidamente notificada del presente proveído, remita a éste juzgado copia certificada, completa y legible de la sentencia que se haya dictado en el juicio 320/2012 y los acumulados 256/2014 y 303/2014, promovidos por Carlos Ernesto Vertiz Álvarez en contra de Flor Roció Ramírez, o en su caso, manifieste la imposibilidad de remitir dichas constancias. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término señalado, se le impondrá una multa de CINCUENTA días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 237, fracción I, con relación al 259, ambos de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, la tesis jurisprudencial cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: Tesis: 1a./J. 163/2005 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 176291 1 de 1 Primera Sala Tomo XXIII, Enero de 2006 Pag. 319 Jurisprudencia(Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
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