Flor Rebeca Vázquez Rodríguez

Expediente 443/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
443/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
02/07/2019

Partes del expediente

  • Flor Rebeca Vázquez Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de diez de junio de dos mil diecinueve, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por **********, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por consiguiente, toda vez que el presente juicio se sobreseyó, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre 2012, específicamente en su capítulo: "JUZGADOS DE DISTRITO. VALORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES AUXILIARES Y JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL AGC 1/2009", subtítulo: "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO"; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Ahora bien, atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tienen aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Incidental

    ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA POR LA PARTE QUEJOSA...

  3. Incidental

    Vistas las copias cotejadas del oficio y anexos que allegó de manera digital en un disco compacto el Encargado de Sala en funciones de Jefe de Unidad de Causa y Gestión del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, y que obran en el cuaderno principal del que deriva la presente incidencia, téngasele dando cumplimiento al requerimiento de tres de los actuales; por lo que, con fundamento en el numeral 143 de la Ley de Amparo, se admiten dichas documentales y se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia incidental.

  4. Principal

    Agreguense en autos el oficio y anexos que remite de manera digital en un disco compacto el Encargado de Sala en funciones de Jefe de Unidad de Causa y Gestión del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, los cuales han sido impresos y previamente certificados por el secretario encargado del presente expediente; por lo que, con fundamento en los artículos 93 -fracción VII- y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se admite, toda vez que se tratan de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y el avance tecnológico, mismos que se deja a disposición de las partes. En tal virtud, atendiendo a su contenido, téngase al oficiante dando cumplimiento al requerimiento de tres de los actuales; por lo que al respecto se provee: De las constancias allegadas por la responsable se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XXI- de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, es importante precisar que la quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando la orden de comparecencia emitida por la Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, dentro de la causa penal ********** de su estadística; por lo que, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado que se desprenden de las constancias anexas al presente expediente: El treinta de mayo de dos mil dieciocho, **********, presentó ante la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Común 6, con sede en esta ciudad, querella en contra de la ahora quejosa por el delito de lesiones, la cual quedó radicada bajo la carpeta de investigación ********** de su índice. El diecisiete de agosto del año dos mil dieciocho, la quejosa ********** acudió ante las instalaciones de la Agencia del Ministerio citada, en donde asistida por el defensor público manifestó su deseo de no declarar; por lo que, su defensor solicitó fecha y hora en la Agencia del Conciliación y Mediación, a efecto de que las partes llegaran a un acuerdo. Como resultado de dicho mecanismo alternativo, se formalizó el acuerdo restaurativo **********, el cual fue incumplido por la quejosa; por lo que, en uso de sus facultades, el Agente del Ministerio Público número 6, consideró acreditada la existencia del delito de lesiones a título de dolo, previsto y sancionado por el artículo 142 y 143 en su primer párrafo, primer supuesto, en relación con los diversos 13 y 20 primer párrafo, tercer supuesto, todos del Código Penal vigente en el Estado de Guanajuato, y solicitó al Juez de Control audiencia inicial, radicándose el asunto bajo la causa penal 1P0618-1008 de su índice. El veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, se giró en contra de la quejosa orden de comparecencia -acto reclamado en el presente juicio de amparo-; ello, en virtud de su inasistencia a la audiencia inicial. El veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, fue la nueva fecha fijada para la audiencia inicial; sin embargo, toda vez que los Agentes de Investigación Criminal no pudieron hacer presente a la quejosa, se dejó vigente la orden de comparecencia emitida el veintitrés de mayo del año en curso, y se fijó como nueva fecha el veintinueve del mismo mes y año. El veintinueve de mayo pasado, de nueva cuenta no se logró aperturar la audiencia inicial, dado que no fue posible hacer comparecer a la quejosa; por lo que, la fiscalía solicitó el reagendamiento de la misma y la subsistencia de la orden de comparecencia, y tomando en consideración que la causa penal prescribiría el treinta de mayo de dos mil diecinueve, la audiencia se fijó para el treinta del mismo mes y año. El treinta de mayo de dos mil diecinueve, ante la imposibilidad de hacer comparecer a la quejosa, nuevamente se dejó subsistente la orden de comparecencia, pero únicamente hasta las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos y cincuenta y nueve segundos, de ese día, ya que la causa penal prescribiría en ese mismo día. Finalmente, toda vez que no fue posible aperturar la audiencia inicial -por la reiterada inasistencia de la quejosa-, y que los hechos que dieron origen a la causa penal 1P0618-1008, acontecieron el treinta de mayo de dos mil dieciocho, el cinco de junio de dos mil diecinueve el Juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, declaró extinguida la acción penal prescribió la causa penal citada. Por tanto, es evidente que el acto reclamado cesó en sus efectos, ya que la orden de comparecencia reclamada por la quejosa tuvo vigencia hasta las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos y cincuenta y nueve segundos del día treinta de mayo de dos mil diecinueve, en virtud de que operó a su favor la prescripción de la causa penal 1P0618-1008 que la originó; por lo que, no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

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