Flor Mayra Sánchez Ramírez
Expediente 958/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 958/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Flor Mayra Sánchez Ramírez
Actuaciones
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del treinta de septiembre de este año, que desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de octubre de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial adscrito para notificar personalmente a la parte quejosa, el proveído del treinta de septiembre del año en curso, por los motivos ahí expuestos; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a dicha parte por medio de lista electrónica que se genera por este juzgado el acuerdo en comento, así como éste y las subsecuentes determinaciones. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa el auto del treinta de septiembre del año en curso, así como este auto y los subsecuentes. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. "Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. III. Vista la demanda promovida por *********, por derecho propio, contra actos de Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa en Naucalpan de Juárez; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 958/2021-III. Del estudio integral de la demanda, se advierte en esencia que la parte quejosa reclama la determinación del veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictada por la sala responsable en el juicio administrativo 388/2020, en la que declina competencia por materia a la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas de dicho tribunal y en consecuencia el no haber emitido resolución en el expediente de referencia. Ahora, a criterio del suscrito, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la demanda de que se trata deberá ser desechada de plano al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia. Dicha causa de improcedencia se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa VIII, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, esta última disposición interpretada en conjunción con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y (.)". En la actualidad, el criterio de irreparabilidad está previsto en la fracción V del segundo precepto antes mencionado, lo que de manera clara genera que las resoluciones respecto de la incompetencia (que inhiban o declinen la competencia) ya son ajenas a esa fracción, pues está prevista en una diversa, la VIII, de suerte que una primera conclusión, es la de que las determinaciones que inhiban o declinen la competencia, efectivamente, ya no son analizables a través de un criterio de irreparabilidad. En efecto, el legislador claramente prescribió el criterio de irreparabilidad de las determinaciones de incompetencia por declinatoria o inhibitoria. No obstante, ello no quiere decir que debe estarse a la interpretación literal de la fracción VIII del artículo 107, de la ley de la materia, para la procedencia del amparo indirecto, sino que para ello debe atenderse en todo caso, al sistema general normativo de procedencia del juicio de amparo. Para evidenciar lo anterior, es pertinente destacar que es una constante en la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que los actos materia de impugnación a través del juicio constitucional, en cualquiera de sus vías, deben ser definitivos. Así las cosas, la declaración unilateral de incompetencia por declinatoria o inhibitoria, no puede considerarse como un acto definitivo, porque involucra un pronunciamiento incierto en cuanto a su sentido, que en su momento necesariamente deberá emitir la autoridad considerada competente. En consecuencia, será la aceptación de la competencia el hecho jurídico que consolidará el pronunciamiento respectivo, es decir, hasta ese momento es que la resolución respecto de la competencia será definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues hasta entonces se podrá asumir que el asunto será conocido y en su caso resuelto, por determinada autoridad. No es obstáculo que la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, carezca de mención expresa de que la resolución de incompetencia deba ser definitiva, para considerar actualizado el supuesto de procedencia del juicio de amparo que ahí se contiene, porque no es la ausencia de precisión de la definitividad del acto, lo que excluye considerar ese principio como criterio rector de la procedencia del juicio constitucional de amparo. Para ello basta considerar el ejemplo de la hipótesis de procedencia expuesta en la fracción II del multicitado artículo 107 del ordenamiento en consulta, que establece que el juicio procede contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En dicho supuesto no se especifica que tal acto debe ser definitivo para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, pero es de lógica jurídica, dado el sistema de procedencia ya destacado, que tal característica debe permear en tal hipótesis, pues de otra forma sería improcedente el juicio en los términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, con las salvedades precisadas en dicha fracción. Lo expuesto hasta aquí, permite aceptar que si bien fue intención legislativa prescribir el criterio de irreparabilidad de las determinaciones de incompetencia para la procedencia del juicio de amparo; no menos cierto es que la definitividad de tales actos es un sistema de procedencia que prevalece en la Ley de Amparo vigente. En apoyo a lo anterior, es importante señalar que la cuestión de competencia puede ser por declinatoria o inhibitoria. La declinatoria se propone ante el juez o tribunal a quien se considera incompetente o puede realizarse de oficio por la misma autoridad, pidiéndole que se separe del conocimiento del asunto y que remita los autos al tenido por competente. Por el contrario, la inhibitoria se presenta ante el juez o tribunal que se consideran competentes, pero que no están conociendo el caso, con petición formal de que dirija el oficio al que se estime no serlo, para que se inhiba y remita los autos. En el caso particular, es importante señalar que mediante la declinatoria, la autoridad que conoció primigeniamente las pretensiones de una de las partes en el juicio, se declaró incompetente para conocer de las mismas y ordenó remitir los autos a la autoridad que consideró sí tenía competencia para conocer de la demanda del justiciable. En general, puede hablarse de "declinatoria" cuando una autoridad pretende el turno del juicio a otro tribunal por razones de competencia; sin embargo, debe indicarse que el auto en el que una autoridad decide no conocer de un asunto y enviarlo a quien considera debe conocer, no integra por sí solo la figura de la declinatoria, sino que es tan solo la parte con la que inicia la misma, decisión que además no es definitiva ni obliga a la autoridad a la que se le remiten los autos a conocer forzosamente de la demanda del justiciable, pues todavía se requiere la aceptación de la competencia por esta última, para estar en posibilidad de concluir que lo relativo a la competencia de la autoridad ha sido agotada. Por ende, si en el caso concreto, la parte quejosa reclama determinación del veintiséis de agosto de dos mil veintiuno dictada por la sala responsable en el juicio administrativo 388/2020, en la que declina competencia por materia a la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas de dicho tribunal, para que esta resuelva lo conducente; es evidente que tal acto no constituye el pronunciamiento definitivo en torno a la mencionada competencia, pues todavía se requiere la aceptación de esta última para estar en posibilidad de concluir que es un acto de carácter irreparable y por tanto, impugnable en el juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, materia Común, página 5. De rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Se tiene la lista electrónica para oír y recibir las subsecuentes notificaciones, ya que el domicilio señalado para tales efectos se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal. Téngase la lista electrónica para el efecto de oír y recibir notificaciones, toda vez que el indicado se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal. No obstante lo anterior, por única ocasión notifíquesele personalmente a la parte quejosa la presente determinación. Por autorizadas a las personas que refiere para los efectos que precisa, en la inteligencia que de ser en amplios términos, deberán contar con el registro correspondiente. Con apoyo en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario Judicial de la adscripción realice las notificaciones que así lo ameriten. Es preciso destacar que para la práctica de las notificaciones personales, el fedatario correspondiente deberá seguir el protocolo de seguridad establecido por el Consejo de la Judicatura Federal para tal efecto. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe."
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que se tuvo para llevar a cabo la notificación del oficio 16987/2021 dirigido a la autoridad responsable "Titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Maestra en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional, Maribel Cervantes Guerrero", toda vez que dicha servidora ya no labora en dicha dependencia, por lo que el oficio deberá ir dirigido únicamente a la Secretaría de Seguridad del Estado de México. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales, reexpídase el referido oficio con la denominación correspondiente. Notifíquese; hágase vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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