Flor Helena Pérez Montaño
Expediente 43/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 43/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/02/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Flor Helena Pérez Montaño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA I B Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de catorce de enero del año en curso (fojas 5 a 10), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por FLOR HELENA PÉREZ MONTAÑO; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA IV A Agréguese el oficio 819.036.2325.65, suscrito por el Jefe del Centro de Atención al Público de Correos de México, por medio del cual remite copia certificada de los registrados postales MN494201628MX y MN494201645MX, para los efectos legales consiguientes. En otro aspecto, vistos los autos, se advierte que no obra el registrado postal del oficio 9324, del índice de este órgano jurisdiccional, dirigido a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, residente en México, Distrito Federal, mediante el cual se le transcribió el contenido del auto de uno de septiembre de dos mil catorce, en el que se ordenó notificarle la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha exista constancia de la que se establezca que dicha responsable haya sido legalmente notificada del aludido oficio; en consecuencia, a fin de remitir debidamente integrado el expediente en que se actúa al tribunal de alzada para la substanciación del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, según su numeral 2º, requiérase nuevamente al jefe de Correos de México en esta ciudad, para que en el plazo de tres días, siguiente a su legal notificación, remita a este Juzgado la pieza postal correspondiente al mencionado oficio 9324, mismo que quedó registrado bajo el número 00016089, depositado en la oficina a su cargo el tres de septiembre último; apercíbasele que de no cumplir con lo anterior o indicar el motivo que se lo impida, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 259 y 238 de la misma.
- Principal
MESA V A Vistos los autos, toda vez que por proveído de dieciséis del actual, se tuvo al Agente del Ministerio Público de la Mesa Siete del Sector Central de Averiguaciones Previas y Consignaciones, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, dando cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo (fojas 189 a 201), motivo por el cual se dio vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga sobre dicho cumplimiento; sin embargo, toda vez que no se ordenó dar también vista a los terceros interesados MAGDALENO OJEDA MENDOZA y a MODESTO SEARA VÁSQUEZ en este juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el cumplimiento que dio el Agente del Ministerio Público de la Mesa Siete del Sector Central de Averiguaciones Previas y Consignaciones, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, dese vista a los citados terceros interesados, para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA II A Agréguese a los autos el escrito del quejoso BENITO AGUILAR HERNÁNDEZ, por el que autoriza a Angélica Juárez López y Eusebia Heriberta Ramírez Santos, para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, téngase por autorizada a Angélica Juárez López, sin las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, por así solicitarlo expresamente el quejoso, y por lo que hace a Eusebia Heriberta Ramírez Santos, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que en proveído de diecinueve del actual (foja 352), se le tuvo por autorizada. Por otra parte, vista la diligencia de ratificación del escrito del quejoso BENITO AGUILAR HERNÁNDEZ, por el que, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de trece de enero del año en curso (fojas 339 y 340), ratifica su escrito de doce de enero de este año (foja 338), por el que solicita la sustitución de uno de sus testigos para el desahogo de la prueba testimonial que tiene admitida en autos (fojas 235 y 236), esto es de Francisco Martínez López, y propone a Ana García; en consecuencia; dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, en virtud de que no justifica la imposibilidad que pueda tener para presentar al testigo Francisco Martínez López, y en su caso, presentar a Ana García, pues no manifiesta en su caso que dicho ateste se encuentre imposibilitado para asistir al desahogo de la prueba en virtud de causa superveniente que le impida hacerlo, por motivos no imputables a él y desconocidas o inexistentes al momento de ofrecer la prueba. Sirve de apoyo a lo anterior, apoyo la tesis aislada IV.2º.C.52 K, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, , visible a foja mil doscientos seis, Tomo XXVIII, Agosto de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SUSTITUCIÓN DE TESTIGOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SU PROCEDENCIA. Para que proceda la sustitución de testigos, es menester que se acredite ante el juzgador de amparo, entre otras cosas, que el testigo inicialmente ofrecido se encuentra imposibilitado para asistir al desahogo de la prueba, en virtud de causa superveniente que le impida hacerlo, por motivos no imputables a él y desconocidas o inexistentes al momento de ofrecer la prueba. Lo anterior es así, ya que de permitir el ejercicio de tal derecho en cualquier caso, provocaría un desequilibrio procesal entre las partes, pues se permitiría a la oferente de la prueba, variar en cualquier momento, el interrogatorio y la identidad del testigo que desahogará la prueba, con lo cual se colocaría en posición de desventaja a la otra parte para la preparación oportuna de las repreguntas y, en su caso, de la posible impugnación de la idoneidad del testigo. En ese sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2004, que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 64/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, página 385, correspondiente al mes de julio de dos mil cinco, de rubro: "TESTIGOS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA SOLICITUD EN LA QUE SE PIDE SU SUSTITUCIÓN DEBE PRESENTARSE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS PREVIOS A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Así también, sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J.64/2005, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 385, Tomo XXII, Julio de dos mil cinco, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: TESTIGOS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA SOLICITUD EN LA QUE SE PIDE SU SUSTITUCIÓN DEBE PRESENTARSE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS PREVIOS A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. El artículo 151 de la Ley de Amparo establece que la prueba testimonial debe anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia; sin embargo, dicho plazo no debe aplicarse analógicamente para la sustitución de testigos. Lo anterior es así, ya que de aplicarse analógicamente el referido plazo se perdería la razón de ser de la propia figura, al anularse de facto el derecho de sustituir a un testigo; por tanto, es procedente la solicitud de sustitución de la persona que deberá desahogar la prueba testimonial pero sin variar el interrogatorio exhibido al momento de ofrecer la prueba, si ésta queda imposibilitada para ello por una causa superveniente, no imputable al oferente de la prueba, siempre y cuando se haya ofrecido oportunamente y la solicitud se presente dentro de los cinco días previos a la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el de ésta; sin que con ello se vulneren los principios de igualdad y certeza jurídica en materia procesal, pues queda intacto el derecho de las partes en litigio de conocer el interrogatorio respectivo con la anticipación requerida por el referido artículo; mientras que respecto a la identidad del testigo, si bien varía con relación a la anunciada en el ofrecimiento de la prueba, se conocerá por las partes previo a la audiencia constitucional, con lo cual se salvaguarda su derecho a determinar la idoneidad del testigo sustituto, permitiendo que se formulen y preparen oportunamente por escrito o verbalmente las repreguntas y, en su caso, la posible impugnación de dicha idoneidad, la cual podrá ser considerada por el juzgador al momento de realizar la valoración de sus declaraciones. Máxime que el Juez de amparo puede diferir la celebración de la audiencia de ley, si así lo estima necesario, para estudiar la acreditación de la causa superveniente invocada por el oferente de la prueba, a efecto de llevar a cabo la preparación de dicha testimonial, esto es, determinar si el testigo sustituto requiere ser citado, si es necesaria la sustanciación de un exhorto o, incluso, si considera que la identidad de aquél debe conocerse por las otras partes con mayor anticipación a la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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