Flor Guadalupe Pineda Gonzáles
Expediente 627/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Flor Guadalupe Pineda Gonzáles
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Siete en el Estado de Durango; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución, y toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó la demanda. Notifíquese.
- Principal
I. Radicación de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Siete en el Estado de Durango. Fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 627/2022. II. Determinación sobre la procedencia del juicio de amparo. Del análisis del ocurso de cuenta, se advierte que es improcedente y, por tanto, debe desecharse. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la ***** Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. ***". Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es "manifiesto" cuando se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Bajo ese contexto, debe desecharse por notoriamente improcedente la demanda de amparo en estudio ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto reclamado no es de imposible reparación que afecte derechos sustantivos de la parte quejosa, y para evidenciar lo anterior, cabe precisar lo siguiente: a) La Carta Magna en su artículo 107, fracción III, inciso b), señala que el amparo procederá contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. b) Por su parte, la Ley de Amparo vigente establece en su artículo 107, fracción V, que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de "imposible reparación", entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Como puede verse, la ley suprema en su texto actual, señala que el amparo procede contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación, es decir, no hace una distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales; empero, la ley de la materia vigente sí los distingue, en tanto, señala que un acto de imposible reparación es aquel que afecta materialmente derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, lo que incluso fue materia de pronunciamiento en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno del Alto Tribunal del País, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEYDE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Así, la determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto no requiere de una interpretación adicional, pues en términos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, se debe atender a su naturaleza sustantiva, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues si ese fuera el caso se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, dado que bastaría que le imputara al acto una trasgresión a sus derechos fundamentales para que procediera el juicio de amparo. Es decir, para que un acto sea calificado como irreparable, es indispensable que conlleve una afectación material a derechos sustantivos, que sus consecuencias sean de tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho (como la vida, la propiedad, la libertad u otro análogo), y no únicamente produzca una lesión jurídica de naturaleza adjetiva que no necesariamente trascienda al resultado del fallo y que, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provengan exclusivamente de las leyes adjetivas. Luego, en el particular, la parte quejosa destacó como acto reclamado la determinación de nueve de mayo de dos mil veintidós donde se admitió la ampliación de demanda en el juicio agrario ****, del índice estadístico del Tribunal Unitario Agrario Distrito Siete en el Estado de Durango, pues al efecto indicó lo siguiente: "Acto reclamado: A) EL acuerdo de fecha 09 del mes de mayo del año 2022, emitidos por la autoridad señalada como responsable, listado en los estrados del tribunal con fecha 12 de mayo del mismo año. Auto dictado dentro del expediente agrario identificado por la autoridad responsable bajo el número ****. Lo que sin duda expone que el auto de mérito, no es el acuerdo definitivo con respecto de la ampliación de demanda, sino lo es el de fecha nueve de mayo de 2022, en el cual se acuerda lo consiguiente en el punto séptimo de acuerdos, mismo que me permito transcribir literalmente, en lo que interesa, haciéndolo a continuación: 'Por consecuencia, se tiene a ***** ampliando la demanda por los conceptos y conforme a los hechos que planteó en el escrito de referencia, únicamente en contra de ******, ampliación que se admite a trámite acorde a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.'". Las precisiones anteriores corroboran que el acto reclamado de referencia versa sobre un aspecto procesal y, por tanto, no produce una afectación material a derechos sustantivos, porque las consecuencias de que se haya admitido la ampliación de demanda en juicio agrario no impiden a la promovente en forma actual el ejercicio de un derecho y, en realidad, únicamente produce una lesión jurídica de naturaleza adjetiva que no necesariamente podrá trascender al resultado del fallo que en el momento oportuno se llegue a dictar. En ese aspecto, si la sentencia definitiva que al efecto llegue a emitirse en el juicio agrario **** le resulta desfavorable a la parte peticionaria, podrá impugnar la violación procesal mencionada siempre que haya trascendido al resultado de aquella, en el juicio de amparo directo que promueva en su contra en términos de los artículos 170, fracción I y 171, párrafo primero, de la ley de la materia. Además, el artículo 182 de la propia legislación prevé la figura del amparo adhesivo, para lo cual la parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el impugnado, a fin de hacer valer las violaciones procesales que estimen se cometieron en su perjuicio, pues de no hacerlo así, y de resultarles desfavorable el fallo dictado en la vía constitucional, se tendrán por consentidas tales infracciones, y no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en ningún juicio de amparo posterior. En ese sentido, es que resulta válido concluir, que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuando afectan derechos sustantivos exclusivamente, por lo que todos aquellos que impliquen alguna violación de carácter procesal deberán reclamarse, en su momento, a través del amparo directo o del adhesivo, sin que con ello se estimen consentidos, pues de acuerdo con el ya citado párrafo primero del artículo 171 de la ley de la materia, así como la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI SE IMPUGNARON VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO NO COMBATIDAS MEDIANTE LOS RECURSOS ORDINARIOS", para poder combatir violaciones procesales mediante juicio de amparo directo, las partes deben agotar en primer término el recurso ordinario que prevea la ley que rige el acto para impugnar dichas violaciones; sin embargo, en el caso particular, la Ley Agraria no prevé un recurso de impugnación para tal fin, pues únicamente contempla el recurso de revisión precisado en su artículo 198, el cual podrá interponerse contra las sentencias dictadas por los Tribunales Agrarios en las hipótesis ahí previstas; por tanto, dicha exigencia de definitividad no aplica en el caso concreto (violaciones procedimentales). Sobre el caso particular, resulta aplicable la tesis II.3o.A.13 A (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, de contenido siguiente: "DEMANDA EN MATERIA AGRARIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ADMITE SU AMPLIACIÓN EL AMPARO INDIRECTO ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dentro de juicio sólo pueden impugnarse mediante amparo indirecto cuando tengan una ejecución sobre las personas o las cosas que sea de imposible reparación; esto es, cuando sus consecuencias afecten de manera directa e inmediata derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, la cual no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio constitucional. En esas condiciones, cuando se reclama la resolución de un tribunal agrario que admite la ampliación de la demanda, debe considerarse que el juicio de amparo ante el Juez de Distrito es notoriamente improcedente, por tratarse de un acto que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan en la forma antes indicada, por lo que debe desecharse la demanda, en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo". Conforme a las relatadas consideraciones, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías. III. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: ****. a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones en calle ****** número **** de esta ciudad. b. Autorizados. Se tiene como su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por tener acreditado el carácter de abogada a la licenciada ****** IV. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. V. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VI. Firma del presente acuerdo. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que aún no han sido emplazadas al presente juicio las sucesiones a bienes del licenciado José ***. En esas condiciones, respecto del tercero interesado ***, requiérase a los jueces del orden familiar de esta ciudad, a efecto de que dentro del término de tres días, computado de manera legal, informen si en los órganos jurisdiccionales de su adscripción se encuentra tramitado juicio sucesorio a nombre del antes mencionado. Por otro lado, toda vez que mediante acuerdo que antecede, se acordó la razón actuarial, en el sentido que no fue posible el emplazamiento de la tercera interesada ***, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de ***, en el domicilio señalado para tal efecto, toda vez que en el mismo le informó un trabajador de nombre ***, que no recibe notificaciones a nombre de la persona que procura sino que la persona que recibe notificaciones en ese lugar es ***. En tales condiciones y toda vez que no aparece que se haya notificado de dicho requerimiento al Juez Primero de lo Familiar de este Distrito Judicial, requiérase al mismo, para que dentro del término de tres días computado de manera legal, precise cuál es el nombre correcto de la albacea de la sucesión a bienes de ***, a efecto de realizar el emplazamiento respectivo. Apercíbase a las autoridades requeridas que de no dar cumplimiento a la prevención, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo (Unidad de Medida de Actualización), vigente en el ciudad de México, con fundamento en los artículos 237, fracción II y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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