Flor Guadalupe Marín Ortega

Expediente 478/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
478/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Flor Guadalupe Marín Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    Jefa de la Oficina de Común B de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio 50112/2023 del índice de este Juzgado Federal e informa que el mismo fue turnado al Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el número de papeleta ... tal como se advierte de la papeleta que anexa al correo electrónico que se provee; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. De igual manera, se instruye a la analista jurídica encargada del "Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E. 2.0)", para que dé acceso al expediente electrónico a la mencionada superioridad. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguense a los presentes autos, el oficio de cuenta signado por la Titular de la División de Amparos Fiscales y Administrativos del Instituto Mexicano del Seguros Social, a través del cual, realiza diversas manifestaciones sobre la imposibilidad que existe a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada en autos, de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes. De conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que mencionan las autoridades responsables, y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. Por otro lado, respecto de su solicitud de uso de medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que permite la utilización de los medios electrónicos para que se obtengan imágenes completas y fieles de todas y cada una de las constancias que integran este expediente, se autoriza a la autoridad, el uso de medios electrónicos, para obtener reproducción de las constancias que obren en este expediente, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma de conformidad respectiva. En el entendido de que tal autorización estará vigente hasta en tanto se ordene el archivo del presente asunto y no se hace extensiva sobre documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales. Notifíquese

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ...., por propio derecho, en contra de actos del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y de otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del instrumento internacional que refiere; fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado con el número 478/2020. Ahora bien, toda vez que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio de amparo, se procede al análisis correspondiente. En ese contexto, con el propósito de dilucidar si este órgano jurisdiccional es competente para conocer de este asunto, es importante establecer que de un estudio efectuado a la demanda de amparo y al escrito de cuenta, se advierte que la parte quejosa acude a este órgano jurisdiccional a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos reclamados que a continuación se indican: .......Una vez precisado el acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si se tiene o no competencia legal para conocer del presente asunto, a fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. ....De los preceptos reproducidos se constata que a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa les corresponde conocer del amparo presentado contra los actos provenientes de un acto de autoridad o de un procedimiento de autoridad administrativa, en los cuales apliquen leyes federales, o de aquellos actos de procedimientos seguidos por autoridades administrativas, ya sean actos u omisiones en juicio o fuera de juicio o después de concluido este; refutando leyes o disposiciones de observancia general en materia administrativa, o actos de autoridad distinta a la judicial, o bien para oponerse a actos de tribunales administrativos ejecutados en juicio, fuera de él o después de concluido; además de las denuncias por incumplimiento a declaratorias de inconstitucionalidad respecto de normas de carácter administrativo. Por su parte, los Jueces de Distrito en Materia de Trabajo tienen a su cargo la incoación, trámite y resolución de los amparos que se promueven para reclamar resoluciones del orden laboral o de actos u omisiones en juicio o fuera de juicio o después de concluido éste en dicha materia; impugnando leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, así como de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias de inconstitucionalidad respecto de normas generales en materia de trabajo. Como se ve, estos numerales distribuyen la competencia con base en dos elementos fundamentales: la naturaleza del acto reclamado y el carácter de la autoridad responsable. La naturaleza del acto controvertido, como criterio de asignación de competencia, toma en consideración la creciente necesidad de conocimientos especializados respecto de las normas sustantivas que tutelan los intereses jurídicos involucrados en el debate. De acuerdo con esto, la esencia del acto reclamado cobrará mayor relevancia para definir la atribución específica de los juzgados de distrito, porque de ese modo se logra que la litis constitucional sea decidida por el órgano jurisdiccional más afín por razón de materia. Lo hasta aquí expuesto permite concluir que para determinar la competencia por materia de un Juzgado de Distrito, se debe atender a la naturaleza del acto y no a la relación jurídica sustancial de las partes, pues tal aspecto será materia del fondo del asunto, por lo que para efectos de fijar la competencia de un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto, deben analizarse, como se dijo, las prestaciones reclamadas, los hechos narrados y los preceptos legales en que se apoye la demanda, entre otras cuestiones, para estar en aptitud de establecer cuál de los órganos resulta ser el adecuado para conocer del asunto respectivo, como serían en este caso, el que deba analizar el presente juicio. A efecto de analizar la competencia de este Juzgado, resulta importante tener en consideración que los aspectos que se deben valorar en la competencia por razón de la materia consisten en la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio o la naturaleza de la causa, es decir, las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso atendiendo a las diferentes ramas del derecho sustantivo. .....En efecto, para que el juicio de amparo se considere en materia de trabajo, el acto reclamado debe afectar de manera directa e inmediata algún derecho consagrado en los derechos y prerrogativas previstas por el artículo 123 de la Constitución Federal, que surgen de la relación laboral y sus conflictos. Atendiendo a los criterios para determinar la competencia de los Juzgados de Distrito, se considera que el acto reclamado es de naturaleza laboral, en atención a lo siguiente: .....A efecto de esclarecer la competencia del asunto, en primer término, debe precisarse que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado lo constituye la orden verbal de comisionar o trasladar a la parte quejosa al área 50 de urgencias, así como al grupo Covid Adultos, así como la omisión de establecer el equipo de respuesta para la atención de pacientes con Covid-19, dado que la quejosa afirma padece rinitis alérgica, asma bronquial y obesidad, y la omisión de proporcionarle el equipo de protección personal suficiente y el material sanitario necesario para la atención de la contingencia. Al respecto, resulta conveniente precisar que el diez de marzo de dos mil veinte la Organización Mundial de la Salud declaró como emergencia de salud pública la propagación mundial de la enfermedad denominada coronavirus COVID-19, definiéndola como una pandemia; por lo que hizo un llamamiento a todos los países para que realizaran todos los esfuerzos necesarios a efecto de detener, contener, controlar, retrasar y reducir el impacto de este virus. En tal virtud, el Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria celebrada el diecinueve de marzo de dos mil veinte, reconoció la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 COVID-19 en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. Por ello, la Secretaría de Salud emitió el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-Co V2 COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en el que se establece lo siguiente: ...El acuerdo referido dispone que para los integrantes del Sistema Nacional de Salud será obligatorio el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo, y que las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 COVID-19, a que se refiere el primer párrafo del artículo primero. De igual forma, dispone que para efectos del propio Acuerdo se entenderá por medidas preventivas, aquellas intervenciones comunitarias definidas en la Jornada Nacional de Sana Distancia, que tienen como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2 COVID-19, disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y por ende el de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves. Además, dispone que las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son entre otras, evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del propio artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca, o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico. Adicionalmente, se observa que establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones de los sectores social y privado, deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 16/12/21 COVID-19 y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras, en particular los señalados en el inciso a) del artículo segundo, es decir, respecto de los grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella y de los usuarios de sus servicios, así como que las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el plazo al que se refiere el propio Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, con estricto respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, en los sectores público, social y privado. De igual forma, prevé que se deben cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos, estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo; saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia (evitar saludar de beso, de mano o abrazo) y recuperación efectiva para las personas que presenten síntomas de SARS-CoV2 COVID-19 evitar contacto con otras personas, desplazamientos en espacios públicos y mantener la sana distancia, durante los quince días posteriores al inicio de los síntomas. De lo expuesto se advierte que los acuerdos referidos, si bien se advierte que fueron emitidos por autoridades de carácter administrativo, en ejercicio de las facultades que tienen en materia de salud pública, lo cierto es que ellas son aplicadas en el ámbito laboral, puesto que su incumplimiento por parte de la autoridad responsable, en calidad de patrón, de la quejosa, inciden de manera directa e inmediata los derechos comprendidos en el artículo 123 de la Constitución Federal, que surgen de la relación laboral y sus conflictos, por lo que se estima que el acto reclamado en el presente sumario constitucional es de naturaleza laboral. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 127/2020, entre las sustentadas por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Decimosegundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, determinó que del análisis de las acciones dirigidas a disminuir los riesgos de contagio en los centros de trabajo, se desprende que con motivo del modo de transmisión de la enfermedad, el Estado implementó varias medidas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores de los sectores público y privado, instruyendo a los empleadores, en un primer momento, a evitar la asistencia a los lugares de trabajo de aquellas personas con mayor riesgo de enfermar gravemente a causa del COVID-19 y, posteriormente, ordenando la suspensión total de las actividades que no fueran esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria. Refirió que las acciones se llevarían a cabo respetando los derechos laborales de los trabajadores, de ahí que las medidas adoptadas para contener la propagación de la enfermedad en los lugares de trabajo se ubican en el marco de protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo, al buscar reducir el riesgo de exposición de los trabajadores al virus SARS-CoV2. Destacó el artículo 3 del Convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores, emitido por la Organización Internacional del Trabajo, en el que se estableció que la salud, en relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades, sino también de elementos físicos y mentales que afecten la salud y están directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo, por lo que los Estados están obligados a implementar una política con el objeto de prevenir los accidentes y los daños para la salud originados con motivo del trabajo, así como la adopción de planes de acción en caso de emergencia. Sobre tales bases, el Máximo Tribunal definió que si bien las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio de la enfermedad por coronavirus COVID-19 derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia que se vive, lo cierto es que su aplicación se ubica, de manera importante, en el ámbito laboral al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de los trabajadores, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. En consecuencia, las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tienen una naturaleza laboral, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. De lo anterior, se advierte que el acto que por esta vía se combate reviste una naturaleza laboral, pues el bien jurídico o interés fundamental controvertido en este caso concreto, se relaciona con la materia del trabajo, dado que se están afectando derechos de ese carácter, protegidos por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, el competente para conocer del recurso en cuestión, es un Juzgado de Distrito especializado en materia de trabajo. En tales circunstancias, este Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, estima que carece de competencia legal por razón de materia para conocer de la demanda de cuenta, puesto que como ha quedado establecido, la naturaleza del acto que por la presente vía se controvierte es de carácter eminentemente laboral. Sin que sea óbice a la presente determinación, el hecho de que las autoridades señaladas como responsables pudieran tener naturaleza administrativa, puesto que, como ya se dijo, el acto impugnado es eminentemente laboral, por lo que es claro que debe ser analizado por un Juez de Distrito especializado en esa materia, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación antes transcrito. En tales condiciones, este Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el la Ciudad de México se declara legalmente incompetente, por razón de materia, para conocer de la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho, en contra de actos del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades, en virtud de que la naturaleza de los actos reclamados por esta vía, tiene su origen en una litis de carácter laboral y por tanto, tiene que analizarse bajo la óptica de disposiciones jurídicas aplicables en esa materia. La presente determinación respeta el principio de especialización que justifica la creación de órganos jurisdiccionales especializados y por ello el artículo 17 constitucional, en cuanto garantiza la expeditez en la impartición de justicia, dado que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican, en forma preferente, a las diversas ramas del derecho, quienes, por ese motivo, pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos. Ello es así, pues resultaría contrario al principio de especialización judicial el hecho de que un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa conociera actos que emanan de juicio de carácter laboral, ya que jurídicamente no podría abocarse con la misma expeditez, conocimiento y experiencia, a dilucidar si los mismos son constitucionales o no, lo que en un momento dado sí lo podría hacer el Juez de Distrito conocedor de amparo en materia laboral, y de los cuales depende directamente la existencia de los actos administrativos que se impugnan. En consecuencia, de conformidad con los artículos 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en cumplimiento al primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir los autos al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, a quien se considera competente por ser el que se encuentra de guardia, por los motivos y fundamentos expuestos; asimismo, con las constancias necesarias se ordena formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. En esa medida, se solicita atentamente al Juez declinado acuse recibo, precisando si acepta o no la competencia, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. En otro contexto, se tienen como sus autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Francisco González Barradas y Edgar Torres García y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Juan Luis Muñoz Cárdenas y Gustavo Morales Sánchez, hasta en tanto registren su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales". Vista la certificación cuenta, se le faculta la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal, así como realizar las notificaciones personales vía electrónica a los usuarios 59gam y florflor, por así haberlo solicitado la parte quejosa. En atención a ello, se instruye a la analista jurídica encargada del "Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Ahora bien, se autoriza a los secretarios adscritos a este Juzgado a firmar los oficios derivados del presente asunto. En un diverso orden de ideas, se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, presentar promociones a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo, así como notificarse electrónicamente de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para ello, deberán registrarse en el sitio http:www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ cumpliendo con los requisitos que establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales que se ordenen en este asunto. SUSPENSIÓN DE PLANO En otro orden de ideas, resulta importante mencionar, que la parte promovente señaló como actos reclamados: La omisión de proporcionar el equipo de protección médico y material sanitario para atender la pandemia que aqueja al país. La omisión de desinfectar y limpiar las instalaciones del nosocomio en el cual se desempeña como médico. Orden verbal de obligar y/o comisiona a la quejosa de trasladarse al área 50 urgencias y grupo COVID adultos del Hospital General de Zona 1A "Rodolfo Antonio Demucha Macías" del Instituto del Seguro Social. La omisión de establecer el equipo de respuesta para la atención de pacientes con Covid-19. Al respecto, cabe destacar que la parte promovente refiere que se desempeña como médico en el área de pediatría Hospital General de Zona 1A "Rodolfo Antonio de Mucha Macías" del Instituto del Seguro Social" y la autoridad responsable le ha ordenado trasladarse al área 50 urgencias y grupo COVID adultos, asimismo que dicho nosocomio no cuenta con un equipo de respuesta para la atención de pacientes con Covid-19, así como que no se le ha proporcionado el equipo de protección médico y material sanitario, y finalmente que padece rinitis alérgica, asma bronquial y obesidad, factores de riesgo para dicho padecimiento. Lo anterior evidencia que los actos reclamados por la aquí quejosa pueden poner en riego su vida, subsumiéndose en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Por tanto, a fin de proveer sobre la suspensión de plano de oficio, conviene señalar que el artículo 1° constitucional consagra el principio pro persona, el cual establece que los derechos humanos deben interpretarse en la forma más amplia en favor de los gobernados. A su vez, que es obligación del Estado Mexicano salvaguardar el derecho a la salud, para lo cual deben emitirse las resoluciones necesarias para lograr este fin, lo que se desprende del análisis sistemático de las disposiciones relativas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes secundarias, así como los demás instrumentos internacionales relacionados con tal temática. Así, se estima necesario reiterar que los actos reclamados impactan en el derecho a la salud e incluso en el derecho a la vida de la quejosa, por ello se acordará de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. No se soslaya que la parte solicitante del amparo, se duele de tanto de actos positivos como omisivos, estos últimos, actos que la quejosa considera que las autoridades responsables no han realizado y que le deparan un perjuicio en su salud; por lo que por sí no conllevan una ejecución; sin embargo, sí son susceptibles de suspenderse. Lo anterior es así, toda vez que la doctrina constitucional ha venido evolucionando en beneficio de los derechos humanos, y considera que los actos omisivos sí pueden suspenderse, con la finalidad de salvaguardar esos derechos, siempre y cuando se actualicen la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, pues se deben analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. De la transcripción que antecede se colige que el derecho a la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, a través de la implementación de acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud del individuo y de la sociedad en general, lo que implica información, prevención, atención, control de enfermedades y otorgamiento de medicamentos y otros insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, cuya existencia y disponibilidad debe estar garantizada. Así, en el texto constitucional reproducido en párrafos anteriores, por una parte se reconoce el derecho fundamental del que gozan todos los gobernados a tener servicios de salud, los cuales deben ser proporcionados por el Estado a través de instituciones públicas que se establezcan para tal efecto. Ahora bien, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece lo siguiente: .....De los instrumentos normativos preinsertos, se pone de relieve que el derecho a la protección a la salud es reconocido incluso en el ámbito internacional, por lo que es obligación de los Estados garantizar el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO A .....PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: De encontrarse acreditado que la quejosa padece rinitis alérgica, asma bronquial y obesidad que refiere, suspendan la obligación de la quejosa Flor Guadalupe Marín Ortega de acudir a su centro de trabajo para efecto de cubrir su jornada laboral, sin que ello implique un descuento por ausencia, pues debe garantizarse que perciba el sueldo respectivo, pues el no tomar en cuenta que al parecer pertenece a un grupo vulnerable se puede traducir en el contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19) e incluso en la propagación en el territorio mexicano, con lo que resultaría imposible restituir a la parte quejosa en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida, por lo que la medida cautelar se otorga para el efecto de que las autoridades responsables provean las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se cumpla con Acuerdo de medidas preventivas del que se ha dado noticia; con la finalidad de garantizar los derechos humanos, de la quejosa, e incluso los de la colectividad. En caso de determinar que la aquí quejosa no se encuentra dentro de los grupos vulnerables a que se refiere el acuerdo referido, y que debe desempeñarse en el área 50 urgencias y grupo COVID adultos del Hospital General de Zona 1A "Rodolfo Antonio de Mucha Macías" del Instituto del Seguro Social, se le deberá proporcionar el equipo de protección médico y de sanitización necesario para atender la pandemia que aqueja al país y evitar que pueda contagiarse, como podría ser gorro quirúrgico desechable, mascarilla quirúrgica desechable, uniforme de trabajo, guantes de látex desechables, gafas de protección. Por otra parte, en caso de determinar que la aquí quejosa no se encuentra dentro de los grupos vulnerables a que se refiere el acuerdo referido, y de encontrarse las autoridades responsables imposibilitadas para proporcionar el equipo de protección necesario para que su desempeño como médico no implique un peligro de riesgo, deberán mantener las cosas en el estado que guardan actualmente, esto es, que la aquí quejosa continúe desempeñándose como médico en el área de pediatría del Hospital General de Zona 1A "Rodolfo Antonio de Mucha Macías" del Instituto del Seguro Social. Lo anterior, porque se considera que de continuar las responsables en la omisión que acusa la solicitante del amparo, ésta podría sufrir graves repercusiones en su estado de salud. .....En razón, de que la medida cautelar que ahora se otorga, no suspende cualquier otro acto diverso que no sea materia de la demanda de amparo, y estará vigente hasta en tanto se dicte la sentencia que en derecho corresponda en el presente asunto. Luego, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en la presente instancia constitucional, así como a la urgencia de la medida cautelar concedida en autos, y los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia a que se encuentra obligado este juzgado de Distrito, por mandato expreso del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO a las autoridades responsables la suspensión de plano decretada en el presente acuerdo, a fin de que den cumplimiento a la mencionada medida cautelar, y de ser el caso, emita las instrucciones necesarias a efecto de acatar tal mandamiento. Diligencia que deberá realizarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables, en términos de la fracción II del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Debiendo acreditar con constancias fehacientes a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la siguiente a la en que queden legamente notificadas del presente proveído, en el ámbito de sus atribuciones, las actuaciones que hayan realizado a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente asunto, inclusive ante autoridades diversas a las señaladas como responsables en el escrito inicial de demanda. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirija, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencias de las autoridades, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir sus respectivos informes; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. Se apercibe a las autoridades antes referidas de que en caso de ser omisas en desahogar el requerimiento que se les formula, este órgano jurisdiccional estará en aptitud de proceder en términos de lo previsto en el título quinto de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158, del propio ordenamiento citado. ....En el mismo sentido, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación, del caso mediante el esquema de juicio de línea es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. .....NOTIFÍQUESE Y ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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