Flor Guadalupe Chan Zapata

Expediente 230/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
230/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
06/04/2022

Partes del expediente

  • Flor Guadalupe Chan Zapata

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En la presente fecha, doy cuenta a la Jueza con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación secretarial que antecede. Conste. Mérida, Yucatán, seis de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio, el once de marzo del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, no se tramitó el incidente de suspensión, ni cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, once de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio del Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios Perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, mediante el cual informa que el nueve de marzo de dos mil veintidós dictó el laudo en el expediente laboral 164/2018 de su índice. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, consistió en la denegación de justicia en virtud de la paralización del procedimiento y en consecuencia, la omisión de dictar el laudo que resuelve el juicio. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente:Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, como se señaló en párrafos previos, la parte quejosa reclamó la denegación de justicia en virtud de la paralización del procedimiento y en consecuencia, la omisión de dictar el laudo que resuelve el juicio 164/2018. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios Perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán remitió con el oficio que se dio cuenta, se advierte que el nueve de los corrientes, se dictó el laudo correspondiente en el expediente laboral 164/2018; por lo que la denegación de justicia reclamada por la parte quejosa, dejó de existir. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, como ya se dijo la inactividad procesal en que había incurrido la responsable, cesó en el momento en que se dictó el laudo correspondiente en el expediente laboral 164/2018, restituyendo así al agraviado a su derecho de impartición de justicia pronta y expedita. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que el Tribunal responsable ha dictado el laudo correspondiente en el expediente laboral 164/2018, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable, lo que en el caso se subsana con el dictado del laudo correspondiente en el expediente laboral 164/2018, pronunciado por tal autoridad. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente decretar, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías con apoyo en la fracción V, del arábigo 63, de la citada ley. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, once de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio del Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios Perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, mediante el cual informa que el nueve de marzo de dos mil veintidós dictó el laudo en el expediente laboral 164/2018 de su índice. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, consistió en la denegación de justicia en virtud de la paralización del procedimiento y en consecuencia, la omisión de dictar el laudo que resuelve el juicio. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente:Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, como se señaló en párrafos previos, la parte quejosa reclamó la denegación de justicia en virtud de la paralización del procedimiento y en consecuencia, la omisión de dictar el laudo que resuelve el juicio 164/2018. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios Perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán remitió con el oficio que se dio cuenta, se advierte que el nueve de los corrientes, se dictó el laudo correspondiente en el expediente laboral 164/2018; por lo que la denegación de justicia reclamada por la parte quejosa, dejó de existir. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, como ya se dijo la inactividad procesal en que había incurrido la responsable, cesó en el momento en que se dictó el laudo correspondiente en el expediente laboral 164/2018, restituyendo así al agraviado a su derecho de impartición de justicia pronta y expedita. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que el Tribunal responsable ha dictado el laudo correspondiente en el expediente laboral 164/2018, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable, lo que en el caso se subsana con el dictado del laudo correspondiente en el expediente laboral 164/2018, pronunciado por tal autoridad. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente decretar, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías con apoyo en la fracción V, del arábigo 63, de la citada ley. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Agréguese a estos autos telegrama remitido por la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, residente en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo de los oficios por medio del cuales se les notificó la resolución interlocutoria dictada en el presente incidente y los recursos de revisión interpuestos en autos, interpuestos, respectivamente, por la Directora General Adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera; Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "D" dependiente de la Vicepresidencia de la Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, en representación del Presidente de la República. De lo que se toma conocimiento para los fines legales a que haya lugar. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de ellos se advierte, que no obran en autos los acuses de recibido de los oficios 6103/2021, 6105/2021, 6106/2021, 6107/2021, y 6109/2021, mediante los cuales, respectivamente, se les hizo del conocimiento la resolución interlocutoria de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, a las autoridades responsables, Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Directora General Adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera; Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "D" dependiente de la Vicepresidencia de la Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; y Procuraduría Fiscal Federal de Amparos, en representación del Presidente de la República. En tal virtud, mediante oficio que al efecto se libre, y por medio de mensajería acelerada, remítase a las autoridades antes señaladas, copia de la resolución interlocutoria de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, excepto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a quien se le enviará dicha documentación vía correo electrónico, a la dirección: amparos@diputados.gob.mx. Asimismo, también se advierte que no obran en autos los acuses de recibido de los diversos oficios 10219/2021, 10221/2021, 10222/2021, 10223/2021 y 10225/2021, correspondientes al acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, con los cuales se les hizo del conocimiento a las autoridades responsables mencionadas en el párrafo precedente, la interposición del recurso de revisión en este cuaderno incidental; con exclusión de la Directora General Adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera; Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "D" dependiente de la Vicepresidencia de la Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien es la parte recurrente. Por lo anterior, y como no se tiene la certeza de que dichas autoridades hayan recibido los oficios antes referidos; mediante oficio que al efecto se libre, y por medio de mensajería acelerada, remítase a las autoridades antes señaladas, copia del acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, excepto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a quien se le enviará dicha documentación vía correo electrónico, a la dirección: amparos@diputados.gob.mx. Por otro lado, también se advierte que no obran en autos los acuses de recibido de los diversos oficios 17244/2021, 17246/2021, 17247/2021, 17248/2021 y 17250/2021, dirigidos, respectivamente, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la Ciudad de México; ???????????? Directora General Adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Ciudad de México; Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "D" dependiente de la Vicepresidencia de la Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Ciudad de México; Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; correspondientes al acuerdo de siete de julio de dos mil veintiuno, con los cuales se les hizo del conocimiento la interposición del diverso recurso de revisión en este cuaderno incidental; con exclusión del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, en representación del Presidente de la República, quien es la parte recurrente. Por lo anterior, y como no se tiene la certeza de que dichas autoridades hayan recibido los oficios antes referidos; mediante oficio que al efecto se libre, y por medio de mensajería acelerada, remítase a las autoridades antes señaladas, copia del acuerdo de siete de julio de dos mil veintiuno, con copia del recurso de revisión en comento, excepto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a quien se le enviará dicha documentación vía correo electrónico, a la dirección: amparos@diputados.gob.mx. Apercibidas todas las autoridades antes mencionadas, que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, o en caso de no señalar la imposibilidad que tienen para ello, se les impondrá una multa de cincuenta veces el valor de Unidad de Medida y Actualización de conformidad con lo establecido en el numeral 259, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Hágase del conocimiento de las autoridades arriba señaladas, que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, la información requerida podrán rendirla vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. NOTIFÍQUESE.

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