Flor Estrella de la Cruz Madrigal
Expediente 987/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 987/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Flor Estrella de la Cruz Madrigal
Actuaciones
- Principal
MESA IV. HA CAUSADO ESTADO EL ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, tomando en cuenta que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo en este juicio. 1. DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo y en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el expediente principal al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
MESA IV. SE NOTIFICA POR LISTA Y EN EL PORTAL DEL INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DEL ACUERDO MENCIONADO QUE DICE: SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO...
- Principal
MESA IV.- , por lo que procedo a efectuar la notificación del acuerdo de dieciséis de julio de dos mil quince, por medio de lista fijada en los estrados del Juzgado, así como publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Fedaración a las nueve horas del veintidós de julio de dos mil quince, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo PREVENCIÓN Ahora bien, previo proveer sobre la admisión de la demanda de amparo de que se trata, con fundamento en el artículo 108 fracción IV, en relación con el 112 y 114, fracción I de la Ley de Amparo, se requiere a la promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir de la legal notificación de este proveído, por escrito y con el número de copias de la promoción con que se cumpla esta prevención, aclare cuál es el acto o actos reclamados a la autoridad responsable, pues si bien se puede advertir de manera destacada que reclama la omisión de señalar fecha y hora para la continuación del desahogo de pruebas en el expediente laboral 4313/2013, en el capítulo correspondiente al acto reclamado lo hace consistir de la manera siguiente: "[.] IV.- ACTO RECLAMADO.- INACTIVIDAD PROCESAL por parte de la Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, en el expediente 4313/2011, en virtud que desde el día 10 de Julio del año 2014, en que se llevó una audiencia de desahogo de pruebas, las autoridades responsables han omitido substanciar el procedimiento, es decir que hasta la presente fecha las autoridades señaladas como responsables han omitido señalar fecha para la continuación de la diligencia que prevé el Artículo 884 de la Ley Federal del Trabajo en vigor, en relación con 838 que copiado a la letra dice: " La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de este Ley". A lo anterior se violenta con esto mis garantías de legalidad y seguridad jurídica por parte de las autoridades responsables, lo cual contraviene el principio de justicia pronta y expedita, ya que dichas omisiones violan mis derechos humanos, mis garantías individuales y de seguridad jurídica que me conceden los preceptos legales 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 883, 884 y de más relativos aplicables de la Ley Federal del Trabajo.[.]" (Sic). Lo que enuncia de forma ambigua y genérica, que en su momento impediría fijar la litis constitucional, al no poder establecer la pretensión del justiciable, dada la imprecisión con la que redactó el acto reclamado. Ahora bien, resulta importante señalar que sobre el tema de omisiones y dilaciones en materia laboral, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a. CV/2013 (10a.), abandonó el criterio sostenido en la diversa 2ª/J.45/2007, con número de registro 172677, localizable en la página 528, tomo XXV, Abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, bajo el rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", y actualmente impera el siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Criterio en el que se sostuvo que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Lo anterior, siempre y cuando la parte quejosa demuestre que las omisiones o dilaciones que estima le irrogan perjuicio derivan de una promoción no acordada mediante la cual previamente impulsó al procedimiento Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que es requisito el quejoso que acude a la vía biinstancial, impugnando violaciones procesales, haya sido parte en el juicio de origen del que emana el acto que reclama, ya que es indispensable en razón que se tiene como evidencia que éste cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desarrollarse de manera adecuada la función jurisdiccional de la autoridad que tiene conocimiento del acto que reclama o donde deduce su defensa, además que tal requisito es indispensable para establecer la procedencia del juicio, al margen que la autoridad responsable no haya rendido su informe justificado, pues tal situación, sólo conlleva a tener por cierto el acto, no así a los actos o hechos diversos en que el quejoso sustenta su acción de amparo, ante tales circunstancias si el quejoso no demuestra o prueba de modo alguno su dicho en torno a ser parte en el juicio o procedimiento de donde nace el acto que reclama, trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo; de ahí lo relevante de acreditar dicho presupuesto legal para la procedencia del juicio, pues como se apuntó, es un requisito que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto que reclama, ya que partiendo de ese supuesto el órgano de control constitucional estará en aptitud para verificar y establecer la procedencia del juicio. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.), Décima Época, Registro: 2006144, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 206, que a letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 108 fracciones II y IV, en relación con los artículos 112 y 114 de la Ley de Amparo, se requiere a la promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir de la legal notificación de este proveído, por escrito y con el número de copias de la promoción con que se cumpla esta prevención: Precise acorde con el nuevo criterio jurisprudencial, cuáles son los actos que reclama en su escrito de demanda de amparo acorde con la etapa procesal en que se encuentra el juicio laboral de origen y respecto de los que haya presentado una promoción previa para impulsar el procedimiento, la cual no se hubiese atendido; o bien, si reclama la omisión de señalar fecha y hora para la continuación del desahogo de pruebas en el expediente laboral 4313/2013. APERCIBIMIENTO A LA PROMOVENTE Se apercibe a lA promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el término concedido, de acuerdo a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de cuenta y por autorizados para tales efectos en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que cita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto.
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