Flor Estrella Castro Fuentes
Expediente 469/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 469/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 10/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Flor Estrella Castro Fuentes
- Juez Octavo Oral de lo Familiar de Morelia, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Acto continuo, para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 144 de la Ley de Amparo, el Secretario da cuenta con las constancias necesarias para resolver y el Juez acuerda lo conducente: CUENTAACUERDO INFORMES PREVIOSSe da cuenta con el informe previo rendido por la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Téngase por hecha la relación de las constancias y del informe previo rendido por la autoridad responsable señalada. PRUEBAS Se hace constar que la parte quejosa no ofertó medios de pruebas. Se toma conocimiento y se cierra esta etapa. ALEGATOS Se da cuenta que ninguna de las partes realizó manifestaciones en vía de alegatos. Se toma conocimiento y se cierra esta fase. Finalmente, el juez procede a dictar la siguiente resolución: RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA VISTOS y RESULTANDOS: PRIMERO. Solicitud de suspensión. En su demanda de amparo, ********************, por derecho propio y en representación de la menor de edad de iniciales ********************, solicitó la suspensión del acto reclamado. SEGUNDO. Trámite. El incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 en relación con el 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa destaca como acto reclamado: La emisión del acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, donde se decreta un régimen de convivencia provisional entre la menor de iniciales ********************, con Gustavo ********************, padre de la menor, así como con ******************** y ********************, abuelos paternos de la menor, dentro del Juicio Ordinario Oral Familiar ********************, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, al rendir su informe previo aceptó la existencia del acto reclamado. CUARTO. Interés suspensional. Se tiene por acreditado el interés de la parte quejosa, ya que es parte en el procedimiento de origen, lo que se corrobora con el informe previo rendido por la autoridad responsable. Tiene aplicación al respecto, en lo conducente, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "INTERES JURÍDICO PARA LA SUSPENSION PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SE SURTE SI QUIEN LA SOLICITA ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO. Es verdad que a cargo del promovente del amparo pesa la obligación de probar en el incidente de suspensión su interés jurídico para obtener la medida cautelar de que se trata, empero en dicho incidente no se requiere la plena demostración del referido interés, bastando la prueba indiciaria, deducida de lo asentado por el quejoso en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que es parte demandada en el juicio del que emana el acto reclamado." QUINTO. Pretensión de la suspensión. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto de que ".se dejen el procedimiento en el estado que guarda y no se obligue a mi menor hija a convivir con personas quienes tienen vigente la medida cautelar de restricción." SEXTO. Procedencia de la suspensión. A efecto de proveer lo conducente en este apartado, es menester precisar que conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: I) Los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; II) Los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; III) Las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, IV) Las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: La petición de parte; La existencia del acto reclamado. La naturaleza del acto reclamado. La afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal. Ahora bien, el primer requisito se encuentra colmado, en virtud de que en el escrito inicial de demanda, la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado, y por ende, existe la petición de parte agraviada. De igual manera, el segundo de los extremos se actualiza en el particular, dado que al tratarse de la suspensión definitiva, se tiene por acreditada la existencia del acto con base en las manifestaciones que la parte quejosa formuló, bajo protesta de decir verdad, en su demanda de amparo y con lo señalado en el informe previo rendido por la autoridad responsable. Luego, se exige que el acto reclamado acorde a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse, extremo que no se encuentra colmado. Se afirma lo anterior, pues la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la emisión del acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, donde se decreta un régimen de convivencia provisional entre la menor de iniciales ********************, con Gustavo ********************, padre de la menor, así como con ******************** y ********************, abuelos paternos de la menor, dentro del Juicio Ordinario Oral Familiar ********************, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Para ello, se torna necesario traer a cuenta algunas premisas en torno al interés superior de la niñez reconocido en el artículo 4º, párrafo octavo, de la Constitución Federal; y 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno. A partir de lo dispuesto en los referidos enunciados, el interés superior de la niñez debe ser considerado como un principio regulador de la normativa referente a los derechos de los infantes que se funda en la dignidad del ser humano, pero a partir de tener como referente las características propias de aquéllos, así como en la necesidad de propiciar su desarrollo con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. Este principio implica que el desarrollo de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para todas las autoridades del Estado en la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida de los infantes; el objetivo general de proteger el principio del interés superior de la niñez es, por sí, un fin legítimo, necesario e imperioso. Los Estados deben asegurarse que el interés superior de la niñez prevalezca como mandato de optimización, esto es, en la mayor medida posible; por lo que, los infantes deberán ser sujetos de cuidados o medidas especiales de protección, según lo disponen, tanto el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos humanos. Los cuidados o las medidas especiales de protección deberán definirse a partir de los hechos que determinan las circunstancias en las que se encuentre el infante, en cada caso particular, con base en su especial manera de ser, esto es su debilidad, inmadurez o inexperiencia. Dichos aspectos se deberán adoptar con la finalidad de prevenir, o bien, eliminar el eventual estado de vulnerabilidad en que pudieran ubicarse, con referencia en su manera sui generis de ser. Por otra parte, el artículo 3º, incisos A, B, C, F y G y 4º, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, disponen los siguientes derechos: "Artículo 3o. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes: A. El del interés superior de la infancia. B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia. C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales. (.) F. El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad. G. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales." "Artículo 4o. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Ahora, en atención a las diversas referencias existentes en relación al "interés superior de la niñez", precisa ponderar que dicho concepto implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones relacionadas con esta etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de tal manera que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas, así como que no se genere el mínimo riesgo para el infante. En este panorama, la aparición del referido concepto, supedita, con mayor claridad los derechos que las personas adultas pudieran tener sobre un niño o niña, al deber de atenderlos y cuidarlos, buscando siempre el mayor beneficio posible para ellos, como un imperativo de la comunidad hacia las personas que ejercen la patria potestad; con ello, la función social es ahora explícitamente de orden público e interés social. El concepto de que se habla, ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos y cuyos criterios, por tanto, son obligatorios) de la siguiente manera: Que la expresión "interés superior del niño", consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. En relación al tema en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado de la siguiente manera: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño." Precisado lo anterior, se tiene que la parte quejosa pretende que la menor no conviva con su padre y sus abuelos paternos, con el primero a través de videollamada, mientras que, con los segundos en el Centro de Convivencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, establecido en esta ciudad, conforme al acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en que se decretó el régimen de convivencia provisional. Quien esto resuelve estima que por ahora la medida provisional establecida no pugna ni afecta los derechos de convivencia de la infante, tampoco que se encuentre en peligro o riesgo que haga procedente la concesión de la suspensión definitiva. Ello es así, ya que la convivencia paterno-filial es una cuestión de orden público e interés social, pues de ella depende el desarrollo armónico e integral de la menor de edad, además de que se encamina a la conservación de un entorno familiar saludable y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional. Por lo que, atendiendo al principio de interés superior del menor, que debe ponderarse sobre los derechos de los demás contendientes en el juicio familiar, al no existir dato que hagan suponer que la convivencia provisional decretada entre la infante con su padre y sus abuelos, puede ser dañina o riesgosa para el sano desarrollo físico, mental y emocional de ésta, no ha lugar a conceder la suspensión provisional solicitada, ya que de hacerlo limitaría ese derecho de la infante, y con ello pudiera afectarse primordialmente su salud integral. Como sustento de lo anterior se cita el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "DERECHO DE CONVIVENCIA. EL INTERÉS QUE DEBE PRIVILEGIARSE ES EL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS, SOBRE LA BASE DE QUE SE ASEGURE SU DESARROLLO Y DIGNIDAD. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO QUE TIENE POR MATERIA LA LIMITACIÓN A ESE DERECHO. Cuando los padres de las niñas y niños pretenden ejercer el derecho de convivencia, el interés que debe privilegiarse es el de las niñas y niños, sobre la base de que se asegure su desarrollo y dignidad. Esto último es lo que justifica el sentido de la medida judicial cautelar que se dicta en el juicio de amparo indirecto para que su goce no sea ilusorio, insuficiente o ineficaz cuando se llegue a decidir la cuestión sustantiva en sentencia definitiva. Así, debe ponderarse que la medida provisional que llegue a dictar un Juez en un juicio determinado para que exista una convivencia entre los padres y las niñas y niños o no se ponga en peligro su goce, se encuentra justificada en atención al derecho de éstos a crecer en un entorno de afecto junto a su familia y a asegurar su goce efectivo. De ahí que, la circunstancia de que sean los padres de las niñas y niños quienes soliciten el reconocimiento de ese derecho de convivencia, no significa que sean estos últimos los titulares absolutos sobre el contenido y alcance de aquél, sino que en todo caso, está subordinado al interés superior del niño y a la etapa de desarrollo en que se encuentra; en relación con esto último, también debe destacarse que la regla establecida en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño es muy general, al comprender como tales a todo ser humano menor de dieciocho años de edad, a menos que bajo la ley aplicable al niño, haya alcanzado antes la mayoría. Existen diversas etapas en la infancia, que son además relevantes para decidir la forma de ejercicio de la convivencia y determinar la necesidad del menor, entre otras cosas, de vincularse afectivamente con los adultos y, en especial con sus padres y la familia a fin de que pueda relacionarse con seguridad con el mundo que le rodea. La convención de mérito como elemento integrante de nuestro orden jurídico faculta a las autoridades, como la judicial a respetar las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la convención. Y constituye una costumbre ordinaria de la sociedad que el afecto hacia el menor, desde su primera infancia, fluya no sólo de los padres, sino de los hermanos y aquellos que forman parte de la familia extensa si la hay, porque atañe a valores de socialización y convivencia que forman un sentimiento de seguridad y confianza en el mundo que lo rodea, por lo que salvo que esté demostrado que tal situación representa un peligro para el goce de los derechos de la niña o niño, el juzgador no sólo debe asegurar sino incentivar que esa situación se verifique antes del dictado de una sentencia que reconozca definitivamente los términos del ejercicio de una convivencia solicitada, como una vez resuelta en definitiva la controversia planteada. En ese contexto, se parte de la base de que, en condiciones de conflictos sujetos a la tutela judicial sobre convivencia, el niño es quien resiente, desde luego, los efectos de la falta de convivencia con la familia porque constituyendo una etapa de rápido y definitivo desenvolvimiento, que no es factible rehacer o revivir, deben facilitarse los medios para que la convivencia ocurra de modo que el goce de sus derechos como el de ésta no se vea mermado, salvo que esté demostrado que resulta un peligro para el menor."." Consecuentemente, se niega la suspensión definitiva; lo anterior, hasta en tanto la autoridad responsable reciba notificación de la sentencia ejecutoria que se dicte en el presente juicio de amparo. Por tanto, con apoyo en el artículo 146 fracción IV, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por ********************, en los términos de los considerandos quinto y sexto de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de mayo de dos mil veintitrés. 1. Designa representante especial, se ordena agregar oficio para que obre como corresponda. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio firmado electrónicamente por el Titular de la Delegación Michoacán del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en esta ciudad, mediante el cual designa representante especial de la menor de edad de iniciales A.N.A.C., al asesor jurídico federal Santiago Orozco Valencia, adscrito a dicha delegación; en atención a su contenido, agréguese a los autos para que obre como corresponda, toda vez que en proveídos de once y trece de abril del presente año, se tuvo a la autoridad oficiante designando al mismo representante especial que alude, quien incluso ya aceptó y protestó el cargo conferido. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Incidental
Morelia, Michoacán, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Informe previo. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe previo, con lo que se ordena dar vista a las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LOS TERCEROS INTERESADOS LA DETERMINACIÓN DE FECHA TRES DE MAYO DEL DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, tres de mayo de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que la quejosa ********************, promovió el presente juicio de amparo por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales ********************, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta ciudad, consistentes en la emisión del acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, donde se decreta un régimen de convivencia provisional entre la menor de iniciales ********************, con ********************, padre de la menor, así como con ******************** y ********************, abuelos paternos de la menor, dentro del Juicio Ordinario Oral Familiar ********************. 2. Acumulación de juicio de amparo indirecto. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte la existencia del diverso juicio de amparo ********************, promovido por ******************** y ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta ciudad, consistentes en la emisión del acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, donde se decreta un régimen de convivencia provisional entre los ahora quejosos y su nieta menor de edad de iniciales ********************, dentro del Juicio Ordinario Oral Familiar ********************. Atendiendo a la estrecha vinculación que existe entre aquel asunto y éste, resulta conveniente decretar la acumulación de juicios, en atención a las siguientes consideraciones: En principio, resulta pertinente precisar que la Ley de Amparo no prevé expresamente la institución de la acumulación de los juicios de amparo; sin embargo, dicha figura subsiste, pues, por un lado, de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió a la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica, y en éste se regula favorablemente dicha figura. Es aplicable a lo anterior, por las consideraciones que la sustentan, la jurisprudencia P. /J. 51/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva." En ese sentido, el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo, establece: "Articulo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero". El precepto transcrito establece que podrá decretarse la acumulación cuando se trate de acciones jurídicas conexas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, o cuando tengan el mismo efecto, o cuando dos juicios deban resolverse en la misma controversia, siempre y cuando los juicios no se encuentren en la fase final de la primera instancia. Además, la acumulación de autos tiene su razón de ser en el principio de expeditez en la impartición de justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su objetivo primordial es acatar el principio de economía procesal traducido en que en una sola audiencia se resuelvan dos o más juicios de amparo en donde se reclamen actos conexos a idénticas autoridades responsables y evitar sentencias contradictorias. En ese contexto, de los juicios ******************** y ********************de la estadística de este órgano jurisdiccional, se advierten los siguientes antecedentes: JUICIO DE AMPARO ******************** JUICIO DE AMPARO ******************** PARTE QUEJOSA: ******************** y ********************. PARTE QUEJOSA: ******************** AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta ciudad AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta ciudad ACTO RECLAMADO: La emisión del acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, donde se decreta un régimen de convivencia provisional entre los quejosos ******************** y ******************** y su nieta menor de edad de iniciales ********************, dentro del Juicio Ordinario Oral Familiar ********************. ACTO RECLAMADO: La emisión del acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, donde se decreta un régimen de convivencia provisional entre la menor de iniciales ********************, con ********************, padre de la menor, así como con ******************** y ********************, abuelos paternos de la menor, dentro del Juicio Ordinario Oral Familiar ********************. Como se ve de los antecedentes narrados, se encuentran acreditados los requisitos necesarios para decretar la acumulación de los citados juicios, pues existe conexidad entre éstos, ya que en el juicio de amparo ******************** -al igual que en el ********************- se reclama la emisión del acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, donde se decreta la convivencia de la menor de edad quejosa con su padre y abuelos paternos, dentro del juicio ordinario oral familiar ********************, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta ciudad, de ahí tengan conexidad entre los referidos juicios, dado que la determinación adoptada en uno de ellos incidirá invariablemente en el otro. Asimismo, en el citado juicio de amparo ********************, no se ha celebrado la audiencia constitucional, pues se encuentran señaladas las diez horas del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Bajo ese contexto y de conformidad con el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el presente juicio de amparo ********************, deberá acumularse al ********************, por ser éste el más antiguo, tomando como punto de partida la fecha de recepción de las demandas de amparo ante este juzgado. 7. Audiencia constitucional. En el entendido que dentro del juicio ********************, al cual se acumula el presente juicio de amparo, se fijaron las DIEZ HORAS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Por lo cual, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo ********************-diez horas con cincuenta minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintitrés-. Lo anterior, hágase del conocimiento a todas las partes, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
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