Flor Elia Guadalupe Cruz Irigoyen

Expediente 1670/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1670/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
11/10/2018

Partes del expediente

  • Flor Elia Guadalupe Cruz Irigoyen

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de octubre de dos mil dieciocho. Vistos los presentes autos y la certificación del secretario, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de dieciocho de septiembre del año en curso (fojas 50 a 51). Con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que el presente sumario se tramito sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete y confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. ".1. Deje sin efectos resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 97/2015, que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por la parte actora, aquí quejosa, en contra del proveído de diecinueve de enero pasado, en la parte conducente en que determinó no acordar de conformidad su petición de girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Subdirección de Control Vehicular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, y al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Puebla, a efecto de obtener información sobre las cuentas bancarias, vehículos y propiedades de Bibiana García Ruiz, cónyuge del demandado José Eduardo Téllez Espinoza; y, en su lugar, 2. Con plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución en la que, de manera fundada y motivada, se pronuncie sobre la referida petición de investigación de bienes." Asimismo, mediante oficio recibido el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por auto de tres de septiembre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa con tales documentos, mismo que se le notificó el siete del mes y año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Del examen de las documentales exhibidas por la Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que tal como se le requirió remitió copia de la resolución dictada el treinta de agosto de dos mil dieciocho, dentro del juicio ejecutivo mercantil 97/2015, en el que dejó sin efecto la resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete y dictó otra en la que procedió a admitir el recurso de revocación hecho valer por la parte quejosa y declaró fundado el recurso planteado y modificó el proveído de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante escrito presentado el quince de agosto del año en curso (fojas 2 a 9) ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, Flor Elia Guadalupe Cruz Irigoyen promovió juicio de amparo en el que señaló como autoridad responsable al Juez Municipal en Materia Civil de Tehuacán, Puebla, de quien reclamó la omisión de resolver el recurso de revocación dentro del expediente 1027/2013. Al respecto, la autoridad responsable Juez Municipal en Materia Civil de Tehuacán, Puebla en su informe justificado manifestó no ser cierto el acto reclamado. Ahora bien, del estudio integral a la demanda de amparo, se tiene que el acto concreto que la quejosa reclama consiste en la omisión de resolver el recurso de revocación dentro del expediente 1027/2013. Por su parte, de las constancias remitidas por el Juez Municipal en Materia Civil de Tehuacán, Puebla, a las que se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, deriva que el veintiuno de agosto del año en curso (fojas 23 a 26) dictó la resolución relativa al recurso de revocación dentro del expediente 1027/2013, notificando a las partes el veintitrés del mismo mes y año. Con base en lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla advierte que tal como refiere la autoridad responsable en su informe de ley, se actualiza una manifiesta e indudable causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y oficioso por ser de orden público, al tenor del último párrafo del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, y que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Es así, porque el acto reclamado por la impetrante, cesó en sus efectos. Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo tanto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria, en razón a que el Juez Municipal en Materia Civil de Tehuacán, Puebla, con fecha veintiuno de agosto del año en curso (fojas 23 a 26) dictó la resolución relativa al recurso de revocación dentro del expediente 1027/2013, notificando a las partes el veintitrés del mismo mes y año; por tanto, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, respecto del acto y autoridad que ha quedado precisados. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causal de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con veintidós minutos del diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Háganse las anotaciones correspondientes.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL OBJECIÓN DE DOCUMENTOS En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con diecinueve minutos del diez de septiembre de dos mil dieciocho, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 1723/2017, el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, actuando con el Secretario Ricardo Hernández Rugerio, quien autoriza y da fe, la declara abierta sin la comparecencia personal de alguna de las partes ni representante legítimo de ellas. Enseguida, el secretario informó de todas y cada una de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la Tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". Y da cuenta con el escrito de Alberto Arturo Vigueras Vera administrador de la tercero interesada persona moral denominada "Bufete Arquitectónico de Puebla", Sociedad Anónima de Capital Variable. El juez acuerda: Agréguese a los autos el escrito de Alberto Arturo Vigueras Vera administrador de la tercero interesada persona moral denominada "Bufete Arquitectónico de Puebla", Sociedad Anónima de Capital Variable, visto su contenido, ténganse por expuestas las manifestaciones a manera de alegatos, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, para que surtan sus efectos legales procedentes. Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa en el escrito inicial de demanda (fojas 41 a 75), las documentales e instrumental de actuaciones ofrecidas en el escrito recibido el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 202 a 209 y anexo I), por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado al rendir su informe justificado (anexo II), por el Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Libres, Puebla (fojas 253 a 267), por el Registrador Público de la Circunscripción Territorial de Atlixco, Puebla (fojas 770 a 776); ); asimismo con la objeción de documentos ofrecida por Jaime Sánchez Juárez Secretario General del tercero interesado Sindicato de Trabajadores de Oficios Varios en General de la Industria y el Campo "General Manuel Ávila Camacho" del Estado de Puebla FROC-CROC en el escrito recibido el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 500 a 503). A lo anterior, el juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecida las pruebas documentales de cuenta, para los efectos legales procedentes. Ahora bien, por lo que hace a la objeción de documentos ofrecida por Jaime Sánchez Juárez Secretario General del tercero interesado Sindicato de Trabajadores de Oficios Varios en General de la Industria y el Campo "General Manuel Ávila Camacho" del Estado de Puebla FROC-CROC en relación a las firmas que calzan el escrito inicial de demanda, ofreciendo como prueba de su parte la pericial en grafoscopía y caligrafía. Con fundamento en el artículo 122 de la Ley de Amparo, SE SUSPENDE LA PRESENTE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SE APERTURA EL INCIDENTE DE OBJECIÓN DE DOCUMENTOS promovido por el tercero interesado, para el único efecto de que las partes ofrezcan las pruebas y contrapruebas que a su derecho importe, las cuales deberán anunciarse dentro del término de tres días, quedando apercibidas, que de no hacerlo dentro del término concedido perderán ese derecho. Asimismo, respecto a la prueba pericial en comento, que ofrece, se tiene por anunciada dicha prueba y nombrando como perito de su parte a Roberto Ramos Martínez; por lo que para efecto de su desahogo, córrase traslado a las partes quejosa y tercero interesada con el pliego de puntos concretos sobre el que versará la prueba en cuestión (pericial en grafoscopía y caligrafía) para que estén en condiciones, y a las autoridades responsables para que si lo estiman pertinente y dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, de adicionar el mismo y en su caso, para que designen perito de su parte; con apercibimiento que de no hacerlo, perderán su derecho para tal efecto. Así entonces, transcurrido dicho término, se acordará lo que corresponda respecto del o los peritos que deberán intervenir en el desahogo de la prueba relativa, así como lo que corresponde a las firmas que servirán como base para el cotejo que en su momento practiquen los citados peritos. Por otra parte, se reserva el acuerdo correspondiente a la aceptación del cargo del perito nombrado por el tercero interesado, así como que Luis Rischia Velázquez y Juan Carlos Maldonado Patiño se constituyan a estampar los ejercicios caligráficos necesarios para el desahogo de la prueba pericial de que se trata, hasta en tanto transcurra el término indicado en el párrafo que antecede. Asimismo, gírese oficio al Coordinador de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, a efecto de que en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione perito con conocimiento en materia de grafoscopía y caligrafía, y así se esté en condiciones de designar al perito oficial que corresponda a este órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que en caso de no presentar al perito en el término indicado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 236, 238 y 259, de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el propio diario el diez de enero de dos mil dieciocho. Finalmente, se señalan las nueve horas con treinta y un minutos del dos de octubre de dos mil dieciocho, para la continuación de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

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