Flor Elena Tapia Diaz
Expediente 953/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 953/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Flor Elena Tapia Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, a ocho de diciembre de dos mil veintidós. Como de la constancia secretarial de cuenta, se advierte que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el auto que desechó la demanda de garantías, le transcurrió del veintiséis de octubre pasado al cuatro de noviembre del año en curso; por tanto, ha fenecido sin que haya interpuesto recurso legal alguno o manifestado a este órgano jurisdiccional haberlo interpuesto ante la Superioridad; consecuentemente, se declara que el mismo ha causado estado. Por otra parte, como de la constancia secretarial se obtiene que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCION, dado que fue desechada la demanda de garantías, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni el suscrito, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
CON ESTA FECHA QUEDA NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA QUE EN LO CONDUCNETE SE ACORDO "....Morelia, Michoacán, a catorce de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la ratificación de escrito de la que se aprecia que la quejosa, ratificó y reconoció como suya la firma estampada en el ocurso aclaratorio; ahora, toda vez que la promovente cumple con las prevenciones formuladas en autos, se ordena acordar lo que en derecho corresponda. Ahora, del análisis integral de la demanda de garantías y escrito aclaratorio, se aprecia que la parte quejosa señala como autoridades y actos reclamados, los siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: 1.- Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con domicilio en Gral. Miguel Blanco 48, Chapultepec Oriente, 582, en MORELIA, MICHOACÁN. 2.- Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con domicilio en Avenida Solidaridad 230, Ventura Puente, en MORELIA, MICHOACAN. 3.- El C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO NUMERO 1, con domicilio en Calle Isaac Arriaga número 315, Zona Centro, CP. 58500 en Puruándiro, Michoacán De Ocampo. 4. El C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO NUMERO 2, con domicilio en Calle Isaac Arriaga número 315, Zona Centro, CP. 58500 en Puruándiro, Michoacán De Ocampo...." LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO b EJECUTORAS: 1.- El C. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL con domicilio CALLE LICENCIADO VERDAD #267, CENTRO, en PURUANDIRO, MICHOACAN. 2. El C. JUEZ MIXTO PURUÁNDIRO, con domicilio CALLE LICENCIADO VERDAD. #267, CENTRO, en PURUANDIRO, MICHOACAN. 3. El COMISARIADO EJIDAL O LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS DEL NÚCLEO AGRARIO DENOMINADO LOS CORRALES con domicilio conocido en el mismo poblado de los CORRALES. 4. LOS C.C. NOTIFICADORES ADSCRITOS AL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL con domicilio CALLE LICENCIADO VERDAD #267, CENTRO, en PURUÁNDIRO, MICHOACÁN. 5. LOS C.C. NOTIFICADORES ADSCRITOS AL JUZGADO MIXTO EN PURUANDIRO, MICHOACAN con domicilio CALLE LICENCIADO VERDAD #267, CENTRO, en PURUÁNDIRO, MICHOACÁN: 6. LA POLICIA INVESTIGADORA ADSCRITA A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO NUMERO con domicilio en Calle Isaac Arriaga número 315, Zona Centro, CF. 58500 en Puruándiro, Michoacán De Ocampo. 7. LA POLICIA INVESTIGADORA ADSCRITA A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO NUMERO 2 con domicilio en Calle Isaac Arriaga número 315, Zona Centro, CP. 58500 en Puruándiro, Michoacán De Ocampo. 8. AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, CON DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL DE JOSE SIXTO VERDUZCO. IV.- ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades responsables reclamo la ilegal orden y ejecución de cualquier ORDEN de DESALOJO Y/O cualquier de ORDEN DE LANZAMIENTO Y ORDEN DE ENTREGA FORMAL y MATERIAL dictada en contra de la suscrita respecto del inmueble denominado el S; como dato particular de ubicación este predio se encuentra a un costado de la escuela -", inmueble en cual está bajo la POSESIÓN de la ahora quejosa, esto en virtud de que la suscrita nunca he sido llamada, oída ni vencida en Juicio en donde se sigan las formalidades esenciales del Procedimiento, por lo cual no existe motivo para intentar desalojarme, lanzarme o en su defecto quitarme el inmueble que actualmente tengo en posesión." Y, del escrito aclaratorio señala lo siguiente "1. Señalar con claridad y precisión el ACTO RECLAMADO que se atribuye a cada una de las AUTORIDADES RESPONSABLES como ORDENADORAS Y EJECUTORAS mencionadas en el escrito de garantías que presentó la suscrita, por lo que expongo lo siguiente: ORDENADORAS: a TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 36 treinta seis: De esta autoridad señalo como acto reclamado las actuaciones y la RESOLUCION, emitida en la ciudad de Morelia, Michoacán; en la fecha del 31 treinta y uno de mayo del 2017, por la C. - Magistrada del TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 36 treinta y seis, dentro del expediente de Sucesión de Derechos Agrarios número , en el cual fue promovido por la C. B EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO NUMERO 2 CON SEDE EN PURUANDIRO, MICHOACAN: Se señala como acto RECLAMADO de esta autoridad las actuaciones y determinaciones de la carpeta de investigación número -, dentro de la cual aparece como ofendida la C. -, quien al momento de interponer su denuncia anexa vías documentales, entre ellas las más relevantes son como lo Expuesto la sentencia del JUICIO SUCESORIO ya mencionado y una CARTA DE POSESION que supuestamente le fue expedida por el COMISARIADO EJIDAL en la fecha del -, por el propio comité del COMiSARIADO en turno." (.) De las demás AUTORIDADES señaladas como RESPONSABLES en calidad de ORDENADORAS: Bajo protesta de decir verdad desconozco si exista un acto reclamado ya que aun o he tenido conocimiento de ello. AUTORIDADES EJECUTORAS: A) COMISARIADO EJIDAL O LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARlOS DEL NUCLEO AGRARIO DENOMINADO LOS CORALES: Del COMISARIADO, señalo como ACTO RECLAMADO: Todas 'y cada una de las actuaciones que ha realizado para expedir la CARTA de POSESION que ya ha sido mencionada, de lo anterior se resume que jamás he sido llamada por el COMISARIADO o en su defecto por la ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS DEL NUCLEO AGRARIO DENOMINADO LOS CORRALES con la finalidad de ventilar los derechos POSESORIOS que he detentado por más de 20 años del predio en cuestión, por tanto, tengo temor fundado de que arbitrariamente el COMISARIADO pueda actuar en mi contra para despojarme del predio donde actualmente vivo. De las demás AUTORIDADES señaladas como RESPONSABLES en calidad de EJECUTORAS: Bajo protesta de decir verdad desconozco si exista un acto reclamado ya que aun o he tenido conocimiento de ello. 2., DECIR CUANTOS NOTIFICADORES ADSCRITOS HAY EN LOS JUZGADOS PRIMERO CIVIL y MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE PURUANDIRO, MICHOACAN: Bajo protesta de decir verdad desconozco cuantos " I NOTIFICADORES haya actualmente en cada Juzgado, sin embargo y después de hacer una investigación al respecto, señalo que hay UN NOTIFICADOR para cada JUZGADO de los ya mencionados respectivamente, cuyos datos de localización ya ha quedado señalados en m escrito de garantías. 3. MENCIONAR SI ES MI DESEO SEÑALAR COMO AUTORIDADES ESPONSABLES A LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA DE JOSE SIXTO VERDUZCO, MICHOACAN; Manifiesto que NO ES MI DESEO SEÑALARLOS COMO AUTORIDAD RESPONSABLE A LOS GENTES DE SEGURIDAD PUBLICA ya mencionados, toda vez que ya he señalado dentro de mí escrito de garantías como AUTORIDAD EJECUTORA al DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA del municipio de JOSE SIXTO VERDUZCO. 4.- SEÑALAR EL ESTADO PROCESAL QUE ACTUALMENTE GUARDA LA CARPETA DE INVESTIGACION YA SEÑALADA EN EL ESCRITO DE GARANTIAS: La misma sigue en INVESTIGACION...". En ese tenor, dado que los actos señalados supralíneas tienen naturaleza distinta y podrían generar implicaciones diversas para cada uno de ellos, con fundamento en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, aplicados en sentido contrario, se decreta la separación de los autos que integran este juicio de amparo, en aras de lograr con efectividad la prontitud en la impartición de la justicia constitucional, contemplada en el artículo 17 de la Constitución Federal. Es aplicable la jurisprudencia consultable en la página 354, Pleno, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro es el siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA." De igual manera, es sustentable a lo anterior la jurisprudencia 77/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS." Criterios que resultan aplicables, en virtud de que no se contraponen con la Ley de Amparo vigente, de conformidad con su artículo sexto transitorio. Por tanto, el presente expediente de amparo se resolverá únicamente respecto del acto reclamado al Agente del Ministerio Público Número 2 con sede en Puruándiro, Michoacán. Por tanto, se ordena obtener copia certificada de la demanda y de la presente determinación, a fin de que en un juicio separado se resuelva respecto de los diversos actos reclamados al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad. En consecuencia, se ordena remitir lo anterior a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, a efecto de que registre el nuevo expediente que se formará con motivo de la presente separación de autos, y realice el turno correspondiente. Ahora, respecto del acto reclamado consistente en las actuaciones y determinaciones de la carpeta de investigación -, atribuido al Agente del Ministerio Público Número 2 con sede en Puruándiro, Michoacán, el cual será materia de estudio en el presente asunto, el suscrito determina que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, examinará el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Para aclarar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto legal 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano.". El numeral trascrito autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguno durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que se exponen, la tesis de jurisprudencia número 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En efecto, los artículos 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". Al respecto cabe precisar que la función de la institución del Ministerio Público es precisamente averiguar los delitos y el artículo 21 Constitucional dispone que éste se encuentra facultado para llevar a cabo las diligencias necesarias para esclarecer los probables hechos que se consideran delictuosos, integrando en su caso la carpeta de investigación respectiva, de ahí que el desahogo de diligencias tendientes a su integración no causan daño o perjuicio a la parte quejosa por ser de orden público, como lo establece nuestra Constitución y como consecuencia de ello, el amparo contra dicha investigación es improcedente. Máxime, que el perjuicio a la parte quejosa se materializaría hasta que el juez del proceso a quien le corresponda resolver sobre el pedimento del representante social, determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, la cual sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; pues estimar lo contrario equivaldría a entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público. No impide considerar lo anterior el hecho de que la Suprema Corte y diversos Tribunales del país se han pronunciado en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra algunos actos dictados dentro de una averiguación previa; sin embargo, la procedencia debe determinarse atendiendo a la irreparabilidad de la violación cometida durante el procedimiento, sin que ello implique que el juicio de amparo proceda en general respecto de todos y cada uno de los actos tendentes a integrar la averiguación previa, pues de ser así se entorpecería la función indagatoria. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis X Región) 2o. 1 P 10a, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con Residencia en Saltillo, Coahuila, consultable en la página 2592, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federal, se dice: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." Así como, por identidad de razón, la tesis número ....cuyo texto dice: "MINISTERIO PUBLICO, PERSECUCION DE LOS DELITOS POR EL. CONSTITUYE UN DERECHO SOCIAL QUE NO CONFORMA LA ESFERA JURIDICA DE LOS PARTICULARES. Habida cuenta que, la persecución de los delitos, es facultad exclusiva del Ministerio Público, en representación de la sociedad, según lo dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces, por deducción, debe arribarse a la conclusión de que dicha función no constituye un derecho privado, es decir, no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido en exclusiva a dicha institución. En ese orden de ideas, las actuaciones realizadas por el Ministerio Público en el ejercicio de ese derecho social, particularmente aquéllas que ven a la integración de la averiguación previa, las cuales están encaminadas a probar la comisión del delito, sus circunstancias y la responsabilidad o inocencia de la persona contra quien se dirigió la denuncia o querella, aun cuando fueren indebidas, no pueden constituir violación a las garantías individuales, y por ende, el amparo enderezado en su contra, es improcedente, conforme a los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 1o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo en el supuesto de que dichos actos afecten de manera directa o indirecta los derechos sustanciales de todo individuo, protegidos en la propia Constitución Federal." Finalmente tiene aplicación, la tesis aislada XXVII.3o.47 P 10a., emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1959, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro siguiente "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE." Con base en lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tales condiciones, el acto reclamado en mención, no causa agravio a la quejosa, pues no se agravia a la indiciada pues su determinación final podría ser en su caso, la que pudiera perjudicarle, además de que no existe disposición legal alguna que permita a los gobernados oponerse a la labor ministerial. En consecuencia, lo procedente es desechar, la demanda de garantías respecto del acto reclamado al Agente del Ministerio Público Número Dos, con sede en Puruándiro, Michoacán, consistente en las actuaciones y determinaciones de la carpeta de investigación -. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente.
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CON ESTA FECHA QUEDA NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE FECHA cuatro de octubre de dos mil veintidós, QUE EN LO CONDUCENTE SE ACORDO "... Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa -, por medio del cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en autos; sin embargo, como la firma que calza dicha promoción, difiere notablemente con la plasmada en el ocurso inicial de demanda de amparo, por ende, no ha lugar a tenerla por aclarado el líbelo constitucional que nos ocupa. Por tanto, requiérase a la promovente para que en el acto mismo de la notificación, que por conducto de la Actuaria de la adscripción le practique de este proveído, o bien dentro del término de tres días que prevé el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, ello previo a que genere su código QR a efecto de solicitar una cita para acudir a este Juzgado Federal, y bajo todas las medidas de protección e higiene establecidas por el Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comparezca debidamente identificado a ratificar el contenido y firma del escrito de mérito, en el entendido de que la identificación que porte, no deberá ser expedida por partidos políticos ni por particulares, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo indicado, se tendrá por no presentada dicha promoción. Tiene aplicación sobre el particular la Jurisprudencia número 202, consultable en la página 165 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA.". En el entendido de que se suspende el plazo otorgado a la promovente en auto de siete de septiembre pasado, hasta en tanto haga lo procedente en el término concedido. Notifíquese personalmente..." LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO
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Morelia, Michoacán, a catorce de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la ratificación de escrito de la que se aprecia que la quejosa -, ratificó y reconoció como suya la firma estampada en el ocurso aclaratorio; ahora, toda vez que la promovente cumple con las prevenciones formuladas en autos, se ordena acordar lo que en derecho corresponda. Ahora, del análisis integral de la demanda de garantías y escrito aclaratorio, se aprecia que la parte quejosa señala como autoridades y actos reclamados, los siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: 1.- Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con domicilio en Gral. Miguel Blanco 48, Chapultepec Oriente, 582, en MORELIA, MICHOACÁN. 2.- Tribunal Unitario Agrario Distrito 17/, con domicilio en Avenida Solidaridad 230, Ventura Puente, en MORELIA, MICHOACAN. 3.- El C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO NUMERO 1, con domicilio en Calle Isaac Arriaga número 315, Zona Centro, CP. 58500 en Puruándiro, Michoacán De Ocampo. 4. El C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO NUMERO 2, con domicilio en Calle Isaac Arriaga número 315, Zona Centro, CP. 58500 en Puruándiro, Michoacán De Ocampo. b) EJECUTORAS: 1.- El C. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL con domicilio CALLE LICENCIADO VERDAD #267, CENTRO, en PURUANDIRO, MICHOACAN. 2.- El C. JUEZ MIXTO PURUÁNDIRO, con domicilio CALLE LICENCIADO VERDAD. #267, CENTRO, en PURUANDIRO, MICHOACAN. 3.- El COMISARIADO EJIDAL O LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS DEL NÚCLEO AGRARIO DENOMINADO LOS CORRALES con domicilio conocido en el mismo poblado de los CORRALES. 4.- LOS C.C. NOTIFICADORES ADSCRITOS AL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL con domicilio CALLE LICENCIADO VERDAD #267, CENTRO, en PURUÁNDIRO, MICHOACÁN. 5.- LOS C.C. NOTIFICADORES ADSCRITOS AL JUZGADO MIXTO EN PURUANDIRO, MICHOACAN con domicilio CALLE LICENCIADO VERDAD #267, CENTRO, en PURUÁNDIRO, MICHOACÁN: 6.- LA POLICIA INVESTIGADORA ADSCRITA A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO NUMERO / con domicilio en Calle Isaac Arriaga número 315, Zona Centro, CF. 58500 en Puruándiro, Michoacán De Ocampo. 7.- LA POLICIA INVESTIGADORA ADSCRITA A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO NUMERO 2, con domicilio en Calle Isaac Arriaga número 315, Zona Centro, CP. 58500 en Puruándiro, Michoacán De Ocampo. 8.- AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, CON DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL DE JOSE SIXTO VERDUZCO. IV.- ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades responsables reclamo la ilegal orden y ejecución de cualquier ORDEN de DESALOJO Y/O cualquier de ORDEN DE LANZAMIENTO Y ORDEN DE ENTREGA FORMAL y MATERIAL dictada en contra de la suscrita respecto del inmueble denominado el S-; como dato particular de ubicación este predio se encuentra a un costado de la escuela -", inmueble en cual está bajo la POSESIÓN de la ahora quejosa, esto en virtud de que la suscrita nunca he sido llamada, oída ni vencida en Juicio en donde se sigan las formalidades esenciales del Procedimiento, por lo cual no existe motivo para intentar desalojarme, lanzarme o en su defecto quitarme el inmueble que actualmente tengo en posesión." Y, del escrito aclaratorio señala lo siguiente "1.- Señalar con claridad y precisión el ACTO RECLAMADO que se atribuye a cada una de las AUTORIDADES RESPONSABLES como ORDENADORAS Y EJECUTORAS mencionadas en el escrito de garantías que presentó la suscrita, por lo que expongo lo siguiente: ORDENADORAS: a) TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 36 treinta seis: De esta autoridad señalo como acto reclamado las actuaciones y la RESOLUCION, emitida en la ciudad de Morelia, Michoacán; en la fecha del 31 treinta y uno de mayo del 2017, por la C. - Magistrada del TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 36 treinta y seis, dentro del expediente de Sucesión de Derechos Agrarios número -, en el cual fue promovido por la C. -B) EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO NUMERO 2 CON SEDE EN PURUANDIRO, MICHOACAN: Se señala como acto RECLAMADO de esta autoridad las actuaciones y determinaciones de la carpeta de investigación número -, dentro de la cual aparece como ofendida la C. -, quien al momento de interponer su denuncia anexa vías documentales, entre ellas las más relevantes son como lo Expuesto la sentencia del JUICIO SUCESORIO ya mencionado y una CARTA DE POSESION que supuestamente le fue expedida por el COMISARIADO EJIDAL en la fecha del -, por el propio comité del COMiSARIADO en turno." (.) De las demás AUTORIDADES señaladas como RESPONSABLES en calidad de ORDENADORAS: Bajo protesta de decir verdad desconozco si exista un acto reclamado ya que aun o he tenido conocimiento de ello. AUTORIDADES EJECUTORAS: A) COMISARIADO EJIDAL O LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARlOS DEL NUCLEO AGRARIO DENOMINADO LOS CORALES: Del COMISARIADO, señalo como ACTO RECLAMADO: Todas 'y cada una de las actuaciones que ha realizado para expedir la CARTA de POSESION que ya ha sido mencionada, de lo anterior se resume que jamás he sido llamada por el COMISARIADO o en su defecto por la ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS DEL NUCLEO AGRARIO DENOMINADO LOS CORRALES con la finalidad de ventilar los derechos POSESORIOS que he detentado por más de 20 años del predio en cuestión, por tanto, tengo temor fundado de que arbitrariamente el COMISARIADO pueda actuar en mi contra para despojarme del predio donde actualmente vivo. De las demás AUTORIDADES señaladas como RESPONSABLES en calidad de EJECUTORAS: Bajo protesta de decir verdad desconozco si exista un acto reclamado ya que aun o he tenido conocimiento de ello. 2., DECIR CUANTOS NOTIFICADORES ADSCRITOS HAY EN LOS JUZGADOS PRIMERO CIVIL y MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE PURUANDIRO, MICHOACAN: Bajo protesta de decir verdad desconozco cuantos " I NOTIFICADORES haya actualmente en cada Juzgado, sin embargo y después de hacer una investigación al respecto, señalo que hay UN NOTIFICADOR para cada JUZGADO de los ya mencionados respectivamente, cuyos datos de localización ya ha quedado señalados en m escrito de garantías. 3.- MENCIONAR SI ES MI DESEO SEÑALAR COMO AUTORIDADES ESPONSABLES A LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA DE JOSE SIXTO VERDUZCO, MICHOACAN; Manifiesto que NO ES MI DESEO SEÑALARLOS COMO AUTORIDAD RESPONSABLE A LOS GENTES DE SEGURIDAD PUBLICA ya mencionados, toda vez que ya he señalado dentro de mí escrito de garantías como AUTORIDAD EJECUTORA al DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA del municipio de JOSE SIXTO VERDUZCO. 4.- SEÑALAR EL ESTADO PROCESAL QUE ACTUALMENTE GUARDA LA CARPETA DE INVESTIGACION YA SEÑALADA EN EL ESCRITO DE GARANTIAS: La misma sigue en INVESTIGACION...". En ese tenor, dado que los actos señalados supralíneas tienen naturaleza distinta y podrían generar implicaciones diversas para cada uno de ellos, con fundamento en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, aplicados en sentido contrario, se decreta la separación de los autos que integran este juicio de amparo, en aras de lograr con efectividad la prontitud en la impartición de la justicia constitucional, contemplada en el artículo 17 de la Constitución Federal. Es aplicable la jurisprudencia consultable en la página 354, Pleno, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro es el siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA." De igual manera, es sustentable a lo anterior la jurisprudencia 77/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS." Criterios que resultan aplicables, en virtud de que no se contraponen con la Ley de Amparo vigente, de conformidad con su artículo sexto transitorio. Por tanto, el presente expediente de amparo se resolverá únicamente respecto del acto reclamado al Agente del Ministerio Público Número 2 con sede en Puruándiro, Michoacán. Por tanto, se ordena obtener copia certificada de la demanda y de la presente determinación, a fin de que en un juicio separado se resuelva respecto de los diversos actos reclamados al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad. En consecuencia, se ordena remitir lo anterior a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, a efecto de que registre el nuevo expediente que se formará con motivo de la presente separación de autos, y realice el turno correspondiente. Ahora, respecto del acto reclamado consistente en las actuaciones y determinaciones de la carpeta de investigación -, atribuido al Agente del Ministerio Público Número 2 con sede en Puruándiro, Michoacán, el cual será materia de estudio en el presente asunto, el suscrito determina que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, examinará el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Para aclarar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto legal 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano.". El numeral trascrito autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguno durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que se exponen, la tesis de jurisprudencia número 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En efecto, los artículos 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". [.] "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". Al respecto cabe precisar que la función de la institución del Ministerio Público es precisamente averiguar los delitos y el artículo 21 Constitucional dispone que éste se encuentra facultado para llevar a cabo las diligencias necesarias para esclarecer los probables hechos que se consideran delictuosos, integrando en su caso la carpeta de investigación respectiva, de ahí que el desahogo de diligencias tendientes a su integración no causan daño o perjuicio a la parte quejosa por ser de orden público, como lo establece nuestra Constitución y como consecuencia de ello, el amparo contra dicha investigación es improcedente. Máxime, que el perjuicio a la parte quejosa se materializaría hasta que el juez del proceso a quien le corresponda resolver sobre el pedimento del representante social, determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, la cual sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; pues estimar lo contrario equivaldría a entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público. No impide considerar lo anterior el hecho de que la Suprema Corte y diversos Tribunales del país se han pronunciado en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra algunos actos dictados dentro de una averiguación previa; sin embargo, la procedencia debe determinarse atendiendo a la irreparabilidad de la violación cometida durante el procedimiento, sin que ello implique que el juicio de amparo proceda en general respecto de todos y cada uno de los actos tendentes a integrar la averiguación previa, pues de ser así se entorpecería la función indagatoria. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis (X Región) 2o. 1 P (10a), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con Residencia en Saltillo, Coahuila, consultable en la página 2592, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federal, se dice: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." Así como, por identidad de razón, la tesis número XXI.2º.51 K, visible en la página 407, Tomo XIV, Diciembre de 1994, Octava Época, al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "MINISTERIO PUBLICO, PERSECUCION DE LOS DELITOS POR EL. CONSTITUYE UN DERECHO SOCIAL QUE NO CONFORMA LA ESFERA JURIDICA DE LOS PARTICULARES. Habida cuenta que, la persecución de los delitos, es facultad exclusiva del Ministerio Público, en representación de la sociedad, según lo dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces, por deducción, debe arribarse a la conclusión de que dicha función no constituye un derecho privado, es decir, no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido en exclusiva a dicha institución. En ese orden de ideas, las actuaciones realizadas por el Ministerio Público en el ejercicio de ese derecho social, particularmente aquéllas que ven a la integración de la averiguación previa, las cuales están encaminadas a probar la comisión del delito, sus circunstancias y la responsabilidad o inocencia de la persona contra quien se dirigió la denuncia o querella, aun cuando fueren indebidas, no pueden constituir violación a las garantías individuales, y por ende, el amparo enderezado en su contra, es improcedente, conforme a los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 1o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo en el supuesto de que dichos actos afecten de manera directa o indirecta los derechos sustanciales de todo individuo, protegidos en la propia Constitución Federal." Finalmente tiene aplicación, la tesis aislada XXVII.3o.47 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1959, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE." Con base en lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tales condiciones, el acto reclamado en mención, no causa agravio a la quejosa, pues no se agravia a la indiciada pues su determinación final podría ser en su caso, la que pudiera perjudicarle, además de que no existe disposición legal alguna que permita a los gobernados oponerse a la labor ministerial. En consecuencia, lo procedente es desechar, la demanda de garantías respecto del acto reclamado al Agente del Ministerio Público Número Dos, con sede en Puruándiro, Michoacán, consistente en las actuaciones y determinaciones de la carpeta de investigación -. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente.
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