Flor Elena Soto Zamorano
Expediente 198/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 198/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 03/02/2021
Partes del expediente
- Flor Elena Soto Zamorano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
Mexicali, Baja California, a tres de febrero de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que quedó firme el auto que resolvió sobreseer fuera de audiencia en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Garantía. No hay para su devolución. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, de conformidad con el artículo 21, inciso c), del citado acuerdo, pues la medida cautelar se negó respecto de los actos reclamados; mientras que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al término de seis meses de haberse ordenado el presente archivo, conforme con el diverso artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de que se trata. Certificación en carátula. Se ordena al Secretario certifique que las carátulas de los expedientes original y duplicado de suspensión contienen impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destrucción", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Nazareth Cristina Linares Reyna, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a tres de febrero de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en el presente juicio, motivo por el cual lo conducente es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. Requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificada ante este Juzgado Federal en días y horas hábiles, a recibir los documentos que en copia certificada u originales hubiere exhibido; lo anterior previa cita que deberá hacer a fin de que pueda tener acceso a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, conforme lo establecen los artículos 2 y 4 del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus del COVID-19" ; con el apercibimiento que de no hacerlo así, el documento de que se trate podrá ser destruido junto con el expediente; lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Certificación de caratula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Nazareth Cristina Linares Reyna, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Estado de autos. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que a esta fecha no se encuentra emplazada al presente contradictorio federal a la tercero interesada (1) *****************; asimismo, de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido en su totalidad el término otorgado a la parte quejosa en proveído de diez de noviembre del presente año, para que compareciera a recibir los edictos ordenados a fin de emplazar a la tercero interesada antes mencionada y, acreditara haber hecho los trámites correspondientes de su publicación. Sobreseimiento fuera de audiencia. En tales condiciones y, atento a que la parte gestora del amparo no acreditó, sin causa razonable, haber comparecido para la entrega de los edictos y su publicación, que fueron puestos a su disposición en el proveído mencionado con anterioridad; en consecuencia, se procede a determinar lo siguiente: En primer lugar, debe decirse que la fracción II, del artículo 63, de la Ley de Amparo en vigor, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." La anterior porción normativa establece que procede el sobreseimiento del juicio biinstancial, en la eventualidad de que se hubiese efectuado el requerimiento respectivo al quejoso para entregar los edictos correspondientes para emplazar a la parte tercero interesada, para su publicación y, a pesar de ello, no acredite sin causa razonable y a juicio del órgano jurisdiccional, haberlo hecho. Por su parte, la fracción III, del inciso b), del artículo 27 de la Ley de la Materia, dispone que si se desconoce el domicilio de la tercero interesada, el órgano jurisdiccional debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél, pero si a pesar de la investigación subsiste el desconocimiento del domicilio, impone a la parte quejosa la obligación de solventar los gastos necesarios para el emplazamiento por edictos al tercero interesado. De esta hipótesis se obtiene que una vez que ha sido admitida la demanda de amparo, si a la postre se desconoce el domicilio del tercero interesado, ya sea porque la parte quejosa lo ignora, o bien, porque no corresponde al que señaló en su demanda, en términos de lo previsto en el artículo 108, fracción II, de la ley de la materia, como se anticipó, el juzgador de amparo debe dictar las medidas pertinentes para investigarlo y, cuando estime que éstas resultaron infructuosas, ordenar que el emplazamiento respectivo, como ya se dijo, se lleve a cabo por medio de edictos a costa de la parte quejosa. Es decir, el emplazamiento del tercero interesado, que permite tener por válidamente constituida la relación jurídico procesal, está condicionado a que la parte agraviada realice el pago de los edictos correspondientes, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda la parte tercero interesada con relación al acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal del procedimiento. En resumen, tomándose en cuenta la naturaleza del juicio constitucional, así como las formalidades esenciales que rigen a todo procedimiento, en virtud de que las determinaciones que se adopten los sumarios de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica de los terceros interesados; por ende, al no emplazárseles a éste último por una causa atribuible al gestor del amparo, ello impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por consecuencia, todo esto acarrea el sobreseimiento del asunto, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a todos los gobernados involucrados en la litis, ya que su esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos o al no acreditar que los publicó en el término otorgado con la finalidad de lograr el emplazamiento de la parte tercero interesada, dicha circunstancia contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ello entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino como se anticipó, a la propia impetrante, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley, y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su conducta omisiva impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. De las constancias se aprecian, los siguientes antecedentes jurídicamente relevantes: 1. Mediante proveído de siete de septiembre de dos mil veinte, se ordenó la búsqueda oficiosa ante diversas instituciones públicas y autoridades, del domicilio para poder emplazar, a la parte tercero interesada (1) Claudia Hernández Cortés, ello virtud que no se logró emplazar a la referida tercero interesado en los domicilios obrantes en autos. 2. De los informes rendidos por las instituciones públicas y autoridades se obtuvieron diversos domicilios a favor de la tercero interesada (1) Claudia Hernández Cortés, sin embargo, una vez agotados los mismos, no se logró su llamamiento a juicio. 3. En auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte, se requirió por última ocasión a la quejosa para que proporcionara domicilio cierto, actual y exacto donde pudiera ser emplazada la tercero interesada en cuestión; sin que el gestor del amparo manifestara algún nuevo dato al respecto. 4. Finalmente, en proveído de diez de noviembre de dos mil veinte, se ordenó emplazar a la tercero en cuestión, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, otorgándose a la parte gestora del amparo un término de veinte días, contado a partir del día siguiente a que surtiera efectos su notificación, para que compareciera a recibir los edictos de mérito y acreditara haber hecho los trámites correspondientes de su publicación; con el apercibimiento que de no cumplir con dicho requerimiento en el término concedido, se decretaría el sobreseimiento en este juicio. 5. Dicho auto le fue notificado a la parte quejosa el once de noviembre de dos mil veinte. Así, de lo antes relatado, se obtiene que a la fecha ya feneció el plazo de veinte días concedido a la parte solicitante del amparo para que compareciera a recoger los edictos de que se trata y, acreditar haberlos publicado; lo anterior, porque tal como se certificó previamente, tomando en cuenta que el impetrante quedó legalmente notificado del auto en el que se dejaron a su disposición los edictos de mérito, luego, dicho término empezó a contar a partir del trece de noviembre y concluyó el catorce de diciembre del presente año, sin que haya comparecido a este Juzgado Federal para recibirlos, ni formulado manifestación alguna respecto ello, ni justificación fáctica o imposibilidad al efecto. En ese tenor, es claro que, con tal omisión injustificada, se impide el debido establecimiento de la relación jurídico procesal necesaria para la válida integración y resolución de la cuestión planteada en este juicio. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a hacer efectivo el apercibimiento aludido en el punto número cuatro arábigo referido en párrafos superiores, motivo por el cual se actualiza la causa de sobreseimiento invocada, prevista en el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo; consecuentemente, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio biinstancial. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia doscientos cuarenta y dos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos cincuenta y nueve del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN, Segunda Sección, que es del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Asimismo, sirve de apoyo al caso, el criterio que sostuvieron los Tribunales Colegiados de Circuito, contenido en la tesis I.10o.P.1 K (10a.), que se publica en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Marzo de 2017, Materia Común, Página: 2702, Decima Época, Registro 2013988, del rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, TRAMITARLOS Y ENTREGARLOS AL ÓRGANO JURISDICCIONAL SIN CAUSA RAZONABLE, ACTUALIZA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo dispone la posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio cuando el quejoso incumple con los principios de prosecución judicial e interés procesal, al no entregar al órgano jurisdiccional los edictos para su publicación, cuando deban practicarse y no acredite la causa razonable de su omisión, en términos del artículo 27 de la propia ley. De esta forma, se advierte que el legislador determinó en ese sentido el sobreseimiento en el juicio directamente, pues para requerir al quejoso la entrega de esos edictos, éste debió haberlos recogido, tramitado y, en consecuencia, entregado al juzgado, quien ordenó su emisión; hipótesis que la anterior legislación de la materia no preveía; de ahí que respecto al tema, con antelación a esta nueva causa de sobreseimiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", catalogó a dicha hipótesis, no como una causal autónoma de sobreseimiento, sino de improcedencia. Así, atento a que el sobreseimiento directo a que se refiere el numeral 63, fracción II, aludido, se incluyó con el propósito de subsanar la laguna existente en la ley abrogada, se considera adecuado aplicar esa causal ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que surgen para el quejoso cuando se ordena un emplazamiento por edictos (recoger y tramitar), y no solamente para el caso de que éstos no sean entregados para su publicación -que es la única acción establecida expresamente por la ley-, pues cualquier omisión del quejoso que impida efectuar la notificación a través de edictos, evidencia su falta de interés para la continuación del juicio. DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO." Igualmente, los argumentos antes expuestos tienen apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia 2a./J. 38/2017, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se publica en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, Mayo de 2017, Materia común, Decima Época, Página 714, Registro 2014220, del rubro y texto: "TERCERO INTERESADO. SU EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE AMPARO DEBE REALIZARSE POR EDICTOS CUANDO SE DESCONOZCA SU DOMICILIO. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, cuando no conste en autos el domicilio para emplazar al tercero interesado, el juzgador deberá dictar las medidas pertinentes para investigarlo; cuando éstas se hayan agotado y la notificación no pudiere efectuarse, se hará por edictos a costa del quejoso, con el fin de evitar la paralización del juicio. Por ello, es a través de edictos como debe emplazarse al tercero cuando se desconozca su domicilio, ya que las formalidades de ese procedimiento de notificación le dan mayores posibilidades de enterarse del juicio en el que le resulte el carácter de parte, lo que excluye que se realice por medio de lista, al no preverlo expresamente la ley. No obsta a lo anterior la existencia de manifestación del tercero ante autoridad distinta al Juez de amparo, en el sentido de que las notificaciones se le realicen por lista, pues esa expresión de voluntad aplicaría, en todo caso, únicamente con relación a las actuaciones efectuadas en ese procedimiento, no así ante el Juez Federal, respecto del cual el tercero ignora que se tramita un juicio en el que le resulta ese carácter." No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se irroga ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, virtud que no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a todos los gobernados involucrados en la litis, como acontece en el presente, en que, por una causa atribuible a la gestora del amparo, no pudo emplazársele al tercero interesado al presente contradictorio constitucional. Es aplicable a la anterior consideración, por su contenido jurídico, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efecto audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del treinta de diciembre de dos mil veinte. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Nazareth Cristina Linares Reyna, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta de noviembre de dos mil veinte. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado, en razón de que está transcurriendo el término de veinte días para que la parte quejosa reciba los edictos ordenados en proveído de diez de noviembre de dos mil veinte para su publicación, a fin de emplazar a la parte tercero interesada, y acredite haber hecho los trámites correspondientes. Diferimiento. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las diez horas con diez minutos del treinta de diciembre de dos mil veinte. Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Ida Vargas Arias, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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