Flor Dessire Leon Hernandez
Expediente 766/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 766/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 04/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Flor Dessire Leon Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que admitió el recurso de revisión y quedó registrado con el número 435/2019; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.Jc
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve; téngase a la parte quejosa haciendo valer el referido RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Finalmente, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. Notifíquese, corriéndole traslado a las partes con copia simple del escrito de agravios, con excepción de la recurrente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 766/2019-III, promovido por FLOR DESSIRE LEÓN HERNÁNDEZ, por derecho propio; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el cinco de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, FLOR DESSIRE LEÓN HERNÁNDEZ, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Juez Décimo Civil de Primera del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, así como de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (fojas 3 a 21). SEGUNDO. Trámite. Por auto de siete de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la parte tercero interesada (fojas 22 a 25). Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y residen las autoridades a las que se les atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado, en ese sentido se precisa que lo que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables es lo siguiente: La resolución de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, emitida por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que confirma la competencia del Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, para conocer del juicio sumario civil 389/2018. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así lo informaron al momento de rendir sus respectivos informes justificados (fojas 29 y 38). Lo que se corrobora con las fotocopias certificadas del toca civil 1106/2018 y del expediente 389/2018, que el Magistrado Presidente de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos remitió con su informe justificado (fojas 39 a 82 y anexo I). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que haya sido objetada su autenticidad. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDECIA. Quien resuelve al no advertir causal de improcedencia que se actualice de oficio, ni las partes hicieron valer alguna, se realizará el estudio del asunto planteado. Son inoperantes los conceptos de violación esgrimidos, sin que en el caso se advierta deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Antecedentes del acto reclamado: Por escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficialía de Partes Común del Primer Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado de Morelos, MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA demando a FLOR DESSIRE LEÓN HERNÁNDEZ, como persona física y en su carácter de Directora del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos (fojas 2 a 22 den anexo I). Dicha demanda fue radicada por el Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, quien previo a admitir la demanda previno a la parte actora (foja 124 anexo I). Por escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, la actora subsanó la prevención decretada y precisó que si bien demandó a FLOR DESSIRE LEÓN HERNÁNDEZ en su carácter de persona física y como funcionaria pública, al dejar de ostentar dicho cargo, la demandaba como persona física; en consecuencia, por auto de dos de octubre de dos mil dieciocho, el Juez responsable admitió a trámite la demanda, la radicó con el número 389/2019, y precisó que la acción principal sería únicamente a la persona física (fojas 129 y 130 anexo I). 4.- Por escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho ante el A quo, FLOR DESSIRE LEÓN HERNÁNDEZ, contestó la demanda entablada en su contra y también promovió declinatoria por incompetencia en razón de la materia (fojas 140 a 146). 5.- Por resolución de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, resolvió infundada la excepción de incompetencia por declinatoria en razón de la materia (fojas 69 a 76 cuaderno principal). La anterior resolución es el acto que se reclama en el presente juicio de amparo. En vía de conceptos de violación se expone que la Sala responsable vulnera las garantías de legalidad y seguridad jurídica de la impetrante consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, por los motivos siguientes: 1.- Que la sala soslayó que la parte actora precisó que demando a la hoy quejosa en su carácter de persona física y como funcionaria pública, es decir una misma persona con dos caracteres. Por lo que la sala responsable determinó infundadamente que ningún ente o funcionario público figuraba como parte demandada en el juicio de origen, pasando por alto los hechos de la demanda y las notas periodísticas que utilizó como base de la acción. 2.- Que es infundada e inmotivada la consideración de la Sala responsable que concluye que si actualmente la persona que tuvo la calidad de servidor público ya no conserva ese carácter, entonces puede ser sujeta a juicio ante un juez civil por las actuaciones que realizó cuando tenía la calidad de servidor público, es decir la acción de responsabilidad patrimonial del Estado se transforma en una acción civil cuando se pierde el carácter de servidor público. 3.- Que no puede reclamarse la responsabilidad de un ex funcionario público por los actos cometidos durante su tiempo de encargo en representación de un organismo gubernamental en vía distinta a la prevenida en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos, pues ello se aparta del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 1, 3, 4, 7 y 17 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos, reglamentaria de sus artículos 133-Ter de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 4.- Que la autoridad responsable soslayó el contenido de los artículos 1, 4 y 13 de la Ley de Responsabilidad Administrativa para el Estado de Morelos, que refieren los procedimientos que deben seguirse para lograr en su caso la satisfacción del interés del particular que se considere afectado por la actuación del Estado por conducto de sus funcionarios públicos, entre la cual se ubica la reclamación del daño moral e inclusive subsiste la responsabilidad del servidor público. 5.- Que no obstante que la parte actora reclamó la indemnización de un daño moral con base en los artículos 1348, 1348bis, 1348 Ter y 1349 del Código Civil para el Estado de Morelos, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos en sus artículos 13, 25 y 30 regulan las mismas pretensiones de resarcimiento del daño moral, con la diferencia de que el sujeto pasivo de la pretensión en el primer caso es un particular y en el segundo caso es siempre y en todo momento el Estado por conducto de sus funcionarios públicos aún y cuando hubieran dejado el cargo. 6.- Que la Sala debió de advertir que con la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos, se derogó el contenido del artículo 1348 bis del Código Civil que se refieren a las responsabilidades por daño moral y patrimonial en el que se encuentren involucrados el Estado y sus funcionarios al establecer un mecanismo único para demandar la reparación del daño moral cuando se trate del Estado y sus funcionarios, por lo tanto, toda vez que la parte actora pretende la indemnización por declaraciones de una servidora pública con motivo de su encargo y con motivo de sus funciones, la responsable pasó por alto que la responsabilidad patrimonial del Estado con motivo de la actuación de sus servidores públicos no se extingue por la conclusión del encargo de los servidores públicos como lo pretende la actora. Como ya se mencionó son inoperantes los conceptos de violación aducidos, los cuales por técnica jurídica se analizarán en orden diverso al planteado por la quejosa: Debe precisarse, que la expresión de conceptos de violación ha abandonado las formalidades rígidas y solemnes que regían anteriormente, bastando ahora la manifestación clara de la causa pedir; esto es, la precisión clara de cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada; y, los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo. Empero, para que proceda su estudio, no basta que la parte quejosa realice afirmaciones sin fundamento, pues es obvio que a ella corresponde [salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja] exponer razonadamente el por qué estima inconstitucionales o ilegales los actos reclamados. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1ª./J. 81/2002, visible en la página 61, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Registro 185 425, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS, AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO." Ahora bien, resulta inoperante por novedoso el concepto de violación marcado con el número 3, en el que la quejosa aduce que no puede reclamarse la responsabilidad de un ex funcionario público por los actos cometidos durante su tiempo de encargo, en representación de un organismo gubernamental en vía distinta a la prevenida en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos, pues ello se aparta del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 1, 3, 4, 7 y 17 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos, reglamentaria de sus artículos 133-Ter de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así pues dicho argumento no fue planteado en el escrito por el que propuso vía incidental declinatoria por incompetencia (foja 140 anexo I), tal y como se puede apreciar de la lectura del escrito referido, por lo tanto, este juzgado federal se ve imposibilitado para analizar dicho concepto de violación, en atención al principio de congruencia que debe de regir toda resolución, en la medida que la Sala responsable examinó la declinatoria por incompetencia planteada en función de los hechos propuestos por la accionante, por lo tanto, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar lo expuesto en beneficio de éste. Sirve de sustento a lo anterior por similitud jurídica la jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 169923, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página 39, del siguiente rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE." Asimismo, sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 173077, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, Materia Administrativa, página 1487, del siguiente rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES POR NOVEDOSOS SI SE REFIEREN A LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN EL JUICIO FISCAL Y ELLO NO SE PLANTEÓ ANTE LA SALA DEL CONOCIMIENTO (ALCANCES DE LA TESIS 2a. LXXII/2006)." Son inoperantes por insuficientes los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejos relacionados con los números 1, 2, 4 y 5. La quejosa en sus conceptos de violación no contraviene de manera alguna, con razonamientos lógico jurídicos, la resolución reclamada; y, ello implica que este órgano jurisdiccional está impedido para analizar la legalidad o ilegalidad de la resolución de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Lo anterior se considera así porque la parte inconforme pretende combatir los consideraciones que tuvo la responsable para confirmar la competencia del A quo para conocer de la demanda promovida en su contra, de manera ineficaz e insuficiente para lograr su objetivo, pues debió controvertir la totalidad de los razonamientos expuestos en la resolución reclamada por esta vía constitucional. Esto es, en ningún momento, pugnó los argumentos de la ad quem responsable en los que sostuvo que de la lectura de los preceptos legales citados por la ahora impetrante, a saber 1, 13, 25 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, se advertía lo infundado de su pretensión, siendo que la parte que interesa argumentó lo siguiente: "De una simple lectura de los preceptos trascritos, se aprecia lo infundado de la excepción en estudio, debido a que las prestaciones reclamadas por la Ciudadana MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA son de naturaleza civil, pues precisamente reclama de manera personal y directa a FLOR DESSIRE LEÓN HERNÁNDEZ el pago del daño moral que contempla la codificación sustantiva civil en vigor con motivo de diversas declaraciones que le son atribuidas en publicaciones periodísticas como lo detalla en su demanda, sin que pueda interpretarse de otro modo, debido a que la acción ejercitada la apoya en las hipótesis normativas que invoca en su escrito inicial, no así en las contempladas en la Ley que señala la excepcionista, pues éste último cuerpo normativo tiene como finalidad fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad irregular de los entes públicos estatales y municipales en el Estado de Morelos, siendo que en el presente caso no se demanda a ningún ente público estatal o municipal. Entonces si la acción ejercitada se dirige de manera directa y personal a FLOR DESSIRE LEÓN HERNÁDEZ significa que es a quien se le reclama el cumplimiento de las pretensiones respectivas por los hechos que a su persona le atribuye la accionante, sin que importe la calidad Directora del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos que en su momento tuvo o tenga, porque no le está señalando una actividad administrativa irregular, sino una acción que a juicio de la actora trajo como consecuencia un daño moral a su persona. Aunado a lo anterior [.] por escrito presentado por la Ciudadana MARIA TERESA DOMINGUEZ RIVERA ante el juzgado de origen con fecha veintiocho de septiembre de la anualidad próxima pasada, precisó de manera literal: "".JAMÁS se señaló ni es mi deseo señalar como demandada a la DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE MORELOSA independientemente de quien ocupe el cargo. Se demanda UNICAMENTE como persona física a FLOR DESSIRE LEÓN HERNÁNDEZ."" De ahí, que no se considera un reclamo derivado de la responsabilidad del Estado, sino que deriva del actuar de una persona en particular pues así lo externa en el libelo de mérito, consecuentemente la excepción planteada es infundada." De lo anterior se advierte que como argumento toral para emitir su resolución y declarar infundado el incidente planteado por la ahora quejosa, la Sala responsable arguyó que los artículos en los que fundó su pretensión, es decir 1, 13 y 25 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, no eran aplicables al caso en particular, pues dicho cuerpo normativo tiene como finalidad fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad irregular de los entes públicos estatales y municipales en el Estado de Morelos, y que en el particular no se demandó a ningún ente público estatal o municipal. En ese tenor manifestó que si la acción ejercida se dirigió de manera directa y personal a FLOR DESSIRE LEÓN HERNÁDEZ, como advirtió incluso del escrito presentado por la parte actora al subsanar la prevención, concluía que solo era a ella a quien le reclama el cumplimiento de las pretensiones respectivas por los hechos que a su persona le atribuyó la accionante; sin importar la calidad de Directora del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos que en su momento tuvo o tenga, porque no se demandó una actividad administrativa irregular, sino una acción que a juicio de la actora trajo como consecuencia un daño moral a su persona. En efecto, la parte quejosa en ningún momento afrontó jurídicamente los argumentos antes expuestos de la ad quem. Es decir, se advierte de los conceptos de violación esgrimidos que la pretensión de la accionante es que el A quo decline competencia ya que a su parecer ésta siendo sujeta de demanda a virtud de sus actos como Directora del INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE MORELOS, pues refiere que se le demandó la responsabilidad civil que deriva de las notas periodísticas publicadas en diversos medios de comunicación los días veintiocho y treinta de julio, así como tres de septiembre de dos mil dieciocho, fechas en que aduce conservaba la titularidad del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, por lo que considera aplicables los artículos 1, 13, 25 y 30 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos que regula el procedimiento que un particular debe de seguir cuando se considere afectado por la actuación de una autoridad administrativa, y en ese sentido manifestó que con la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos, se derogó el contenido del artículo 1348 bis del Código Civil que se refieren a las responsabilidades por daño moral y patrimonial en el que se encuentren involucrados el Estado y sus funcionarios al establecer un mecanismo único para demandar la reparación del daño moral cuando se trate del Estado y sus funcionarios. Sin embargo, al margen de lo correcto o incorrecto de lo aducido, la impetrante no precisó los motivos por los cuales estimó desacertados los razonamientos torales expuestos por la Sala responsable, en el sentido que en el caso concreto la acción fue ejercida en contra de la hoy quejosa FLOR DESSIRE LEÓN HERNÁDEZ como persona física y no en su carácter de servidora público pues de manera expresa lo precisó la actora en el juicio principal, y que por ende no le reprochaba haber desplegado actividad administrativa irregular emitida por el Estado o Municipio, sino una acción particular que a juicio de la actora trajo como consecuencia un daño moral a su persona. Y en ese tenor, la impetrante de amparo debió de invocar las causas y fundamentos legales por los que considera que la autoridad responsable debió ceder al razonamiento expuesto por ésta para considerar que en el caso en particular la demanda se instauró reclamando el daño ocasionado a la actora por declaraciones periodísticas emitidas por la demandada en lo principal cuando detentaba el cargo de Titular del Instituto de la Mujer y que por ende revestían el carácter de una actividad administrativa reclamable al Estado o al Municipio, independientemente de si ésta ostentaba o no el cargo de Titular del Instituto referido, variando así por reclamo del demandado la naturaleza de las acciones principales demandadas no obstante que al momento de subsanar la prevención la actora precisó que su deseo era demandar en lo particular como persona física a FLOR DESSIRE LEÓN HERNÁNDEZ, y no demandar a la DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE MORELOS con independencia de quien ocupe el cargo. En ese sentido, si no existe base de contraste para que suscrito juzgador quede en aptitud de pronunciarse sobre tal particular, se hacen inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, y al no actualizarse la suplencia de la queja, no es dable emprender un análisis oficioso del asunto, encontrándose impedido el suscrito en verificar la idoneidad y legalidad de la totalidad de los motivos plasmados por la responsable en el fallo combatido. Por tanto los conceptos de violación en cita sin efectuar calificación en el fondo en relación a lo correcto o incorrecto de lo en ellos planteado, que de suyo tienen como consecuencia variar la litis principal ejercida; al no controvertir la totalidad de las consideraciones legales expuestas en la resolución reclamada, tales conceptos de violación resultan inoperantes, porque aún en el caso de que fueran fundados, no bastarían para el otorgamiento del amparo, debido a la insuficiencia en el ataque de los motivos sustentados en el referido fallo, los que con tal motivo quedan firmes, rigiendo a éste, al no destruirse. Sirve de sustento también la Jurisprudencia de la Novena Época de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de número de registro 169974, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página 376 de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN, CASI LITERALMENTE, LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN CONTROVERTIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA." Así como la Jurisprudencia de número de registro 209202, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 86, Febrero de 1995, página 25 de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO NO CONTROVIERTEN TODAS LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA." Por lo tanto, ante la inoperancia de los conceptos de violación plasmados, se debe negar el amparo y protección de la justicia federal, negativa que se hace extensiva al acto reclamado al Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, pues su inconstitucionalidad la hace depender del reclamado a la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a FLOR DESSIRE LEÓN HERNÁNDEZ, contra los actos reclamados y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe hasta hoy veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
CITATORIO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte TERCERA INTERESADA, LA SENTENCIA de VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, que en lo conducente establece: Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a FLOR DESSIRE LEÓN HERNÁNDEZ, contra los actos reclamados y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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