Flor Denisse Pérez Chávez

Expediente 490/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
490/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
14/04/2023

Partes del expediente

  • Flor Denisse Pérez Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto, el estado que guardan los presentes autos...; ninguna de las partes se inconformó contra el proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo intentada....; se declara que la misma HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar....; se ordena el archivo definitivo de este expediente..; este expediente es susceptible de destrucción..

  2. Principal

    ANOTACIONES. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 490/2023-II-A. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos que atribuye a las siguientes autoridades: Las Cámaras de Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión. Ciudad de México. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Ciudad de México. Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Director Ejecutivo de Administración del Instituto Nacional Electoral. Director de personal del Instituto Nacional Electoral. Director de Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral. Comité Técnico para la Implementación de la Reforma electoral 2023, creado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia respecto del acto reclamado por la parte quejosa, que consiste medularmente en lo siguiente: "A. Del Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras de Diputados y Senadores, se le reclama el proceso legislativo en forma destacada, llevado a cabo para la discusión, aprobación, expedición y orden de publicación, así como el acto legislativo mismo consistente en el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2023... B. Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se le reclama la participación en el proceso legislativo, mediante aprobación, promulgación y orden de publicación que derivado en el decreto a que refiere el inciso A. C. Del Consejo General y la Junta General Ejecutiva, ambos del Instituto Nacional Electoral (INE), así como del C. Director Ejecutivo de Administración del Instituto Nacional Electora, el C. Director de personal del instituto Nacional Electoral y el C. Director de Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral, se le reclama la ejecución de las disposiciones normativas a que se refieren los incisos A. y B. anteriores, materializada mediante el Acuerdo INE/CG135/2023, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del INE el 3 de marzo de 2023. D. Del Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023, creado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se reclama la inminente ejecución del Acuerdo INE/CG135/2023." Ahora del escrito integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa refiere ser trabajador del Instituto Nacional Electoral, con el cargo de Vocal de Organización Electoral de Junta Local. En ese tenor, respecto de los actos reclamados descritos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, dispositivo que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral;.". Del artículo citado, se desprende que tratándose de las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral, el juicio de amparo indirecto es improcedente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avanzado ciertos criterios que permiten establecer cuándo un acto o norma general es de contenido puramente electoral por incidir sobre derechos políticoelectorales. De los criterios establecidos por el máximo Tribunal, se sigue que el juicio de amparo previsto en el artículo 103 de la Ley fundamental no podrá hacerse valer en contra de actos o resoluciones de contenido materialmente electora. La improcedencia del juicio de amparo no surgirá, entonces, por el solo hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, sino que es el contenido material del acto o resolución lo que determinará la improcedencia del juicio de garantías, esto es, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos. Lo anterior se encuentra contenido en la tesis P.LX/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 5 del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVIII, septiembre de 2008, de la Novena Época, de título y contenido siguiente: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables. Asimismo, el sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral, contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite reclamar normas generales de carácter electoral vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados. Aunando a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que también forman parte de la materia electoral otros aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una u otra manera, tales como las cuestiones propiamente organizativas, administrativas y de otra índole, esto es, las funciones de las autoridades electorales y la creación de órganos administrativos para fines electorales, la organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites a las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos, faltas administrativas y sus sanciones, distritación o redistritación. Lo anterior, conforme al criterio de la jurisprudencia 2ª/J.61/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de 2011, página 323, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal." Como se adelantó la quejosa acude a la instancia constitucional por derecho propio, ostentando el cargo de Vocal de Organización Electoral de Junta Local, exhibiendo constancia de servicio con la que acredita la relación laboral. De los preceptos reclamados se advierte que la reforma electoral implica una modificación orgánica, estructural y de funcionamiento en el Instituto Nacional Electoral, siendo el Consejo General la institución encargada de su ejecución en donde uno de los fines establecido en el transitorio Décimo Primero2 de la reforma es el respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras que se encuentren adscritas bajo cualquier régimen laboral. En ese orden de ideas, es claro que el amparo biinstancial es improcedente, ello, pues las cuestiones que por consecuencia de la reforma reclamadas relativas a la relación laboral debe ser resuelta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del juicio respectivo que se rige por disposiciones en esa materia, pues tiene que ver con la aplicación del Decreto reformatoria de leyes electorales. Es aplicable por las razones que informan la tesis LXXX/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, junio de 2000, página 27, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE LEYES ELECTORALES QUE CONTENGAN NORMAS EN MATERIA DE TRABAJO O QUE SE REFIERAN A CONFLICTOS LABORALES QUE SE SUSCITEN ENTRE DICHO ÓRGANO Y SUS SERVIDORES. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 99, fracciones III, VI y VIII, y párrafo quinto, de la Constitución Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el órgano encargado de resolver en forma definitiva e inatacable, entre otros conflictos, las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal que, en lo general, violen normas constitucionales o legales, además de tener competencia no sólo para conocer de los conflictos o diferencias laborales que surjan entre dicho tribunal o el Instituto Federal Electoral y sus servidores, sino también sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución, o sobre la interpretación de algún precepto constitucional. En estas condiciones, los actos de aplicación de leyes electorales que, como el artículo 169, inciso g), párrafo I, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, contengan normas en materia de trabajo o que se refieran a conflictos o diferencias laborales que se presenten entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores, no pueden ser examinados dentro del juicio de amparo, en virtud de que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, pues existe un régimen especial establecido para la resolución de tales cuestiones ante la Sala Superior del Tribunal Electoral." En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral es improcedente, por tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XV de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones, el ubicado en la ********************.

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