Flor de Maria Urizar Arias

Expediente 233/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
233/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
11/11/2021

Partes del expediente

  • Flor de Maria Urizar Arias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a once de noviembre de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIAVista la certificación de cuenta, se desprende que al día de hoy transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la resolución constitucional que por una parte sobreseyó y por otra negó el amparo y protección de la Justicia Federal, en el presente juicio; sin que lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Toda vez que en la sentencia constitucional dictada en este asunto, sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia Federal. En relación con tal determinación, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción l, inciso b) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó y ha negado la protección de la justicia respecto de todos los actos reclamados, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, se hace constar que no existen documentos que devolver. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por Gaspar Daniel Reyes Macías, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las once horas con diez minutos del treinta de agosto de dos mil veintiuno, Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido por Gaspar Daniel Reyes Macías, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 233/2021, promovido por Flor de María Urizar Arias, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sinaloa y Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, ambos con sede en Mazatlán, Sinaloa; Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración Estación Migratoria Siglo XXI, residentes en esta ciudad, sin la asistencia de las partes. De inicio, la Secretaria hace constar que obran agregados al presente sumario: 1.- Escrito inicial de demanda y su anexo. 2.- Constancia de emplazamiento del Agente del Ministerio Publico de la Federación. 3.- Informes justiciados de las responsables locales Asimismo, el Secretario certifica: Que las autoridades responsables Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sinaloa y Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, ambos con sede en Mazatlán, Sinaloa, no rindieron informe justificado, pese a estar debidamente notificadas para ello. Enseguida, el Secretario en funciones de Juez acuerda: Se tiene por realizada la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, tocante a la aludida certificación, tómese en consideración tal omisión al momento de resolver el presente asunto. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período probatorio, en el que el Secretario hace constar que únicamente las aportó la parte quejosa anexa a su escrito inicial de demanda. Al respecto, el Secretario en funciones de Juez acuerda: Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, admítanse la referida probanza y desahóguese sin más trámite en atención a su propia y especial naturaleza. A continuación se abre el diverso de alegatos, en el que el Secretario hace constar que ninguna parte formuló los de su intención; ante ese escenario, se cierra el citado período. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes por desahogar, el Secretario en funciones de Juez procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 233/2021. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, de la que correspondió conocer, por razón de turno, a este juzgado, Flor de María Urizar Arias, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente 233/2021, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desprende del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en el que el Pleno del Consejo determinó el cambio de denominación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, y por el que a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional se denomina Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; toda vez que se reclama un acto de autoridad con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado, para lo cual se atiende la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Del estudio íntegro de la demanda de garantías, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de las responsables Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sinaloa y Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, ambos con sede en Mazatlán, Sinaloa; Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración Estación Migratoria Siglo XXI, residentes en esta ciudad, lo siguiente: ( Restricción y limitación al libre tránsito. ( Detención con fines de alojamiento en una estación migratoria y deportación. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración Estación Migratoria Siglo XXI, residentes en esta ciudad al rendir su informe justificado, respectivamente, negaron la existencia de la totalidad de los actos reclamados, sin que la parte quejosa desvirtuara dichas negativas con prueba fehaciente alguna. En consecuencia, al no existir dato objetivo alguno que confirme la participación de dichas potestades en la emisión y ejecución de los referidos actos reclamados; lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a ellos, acorde a lo preceptuado por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. También, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, número veinte, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sinaloa y Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, ambos con sede en Mazatlán, Sinaloa, fueron omisas en rendir informe justificado, pese a estar debidamente notificadas para ello, según consta de la copia certificada de los acuses de recibo, respectivos, enviados por el Jefe de la Administración, en esta ciudad. Por tal motivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, surge la presunción de certeza del acto que se atribuye a las autoridades en comento. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. Sentado lo anterior y tomando en consideración que no se hizo valer causal de improcedencia por las partes, ni advertirse alguna que en el caso se actualice, procede al estudio de la constitucionalidad de ese acto reclamado. SEXTO. Estudio de fondo. Este juzgador considera que debe negarse la protección Constitucional solicitada. Para ilustrar este aserto, primeramente, es necesario transcribir el contenido del artículo 117, primer y cuarto párrafos, de la Ley de Amparo, que literalmente reza: Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. (.) Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. De ello, se colige que, en los casos en los que la autoridad responsable no rinde su informe con justificación, debe presumirse cierto el acto reclamado siempre que no exista en el sumario prueba alguna que desvirtúe tal presunción; además, quedará a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen la inconstitucionalidad del acto reclamado cuando no sea violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Es importante destacar que la presunción a que se hace referencia, se limita a la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, de conformidad con el criterio 2a./J. 7/94, de la Octava Época, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 79, Julio de 1994, página 17, con número de registro 206350, cuyo rubro reza: INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo. Y el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis publicada en la página 248, del Tomo XIII, enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, intitulado: INFORME JUSTIFICADO. EL NO RENDIRLO NO DETERMINA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. El hecho de que la autoridad responsable omita rendir su informe justificado no obstante estar debidamente notificada para ese efecto, de ninguna manera puede determinarse que los actos reclamados sean inconstitucionales, pues la falta de informe justificado solamente presume cierto el acto que se reclama, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinan su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependan de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. En esa tesitura, debe decirse que la omisión de las autoridades responsables de rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificadas para tal efecto, no es suficiente para determinar que el acto reclamado sea inconstitucional, pues ese incumplimiento solamente presume cierto el acto que se reclama, pero deja a cargo de la parte quejosa la prueba de los hechos que determinan su inconstitucionalidad, cuando este no es violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Luego, si la carga de la prueba de los hechos que determinan la legalidad del acto reclamado, correspondía a la parte quejosa, y ésta se abstuvo de ofrecer prueba para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, debe negársele el amparo solicitado. Apoya este argumento, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis publicada en la página 301, del Tomo XIII, marzo de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro establece: ACTO RECLAMADO. LA CARGA DE LA PRUEBA DE INCONSTITUCIONALIDAD, CORRESPONDE AL QUEJOSO. El artículo 149 de la Ley de Amparo en su tercer párrafo, establece: "Art. 149.-... Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; términos de los que se desprende que la carga de la prueba de los hechos que determinan la inconstitucionalidad del acto reclamado, corresponde al quejoso cuando aquéllos no sean en sí mismos violatorios de garantías sino que su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto, de tal manera que si el peticionario no aporta dicha prueba debe negarse la protección federal. En ese sentido, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Flor de María Urizar Arias, en contra de los actos atribuidos al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración Estación Migratoria Siglo XXI, residentes en esta ciudad, en términos del considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Flor de María Urizar Arias, contra los actos precisados en el considerando segundo, atribuidos a las autoridades Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sinaloa y Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, ambos con sede en Mazatlán, Sinaloa, por los motivos expuestos en el último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por Gaspar Daniel Reyes Macías, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a treinta de julio de dos mil veintiuno. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el oficio firmado por el Encargado de la Administración Postal, en esta ciudad, con el que remite copias certificadas de los acuses que le fueron solicitados. En tal virtud, se tiene por cumplido lo requerido en razón a que envía los acuses de recibo solicitado, esto a fin de integrar debidamente el expediente en que se actúa y proveer lo concerniente a las constancias de autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por el licenciado Gaspar Daniel Reyes Macías, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se hizo constar que las autoridades responsables Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sinaloa y Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, ambos con domicilio en Mazatlán, Sinaloa, no han rendido informe justificado, sin que conste su legal emplazamiento; asimismo, que la audiencia constitucional se encuentra señalada para este día. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la fecha para la celebración de la audiencia que está señalada para hoy y se fijan las once horas con diez minutos del treinta de agosto de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo ese acto procesal...REQUERIMIENTO...Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase al Jefe de Administración Postal, con residencia en esta ciudad, para que remita a este Juzgado, dentro del término de tres días, contado a partir de que quede legalmente notificado, los acuses de recibo de los oficios 6320/2021 y 6321/2021, de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, recibidos en esa oficina el diez de junio de la presente anualidad, con registros números RM008018135MX y RM008018149MX, que aparece en la factura 5019 o bien, informe la fecha en que las referidas comunicaciones fueron entregadas a sus respectivos destinatarios Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sinaloa y Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, ambos en Mazatlán, Sinaloa. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá la multa equivalente a cincuenta unidades de medidas y actualización de conformidad con el artículo 237 de la Ley de Amparo, en vinculación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación.

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