Flor de María Montero Fernández

Expediente 1084/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1084/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Flor de María Montero Fernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio con anexo remitido por la Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana, a través del cual informa que no aceptó la competencia declinada en el presente controvertido constitucional, y devuelve los autos que se remitieron para tal efecto. En consecuencia, acúsese el recibo de estilo y este órgano de control constitucional no insiste en declinar la competencia para conocer del presente asunto, por lo cual se provee. ADMISIÓN Con fundamento en lo que disponen los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, III, incisos b) y c), VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de protección de derechos fundamentales presentada por ********************, en contra de las autoridades y actos señalados en dicho escrito. En cumplimiento al artículo 17 constitucional, en aras de una pronta y expedita administración de la Justicia Federal, la denominación de la responsable cuya denominación correcta sea un hecho notorio para el que suscribe, será corregida al emitir el oficio respectivo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por separado fórmese y tramítese el incidente de suspensión del acto reclamado. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. INFORME JUSTIFICADO Pídase a las autoridades responsables su informe con justificación que deberán rendir dentro del término de quince días, con estricto apego a lo establecido en los artículos 117, párrafo segundo, 63, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, remitiendo a este juzgado: < Que rindan su informe justificado respecto de la totalidad del acto reclamado, en el término legal contado a partir de que reciban el oficio relativo a este acuerdo. < Acompañen copias certificadas, legibles, de forma clara y ordenada, de las constancias tomadas en consideración para emitir el acto que se le reclama, exponiendo los fundamentos y razones que sostengan la constitucionalidad o improcedencia del juicio de amparo. < Mencionen el nombre correcto y completo del quejoso, así como, el número del expediente, oficio y mesa correspondiente. En la inteligencia de que si las autoridades responsables no rinden su informe justificado, o lo hacen sin remitir lo solicitado, se les impondrá, en la sentencia respectiva, una multa individualizada equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 117, ********************38 y ********************60, fracción II, de la ley de la materia. INFORMEN SI SE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Requiérase a las autoridades responsables para que cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento lo informe de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la Ley de Amparo; asimismo, informen si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, y de ser así indique el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto; con el apercibimiento de no hacerlo, en términos del precepto ********************51 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado en materia de amparo, y con fundamento en el numeral ********************6, fracción I, inciso k), de la propia legislación, notifíquesele la admisión del presente asunto, corriéndole traslado con copia de la demanda de mérito. En razón de lo anterior, se ordena que dicha notificación y los oficios que se giren el presente asunto les sean notificados vía correo electrónico a la dirección ********************; que fue proporcionado para tal efecto; por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción a efecto de que transmitan, vía correo electrónico, dichas comunicaciones a la dirección indicada, debiendo elaborar constancia correspondiente. Asimismo, conforme a lo establecido al acuerdo de uno de junio de dos mil veintitrés del cuaderno de varios ********************/********************0********************3 del índice del presente órgano jurisdiccional, en el cual se instruye a la oficial judicial "A" con base en los artículos 37 y 38 del Acuerdo General 1********************/********************0********************0 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para que habilite el usuario ********************, para poder visualizar y consultar vía electrónica el presente juicio de amparo. EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE TERCERO INTERESADA Resérvese el emplazamiento a la parte tercera interesada hasta en tanto obren en autos los informes justificados de las autoridades responsables y se pueda advertir a quien le reviste tal carácter y el domicilio donde pueda ser localizada. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las documentales que adjuntó a su demanda de amparo, ocurso aclaratorio, así como al agregado a los autos en proveído de diez de noviembre del año en curso. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES RESPONSABLES Dígasele a la parte quejosa que si el Servicio Postal Mexicano o los Actuarios Judiciales de la adscripción devuelven el oficio con transcripción de este proveído en razón de que no les fue posible entregarlo a la autoridad señalada como responsable destinataria por inexistencia de la misma, se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ella, y en su oportunidad se tendrá por inexistente, lo anterior con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa pueda proporcionar la nueva denominación de la autoridad en el momento procesal oportuno, cuando así lo crea conveniente. AUTORIZACIÓN AL ACTUARIO PARA TESTAR Y CORREGIR DENOMINACIÓN DE AUTORIDADES Con el fin salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta a cualesquiera de los actuarios de la adscripción para que, en los oficios librados a las autoridades responsables locales, puedan testar y corregir las denominaciones de las autoridades a las que se encuentran dirigidos, esto es así, si al constituirse en el domicilio oficial sean informados que la denominación es incorrecta y sea proporcionada la correcta o, dada las funciones que realizan propias a su puesto, es de su conocimiento la denominación correcta de las autoridades a las que se dirigen las misivas. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Por otra parte, con fundamento en el artículo ********************8, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable que de no recibir el oficio o telegrama, la notificación se tendrá por hecha, previo conocimiento que de tal circunstancia haga el fedatario a la encargada de la oficina correspondiente; de igual forma, se apercibe al encargado de la oficina pública de comunicaciones, que si no envía el oficio librado en el presente juicio, de conformidad con el numeral ********************37, fracción I, ********************38 y ********************43 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el artículo ********************0 de la Ley de Amparo, conforme con el diverso numeral ********************1 de la misma legislación, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso los actuarios judiciales comisionados realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio, y entreguen los oficios que del mismo deriven; ya que en el propio auto se indica la urgencia y además para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. Por otra parte, con fundamento en el artículo ********************8, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable que de no recibir el oficio o telegrama, la notificación se tendrá por hecha, previo conocimiento que de tal circunstancia haga el fedatario a la encargada de la oficina correspondiente; de igual forma, se apercibe al encargado de la oficina pública de comunicaciones, que si no envía el oficio librado en el presente juicio, de conformidad con el numeral ********************37, fracción I, ********************38 y ********************43 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de conformidad con los numerales ********************8, fracciones I y II, y ********************9 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, a partir de ahora únicamente le será notificada por oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a la autoridad responsable que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx puede(n) realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia ********************a./J 176/********************01******************** (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de ********************013, Tomo ********************, página 1********************53, registro ********************00********************576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese, mediante correo electrónico al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; mediante oficio a las autoridades responsables y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Pedro Alberto Reyes Ochoa, secretario con quien actúa y da fe. PARO/tmaa*

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en el auto de esta fecha dictado en el cuaderno principal; fórmese y tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************/2023-4, promovido por ********************, por propio derecho, en contra de las autoridades y actos señalados en dicho ocurso. INFORME PREVIO Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 132, 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables sus informes previos, el que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que queden legalmente notificadas del presente proveído, para lo cual se les envía copia simple de la demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 238 y 260 del ordenamiento legal invocado, la cual asciende a ********************AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS A efecto de proveer sobre la suspensión provisional solicitada, es oportuno precisar que del análisis integral de la demanda de amparo, en relación con las constancias anexas a la misma, y con el escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: a) El otorgamiento del permiso de distribución de gas natural para la zona geográfica de Veracruz ********************, otorgado a la persona moral Gas Natural del Noroeste, Sociedad Anónima de Capital Variable. b) El permiso para la operación e instalación de los tubos conductores de gas en el municipio de Boca del Río, Veracruz. c) La instalación de tubos conductores de gas en las obras de drenaje sanitario, red de agua potable, guarniciones y baquetas, pavimentación con concreto hidráulico y señalización en la calzada Juan Pablo II, sin informar previamente a los miembros de la comunidad. d) El permiso de Protección Civil de la instalación de tubos conductores de gas. Cabe señalar que si bien la parte quejosa asentó en su demanda de amparo como actos reclamados 1) la omisión de consulta sobre la planeación, elaboración, aprobación y/o ejecución del proyecto de construcción del sistema distribución de gas natural para la zona geográfica de Veracruz; y 2) la violación al derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales; el análisis integral de la demanda de amparo y el tipo de violaciones que alude, llevan a establecer que en realidad constituyen las razones por las cuales considera inconstitucionales los actos reclamados previamente descritos, es decir, que entre las razones por las cuales considera que los actos reclamados no fueron emitidos y/o ejecutados conforme a derecho, se encuentra la relacionada a que se están realizando obras para la instalación de ductos de gas natural, sin que se hubiese llevado a cabo la consulta que menciona. De ahí, que los actos reclamados quedaran precisados en los términos antes referidos. Asimismo, procede indicar que la quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para que las cosas permanezcan en el estado que guardan para evitar un daño de imposible reparación, respecto de la instalación del gasoducto en la calzada Juan Pablo II en Boca del Río, Veracruz; asimismo, solicita se suspenda cualquier actividad relacionada con la ejecución del proyecto, hasta que se realice una consulta a la comunidad Como prueba de su interés suspensional, la solicitante de la protección federal exhibió copia simple de su credencial de elector de la que se desprende que tiene registrado como su domicilio ante dicho instituto, el ubicado en ********************, fraccionamiento ********************, código postal ********************, en Veracruz, Veracruz, así como una copia simple de un recibo de servicio de agua potable emitido a su nombre y respecto del citado domicilio. De igual manera, como anexo de su escrito recibido el nueve de noviembre del año en curso, la quejosa exhibió copia certificada de la escritura pública número ********************, pasada ante la fe del notario público número ******************** de la demarcación notarial de Veracruz, Veracruz, con datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad de la ciudad de Boca del Río, Veracruz, ********************, con la cual acredita la propiedad del inmueble que refiere habitar. Además, en el capítulo de antecedentes de los actos reclamados, expone lo siguiente: -El veintitrés de enero del dos mil catorce, la Comisión Reguladora de Energía otorgó el "Titulo de Permiso de Distribución de gas natural para la zona geográfica de Veracruz" a la Sociedad Anónima de Capital Variable ******************** en términos de la resolución Núm. ********************de la misma fecha. -El ******************** de julio del veintitrés, mediante oficio signado por el Director de Gobernación del Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, se nos informó a los vecinos de la calzada Juan Pablo II que, a partir del uno de agosto del año en curso se iniciarían trabajos de drenaje sanitario, red de agua potable, guarniciones y banquetas, pavimentación con concreto hidráulico y señalización. -Posteriormente, con el avance de las obras, se percató que la empresa señalada como tercera interesada inició la instalación de tubos de transporte de gas en las mismas perforaciones que se estaban realizado en los trabajos descritos en el inciso anterior, esto sin una consulta previa a los vecinos de la calzada y sin proporcionarnos información clara y concisa sobre los trabajos del gasoducto. SUSPENSIÓN PROVISIONAL La parte quejosa sostiene en su escrito de demanda de amparo, que la afectación que revelan los actos reclamados en su esfera de derecho deriva de su especial posición frente a los actos de autoridad, esto es, de un derecho difuso (objetivo) al ser vecina del lugar en que aduce está en construcción el sistema de distribución de gas natural para la zona geográfica de Veracruz. Consiguientemente, aún y cuando indica comparecer al aducir tener un interés jurídico, es claro que su reclamo es correspondiente con un interés legítimo. En ese sentido, es importante establecer que el interés legítimo tiene una connotación diversa a la del interés jurídico, pues mientras el primero requiere la existencia de un interés cualificado que deriva de una situación particular frente al orden jurídico, el segundo supone la existencia de un derecho subjetivo afectado por el acto de autoridad. Debe señalarse que el interés legítimo o colectivo también denominado derecho debilitado o derecho imperfecto, consiste en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple (acciones populares), siendo su presupuesto la existencia de normas que imponen una conducta obligatoria a la administración pública, sin que a dicha obligación le corresponda un derecho subjetivo. En efecto, el interés legítimo o colectivo se relaciona con gobernados respecto de los cuales la observancia o no de este tipo de normas de la administración pública resulte una ventaja o desventaja de modo particular en relación con los demás, en virtud del resultado que dicho actuar de la autoridad genera en su esfera legal, es decir, en relación con la particular posición en que uno o algunos ciudadanos se encuentren que los hace más sensibles que otros frente a determinado acto de autoridad (intereses difusos), sin la existencia de ningún vínculo jurídico, sino que la afectación surge de situaciones contingentes o accidentales como sucede con problemas de consumo, medio ambiente, urbanos, patrimonio artístico y cultural; o bien, puede ser el resultado de que ciertos particulares sean los destinatarios del acto de autoridad que se controvierte (intereses colectivos), pues estos son intereses comunes a una colectividad entre personas que guardan un vínculo jurídico como lo serían las escuelas y los condominios. El interés legítimo no debe entenderse como un mero interés por la legalidad de la actuación de una autoridad, sino la existencia de un interés personal, individual o colectivo que se traduce en un beneficio para quien intenta la acción, que se garantiza por el derecho objetivo, pero sin la existencia de un derecho subjetivo dado que no puede caber oposición de ese derecho frente a otros; debe existir una afectación a la esfera de derecho, pues de otro modo se consolidaría una acción popular, las cuales se distinguen por la falta de afectación; el titular tiene un interés propio que es totalmente diferente al de cualquier gobernado, pues se trata de un interés cualificado y real, no potencial o hipotético, mientras que su anulación genera efectos positivos y negativos en la esfera del accionante. Cobra plena aplicación la tesis de jurisprudencia 50/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, materia común, mes de noviembre de dos mil catorce, que a la letra establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas.". Ahora, de conformidad con el artículo 147 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, se deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomando las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, ordenando que las cosas se mantengan en el estado que guarden, restableciendo provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violentado, mientras se dicta sentencia ejecutoriada en el juicio principal del que deriva este asunto. Sobre esa base, la suspensión de las consecuencias de los actos señalados, se concederá siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos por los artículos 128, fracciones I y II, así como del 131 de la Ley de Amparo. Por lo que respecta al primer requisito de procedencia señalado en el artículo 128, fracción I, de la ley citada se colmó plenamente en virtud de que en el escrito de demanda se solicitó la medida suspensiva. Luego, el segundo de los requisitos en comento, se considera que de concederse la medida cautelar no se infringen disposiciones de orden público ni se vulnera el interés social, al no advertirse que se le prive a la colectividad de recibir algún beneficio que, en su caso, le hubieran otorgado las leyes o que se le ocasione un daño. En relación con el restante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131, último párrafo, de la Ley de Amparo, la suspensión no tiene como fin constituir derechos con los que no cuenta la parte quejosa antes de la presentación de la demanda. Bajo dicha circunstancia, para conceder la suspensión se debe encontrar probado, al menos de forma indiciaria, que los actos de los que se duele la parte impetrante de amparo inciden en su esfera jurídica, por ello, se tiene que acreditar presuntivamente la existencia de un derecho legítimamente tutelado que pueda ser protegido precisamente con el otorgamiento de la medida suspensiva. Es así, porque como lo dispone el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Ahora, en relación con lo expuesto, procede indicar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al interés legítimo en materia ambiental, entre otros, emitió los criterios P./J. 50/2014 (10a.), 1a./J. 38/2016 (10a.) y 2a./J. 51/2019 (10a.), del Pleno, Primera y Segunda Salas, respectivamente, de rubro siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)". "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE". "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En armonía con lo anterior, debe decirse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó lineamientos en relación con el interés legítimo en materia ambiental al fallar el amparo en revisión 307/2016, que se resumen en que la justiciabilidad de los derechos ambientales requiere una amplitud en la legitimación activa de quien acude al juicio de amparo, sin que sea ilimitada -al grado de un interés simple ni para permitir una acción popular-, por lo que el juez debe determinar sólo si la parte quejosa se beneficia o aprovecha de los servicios ambientales que presta el ecosistema que alega vulnerado, los cuales se refieren a los beneficios que la naturaleza otorga al ser humano, por proveer bienes y condiciones necesarios para el desarrollo de su vida o por impedir eventos que la ponen en riesgo o disminuyen su calidad. Sostuvo dicha Sala que tales servicios ambientales se miden y definen a través de pruebas científicas y técnicas; sin embargo, éstas pueden no ser exactas o unívocas. Además, la afectación al medio ambiente no siempre se manifiesta de manera inmediata, de modo que la existencia de evidencia física no es condición necesaria para probar ese daño. Por eso, la ausencia de pruebas científicas no conlleva estimar que un ecosistema no presta un servicio ambiental. El razonamiento anterior llevó a esa Primera Sala a adoptar la noción de "entorno adyacente" como uno de los criterios para identificar la relación entre la persona y los servicios ambientales. Así, definió que los beneficiarios ambientales son quienes habitan o utilizan las áreas de influencia de un ecosistema determinado, es decir, las zonas donde impactan los procesos biofísicos que genera. Asimismo, señaló que el entorno adyacente no puede limitarse a un criterio de vecindad inmediata, sino que la delimitación de ese espacio geográfico es amplia. Todo esto, en el entendido de que se trata de un problema casuístico que se debe resolver caso a caso. Aunado a ello, demostrar el interés legítimo -en el proceso constitucional principal- no conlleva probar el daño al medio ambiente, pues éste o su riesgo constituye la materia del fondo del juicio de amparo. Del referido amparo en revisión emanaron los criterios aislados siguientes: 1a. CCXC/2018 (10a.), 1a. CCXCI/2018 (10a.)45 y 1a. CCXCV/2018 (10a.), que son de título siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVER UN JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL. OBLIGACIÓN DE LOS JUZGADORES EN SU ANÁLISIS". "INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVER UN JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL". "DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES". Luego, de los criterios transcritos se concluye que el interés legítimo en materia ambiental se actualiza cuando se prueba un vínculo entre la parte quejosa y los servicios ambientales del ecosistema, lo que puede ocurrir cuando demuestra ya habitar, ya utilizar el entorno adyacente, esto es, su área de influencia; por tanto, para acreditar el interés legítimo para la suspensión provisional basta probar de manera indiciaria el interés legítimo de la parte quejosa. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional estima que en el caso concreto, la ponderación entre los elementos a que se refiere este apartado, conduce a establecer que se cumplen los requisitos para conceder la suspensión a la parte quejosa, como son la solicitud de parte, la existencia del acto reclamado, y los actos dada su naturaleza son suspendibles, aunque cabe aclarar, no para los efectos que refiere la parte promovente, quien la solicitó para que las cosas queden en el estado en que se encuentran, es decir, para que cese o se suspenda la construcción del sistema de distribución de gas natural, que lleva cabo la parte tercero interesada ********************, sino para otros diversos como más adelante se precisará. Sirve para justificar lo anterior la jurisprudencia de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA" Para justificar lo anterior, procede indicar, en primer lugar, que la promovente ******************** acreditó ser propietaria del inmueble ubicado en calle Chalchihuecan, número ciento sesenta y seis, del fraccionamiento ******************** del municipio de Boca del Río, Veracruz, con la copia certificada de la escritura pública número ********************, pasada ante la fe del notario público número ******************** de la demarcación notarial de Veracruz, Veracruz, con datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad de la ciudad de Boca del Río, Veracruz, ********************. Dicho documento público, en armonía con la copia simple de la credencial para votar y del servicio de agua potable, en los que se encuentra anotado el mencionado domicilio, permite establecer, al menos de forma indiciaria, que la parte quejosa había en ese lugar y, por ende, que es vecina del fraccionamiento ********************, del municipio de Boca del Río, Veracruz, esto es, del entorno adyacente al ecosistema que dicen vulnerado. En segundo lugar, de un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el perjuicio que podría sufrir la parte quejosa con la ejecución de los actos reclamados, frente a la afectación que podrían resentir la sociedad ante su paralización, se concluye que procede el otorgamiento de la suspensión, ya que, en principio, la concesión de la medida cautelar no actualiza alguno de los supuestos del artículo 129 de la Ley de Amparo en que se considera contravenido el orden público y perjudicado el interés social, y además este juzgado de Distrito considera que la protección del medio ambiente es de suma importancia como condición para que el desarrollo de las personas sea integral, no sólo en lo individual (por ejemplo, por los beneficios que la naturaleza aporta a la salud o a la alimentación) sino como parte de una comunidad (como sería por los recursos que provee el ecosistema o por los espacios de recreación), incluso por el valor que tiene en sí mismo (para todo ser vivo). En ambos casos se trata de bienes protegidos constitucionalmente, uno por el artículo 27, párrafo segundo, y otro por el artículo 4º, párrafo quinto, que desarrollan la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y la Ley General de Equilibrio Ecológico, respectivamente. Desde esa perspectiva, la pretensión de la parte quejosa tiende a favorecer el interés social y respeta disposiciones de orden público. De ahí que la decisión que se adopte debe generar consecuencias menos gravosas para la sociedad, por lo que las consecuencias de los actos reclamados con la negativa de la suspensión se podrían traducir en la privación a la sociedad de un ecosistema y sus servicios ambientales, que pueden ir desde los procesos biofísicos que producen oxígeno, hasta la interacción que guarda con la fauna del lugar. Además, los efectos que esa alteración puede tener en el medio ambiente pueden no palparse de manera inmediata, sino requerir largos periodos de tiempo para manifestarse, e incluso trascender a un área más amplia; y, aun si se pretendiera restablecer ese daño, podría ser necesario un lapso considerable antes de que la naturaleza recuperara el equilibrio. Por último, respecto al daño inminente e irreparable que se le causaría en caso de no suspender los actos reclamados por la quejosa, la regla general es que el otorgamiento de la suspensión no está condicionado a la demostración previa de algún daño de difícil reparación, debido a que desde el texto constitucional se suprimió ese requisito y la Ley de Amparo tampoco lo exige. Por lo demás, si se permitiera la ejecución de los actos reclamados, entonces el juicio de amparo quedaría sin materia en cuanto a los derechos ambientales cuya afectación hace valer la parte quejosa. Con ello, la figura de la suspensión dejaría de cumplir uno de sus propósitos, que son evitar un daño irreparable aun con una concesión de amparo, conservar viva la materia del juicio y permitir una tutela efectiva del derecho fundamental de que se trate. Aunado a ello, debe destacarse que con la concesión de la suspensión no se constituye derecho alguno a favor de la parte quejosa, sino que su objetivo es proteger el derecho al medio ambiente sano del que ya gozaba. En ese orden de ideas, como ya se indicó, debe concederse la suspensión de los actos reclamados, pero, se insiste, no para el efecto de que cesen o se suspendan la construcción del sistema de distribución de gas natural a cargo de la empresa tercero interesada, destacándose que la parte quejosa no indica que dicho sistema de distribución ya se encuentre operando; sino que, en atención al principio precautorio que conlleva la medida cautelar, así como en observancia al peligro en la demora a que aluden los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Ley de Amparo; la apariencia del buen derecho y no seguir perjuicio al interés social, ni contravención a disposiciones de orden público, en el caso a estudio este órgano jurisdiccional considera menester adoptar medidas legales tendentes a atenuar la afectación al derecho alegado, porque de lo contrario la consecuencia pudiera generar una transgresión mayor al desconocer las repercusiones en la salud y el medio ambiente ocasionadas por los permisos, autorizaciones y/o acuerdos que hayan emitido las autoridades responsables a favor de la empresa tercera interesada, debido a las omisiones en que pudo incurrir la misma. Por eso, es necesario implementar una medida provisional en sede constitucional tendente a evitar la continuidad de posibles daños, cuya reparación pudiese resultar difícil en cuanto a la implementación de medidas de limpieza o regeneración ambiental, al tenor del numeral 139 de la Ley de Amparo, sobre lo cual no hay aporte de prueba alguna debido a la naturaleza de los actos reclamados y en virtud de que no se cuenta con elementos de convicción específicos de los cuales se evidencie la adopción de medidas tendentes a mitigar o impedir actividades contaminantes o, en su defecto, la corroboración en el sentido de que la tercero interesada desarrolla sus actividades con apego a la normatividad aplicable y bajo estándares permitidos; en otras palabras, negar la suspensión de los actos reclamados conlleva hacer posible su continuación sin el análisis ni estudio o verificación mediante elementos técnicos necesarios y fehacientes con base en los cuales se permitiera establecer si esa actividad afecta o no a la colectividad, ello derivado de la posible abstención de los entes responsables en asumir sus funciones descritas en sus diversas facultades legales por las que deben proceder a evitar, cuidar y conservar la salud y un medio ambiente sano. En ese sentido, es imprescindible adoptar medidas preventivas o tendentes a evitar la generación de afectaciones a la salud y al medio ambiente, en virtud de ser de mayor entidad el bienestar social que el particular, porque, en el caso, la tercero interesada solo retrasaría la realización de sus actividades, de no estar desarrollando su actividad con apego a las disposiciones aplicables, por ende, en función de esto se adoptarán las medidas procedentes para evitar la afectación al derecho a la salud y al medio ambiente. Por tanto, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los actos reclamados para el efecto de que las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, responsables: a) Verifiquen si la moral tercera interesada ******************** se encuentra desplegando las actividades que menciona la parte quejosa, conforme a alguna autorización o autorizaciones que se le hubieran otorgado. b) Se constituyan en el domicilio donde lleva a cabo sus actividades y procedan a realizar los trabajos conducentes de inspección, vigilancia y demás previstos en las leyes aplicables, para corroborar si la referida empresa cumple con los requisitos ambientales y en materia de seguridad previstos en las disposiciones legales correspondientes, esto es, que constaten si la empresa tercero interesada se encuentre atendiendo las indicaciones que se le hubieren impuesto en las autorizaciones correspondientes, si cuenta con el dictamen ambiental relativo, que sus actividades no generen repercusiones peligrosas para las salud de las personas. c) En caso de resultar procedente y necesario, hagan uso de las medidas precautorias que contemplan las disposiciones aplicables en materia ambiental y de seguridad vigentes, incluso paralizando o clausurando la obra si así resultara procedente conforme al marco legal aplicable, en el caso de que con sus actividades se encuentren infringiendo algunos de los ordenamientos legales que le apliquen. d) En el supuesto de que como resultado de la inspección en comento, las autoridades responsables estimen -bajo su más estricta responsabilidad-, que las autoridades cumplen con las exigencias correspondientes para continuar realizando las actividades que menciona la quejosa, deberán informar de manera formal a la empresa tercera interesada, que en el caso de que se concluya la instalación de los ductos para gas natural antes de que se resuelva sobre la suspensión definitiva, no podrán iniciar la actividad de distribución de dicho fluido a través de esos conductos, en salvaguarda del derecho a un ambiente sano y seguro al que tienen las personas. Ilustra lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1506, Libro XXVI, noviembre de 2013, tomo 2, materias común y administrativa, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 200500, de título y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA PARA QUE LA RESPONSABLE NO AUTORICE EL INICIO DE ACTIVIDADES DE UNA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P. (TERCERA PERJUDICADA), SI NO CUENTA CON LAS AUTORIZACIONES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE CONSTRUCCIÓN O INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL COMBUSTIBLE. El artículo 124, fracción II, inciso f), de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) dispone que se considera, entre otros casos, que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo se afecte la salud de las personas. En ese sentido, el inicio de actividades de una empresa de distribución de gas licuado de petróleo (L.P.), se encuentra íntimamente relacionado con la materia ambiental, ante lo cual surge el deber del Estado de acatar los principios de prevención y precaución, previstos en la Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, ratificada por el Estado Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2004, lo que obliga a la autoridad administrativa a tomar en cuenta la información relativa a si la empresa gasera cuenta con los permisos de impacto ambiental y de construcción o instalación de la infraestructura para el almacenamiento del combustible, a pesar de que cuente con el título permiso para su distribución. Por tanto, procede conceder la suspensión en el amparo para que la responsable no autorice el inicio de actividades de la referida empresa (tercera perjudicada), si no cuenta con las indicadas autorizaciones, pues de no otorgarse la medida podría acarrearse un daño a la colectividad, lo que no le es permitido al Estado, dado su deber de salvaguardar las posibles violaciones a los derechos humanos." (El énfasis es añadido) Lo anterior, hasta en tanto se notifique a las responsables la suspensión que en definitiva se emita en el presente incidente. Por tanto, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días contado a partir de que queden notificados de este proveído, informen el cumplimiento dado a la suspensión concedida, y lo acrediten con las constancias respectivas, bajo apercibimiento que de no hacerlo, o de no informar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y su actualización, de conformidad con los preceptos 158, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, la cual hoy equivale a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), pues la unidad de medida equivale a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional); y se informará al Servicio de Administración Conviene precisar, que la presente medida cautelar no impide que las autoridades responsables u otras con injerencia en la materia, realicen actos o procedimientos o los trámites necesarios para la protección, preservación y restauración del daño causado, en su caso, de la zona donde se aduce se configura la controversia. Sin que se requiera la exhibición de garantía alguna, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 19/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "MEDIO AMBIENTE SANO. PARÁMETRO QUE DEBERÁN ATENDER LOS JUZGADORES DE AMPARO, PARA DETERMINAR SI ES DABLE EXIMIR AL QUEJOSO DE OTORGAR GARANTÍA PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE ACTOS QUE INVOLUCREN VIOLACIÓN A AQUEL DERECHO HUMANO."; pues atento a los efectos de la suspensión provisional otorgada, no se aprecia que se ocasione daño patrimonial alguno a la parte tercero interesada. En la inteligencia que la medida cautelar concedida no surtirá efectos si ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo promovido por la misma parte quejosa, por otra persona en su nombre o representación, ante otro juez de Distrito, contra el mismo acto reclamado y contra la misma autoridad. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito inicial de demanda y como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada ********************; ya que acreditó estar legalmente facultada para ejercer la profesión de licenciada en Derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República y/o Registro Nacional de Profesionistas. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. AUTORIZACIÓN PARA LIBRAR OFICIOS Se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, para librar oficios derivados de este asunto. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES RESPONSABLES Dígasele a la parte quejosa que si el Servicio Postal Mexicano o los Actuarios Judiciales de la adscripción devuelven los oficios con transcripción de este proveído en razón de que no les fue posible entregarlos a las autoridades señaladas como responsables destinatarias por inexistencia de las mismas, se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas, y en su oportunidad se tendrán por inexistentes, lo anterior con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa pueda proporcionar la nueva denominación de las autoridades en el momento procesal oportuno, cuando así lo crea conveniente. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, a partir de ahora únicamente les serán notificadas por oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se les notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las autoridades responsables que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx pueden realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". ASPECTOS PROCESALES: Respecto al uso de medios electrónicos, expedición de copias, habilitación de horas y días inhábiles y expediente electrónico, se pronuncia en los términos acordados en el cuaderno principal, respecto de lo cual resulta ocioso pronunciarse de nueva cuenta, en razón de que el expediente en que se actúa deriva de aquel. Notifíquese, mediante correo electrónico al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; mediante oficio a las autoridades responsables y por lista de acuerdos a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Pedro Alberto Reyes Ochoa, secretario con quien actúa y da fe. PARO/tmaa*

  3. Principal

    ... SE DECLARA LA LEGAL INCOMPETENCIA DE ESTE JUZGADO PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE JUICIO, Y SE ORDENA REMITIR LOS AUTOS AL JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, POR CONDUCTO DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN DICHA MATERIA.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 10/11/2023, POR NO ATENDER AL AVISO DE 16/11/2023: .... SE DECLARA LA LEGAL INCOMPETENCIA DE ESTE JUZGADO PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE JUICIO, Y SE ORDENA REMITIR LOS AUTOS AL JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, POR CONDUCTO DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN DICHA MATERIA.

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