Flor De María Gabriela Arizmendi Vilchis
Expediente 707/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 707/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/07/2016
Partes del expediente
- Flor De María Gabriela Arizmendi Vilchis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
(aviso parte quejosa) VII) Toluca, Estado de México; veintidós de julio de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha quedado firme. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante sentencia de cuatro de julio de dos mil dieciséis, se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI). Por otro lado, en términos del punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, dése vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de noventa días, comparezca a éste órgano jurisdiccional a recoger los documentos que adjunto a su escrito inicial de demanda, apercibida que de no hacerlo, dicho documento podrán ser destruidos junto con el expediente. En el entendido que se deberá dejar en su lugar copia certificada por esta Secretaría de este Juzgado; asimismo, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que se certifique y sea glosada para debida constancia legal. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Carolina Denysee Villagrán Salinas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; veintidós de julio de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha quedado firme. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante sentencia de cuatro de julio de dos mil dieciséis, se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI). Por otro lado, en términos del punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, dése vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de noventa días, comparezca a éste órgano jurisdiccional a recoger los documentos que adjunto a su escrito inicial de demanda, apercibida que de no hacerlo, dicho documento podrán ser destruidos junto con el expediente. En el entendido que se deberá dejar en su lugar copia certificada por esta Secretaría de este Juzgado; asimismo, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que se certifique y sea glosada para debida constancia legal. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Carolina Denysee Villagrán Salinas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VII) V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 707/2016-VII, promovido por Flor de María Gabriela Arizmendi Vilchis, por derecho propio, contra actos de la Legislatura del Estado de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis (foja 1), en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, y remitido el mismo día a este juzgado, Flor de María Gabriela Arizmendi Vilchis, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridades responsables que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. H. LEGISLATURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO. 2. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO. 3. INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO ACTOS RECLAMADOS: La inconstitucionalidad del artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6 de la Tarifa, así como fracción II, rango 6 de la Tarifa, ambos del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en dos mil dieciséis. En consecuencia, de cada una de las responsables, se reclama lo siguiente: A) De la Legislatura del Estado de México. La aprobación y expedición de los artículos 95, fracción I, inciso c), rango 6 de la Tarifa, así como fracción II, rango 6 de la Tarifa, ambos del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en dos mil dieciséis, mismos que en lo conducente señalan: Artículo 95. Por inscripción de documentos o actos relativos a bienes inmuebles se pagarán los siguientes derechos: TARIFA l. Por inscripciones relativas a la propiedad o posesión originaria de bienes inmuebles: A). B). C).La declaración, reconocimiento, adquisición o transmisión de la propiedad o posesión de inmuebles o derechos sobre los mismos por cualquier título. [.] Por las inscripciones de los actos a que se refieren los incisos C), D), E), F) y H), se pagarán derechos, conforme a la siguiente: TARIFA CONCEPTO [.] 6. Cuando el valor de los actos a inscribir sea de más de $431,773. $16,745.00 [.] II.- Por inscripciones o anotaciones de actos de mandamientos judiciales que limiten, graven el derecho de propiedad o posesión o prohíban la enajenación de la propiedad o posesión original de bienes inmuebles, se pagarán por conceptos de derechos conforme a la siguiente:---Los derechos se pagarán conforme a la siguiente tarifa: TARIFA CONCEPTO [.] 6. Cuando el valor de los actos a inscribir sea de más de $431,773. $16,745.00" B) Del Gobernador Constitucional del Estado de México, la aprobación y promulgación del Decreto del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en dos mil dieciséis C) Del Instituto de la Función Registral del Estado de México, el cobro de las cantidades pagadas por concepto de derechos para inscribir ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, la compraventa contenida en la escritura mediante la cual adquirí un inmueble, mismo cobro que se realizó con base en el artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6 de la Tarifa, así como fracción II, rango 6 de la Tarifa, ambos (sic) del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en dos mil dieciséis."". Lo subrayado es propio. SEGUNDO. Derechos fundamentales vulnerados. La peticionaria de amparo argumentó en su demanda, que el acto de autoridad que combatían, vulneraba en su perjuicio el derecho fundamental contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite de la demanda. El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis (fojas 16 a 18), se admitió a trámite la demanda, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 18 vuelta); se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional que después de diferirse en una ocasión por las razones que constan en autos (foja 64), finalmente tuvo verificación al tenor de acta que antecede y forma parte de la presente determinación. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer del presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud que el presente juicio se promueve contra normas generales en materia administrativa, con motivo de su primer acto de aplicación consistente en la retención y pago de los derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral, respecto de la inscripción de actos relativos a un bien inmueble ubicado dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, y atribuido a autoridades que tienen su residencia oficial dentro de la citada demarcación territorial. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, debe precisarse que del análisis íntegro de la demanda de amparo y de los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables, se advierte que la parte quejosa reclama, esencialmente, lo siguiente: 1. De la Legislatura y del Gobernador Constitucional del Estado de México: a) La aprobación, expedición y promulgación del artículo 95, fracción I, inciso c, rango 6 de la Tarifa, así como fracción II, rango 6 de la Tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en dos mil dieciséis. 2. Del Instituto de la Función Registral: b) El primer acto de aplicación de dichas porciones normativas, traducido en el cobro de la cantidad pagada por concepto de derechos de inscripción ante el Instituto de la Función Registral, con motivo de la operación contenida en la escritura pública once mil quinientos cuarenta y dos (11,542), del Notario Público Número noventa y siete (97) del Estado de México con residencia en Valle de Bravo, respecto del bien inmueble ahí descrito, a saber, compraventa. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril del año dos mil, Novena Época, con número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Inexistencia del acto consistente en el cobro del derecho combatido. Es inexistente el cobro basado en el artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6 de la Tarifa, así como fracción II, rango 6 de la Tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en dos mil dieciséis, cuya inconstitucionalidad se reclama, pues al rendir su informe justificado, la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, así lo señaló, destacando que no realizó cobro alguno y tampoco existió autoliquidación con fundamento en el artículo 95, fracción II, rango 6 de la Tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis (fojas 55 a 62), sin que de las constancias que integran los autos, se advierta documento alguno que permita concluir lo contrario, y tampoco que le haya sido aplicada la fracción I, inciso c), rango 6 de la Tarifa, del mencionado precepto. No obsta a lo anterior que la quejosa haya exhibido el primer testimonio de la escritura pública once mil quinientos cuarenta y dos (11,542), del Notario Público Número noventa y siete (97) del Estado de México con residencia en Valle de Bravo, respecto del bien inmueble ahí descrito, en cuyos anexos si bien consta el recibo oficial IFO 40466074211627257, por el pago de derechos con motivo de la inscripción de la compraventa contenida en la citada escritura, de su lectura integral no se aprecia que dicha autoridad haya cobrado el derecho. En tal virtud, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, por cuanto hace al acto y autoridad precisados en este apartado, al actualizarse lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo vigente. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Legislatura y al Gobernador Constitucional, ambos del Estado de México; pues así lo señalaron al rendir su respectivo informe justificado (fojas 28 a 40 y 41 a 47). Es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Aunado a lo anterior, la existencia del ordenamiento legal reclamado, así como la intervención de las autoridades de que se trata en el procedimiento legislativo que le dio origen, resultan un hecho notorio para este juzgador, el cual se advierte de su publicación en la "Gaceta del Gobierno" del Estado de México, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por tanto, no se encuentra sujeta a prueba. Es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, del Volumen 65, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con número de registro 233090, que establece: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Asimismo, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de 2000, materia común, Novena Época, con número de registro 191452, que establece: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes, al constituir una cuestión de orden público y de estudio preferente en este asunto, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.". Es aplicable la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 553, del Tomo VI, del Apéndice 1917-1995, Octava Época, con número de registro 394770, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Del análisis oficioso realizado por este juzgador, se advierte que respecto del proceso de creación de la porción normativa que resultó cierta y existente atribuida a la Legislatura y al Gobernador Constitucional, ambos del Estado de México, es decir, la aprobación, expedición y promulgación del artículo 95 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en dos mil dieciséis, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que al no existir el primer acto de aplicación de la porción normativa reclamada, su aprobación y promulgación no afectan los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° del mencionado ordenamiento, debido a que se trata de una norma general que requiere de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; y a efecto de evidenciarlo, es necesario traer al contexto el contenido de dichos artículos, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.).". El énfasis es propio De la cita que antecede se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando no se afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en el entendido que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la ley de la materia, es decir, derechos humanos y garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En el entendido que tratándose de normas generales, el juicio será improcedente cuando se intente sólo en contra de éstas y se requiera de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia como elemento necesario para evidenciar esa afectación a los derechos humanos reconocidos y a las garantías otorgadas para su protección por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, tratándose de leyes heteroaplicativas; pues de no ser así, resulta inconcuso que la norma impugnada con tal carácter, no afecta los intereses jurídicos o legítimos del quejoso en los términos señalados. Tal afectación, constituye uno de los principios que rigen la procedencia del juicio de amparo, consagrado también en la fracción I del artículo 107 Constitucional, que señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. (.).". En este orden de ideas, si como se precisó, en el particular la quejosa reclamó la inconstitucionalidad de las porciones normativas contenidas en el artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6 de la Tarifa, así como fracción II, rango 6 de la Tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en el ejercicio fiscal dos mil dieciséis; y, en autos no quedó demostrado el primer acto de aplicación de la citada disposición, en ninguna de las hipótesis a que hacen alusión dichas fracciones. Entonces resulta incuestionable que el juicio resulta improcedente por lo que a dichas porciones normativas se refiere, incluso respecto de los actos legislativos, por tratarse de una norma general heteroaplicativa, que necesariamente requería del primer acto de aplicación para justificar la afectación a los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa. Lo que además es acorde al contenido de la Tesis IV.1o.5 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Agosto de 1997, Materia(s): Común, Página: 659, Registro: 197963, de rubro y texto siguientes: "AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO NO EXISTE ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN, TRATÁNDOSE DE LEYES HETEROAPLICATIVAS. Si del contenido de la demanda se advierte que el quejoso, en relación con los actos reclamados, hace una referencia vaga e imprecisa de los actos concretos de aplicación, dado que, por una parte, los actos no habían acontecido y, por otra, se demostró que el acto afectaba a persona distinta al quejoso, ello impide establecer la vinculación necesaria con los actos legislativos que se impugnaron como heteroaplicativos, lo que es menester a fin de estar en posibilidad de examinar su constitucionalidad, actualizándose así, en relación con tales actos legislativos, la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, y además como motivo manifiesto e indudable, en los términos del artículo 145 del mismo ordenamiento legal, que amerita el desechamiento de plano de la demanda de garantías correspondiente.". Máxime que no puede inferirse la aplicación de las normas controvertidas de los montos pagados, pues dichas cantidades se repiten en diversas porciones normativas de la legislación (incluso para bienes muebles), por lo que resultaba indispensable que la quejosa ofreciera otras pruebas para demostrar la aplicación de los preceptos que combate. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo; con fundamento en el diverso 63, fracción V de la Ley de Amparo vigente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio respecto de los actos que resultaron ciertos, atribuidos a la Legislatura y al Gobernador Constitucional, ambos del Estado de México, pero que no afectaron a la quejosa, es decir, la aprobación, expedición y promulgación del artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6 de la Tarifa, así como fracción II, rango 6 de la Tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en dos mil dieciséis. Finalmente, es menester precisar que los razonamientos jurisprudenciales y tesis utilizadas en la presente sentencia, resultan aplicables sin soslayar que algunos se refieren a la Ley de Amparo anterior, toda vez que el contenido de los artículos a que hacen referencia, ahora está reflejado en diversos numerales de la ley actual, con la puntualidad que en la ley actual, el legislador definió que debe entenderse para cada caso en concreto, empero al no realizar en dichos criterios una interpretación diversa a la utilizada, continúan vigentes y, por tanto, resultan aplicables en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Flor de María Gabriela Arizmendi Vilchis, por derecho propio, respecto de los actos y autoridades precisadas en esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante la Secretaria de Juzgado, Carolina Denysee Villagrán Salinas, quien da fe. Doy fe.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación precedente, de la cual se desprende que la audiencia constitucional se encuentra señalada para celebrarse el día de hoy a las diez horas con cuarenta y cinco minutos; tal y como se ordenó en proveído de diecinueve de mayo del año en curso; sin embargo, en auto de trece de junio del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la Directora Técnico Jurídica en representación de la Directora General del Instituto de la función registral del Estado de México, el cual se notificó a la parte quejosa por lista el catorce de los corrientes, por ende, es evidente que el plazo de ocho días, previsto en el numeral 117 de la Ley de Amparo, para que éste se imponga de los autos que integran el presente juicio de amparo, aún no fenece. Por tanto, a fin de no transgredir las reglas rectoras del juicio de amparo, acorde con lo previsto en el ordinal 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y para su celebración se fijan las diez horas con cincuenta minutos del cuatro de julio de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Jazmín Nallely Martínez Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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