Flor de Liz Castillo Muñiz
Expediente 582/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 582/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Flor de Liz Castillo Muñiz
Actuaciones
- Principal
Visto; el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de cuatro de julio del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, que promovió respecto del acto que reclamó de la autoridad que señaló como responsable. Por ende, ..., se declara que dicho acuerdo ha causado estado... Notifíquese.
- Principal
agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de la quejosa Flor de Liz Castillo Muñiz, mediante el cual solicita se requiera al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, copia certificada de los incidentes de ejecución de sentencia y de modificación de pensión alimenticia relativos al juicio de divorcio incausado 635-3/2016; asimismo, acredita haber elevado dicha solicitud de expedición de copias certificadas a la citada autoridad responsable, para ser ofrecidas como prueba en este asunto. Al respecto, dígase que no ha lugar a acordar favorable su petición, toda vez que con fecha cuatro de julio del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, por lo que a nada práctico conduciría requerir tales constancias. Notifíquese.
- Principal
Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado y anexa copia certificada del acuse de recibo del oficio 2294. Ahora bien, del análisis integral de la constancia recibida, a la que se otorga valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se advierte que, en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para demostrar que operan los supuestos de improcedencia enunciados, es imperativo destacar el contenido del artículo 62 de la Ley de Amparo, mismo que dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Fracción normativa de la que se desprende la obligación a cargo del Juzgador Federal, de analizar, de oficio, y en cualquier etapa en la que se encuentre, la actualización de alguna de las hipótesis que se prevén para la improcedencia del juicio de protección de los derechos humanos. Asimismo, la primera porción normativa citada dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" En efecto, han cesado los efectos del acto reclamado, tal como se explica. La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de aquél, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Ahora bien, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano infringido, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica de la quejosa haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Conforme al texto legal citado, el juicio de amparo es improcedente en caso de que el acto reclamado, aun siendo existente al momento de la instauración del propio juicio constitucional, cese en sus efectos durante la secuela de éste, pues en tal evento el impetrante de la tutela constitucional deja de verse afectado en su esfera jurídica, lo que a la postre hace innecesario examinar la constitucionalidad del acto reclamado, precisamente porque ningún efecto legal produce este último. Así, se tiene que por escrito depositado en el buzón judicial el siete de junio de dos mil veintitrés, recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y turnado en esa misma fecha a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y por el acto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE: C. Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. ACTOS RECLAMADOS: La abstención u omisión para remitir el recurso de apelación que la suscrita interpuso en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 4 de mayo del año 2023, en el incidente de modificación de pensión alimenticia relativo al juicio de divorcio incausado número ******************** en el figura como actora la suscrita y como demandado el señor ********************." La parte quejosa narró los antecedentes del caso, expuso el concepto de violación que estimó pertinente y señaló como vulnerados los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe señalar que en este asunto la quejosa reclamó: La omisión de la autoridad responsable, de remitir al Tribunal de Alzada el recurso de apelación que interpuso en contra de la resolución interlocutoria pronunciada de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, en el incidente de modificación de pensión alimenticia relativo al juicio de divorcio incausado ********************, fechado y presentado el quince siguiente. Sin embargo, de la documental de mérito, a la que previamente se otorgó valor probatorio pleno, se advierte que el catorce de junio del año en curso, el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, emitió el oficio 2294 dirigido al Magistrado Presidente de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, a través del cual le remitió el escrito de expresión de agravios suscrito por la actora, el juicio de divorcio incausado ******************** y el incidente de modificación de pensión alimenticia en dos tomos, para la substanciación del recurso de apelación hecho valer por la accionante, en contra de la resolución interlocutoria de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el aludido incidente, en el cual se aprecia estampado un sello de recibido fechado el quince de junio posterior. Por ello, es evidente que la remisión del recurso de apelación trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo, porque han cesado los efectos del acto reclamado, en términos del precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que autoriza a sobreseer fuera de audiencia, sin necesidad de esperar la data señalada para esa diligencia, con fundamento en el numeral 63, fracción V, ídem; máxime, que ese motivo de improcedencia es manifiesto e indudable y está demostrado con documento público. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página setenta y uno, Tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." La anterior determinación también encuentra apoyo en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente cuando el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar que este órgano jurisdiccional no pasa por alto lo que establece el numeral 64, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en el sentido de dar vista a la parte quejosa cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia, ya que al actualizarse de modo manifiesto e indudable, resultaría ocioso diferir el presente juicio de garantías por esa cuestión, porque el sentido del fallo no cambiaría, es decir, sería el mismo, y lo anterior, contravendría lo que estatuye el numeral 17 constitucional, por cuanto hace a la administración de justicia pronta y expedita. Finalmente, se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.
- Principal
se admite dicha demanda. Sin tramitarse incidente de suspensión, en virtud de que la parte quejosa no lo solicita y no se está dentro de los supuestos de los ordinales 125 y 126, de la ley de la materia, para que este tribunal se pronuncie respecto de la medida cautelar. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de dicha legislación, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que tendrá lugar a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se reserva proveer respecto del emplazamiento del posible tercero interesado, hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado. Conforme a lo establecido en el numeral 5º, fracción IV, de la ley de mérito, dese la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional... Notifíquese.
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