Flor Belén Niebla Rivota

Expediente 623/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
623/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
25/01/2021

Partes del expediente

  • Flor Belén Niebla Rivota

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia que en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. Culiacán, Sinaloa, treinta de noviembre de dos mil veinte. Agréguense a los autos los oficios del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, mediante el cual remite copias certificadas del expediente laboral 8-955/2020, donde se destaca el auto de siete de agosto de dos mil veinte, donde se admitió la demanda laboral, señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como ordenó emplazar a la demandada y notificar a la parte actora. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte, la documental que se remite con el oficio de cuenta, la cual por ser pública en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merece eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. Omisión de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 8-955/2020; Las omisiones subsecuentes que se generen el juicio señalado y; La omisión del Presidente de la Junta responsable de cuidar los términos en tal juicio laboral. Por lo que respecta al primer acto señalado, las autoridades responsables remitieron copia certificada del proveído de siete de agosto de dos mil veinte, en el que proveyó lo relativo para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el sumario en comento. En ese sentido, si el reclamo que dio origen al presente sumario consistió en la omisión de señalar fecha para la audiencia de ley en el juicio de origen y, de las documentales allegadas por la responsable se advierte que se proveyó al respecto, esto, previo a la presentación de la demanda de amparo (veinticuatro de septiembre del año en curso), es evidente que el acto reclamado es inexistente. Por lo anterior es que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por ende, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la jurisprudencia 1a/J 49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 49, diciembre de 2017, tomo I, página 386, establece: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese sentido, el criterio de jurisprudencia invocado no resulta aplicable al caso concreto porque si bien estableció que por regla general la negativa del acto reclamado no constituye causa notoria, manifiesta e indudable para decretar sobreseimiento fuera de audiencia, se refiere a los actos en que la negativa le arroja la carga procesal a la parte quejosa para comprobar la existencia del acto reclamado. Sin embargo, en el caso la autoridad responsable acreditó a través de acto positivo que sí emitió las actuaciones en fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo respecto de las cuales se reclamaba su omisión, de ahí que sea innecesario esperar a la celebración de la audiencia porque es patente la causa de sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados. Derivado de lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que hace al primer acto reclamado. Por lo que respecta a los diversos actos reclamados consistentes en las dilaciones subsecuentes atribuido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la omisión del Presidente de esa Junta de Cuidar los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXllI, en relación con el numeral 77, fracción ll, ambos de la Ley de Amparo. De la interpretación gramatical mediante argumentación en sentido contrario de ambos preceptos se puede advertir que cuando la sentencia concesoria de amparo no pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, a fin de restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, entonces debe considerarse que el juicio de garantías es improcedente, pues el juicio de amparo debe tener siempre finalidad práctica y no ser medio para realizar actividad meramente especulativa. Es ilustrativa la Jurisprudencia P./J. 90/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, página nueve, registro 197245 cuyo rubro es: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. El motivo de improcedencia antes destacado se actualiza en el caso concreto en consideración lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CV/2013, en la que abandonó su propio criterio emitido en la jurisprudencia 2a. 45/2007 y determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional cuando se declara la omisión y dilación en el trámite de un juicio laboral, deben delimitarse en función de la acto reclamado y de acuerdo a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral. Esa tesis está publicada en la página 732, libro 1, diciembre de dos mil trece, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2005150, de rubro: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Por tanto, los efectos restitutorios de la eventual sentencia concesoria del amparo, en términos del artículo 77, fracción ll, de la ley de la materia, serían obligar a la responsable a que, por un lado, realice las actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. Empero, toda vez que, conforme lo establece la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CV/2013, los alcances por los que se llegara a otorgar la protección constitucional deben delimitarse en función de determinado acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, y no a las etapas subsecuentes del mismo; por lo cual no sería posible obligar a las responsables, de forma genérica, que lleven a cabo actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. En ese contexto, las consideraciones antes apuntadas evidencian la actualización de imposibilidad material y jurídica de cristalizar los efectos restitutorios del juicio de amparo, toda vez que a la responsable no se le puede vincular de manera genérica a que prosiga con la substanciación de juicio laboral, según lo expuesto en línea precedentes; por tanto, se estima actualizada la causal de improcedencia antes apuntada. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIlI y 77, fracción ll, de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 63, fracción V, del citado ordenamiento, procede a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo por cuanto hace a los referidos actos reclamados. Sin que sea obstáculo para decretar el sobreseimiento, el que sea fuera de la audiencia constitucional, pues son claras y evidentes las actualizaciones de las causales de improcedencia que conducen al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar ésta, la conclusión sería la misma, por lo que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Atento a lo anterior, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional para las doce horas con treinta minutos del quince de diciembre del año en curso.

  3. Principal

    Culiacán, Sinaloa, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Flor Belén Niebla Rivota, mediante el cual amplia demanda de amparo y señala como autoridad responsable al Actuario adscrito a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, encargado de realizar las notificaciones en el expediente 8-955/2020. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 111, fracción II, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la ampliación de la demanda en sus términos. Pídase informe justificado a la autoridad responsable Actuario adscrito a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, el cual deberá rendir en el término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, acompañando copia certificada, completa y legible, en su caso, de todas las constancias del expediente de donde derivan los actos reclamados en la ampliación de demanda que nos ocupa, incluyendo las pruebas que hubiesen sido rendidas y que por alguna razón no se hubieren incorporado al expediente, ya que son necesarias para la resolución del presente asunto, en el entendido de que dicha remisión deberá hacerse dentro del plazo indicado; apercibida que de no hacerlo, se le podrá aplicar una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, lo anterior, en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, en su artículo único, así como primero y tercero transitorios; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, se indica a la autoridad responsable que las constancias que en apoyo a su informe justificado remita deberán contener en original folio, rubrica y entresello así como la certificación correspondiente, en términos del artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia. En la inteligencia, que se encuentran señaladas las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. Se sugiere al Actuario adscrito a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, la utilización de la vía electrónica; para lo cual, podrá solicitar la autorización para acceder al expediente electrónico y recibir notificaciones por ese medio; asimismo, agregar constancias al expediente, debiendo en todos los casos contar con la clave de acceso y firma FIREL, la que deberá generar a través de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Respecto del domicilio procesal, autorizados y medios alternos de contacto que señala el promovente, estese a lo acordado en auto admisorio de demanda de cinco de octubre del año en curso

  4. Principal

    Culiacán, Sinaloa, a tres de noviembre de dos mil veinte. Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguense los informes justificados y anexo certificado de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad y de su Presidente, en los que señalan no cierto el acto reclamado. Con sustento en el numeral 117 de la citada legislación, con esos informes y documental hágase relación en la audiencia constitucional. Por otra parte, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa también reclama la omisión de notificar a las partes la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral ********************. En tal virtud, dese vista a la parte quejosa para que en el término de quince días manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito a la Junta responsable encargado de realizar las notificaciones derivadas en el juicio natural, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo concedido, se continuará con el trámite de este juicio en la forma planteada en el escrito inicial de demanda.

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