Flor Amada Loria Garrido

Expediente 591/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
591/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
18/10/2019

Partes del expediente

  • Flor Amada Loria Garrido

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de ellos se advierte que mediante proveído de cuatro de junio del dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se archivó este expediente como asunto definitivamente concluido y en virtud de que ya que no existe razón legal para que continúe en estos autos las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 1107/2017 del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado con residencia en esta ciudad, los cuales fueron exhibidas por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito con residencia en esta ciudad; en virtud, de que dicha Superioridad declaró que carece de competencia legal para conocer en la vía directa de la demanda promovida por Flor Amanda Loría Garrido alias Flor Amada Loría Garrido; por tal motivo, desglósense los mismos, dejando copia del mismo en autos y remítase a dicha autoridad oficiante, para los efectos a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA V. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de veintiuno de mayo del año en curso, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en vigor, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por licencia académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de trece de marzo de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/1275/2018, suscrito por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA V. Visto el estado que guardan los presentes autos y de la lectura de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que por oficio número 3968 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito con residencia en esta ciudad; informó que causó estado el acuerdo de presidencia de nueve de mayo del año en curso, el cual declaró dicha Superioridad que carecía de competencia legal para conocer en la vía directa de la demanda promovida por Flor Amanda Loría Garrido alias Flor Amada Loría Garrido; asimismo, remitió el A.D 296/2018 de su índice formado con motivo de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 1107/2017 del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado con residencia en esta ciudad; por tal motivo, acúsese el recibo correspondiente a dicha Superioridad para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    MESA V. Téngase por recibido y agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito con residencia en esta ciudad; con el cual informa que causó estado el acuerdo de presidencia de nueve de mayo del año en curso, el cual declaró dicha Superioridad que carece de competencia legal para conocer en la vía directa de la demanda promovida por Flor Amanda Loría Garrido alias Flor Amada Loría Garrido; asimismo, remite el A.D 296/2018 de su índice formado con motivo de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 1107/2017 del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado con residencia en esta ciudad. Ahora, toda vez que dicho cuerpo colegiado, mediante resolución de nueve de mayo del año en curso, estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata; en tal virtud, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo y el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se admite la competencia para conocer de la demanda de amparo de referencia; comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para los fines conducentes. Acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, y vista la demanda de garantías promovida por la citada Flor Amanda Loría Garrido alias Flor Amada Loría Garrido, contra actos que reclama del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado con residencia en esta ciudad; por lo anterior, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo V-591/2018 y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien y toda vez que de la lectura de la demanda de amparo se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la referida demanda de amparo, por los motivos que a continuación se exponen. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: - - - I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." La parte quejosa señala en esencia como acto reclamado la resolución en el recurso de revocación de fecha quince de marzo del año en curso, notificada el trece del propio mes y año en el Diario Oficial en el Gobierno del Estado, dictada en autos del juicio ejecutivo mercantil 1107/2017, promovido por Juan Lázaro Herrera Sierra en contra de la sucesión intestada del señor Ariel Armando Pérez España representada por su interventor José Rosendo Sierra Martel y en contra de la parte quejosa, en la cual el Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado con residencia en esta ciudad, declaró improcedente el auto de dos febrero del año en curso, en el que no se admitió el incidente de nulidad de notificaciones y actuaciones por falta de emplazamiento. Precisado lo anterior, es evidente que en el presente asunto se reclama una violación procesal; sin embargo, debe determinarse si la misma puede ser combatida en amparo indirecto, por considerarse que afecta a las partes en grado predominante o superior. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que para establecer si una violación procesal causa una afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo que se dicte en contra de la sentencia definitiva, trascendiendo en el asunto de tal forma que no quedaría debidamente integrada la litis. En el caso, el suscrito estima que la demanda de amparo debe desecharse, al existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V y 172, fracción I y 174, de la Ley de Amparo. Los citados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "ARTÍCULO 172.- En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la Ley." 174. En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo. El tribunal colegiado de circuito, deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, en su caso, advierta en suplencia de la queja. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el tribunal colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La citada fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo es improcedente, cuando así se prevea en alguna otra disposición de la propia ley; por su parte, el artículo 107, en sus ocho fracciones, establece los casos en el que gobernado podrá acudir ante el Juez de Distrito a solicitar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión y, particularmente, en la fracción V, dispone que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por aquéllos, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. y el artículo 172, fracción I, establece los casos en que procede el amparo directo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sentado criterio en el sentido de que los actos de imposible reparación son aquéllos emitidos durante el juicio que afectan de manera directa derechos sustantivos como la posesión, la propiedad, la libertad, entre otros. Orienta lo anterior, aplicándose en sentido contrario, la jurisprudencia con el rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal." Del mismo modo, cobra aplicación la jurisprudencia siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." La propia Ley de Amparo, en su nuevo texto estableció que tales actos de imposible reparación son aquéllos emitidos durante el juicio que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte; debiendo entenderse entonces que la afectación de que se trata debe recaer en derechos como la posesión, la propiedad, la libertad, entre otros. Ahora bien, de la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama en esencia: "La resolución en el recurso de revocación de fecha quince de marzo del año en curso, notificada el trece del propio mes y año en el Diario Oficial en el Gobierno del Estado, dictada en autos del juicio ejecutivo mercantil 1107/2017, promovido por Juan Lázaro Herrera Sierra en contra de la sucesión intestada del señor Ariel Armando Pérez España representada por su interventor José Rosendo Sierra Martel y en contra de la parte quejosa, en la cual el Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado con residencia en esta ciudad, declaró improcedente el auto de dos febrero del año en curso, en el que no admitió el incidente der nulidad de notificaciones y actuaciones por falta de emplazamiento." Determinación, que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Así, se estima que respecto de tal acto no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo indirecto prevista por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que no es un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, en la medida en que no impacta en algún derecho sustantivo de la parte quejosa, y en cambio, se trata de una violación de naturaleza intraprocesal susceptible de ser analizada y reparada, en su caso, en el juicio de amparo directo que se llegue a presentar en contra del sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil 1107/2017. Lo anterior originó la jurisprudencia con el rubro siguiente: Época: Décima Época Registro: 2008611 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III Materia(s): Común Tesis: IV.2o.A.77 K (10a.) Página: 2353 "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO DE SU ANÁLISIS SE ADVIERTE QUE SE RECLAMAN UNA SENTENCIA DEFINITIVA, ASÍ COMO LAS VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 172, FRACCIONES I Y VI, DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE SE PRESENTÓ DENTRO DEL PLAZO DE 15 DÍAS Y EL QUEJOSO FUE PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN, DEBE CONSIDERARSE QUE HUBO ERROR EN LA VÍA Y ORDENAR QUE SE TRAMITE EN LA DIRECTA. En términos de los artículos 34, 170 y 171 de la Ley de Amparo, el Tribunal Colegiado de Circuito es el órgano competente para conocer de los juicios de amparo directo que se promuevan contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, ya sea que la violación se cometa en ellas o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, tiene facultades para analizar las violaciones a las leyes del procedimiento que se hagan valer en dicha demanda, una vez que hayan sido preparadas por el quejoso mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y siempre que trasciendan al resultado del fallo; con excepción de los amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Por ello, dicho órgano jurisdiccional tiene atribuciones para estudiar, entre otras violaciones procesales, las previstas en las fracciones I y VI del artículo 172 del ordenamiento mencionado, que se refieren a cuando no se emplaza a juicio al quejoso o se le cita en forma distinta de la prevenida por la ley, y en el caso de que no se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley. Lo anterior es así, pues respecto a la violación procesal prevista en la fracción I de este último precepto, su reclamación supone necesariamente que el quejoso tuvo conocimiento, por cualquier medio, del juicio seguido en su contra y que, en consecuencia, se apersonó o compareció a éste, aun cuando no haya sido emplazado o el emplazamiento haya sido ilegal, dado que quien puede reclamarla es aquel que fue parte en el juicio y obtuvo una resolución desfavorable a sus intereses, máxime que la violación indicada no constituye un acto de imposible reparación contra el que proceda el amparo indirecto, al haber tenido el particular la oportunidad de comparecer a juicio porque, en ese supuesto, aún podrá ofrecer pruebas para desvirtuar la acción intentada en su contra, promover incidentes e interponer los recursos previstos por la ley que rige el acto, de manera que esa violación debe impugnarla en amparo directo. Por lo que respecta al plazo para promover la demanda de amparo, el artículo 17 de la propia ley prevé que contra las determinaciones inicialmente señaladas será de 15 días, el cual, acorde con el artículo 18 de la misma normativa, se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En consecuencia, si se promueve amparo indirecto, pero del análisis de la demanda se advierte que se reclaman una sentencia definitiva, así como las violaciones a las leyes del procedimiento establecidas en el artículo 172, fracciones I y VI, aludido; aquélla se presentó dentro del plazo de 15 días y el quejoso fue parte en el procedimiento de origen, debe considerarse que hubo un error en la vía, por lo cual, en aras de agilizar el trámite respectivo y, por ende, de una justicia pronta y expedita, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ordenarse que se tramite como juicio de amparo directo y llevarse a cabo las prevenciones que se estimen oportunas en términos de los artículos 177, 178 y demás relativos de la citada ley de la materia.". De todo lo anteriormente expuesto, se puede advertir que como se ha mencionado la violación que se realizó en el caso concreto, en la resolución en el recurso de revocación de fecha quince de marzo del año en curso, notificada el trece del propio mes y año en el Diario Oficial en el Gobierno del Estado, dictada en autos del juicio ejecutivo mercantil 1107/2017, promovido por Juan Lázaro Herrera Sierra en contra de la sucesión intestada del señor Ariel Armando Pérez España representada por su interventor José Rosendo Sierra Martel y en contra de la parte quejosa, en la cual el Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado con residencia en esta ciudad, declaró improcedente el auto de dos febrero del año en curso, en el que no se admitió el incidente der nulidad de notificaciones y actuaciones por falta de emplazamiento; es una violación intraprocesal, además de que, la resolución emitida en la resolución reclamada, no impacta algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, como puede ser, la libertad o la propiedad, por tanto, y como ha quedado expuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que tales violaciones, sí pueden ser reclamadas vía amparo pero siendo la vía correcta el amparo directo en contra de la sentencia definitiva que se llegara a dictar. Lo anterior se puede verificar del contenido del artículo 172, fracción I, que dice: "I. No se le cite a juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley." En tales circunstancias, efectivamente, dicha violación se da en el procedimiento, y de conformidad con el artículo transcrito, se considera que afectan las defensas del quejoso y trascienden al resultado del fallo. Sin que pase inadvertido para este juzgador que el quejoso promueve el presente juicio de amparo por su propio y personal derecho y en representación de su hijo menor, sin embargo, el acto reclamado no trastoca el interés superior de ésta última, pues se advierte que no genera afectación a su esfera jurídica. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR FLOR AMANDA LORÍA GARRIDO ALIAS FLOR AMADA LORÍA GARRIDO, al resultar que esta no es la vía correcta para promover el amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, y 172, fracción I, de la Ley de Amparo. Apoya lo antes considerado la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Asimismo, atento a lo solicitado por la parte quejosa téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo. Por otra parte, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias inherentes a este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.Mérida, Yucatán, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Téngase por recibido y agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito con residencia en esta ciudad; con el cual informa que causó estado el acuerdo de presidencia de nueve de mayo del año en curso, el cual declaró dicha Superioridad que carece de competencia legal para conocer en la vía directa de la demanda promovida por Flor Amanda Loría Garrido alias Flor Amada Loría Garrido; asimismo, remite el A.D 296/2018 de su índice formado con motivo de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 1107/2017 del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado con residencia en esta ciudad. Ahora, toda vez que dicho cuerpo colegiado, mediante resolución de nueve de mayo del año en curso, estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata; en tal virtud, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo y el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se admite la competencia para conocer de la demanda de amparo de referencia; comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para los fines conducentes. Acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, y vista la demanda de garantías promovida por la citada Flor Amanda Loría Garrido alias Flor Amada Loría Garrido, contra actos que reclama del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado con residencia en esta ciudad; por lo anterior, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo V-591/2018 y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien y toda vez que de la lectura de la demanda de amparo se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la referida demanda de amparo, por los motivos que a continuación se exponen. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: - - - I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." La parte quejosa señala en esencia como acto reclamado la resolución en el recurso de revocación de fecha quince de marzo del año en curso, notificada el trece del propio mes y año en el Diario Oficial en el Gobierno del Estado, dictada en autos del juicio ejecutivo mercantil 1107/2017, promovido por Juan Lázaro Herrera Sierra en contra de la sucesión intestada del señor Ariel Armando Pérez España representada por su interventor José Rosendo Sierra Martel y en contra de la parte quejosa, en la cual el Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado con residencia en esta ciudad, declaró improcedente el auto de dos febrero del año en curso, en el que no se admitió el incidente de nulidad de notificaciones y actuaciones por falta de emplazamiento. Precisado lo anterior, es evidente que en el presente asunto se reclama una violación procesal; sin embargo, debe determinarse si la misma puede ser combatida en amparo indirecto, por considerarse que afecta a las partes en grado predominante o superior. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que para establecer si una violación procesal causa una afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo que se dicte en contra de la sentencia definitiva, trascendiendo en el asunto de tal forma que no quedaría debidamente integrada la litis. En el caso, el suscrito estima que la demanda de amparo debe desecharse, al existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V y 172, fracción I y 174, de la Ley de Amparo. Los citados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "ARTÍCULO 172.- En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la Ley." 174. En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo. El tribunal colegiado de circuito, deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, en su caso, advierta en suplencia de la queja. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el tribunal colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La citada fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo es improcedente, cuando así se prevea en alguna otra disposición de la propia ley; por su parte, el artículo 107, en sus ocho fracciones, establece los casos en el que gobernado podrá acudir ante el Juez de Distrito a solicitar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión y, particularmente, en la fracción V, dispone que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por aquéllos, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. y el artículo 172, fracción I, establece los casos en que procede el amparo directo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sentado criterio en el sentido de que los actos de imposible reparación son aquéllos emitidos durante el juicio que afectan de manera directa derechos sustantivos como la posesión, la propiedad, la libertad, entre otros. Orienta lo anterior, aplicándose en sentido contrario, la jurisprudencia con el rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal." Del mismo modo, cobra aplicación la jurisprudencia siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." La propia Ley de Amparo, en su nuevo texto estableció que tales actos de imposible reparación son aquéllos emitidos durante el juicio que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte; debiendo entenderse entonces que la afectación de que se trata debe recaer en derechos como la posesión, la propiedad, la libertad, entre otros. Ahora bien, de la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama en esencia: "La resolución en el recurso de revocación de fecha quince de marzo del año en curso, notificada el trece del propio mes y año en el Diario Oficial en el Gobierno del Estado, dictada en autos del juicio ejecutivo mercantil 1107/2017, promovido por Juan Lázaro Herrera Sierra en contra de la sucesión intestada del señor Ariel Armando Pérez España representada por su interventor José Rosendo Sierra Martel y en contra de la parte quejosa, en la cual el Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado con residencia en esta ciudad, declaró improcedente el auto de dos febrero del año en curso, en el que no admitió el incidente der nulidad de notificaciones y actuaciones por falta de emplazamiento." Determinación, que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Así, se estima que respecto de tal acto no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo indirecto prevista por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que no es un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, en la medida en que no impacta en algún derecho sustantivo de la parte quejosa, y en cambio, se trata de una violación de naturaleza intraprocesal susceptible de ser analizada y reparada, en su caso, en el juicio de amparo directo que se llegue a presentar en contra del sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil 1107/2017. Lo anterior originó la jurisprudencia con el rubro siguiente: Época: Décima Época Registro: 2008611 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III Materia(s): Común Tesis: IV.2o.A.77 K (10a.) Página: 2353 "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO DE SU ANÁLISIS SE ADVIERTE QUE SE RECLAMAN UNA SENTENCIA DEFINITIVA, ASÍ COMO LAS VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 172, FRACCIONES I Y VI, DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE SE PRESENTÓ DENTRO DEL PLAZO DE 15 DÍAS Y EL QUEJOSO FUE PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN, DEBE CONSIDERARSE QUE HUBO ERROR EN LA VÍA Y ORDENAR QUE SE TRAMITE EN LA DIRECTA. En términos de los artículos 34, 170 y 171 de la Ley de Amparo, el Tribunal Colegiado de Circuito es el órgano competente para conocer de los juicios de amparo directo que se promuevan contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, ya sea que la violación se cometa en ellas o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, tiene facultades para analizar las violaciones a las leyes del procedimiento que se hagan valer en dicha demanda, una vez que hayan sido preparadas por el quejoso mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y siempre que trasciendan al resultado del fallo; con excepción de los amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Por ello, dicho órgano jurisdiccional tiene atribuciones para estudiar, entre otras violaciones procesales, las previstas en las fracciones I y VI del artículo 172 del ordenamiento mencionado, que se refieren a cuando no se emplaza a juicio al quejoso o se le cita en forma distinta de la prevenida por la ley, y en el caso de que no se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley. Lo anterior es así, pues respecto a la violación procesal prevista en la fracción I de este último precepto, su reclamación supone necesariamente que el quejoso tuvo conocimiento, por cualquier medio, del juicio seguido en su contra y que, en consecuencia, se apersonó o compareció a éste, aun cuando no haya sido emplazado o el emplazamiento haya sido ilegal, dado que quien puede reclamarla es aquel que fue parte en el juicio y obtuvo una resolución desfavorable a sus intereses, máxime que la violación indicada no constituye un acto de imposible reparación contra el que proceda el amparo indirecto, al haber tenido el particular la oportunidad de comparecer a juicio porque, en ese supuesto, aún podrá ofrecer pruebas para desvirtuar la acción intentada en su contra, promover incidentes e interponer los recursos previstos por la ley que rige el acto, de manera que esa violación debe impugnarla en amparo directo. Por lo que respecta al plazo para promover la demanda de amparo, el artículo 17 de la propia ley prevé que contra las determinaciones inicialmente señaladas será de 15 días, el cual, acorde con el artículo 18 de la misma normativa, se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En consecuencia, si se promueve amparo indirecto, pero del análisis de la demanda se advierte que se reclaman una sentencia definitiva, así como las violaciones a las leyes del procedimiento establecidas en el artículo 172, fracciones I y VI, aludido; aquélla se presentó dentro del plazo de 15 días y el quejoso fue parte en el procedimiento de origen, debe considerarse que hubo un error en la vía, por lo cual, en aras de agilizar el trámite respectivo y, por ende, de una justicia pronta y expedita, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ordenarse que se tramite como juicio de amparo directo y llevarse a cabo las prevenciones que se estimen oportunas en términos de los artículos 177, 178 y demás relativos de la citada ley de la materia.". De todo lo anteriormente expuesto, se puede advertir que como se ha mencionado la violación que se realizó en el caso concreto, en la resolución en el recurso de revocación de fecha quince de marzo del año en curso, notificada el trece del propio mes y año en el Diario Oficial en el Gobierno del Estado, dictada en autos del juicio ejecutivo mercantil 1107/2017, promovido por Juan Lázaro Herrera Sierra en contra de la sucesión intestada del señor Ariel Armando Pérez España representada por su interventor José Rosendo Sierra Martel y en contra de la parte quejosa, en la cual el Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado con residencia en esta ciudad, declaró improcedente el auto de dos febrero del año en curso, en el que no se admitió el incidente der nulidad de notificaciones y actuaciones por falta de emplazamiento; es una violación intraprocesal, además de que, la resolución emitida en la resolución reclamada, no impacta algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, como puede ser, la libertad o la propiedad, por tanto, y como ha quedado expuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que tales violaciones, sí pueden ser reclamadas vía amparo pero siendo la vía correcta el amparo directo en contra de la sentencia definitiva que se llegara a dictar. Lo anterior se puede verificar del contenido del artículo 172, fracción I, que dice: "I. No se le cite a juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley." En tales circunstancias, efectivamente, dicha violación se da en el procedimiento, y de conformidad con el artículo transcrito, se considera que afectan las defensas del quejoso y trascienden al resultado del fallo. Sin que pase inadvertido para este juzgador que el quejoso promueve el presente juicio de amparo por su propio y personal derecho y en representación de su hijo menor, sin embargo, el acto reclamado no trastoca el interés superior de ésta última, pues se advierte que no genera afectación a su esfera jurídica. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR FLOR AMANDA LORÍA GARRIDO ALIAS FLOR AMADA LORÍA GARRIDO, al resultar que esta no es la vía correcta para promover el amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, y 172, fracción I, de la Ley de Amparo. Apoya lo antes considerado la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Asimismo, atento a lo solicitado por la parte quejosa téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo. Por otra parte, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias inherentes a este asunto. ...

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