Flor Adriana Luna Hernandez

Expediente 671/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
671/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
04/06/2021

Partes del expediente

  • Flor Adriana Luna Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; cuatro de junio de dos mil veintiuno. Oficio. Por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito; mediante el cual comunica el auto de uno de los actuales, por el que declinó la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Flor Adriana Luna Hernández, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en San Pedro, Coahuila, remitiendo dicho escrito y sus anexos relativos al trámite del juicio de amparo directo. Competencia y acuse recibo. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado asume en la vía indirecta el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Flor Adriana Luna Hernández, por lo que comuníquese esta determinación a la superioridad, para los efectos legales conducentes y acúsese recibo de estilo. Registro. Fórmese y regístrese la demanda con el número 671/2021-VIII, que le correspondió en el libro de gobierno que al efecto se lleva en este juzgado de distrito. Suspensión. Ahora bien, en relación a la suspensión del acto reclamado concedida por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en San Pedro, Coahuila, el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, y en atención a lo determinado por la superioridad en auto de uno de junio del año en curso, debe decirse que la medida cautelar decretada por la autoridad responsable, en auxilio de la Justicia de la Unión, ha dejado de surtir efectos, a partir de que este órgano jurisdiccional asume el conocimiento del asunto, toda vez que tal determinación la realizó dentro del trámite del amparo promovido en la vía directa, por lo que a partir de este momento, se deberá de estar a las reglas que rigen la vía indirecta para la tramitación del mismo; aunado a que la autoridad responsable no se encuentra facultada para proveer sobre la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo competencia de los jueces de distrito. De ahí que la medida cautelar decretada por la responsable ha dejado de surtir sus efectos, con este auto inicial. Se invoca en lo conducente, la jurisprudencia 85/2016 sustentada por la Primera Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro XIII, octubre de 2012, tomo 2, página 1105, del texto siguiente: "QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO EL AMPARO DEL QUE DERIVA DICHO RECURSO SE REMITE POR INCOMPETENCIA A UN JUZGADO DE DISTRITO A PARTIR DE QUE EL JUEZ INICIA SU TRÁMITE. Cuando un tribunal colegiado de circuito se declara incompetente para conocer de un juicio de amparo, por corresponder a un juez de distrito su trámite y resolución, debe declararse sin materia el recurso de queja promovido con fundamento en el artículo 95, fracción VIII, de la Ley de Amparo, ya que la situación de facto sobre la suspensión y los medios de defensa relacionados, está supeditada al trámite del amparo directo, pues la autoridad responsable emite su decisión en torno a la suspensión u omite pronunciarse al respecto, en su carácter de auxiliar de la Justicia Federal y, por tanto, al declararse incompetente el tribunal colegiado de circuito para conocer del juicio de amparo, pierde esa calidad, para conservar únicamente la de autoridad responsable y deja de tener capacidad legal para resolver sobre la suspensión y, en consecuencia, la materia del recurso de queja, ya sea en su omisión o pronunciamiento, desaparece cuando el juez de distrito recibe los autos del juicio de amparo e inicia su trámite". Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, permite al juzgador desechar la demanda de amparo, cuando se advierta un motivo indudable y manifiesto de improcedencia, entendiéndose por el primero que es tan claro para los sentidos o para la inteligencia, que no puede ser cuestionado o puesto en duda; y, por lo segundo, que es evidente y se percibe sin necesidad de sobre argumentar su justificación. La quejosa señala como acto reclamado, la audiencia de desahogo de la prueba confesional sin citación de las partes en el juicio ejecutivo mercantil 531/2020. En el caso, se actualiza de manera indudable y notoria la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo vigente, por las razones que enseguida se verán; preceptos que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Ello es así, toda vez que el desahogo de pruebas, emitido dentro del juicio de origen, no es de aquéllos actos que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, razón por la cual no es procedente en su contra el juicio de amparo indirecto, ya que sus efectos sólo se traducen en posibles violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia respectiva, si ésta es favorable a los intereses de la parte promovente y, en caso contrario, puede reclamarla en el juicio de amparo directo que intente contra la misma, impugnando la determinación de que se duele, como violación procesal, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTICULO 170.- El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. [.]" Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal en comento, dada su naturaleza, no es en modo alguno irreparable, cuando es precisamente la irreparabilidad, el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, mismo que textualmente dispone: "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: [...] V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]" En ese orden, el acto reclamado no afecta de manera inmediata los derechos sustantivos de la parte promovente, y no impide la posibilidad de que la hipotética violación procesal que produce como efecto, sea reparada en la sentencia que se pronuncie en el procedimiento de origen, en tanto que el mismo resulte favorable a sus intereses y, en tal caso, la afectación de que se duele habrá desaparecido sin incidir en sus derechos sustantivos. En el caso contrario, como ya se precisó, la parte promovente estará en condiciones de hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes. Sin que pase desapercibido el hecho que destacara que no fue citada correctamente, pues, al estar integrada a la Litis de origen, puede hacer valer los mecanismos de defensa ordinarios dentro del procedimiento ante la irregularidad que destaca o preparar las violaciones procesales que estime pertinentes durante su secuela. Por lo anterior, al no encuadrarse el acto reclamado en ninguno de los supuestos del artículo 107 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, debe desecharse la demanda que se analiza, al actualizarse de manera indudable y notoria la causa de improcedencia prevista en el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis consultable en la página 10, del Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que informa: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS". Por consiguiente, se desecha de plano la demanda de amparo, atenta su notoria improcedencia, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 113, 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu, todos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis: 3a. 20/90, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la acción, visible en la página 236, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, Enero-Junio de 1990, Octava Época, que dice: "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, ingrésese esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. Autorizados. Se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados que menciona siempre y cuando sus cédulas profesionales se encuentren inscritas en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º, párrafo octavo de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Exhortación a tramitar el juicio en línea. Del mismo modo, toda vez que actualmente el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha tomado medidas relativas con motivo de la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, con la finalidad de evitar concentración de personas y, con ello, la propagación del mencionado virus se exhorta a las partes para que, de ser posible, considerando las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto, a través del esquema de "juicio en línea". Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Entrega de oficios. Finalmente, reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega de los oficios respectivos, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; a quince de junio de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese el oficio signado por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, para que obre como legalmente corresponda. Acuerdo. Atento a su contenido, téngasele informando las gestiones tendentes para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, de conformidad con el artículo 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Prórroga. En atención a lo que solicita y derivado de la complejidad del asunto, de conformidad con el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, se le concede un término de diez días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, como prórroga a efecto de cumplir con los efectos del fallo protector derivados del presente asunto. Apercibimiento. En el entendido de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese.

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