Flor Adriana Hernández Esteban
Expediente 1195/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1195/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2021
Partes del expediente
- Flor Adriana Hernández Esteban
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. ACUSE Intégrese la impresión del correo electrónico oficial enviada por la Subdirectora Adscrita al Área de Amparo y Controversias Constitucionales de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte, por medio de la cual, en cumplimiento a la determinación de once de noviembre anterior, la autoridad remitente acusa recibo del oficio 24076/2021 mismo que contiene la determinación de dicha fecha. En consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento dictado en dicha determinación y se deja insubsistente el apercibimiento con el que se le conmino.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense los escritos signados por la tercera interesada *******, a través de los cuales, solicita copia certificada de la sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho que obra en el presente asunto, por lo que, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídanse en un tanto las copias solicitadas, previa razón de recibo. En el entendido de que el solicitante deberá generar su código QR para el día permitido por el sistema, en el horario matutino de nueve quince de la mañana a las catorce horas con quince minutos de lunes a viernes; se baje al área indicada y se realice el fotocopiado respectivo; sin embargo, para cumplir con la entrega recepción el solicitante deberá realizar los siguiente: Como se dijo deberá agendar su código QR para que el día asignado solicitado baje al área indicada y se realice el fotocopiado de las constancias solicitadas. Al día siguiente, se hará la certificación correspondiente de las constancias, es decir, el entresello, folio, rubrica y la certificación respectiva. Y, en un tercer día, la entrega de las mismas. Para el caso de que las partes necesiten el fotocopiado de varios tomos derivados del juicio principal o incidental, según corresponda, dicha labor se hará en varios días; en el entendido de que el máximo de copias a sacar por día será de trescientas fojas; por ello, si las copias solicitadas rebasan ese límite, se irán sacando por día hasta concluir con las mismas y, después conforme a los puntos anteriores, en otro día la certificación y en un diverso momento la entrega de las mismas. Lo anterior es así, por la reducida plantilla del personal que fue asignado para laborar a partir del tres de agosto de la anualidad pasada, en términos del Acuerdo General 20/2021, que contempla la vigencia del diverso 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19; aunado a las cargas de trabajo y el normal desarrollo de las audiencias, diligencias y trámite de los asuntos que se ventilan de forma cotidiana en este órgano jurisdiccional. Por otro lado, se hace de su conocimiento que, en el día autorizado para el acceso al inmueble del órgano jurisdiccional, deberá de estar presente a la hora indicada, ya que, de no ser así, no se esperará y deberá solicitar nueva diligencia para esa labor.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Intégrese la razón actuarial en la cual el actuario judicial adscrito a este juzgado manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte quejosa, el auto de diecisiete de los cursantes, dado que se trata de un inmueble con diversos interiores y no pudo ingresar para buscar el despacho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), en relación con el diverso 29 de la Ley de Amparo, practíquense a la quejosa la notificación del aludido proveído, la relativa al presente acuerdo, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal por medio de las listas que se fijan en los estrados de este juzgado federal, hasta en tanto señalen nuevo domicilio en esta ciudad de Toluca o su zona conurbada (Metepec, Lerma, Zinacantepec o Almoloya de Juárez). AHORA BIEN, EN CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA*************EL AUTO DE 17 DEL MISMO MES Y AÑO, EL CUAL, EN ESENCIA, DICE:Visto lo de cuenta y toda vez que las partes no formularon manifestación en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo para el efecto de que el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, de quien reclama: La omisión de dar contestación a la solicitud de pensión por fallecimiento del pensionado recibida el +++por la Unidad de Atención al Derechohabiente, Toluca, Estado de México. Luego, por auto de ocho de octubre siguiente, se requirió su cumplimiento. Así, mediante promociones ingresadas ante este órgano de control constitucional el veintiséis de octubre y cinco de noviembre del año en curso, el Comité responsable, solicitó prórroga y posteriormente remitió copia constatada del oficio CP/+++/2021, emitido el ocho de octubre a favor de ****, por el cual, emitió la determinación correspondiente a la solicitud de pensión de la parte quejosa y de la constancia de notificación realizada, el cuatro de noviembre del año en curso. Del examen de las documentales que anexó la responsable, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que ésta atendió a los efectos del fallo protector, pues el ocho de octubre del año en curso, se dio contestación a la petición de pensión por fallecimiento del pensionado solicitada por la quejosa, la cual fue notificada de manera personal el cuatro de noviembre siguiente. Por todo lo plasmado, debe hacerse mención, que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos.
- Principal
Vista la demanda que promueve ++, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1195/2021-I-B. SUSPENSIÓN DE PLANO A fin de salvaguardar los derechos fundamentales de los quejosos, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables determinen el cese inmediato de todo acto de incomunicación y malos tratos, se suspende todo acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades responsables para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra.". REQUERIMIENTO AUTORIDADES INFORME A LA SUSPENSIÓN DE PLANO Se previene a dichas autoridades para que en el término de veinticuatro horas, informen acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a ésta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades señaladas como responsables para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables el contenido del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra. [.]". Por tanto, se les apercibe que de no cumplir lo encomendado, serán sancionadas en los términos que señala el Código Penal Federal, por el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida, asimismo, se hará acreedora a la sanción que establece el numeral 262, fracción III, de la Ley de Amparo. La información puede ser enviada al fax (01.722) 2.36.05.00, extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial tramite1@correo.cjf.gob.mx; confirmando a la extensión 3253. INCOMPETENCIA Por otra parte, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". Conforme a tales preceptos, este órgano federal se declara legalmente incompetente por territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula, en turno. Lo anterior es así, ya que del escrito de demanda se advierte que la ejecución material del acto tildado de inconstitucional tiene lugar en el Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS CHIAPAS". Aunado a lo anterior, que el domicilio de las autoridades que señala como responsables se encuentra ubicado en dicho territorio. No obstante, es pertinente destacar que en el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. Atento a lo anterior, al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo en cita, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es el Juez de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula, en turno, dado que la ejecución del acto que se combate tuvo lugar en la jurisdicción dicho juzgado de Distrito. Por tanto, sin resolver sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales que integran el juicio de amparo indirecto 1195/2021-I-B, del índice de este órgano de control constitucional, al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula, en turno, solicitándole de la manera más atenta, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada, y acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. DOMICILIO Y SE GIRA EXHORTO Toda vez que el domicilio que señala la promovente para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, por única ocasión líbrese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione a uno de los actuarios a fin de que se constituya en el sitio ubicado en Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS CHIAPAS", y notifique a la parte quejosa el presente proveído. Para lograr el cometido, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario de esa adscripción para que realice la presente notificación en horas y días inhábiles. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, facultando al secretario del Juzgado, encargado del trámite del presente juicio para que firme electrónicamente el exhorto respectivo. Debido a lo anterior, se solicita al Juez Federal al que corresponda conocer del exhorto en cita, que de no existir algún impedimento legal, devuelva la referida comunicación a través de ese sistema de expedientes. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES Asimismo, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el dieciséis de enero de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2021. JUICIO EN LÍNEA. En diverso aspecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, se exhorta a la parte quejosa para que si es su deseo y atendiendo a las posibilidades con que cuente haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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