Flavio Servitje Curzio

Expediente 939/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
939/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
07/06/2023

Partes del expediente

  • Flavio Servitje Curzio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad de México; a siete de junio de dos mil veintitrés. Causa estado ejecutoria cumplida. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el proveído, a través del cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, no fue recurrido dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 202, en relación con el 201, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado; por lo cual, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Archivo del expediente. Tomando en consideración el estado procesal de autos, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el capítulo 7, punto 7.2. del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, se determina que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN en un plazo de tres años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto. Atento a lo anterior, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México; trece de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara su conformidad con el cumplimiento dado por la autoridad responsable; sin que a la fecha lo haya hecho. En ese sentido, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, por lo que con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, se procede a efectuar pronunciamiento acerca del cumplimiento de la sentencia de amparo y tomando en consideración que dicho análisis es de orden público, este órgano jurisdiccional procede a resolver si la sentencia de amparo fue acatada puntualmente, con base en los elementos existentes en el expediente. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte, en lo que interesa, que el Vigesimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión R.A. 181/2021 de su índice, en su resolutivo primero, revoco la sentencia recurrida y en el segundo concedió el amparo y protección de la justicia federal a....En cumplimiento a los requerimientos formulados, mediante oficio registrado con el número 11309, del índice de este juzgado, el Subdirector Divisional de Administración Tributaria en Parque Lira, hizo del conocimiento los procedimientos de cálculo de la cantidad a devolver del ejercicio fiscal dos mil veintiuno de la cuenta predialAhora, mediante oficio registrado en este juzgado con el número 4046, el Director de Operación e Inversión de Fondos, adscrito a la Dirección General de Administración Financiera de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, informó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo y al efecto remitió diversas documentales que comprueban el pago electrónico al quejoso En consecuencia, se concluye que el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO, pues se acató la ejecutoria en que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; sin que las autoridades responsables incurrieran en exceso o defecto...... Por tanto, hágase del conocimiento de las partes para los efectos señalados en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 6373/2014, al que corresponde esta sentencia, promovido por ********************por conducto de su representante legal, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades; y, ******************************************************************************** Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************respecto de los actos y autoridades a que se refieren los considerandos cuarto y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. SE NIEGA EL AMPARO Y PROTECCIÓN de la Justicia de la Unión a ******************** respecto de los actos y por los motivos expuestos en el considerando octavo de la presente resolución. TERCERO. Cúmplase con lo ordenado en los considerandos noveno y décimo. Notifíquese; y por medio de lista a la parte quejosa.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la Ciudad de México, a las once horas con diez minutos del diez de febrero de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 9928/2015 promovido por ********************, por conducto de su representante legal, se encuentra presente Blanca Alicia Ochoa Hernández, Jueza Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, asistida del secretario Josué Rafael Espinosa Lee, que autoriza y da fe. Inicio de audiencia. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Jueza declara abierta la audiencia y procede a su celebración sin la asistencia de las partes. Relación de constancias. Acto continuo, el secretario relaciona las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, pues es suficiente que en el acta de audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que quedaron relacionadas y recibidas en ese acto. De igual forma el secretario certifica que de la dirección electrónica http://sise.cjf.gob.mx/sise/ExpedienteElectronico/PanelCentral.aspx, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; así como de lo manifestado por el encargado de la oficialía de partes de este jugado, se advierte que no hay promoción pendiente por turnar a este asunto. Enseguida, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por relacionados los autos, que en su integridad serán tomados en consideración al resolver el presente asunto. Periodo probatorio. A continuación, se abre el periodo de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y el Secretario certifica: que la quejosa ofreció pruebas documentales de su parte, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, de igual manera el Jefe del Servicio de Administración Tributaria ofreció la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, así como las versiones públicas de las resoluciones que indica; en tanto que el resto de las partes no ofreció prueba alguna. La Jueza acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124, de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas y desahogadas las pruebas en mención en atención su propia y especial naturaleza; y por precluido el derecho de las demás partes para ofrecerlas. Lo anterior, con excepción de las versiones públicas de las resoluciones que el Jefe del Servicio de Administración Tributaria ofreció en su informe justificado, en virtud de que no las exhibió. Al no haber prueba pendiente por acordar, se cierra el periodo probatorio. Periodo de alegatos. Se abre el citado periodo en el que el Secretario certifica que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. La Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Finalmente, se cierra el periodo de alegatos y al no existir diligencias pendientes que practicar, se da por concluida la presente audiencia en las citadas etapas, por lo que procede dictar la sentencia correspondiente. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 9928/2015 promovido por ********************, por conducto de su representante legal, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación que consta en autos, la parte quejosa, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y respecto de los actos que quedaron precisados en la demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran. SEGUNDO. La parte quejosa indicó los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, cuya violación reclama; asimismo expuso los antecedentes de los actos reclamados y adujo los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. En cumplimiento a la circular CAR 9/CCNO/2014 de 21 de agosto de 2014, emitida por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Auxiliar, que por razón de turno correspondió conocer del asunto, se avocó a su conocimiento e informó a las partes la radicación; y CUARTO. Seguidos los trámites de ley, el trece de febrero de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia constitucional y se dictó la sentencia definitiva respectiva. La parte quejosa inconforme con esa resolución, interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda región, quien en los autos del amparo en revisión 568/2017, revocó la sentencia dictada por este juzgado y ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que se emitiera proveído determinando que no existía conexidad entre los juicios de amparo acumulados y se dictara audiencia constitucional y sentencia de manera particularizada respecto de cada juicio, observando lo previsto en el artículo 74 de la Ley de Amparo y demás disposiciones aplicables. Así, mediante acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós, se dejó insubsistente el auto por el cual se acumularon los juicios de amparo y en auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo reconociendo la validez de lo actuado y señalando fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo indirecto conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; así como de conformidad con las Circulares CAR 3/CNNO/2014 y CAR 9/CNNO/2014 de 24 de abril y 21 de agosto de 2014 y el Acuerdo General 5/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuáles son los actos que constituyen la materia de estudio del juicio de amparo. Para tal efecto, se debe tener en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Del criterio transcrito el Alto Tribunal estableció la obligación de los jueces de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. En otras palabras, la jurisprudencia citada estatuye que la demanda de amparo es un todo que debe interpretarse de manera integral, razón por la que si la parte quejosa designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, el Juez de Distrito debe corregirlo, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa acude a la instancia constitucional a reclamar diversas normas formal y/o materialmente legislativas que regulan el mecanismo de comunicación, las obligaciones fiscales, facultad de comprobación y el procedimiento de fiscalización contenidos en las instituciones jurídico-fiscales denominadas: buzón tributario, contabilidad electrónica y revisiones electrónicas; así como su ejecución o aplicación. En consecuencia, con la finalidad de impartir una completa administración de justicia, este órgano jurisdiccional atenderá a lo previsto en las diversas disposiciones de observancia general que regulan el sistema normativo reclamado, siendo irrelevante el hecho de que la parte quejosa no haya controvertido expresamente todas y cada una de las disposiciones que lo conforman, debido a que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que controvierte la normatividad principal que lo regula y, por ende, debe entenderse que en atención a la causa de pedir, de igual forma combate la diversa que desarrolla su contenido. No obstante lo anterior, es conveniente precisar que las porciones normativas reclamadas de manera destacada, las siguientes: - La dictamen, iniciativa, discusión, sanción, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación del artículo 28 fracciones III y IV y Segundo Transitorio, fracción III, párrafo segundo y VII del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013. - La dictamen, iniciativa, discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación de la Ley de Ingresos de la Federación Ejercicio Fiscal de 2015, en específico el artículo 22, fracción IV, así como su primero transitorio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2014. - La expedición de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2014, en particular, sus reglas I.2.8.6 y I.2.8.7 y sus resolutivos tercero y cuarto. - La expedición de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014; en particular las reglas 2.8.1.4, 2.8.1.5. y 2.8.1.9 y su anexo 24 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 2015. - La expedición de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03 de marzo de 2015, en particular sus artículos cuarto y décimo resolutivos. TERCERO. Cuestión previa. Como cuestión previa, conviene precisar que a efecto de resolver el juicio de amparo indirecto del que se trata, se atenderá, a la jurisprudencia 2a./J.134/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2012916, del rubro "BUZÓN TRIBUTARIO, CONTABILIDAD Y REVISIONES ELECTRÓNICAS. LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE REGULAN ESAS FIGURAS JURÍDICAS, INTEGRAN UN SISTEMA NORMATIVO PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013). En el entendido de que las disposiciones que regulan las instituciones jurídico-fiscales antes enunciadas, al encontrarse estrechamente vinculadas entre sí en cuanto a la materia, objeto, principio y causa que tratan, integran un sistema normativo para efectos de su impugnación a través de este medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades. CUARTO. Certeza de los actos. Son ciertos los actos que se reclaman de las Cámaras de Diputados y Senadores, ambas del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en: - La dictamen, iniciativa, discusión, sanción, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación del artículo 28 fracciones III y IV y Segundo Transitorio, fracción III, párrafo segundo y VII del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013. - La dictamen, iniciativa, discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación de la Ley de Ingresos de la Federación Ejercicio Fiscal de 2015, en específico el artículo 22, fracción IV, así como su primero transitorio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2014. Asimismo, son ciertos los actos que se reclaman del Jefe del Servicio de Administración Tributaria consistentes en: - La expedición de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2014, en particular, sus reglas I.2.8.6 y I.2.8.7 y sus resolutivos tercero y cuarto. - La expedición de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014; en particular las reglas 2.8.1.4, 2.8.1.5. y 2.8.1.9 y su anexo 24 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 2015. - La expedición de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03 de marzo de 2015, en particular sus artículos cuarto y décimo resolutivos. Lo anterior es así, toda vez que tratándose de actos de naturaleza materialmente legislativa, éstos se acreditan plenamente con la publicación de las disposiciones de observancia general controvertidas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, el tener o no como ciertas las conductas atribuidas a las autoridades legislativas o administrativas no depende únicamente de lo manifestado en los informes justificados rendidos por las autoridades responsables o en las omisiones en que éstas hayan incurrido, ya que corresponde a este juzgado pronunciarse al respecto y cerciorarse de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Cobra aplicación la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA". Así como por analogía la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". QUINTO. Causales de improcedencia fundadas. Previo al estudio del fondo del asunto, se analizará la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos reclamados, lo aleguen o no las partes, por así establecerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos, de la Ley de Amparo. Del primer precepto se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Además, el artículo 17 de la Ley de Amparo señala como plazo genérico para presentar la demanda de amparo, el de quince días, y en su fracción I, establece que cuando se reclame una norma general autoaplicativa será de treinta días. Finalmente, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece que los plazos comenzaran a correr desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación a la parte quejosa de la resolución o acto reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos que impugne; o, cuando se reclame una norma general autoaplicativa se computará a partir del día de su entrada en vigor. Así, la causa de improcedencia expuesta deriva del consentimiento de los actos reclamados, cuando el quejoso no promueve el juicio de amparo contra los actos que afectan su esfera jurídica dentro de los términos que establece la Ley de Amparo. En el caso particular, la parte quejosa planteó su reclamo en función del perjuicio generado por estos preceptos: - La dictamen, iniciativa, discusión, aprobación, sanción expedición, promulgación y orden de publicación del artículo 28 fracciones III y IV y Segundo Transitorio, fracción III, párrafo segundo y VII del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013. - La dictamen, iniciativa, discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación de la Ley de Ingresos de la Federación Ejercicio Fiscal de 2015, en específico el artículo 22, fracción IV, así como su primero transitorio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2014. - La expedición de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2014, en particular, sus reglas I.2.8.6 y I.2.8.7 y sus resolutivos tercero y cuarto. - La expedición de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014; en particular las reglas 2.8.1.4, 2.8.1.5. y 2.8.1.9 y su anexo 24 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 2015. - La expedición de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03 de marzo de 2015, en particular sus artículos cuarto y décimo resolutivos. Ahora, respecto de esos preceptos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 134/2016 determinó que integran un sistema normativo para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto, la Segunda Sala precisó que entre estos artículos existe una estrecha vinculación -17-K y 28, fracción IV, 42, fracción IX y 53-B del Código Fiscal de la Federación, cuyas reformas o adiciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece-, ya que regulan las disposiciones del buzón tributario, la contabilidad y las revisiones electrónicas, por lo que integran un sistema normativo susceptible de impugnación. Es más, en función de ese sistema normativo, la Segunda Sala precisó que esas porciones normativas pueden ser impugnadas de manera conjunta a partir de que entró en vigor la obligación de enviar la información contable a la autoridad hacendaria, en ese caso, debe estimarse que su impugnación es oportuna. Cabe mencionar en este punto que el artículo 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil quince, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el trece de noviembre de dos mil catorce, señala que el ingreso de la información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria debía realizarse a partir del año dos mil quince, de acuerdo con el calendario que, para tal efecto, establezca dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general; luego, también forma parte de ese sistema normativo, y por ende, la posibilidad de combatir las diversas porciones normativas deben examinarse con base en ese período. Ahora, la suscrita considera que ese sistema normativo tiene una naturaleza autoaplicativa que, posteriormente a su entrada en vigor, no requería un acto que originara la afectación de los sujetos a los que va dirigida, con base en las siguientes consideraciones. Esa distinción se realiza con base en el criterio plasmado en la jurisprudencia P./J. 55/97, de registro 198200, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con base en ella una norma podrá tener la naturaleza de autoaplicativa o heteroaplicativa. Una norma será autoaplicativa, cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorios; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta. Ello implica que una norma de esa naturaleza se individualiza desde que entra en vigor y vincula a sus destinatarios a su cumplimiento desde el inicio de la vigencia. Una norma será heteroaplicativa si su individualización está condicionada o requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia. En ese sentido, los efectos de esa clase de normas no surgen de manera automática con la sola entrada en vigor de la norma, sino que requieren un acto diverso que actualice el perjuicio, que puede ser de la autoridad, de un tercero o del propio quejoso. Del contexto jurídico citado, se llega a la conclusión de que una norma de carácter general puede ser impugnada del siguiente modo: a) Con motivo del inicio de su vigencia, cuando las obligaciones derivadas de la ley vinculan a sus destinatarios desde su nacimiento, sin que se requiera la actualización de condición alguna (norma "autoaplicativa" o de individualización incondicionada). b) Con motivo del primer acto de aplicación, cuando las obligaciones impuestas por la norma no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere de un acto que condicione su actualización (disposición "heteroaplicativa" o de individualización condicionada). Desde esa óptica, para determinar la naturaleza de las normas impugnadas en el juicio y, por tanto, si podían ser controvertidas con motivo del inicio de su vigencia o de ulterior acto de aplicación, se debe atender al momento en que las obligaciones deducidas de ellas vinculan a sus destinatarios. Si las cargas derivadas de la legislación los obligan con su sola expedición, se estará ante disposiciones conocidas como "autoaplicativas"; no obstante, si se requiere de una actuación diversa con la que se concreten en la esfera de derechos de los gobernados, ya sea de la autoridad, del propio interesado, terceros o, incluso, de actualización fortuita, se entenderá que se está ante una norma "heteroaplicativa". Con base en lo anterior, se procede al estudio de la naturaleza de las normas del sistema normativo que componen los preceptos reclamados por la parte quejosa. Como se precisó en la jurisprudencia 134/2017 antes mencionada, el legislador ordinario estableció: a) Un sistema de contabilidad electrónico estándar a través del cual los contribuyentes deben llevar sus registros o asientos (artículo 28, fracción III, en relación con las fracciones I y II); b) La obligación de enviar mensualmente la información respectiva a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de acuerdo con las reglas generales que al efecto se emitan (artículo 28, fracción IV, en relación con las fracciones I y II); c) La asignación de un buzón tributario a cada contribuyente como medio de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria, a través del cual, ésta realizará la notificación de actos y resoluciones, y aquél presentará promociones, solicitudes, avisos, o cumplirá requerimientos, y podrá consultar su situación fiscal y cumplir con sus obligaciones fiscales (artículo 17-K); y d) Un nuevo procedimiento de fiscalización electrónica, conforme al cual, la autoridad hacendaria podrá ejercer sus facultades de comprobación con base en la información y documentación que obre en su poder, sobre rubros o conceptos específicos de una o más contribuciones, y dictar, en su caso, una resolución provisional en la que se asentarán los hechos u omisiones que den lugar a la determinación de un crédito fiscal y la preliquidación respectiva, requerir la documentación e información correspondiente y notificar el resultado relativo a través del buzón tributario en lapsos breves (artículos 42, fracción IX y 53-B). De lo hasta aquí expuesto se advierte que, a través de las normas impugnadas por la quejosa, se establecen los procedimientos que deben llevar a cabo los contribuyentes obligados a llevar su contabilidad. Es decir, la normatividad impugnada dispone, por una parte, que las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad tendrán, entre otras obligaciones, la de generar en medios electrónicos los registros o asientos que integran su contabilidad, así como ingresar dicha información a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. Lo anterior evidencia la existencia de un estrecho vínculo entre las disposiciones fiscales impugnadas al guardar una íntima relación entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio y fuente, pues el cumplimiento de la obligación de los contribuyentes de llevar los registros o asientos que integran su contabilidad, en medios electrónicos, resulta indispensable para que éstos den cumplimiento a la diversa de ingresar periódicamente y sin requerimiento previo su información contable generada electrónicamente, a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. Lo que además, pone de manifiesto que de acuerdo con lo definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las mismas son de naturaleza autoaplicativa, pues con su sola vigencia impusieron a los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, la forma de integrarla, que sus registros o los asientos que la compongan se lleven en medios electrónicos; asimismo, a ingresar, periódicamente y sin requerimiento previo, su información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. Por lo que esa circunstancia por sí misma, provocó una afectación inmediata en la esfera jurídica del contribuyente desde su entrada en vigor, sin que fuera necesario un acto concreto de aplicación para que se actualice la hipótesis normativa que prevén las disposiciones impugnadas, ya que desde su entrada en vigor, se les constriñó a los contribuyentes a un determinado hacer, esto es, registrar y poner a disposición de la autoridad hacendaria, por medios electrónicos, su información contable de manera periódica y sin requerimiento previo, sin que para tales efectos se requiera acto posterior alguno, pues la misma va a versar sobre la información que obre en su poder, es decir, aquella proporcionada previamente por los contribuyentes en cumplimiento a las obligaciones antes mencionadas. En esas condiciones, la norma impugnada por la parte quejosa es de carácter autoaplicativa y en su caso, provocó una afectación inmediata en su perjuicio desde su entrada en vigor, sin que fuera necesario ningún acto concreto de aplicación. Por tanto, contrariamente a lo sostenido por la parte quejosa, el perjuicio que en su caso le causó la norma impugnada comenzó al inicio de su vigencia, cuando se le obligó a llevar su contabilidad, registrar los ingresos y gastos que la compongan en medios electrónicos (contabilidad electrónica) e ingresar, periódicamente y sin requerimiento previo, esa información a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, lo cual ocurrió desde el uno de enero de dos mil quince, fecha en que entraron en vigor las reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil catorce. En efecto, como se indicó, la fracción IV, del artículo 22 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil quince, señala que el ingreso de la información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria debería realizarse a partir del año dos mil quince. Además, en los Resolutivos Tercero y Cuarto de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, se estableció que para los efectos de la fracción IV, del artículo 22 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil quince, cuales contribuyentes estarían obligados a llevar los registros o asientos que integran la contabilidad en medios electrónicos (contabilidad electrónica), así como ingresar mensualmente su información contable (buzón tributario), a partir del uno de enero de dos mil quince o a partir del uno de enero de dos mil dieciséis. Resolutivos que mantuvieron su vigencia aun ante la expedición de la Resolución de Miscelánea Fiscal para dos mil quince, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil catorce, tan es así, que mediante el Resolutivo Cuarto de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución de Miscelánea Fiscal para dos mil quince, se aclaró que los Resolutivos Tercero y Cuarto Resolutivos de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, continuaban aplicables. Así, en el caso, la quejosa señala que promueve el juicio de amparo en contra de los citados ordenamientos con motivo de su primer acto de aplicación en su perjuicio -heteroaplicativa-, el cual tuvo verificativo el treinta de abril de dos mil quince y para acreditarlo exhibió el acuse de recibo de Contabilidad Electrónica. En ese sentido, los actos que señala la quejosa realizó los días en mención no pueden considerarse como su primer acto de aplicación en su perjuicio, ya que no realizó una conducta que lo colocara dentro de la hipótesis legal prevista en los preceptos combatidos, sino que, únicamente dio cumplimiento a la obligación que entró en vigor desde el uno de enero de dos mil quince. En consecuencia, el sistema normativo que regula las disposiciones del buzón tributario, la contabilidad y las revisiones electrónicas, entro en vigor desde el uno de enero de dos mil quince; por tanto, conforme a la fracción I, del artículo 17 y la parte final del artículo 18 de la Ley de Amparo, la parte quejosa contaba con un plazo de treinta días para presentar la demanda de amparo en contra de los actos que reclama, el cual comenzó a transcurrir a partir de la entrada en vigor de las obligaciones que considera le causan agravios; por lo que el cómputo para la promoción del juicio de amparo comenzó a correr el dos de enero al dieciséis de febrero de dos mil quince, descontándose de ese cómputo los sábados y domingos por ser inhábiles y el dos y cinco de febrero de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Sin embargo, la demanda de amparo se presentó hasta el día veintiuno de mayo de dos mil quince. Luego, ese reclamo resulta extemporáneo. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 2a./J. 26/98, del siguiente rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR". Por lo que debe sobreseerse en el juicio respecto de los actos reclamados consistentes en: - La dictamen, iniciativa, discusión, aprobación, sanción expedición, promulgación y orden de publicación del artículo 28 fracciones III y IV y Segundo Transitorio, fracción III, párrafo segundo y VII del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013. - La dictamen, iniciativa, discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación de la Ley de Ingresos de la Federación Ejercicio Fiscal de 2015, en específico el artículo 22, fracción IV, así como su primero transitorio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2014. - La expedición de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2014, en particular, sus reglas I.2.8.6 y I.2.8.7 y sus resolutivos tercero y cuarto. - La expedición de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014; en particular las reglas 2.8.1.4, 2.8.1.5. y 2.8.1.9 y su anexo 24 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 2015. - La expedición de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03 de marzo de 2015, en particular sus artículos cuarto y décimo resolutivos. Lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, se sobresee el presente juicio de amparo. SEXTO. Publicación de la sentencia. Conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. SÉPTIMO. Captura de sentencia. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por los motivos expuestos en el considerandos quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Cúmplase con lo ordenado en los considerandos sexto y séptimo.

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