Flavio Santana López
Expediente 154/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 154/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/03/2019
Partes del expediente
- Flavio Santana López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y el contenido de la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera la sentencia dictada siete de marzo de dos mil diecinueve (fojas 41 a 44), en la que se determinó sobreseer en el presente juicio; por lo tanto, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Con apoyo en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este Tribunal Federal considera que el presente juicio es susceptible de destrucción; por lo que, se procederá a la misma una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído.
- Principal
Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibido el oficio que firman de manera conjunta la Presidenta Auxiliar y el Secretario General, ambos de la Décimo Sexta Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual acompaña copia certificada de diversas constancias, comunicado y anexo que se ordenan agregar para que obre como corresponda, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que por acuerdo de cinco de marzo pasado, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la responsable al fallo protector.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibida la razón actuarial elaborada por la Actuaria adscrita a este juzgado, a través del cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para realizar la notificación al tercero interesado Banco Industrial, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria; el cual se fusionó primigeniamente al Banco Internacional, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bital, y a su vez se fusionó a HSBC, por las razones que de la misma se desprenden. En tal virtud, se comisiona al actuario judicial adscrito a este juzgado, para que de manera inmediata emplace al tercero interesado HSBC México, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC División Fiduciaria, en la finca marcada con el número 1545, de la avenida de las Américas, Colonia Providencia, en Guadalajara, Jalisco donde está ubicada la oficina matriz, entregándole copia simple de la demanda, del auto admisorio, así como del presente acuerdo y haciendo de su conocimiento la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese; y emplácese al tercero interesado HSBC México, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC División Fiduciaria. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante la secretaria Luz María Pérez Salcedo, quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/LMPS/fgm
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Zapopan, Jalisco, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. V I S T O S, para resolver el incidente de falta de personalidad promovido por el tercero interesado Francisco Javier Dueñas Pineda, en los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación del incidente. Mediante escrito presentado el quince de agosto de dos mil dieciocho (fojas 224 a 240), el tercero interesado Francisco Javier Dueñas Pineda, por conducto de su autorizado, promovió incidente de falta de personalidad del representante legal de la parte quejosa A y A Desarrollo Residenciales, Sociedad Anónima de Capital Variable. SEGUNDO. Trámite del incidente. En auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 330 y 331), se levantó la suspensión del procedimiento, se admitió la incidencia planteada, se dio vista a las partes, quienes no realizaron manifestación alguna ni ofrecieron pruebas y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia prevista por el segundo párrafo del artículo 67 de la Ley de Amparo, la cual se celebró el diez de enero de dos mil diecinueve (foja 352); y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Amparo, por tratarse de un incidente de falta de personalidad promovido en un juicio de amparo tramitado ante este juzgado de distrito. SEGUNDO. Estudio del fondo de la incidencia. I. Antecedentes del incidente de falta de personalidad. Para mejor comprensión del asunto, es necesario realizar una breve relación los antecedentes del incidente aludido, los cuales se desprenden del presente juicio de amparo, en los siguientes términos: 1) El veintidós de marzo de dos mil dieciocho (fojas 2 a 9 A y A Desarrollo Residenciales, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal Rigoberto Zamarripa Luna, promovió juicio de amparo contra actos del 1] Ayuntamiento, 2] Síndicatura y 3] Dirección Jurídica de Obras Públicas, todos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, consistente en todo lo actuado en el procedimiento administrativo instaurado en contra de la obra ubicada en calle Juan Ruiz de Alarcón, número 221, colonia Lafayette, municipio de Guadalajara, Jalisco, misma que se admitió en auto de veintiséis de marzo siguiente (fojas 19 a 23). 2) Mediante escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil dieciocho (fojas 97 y 98), Francisco Javier Dueñas Pineda, se apersonó al juicio de amparo ostentándose como tercero interesado, carácter que se le reconoció en auto de diez de julio siguiente (foja 111). 3) En acuerdo de dieciséis de julio de dos mil dieciocho (fojas 134 a 136), se admitió la ampliación de la demanda propuesta por la parte quejosa respecto de la autoridad 4] Notificador adscrito a la Sindicatura del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, respecto de la cédula de notificación de ocho de marzo de dos mil dieciocho, previo citatorio de siete anterior; así como por la substanciación del procedimiento administrativo de medidas de seguridad 17/2017. 4) En proveídos de diecinueve y veintitrés de julio de dos mil dieciocho (fojas 153 y 160), se tuvo a los autorizados de las partes tercero interesado y quejoso, interponiendo recurso de queja en contra de los diversos autos de veintiséis de marzo y diez de julio, ambos de dos mil dieciocho, respectivamente, los cuales conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, radicándolos con los números de recurso de queja 227/2018 y 292/2018. 5) Mediante escrito presentado el quince de agosto de dos mil dieciocho (fojas 224 a 240), el tercero interesado Francisco Javier Dueñas Pineda, por conducto de su autorizado, promovió incidente de falta de personalidad de quien compareció a esta instancia constitucional en representación de la sociedad quejosa. 6) En sesiones celebradas el cuatro de octubre y ocho de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 274 a 293 y 310 a 329), el tribunal de alzada declaró infundados los recursos de queja interpuesto por las partes en el juicio de amparo, confirmando los autos recurridos. 7) En auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 330 y 331), se levantó la suspensión del procedimiento, se admitió el incidente de falta de personalidad planteado, se dio vista a las partes, quienes no realizaron manifestación alguna ni ofrecieron pruebas y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia prevista por el segundo párrafo del artículo 67 de la Ley de Amparo, la cual se realizó el diez de enero de dos mil diecinueve (foja 352). II. Planteamientos del incidente de falta de personalidad. El tercero interesado Francisco Javier Dueñas Pineda, por conducto de su autorizado, en síntesis aduce que: a) Que del instrumento notarial con el que se tuvo por reconocida la personalidad del representante de la parte quejosa, se advierten vicios formales y de fondo, toda vez que el mismo no reúne los requisitos establecidos en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en virtud de que el fedatario público fue omiso en asentar los movimientos celebrados respecto del gobierno corporativo de la sociedad anónima, esto es, el aumento de su capital, así como las modificaciones en el contrato social, es decir, la entrada y salida de accionistas. b) Asimismo, aduce que en el acta de asamblea general extraordinaria protocolizada en el instrumento notarial exhibido en el presente juicio constitucional, el fedatario público asentó información de una persona jurídica distinta a la aquí quejosa, toda vez que anotó la razón social de la sociedad mercantil denominada "El Surtidor del Tapicero", Sociedad Anónima de Capital Variable, que existe discrepancia entre las fechas asentadas en las cláusulas primera y segunda del instrumento notarial (veinte de enero y veintiocho de junio, ambas de dos mil dieciséis), de cuando se llevó a cabo dicha asamblea general extraordinaria. c) Luego, manifiesta que en el instrumento público no se hace relación de la aprobación de los nombramientos de presidente y secretario de la asamblea ni de los movimientos de la sociedad mercantil quejosa, los cuales sí se encuentran inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Jalisco, visibles en el portal de internet de la Secretaría de Economía. d) Finalmente, que el compareciente Rigoberto Zamarripa Luna, no cuenta con el título de abogado y que la demanda no está suscrita por profesional en derecho, por lo que se incumple lo establecido en el artículo 2207 del Código Civil del Estado de Jalisco. III. Pruebas anunciadas en la incidencia por el tercero interesado Francisco Javier Dueñas Pineda. El tercero interesado anunció como medios de convicción los siguientes: 1. Documental, consistente en copia simple de los movimientos inscritos en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, respecto de sociedad quejosa (fojas 241 a 260); y, 2. Instrumental de actuaciones. VI. Decisión sobre el incidente de falta de personalidad. El incidente de falta de personalidad es infundado, por las consideraciones siguientes: El tercero interesado Francisco Javier Dueñas Pineda, por conducto de su autorizado, aduce, en esencia, que el instrumento público 35,177, que se exhibió para justificar la personalidad de Rigoberto Zamarripa Luna, como representante legal de la parte quejosa A y A Desarrollo Residenciales, Sociedad Anónima de Capital Variable, es insuficiente por los vicios descritos en los incisos a), b) y c), del punto II, considerando segundo de esta resolución. Se debe señalar que la litis del incidente de falta de personalidad se circunscribe a determinar si la persona que compareció al juicio de amparo en representación de la quejosa, tiene o no, facultades para ello, sin embargo, en el caso particular, el tercero interesado pretende que se realice un estudio de la validez de la escritura pública, así como de la asamblea general extraordinaria de accionistas ahí asentada, lo cual no es jurídicamente posible en esta instancia constitucional, pues el determinar la validez o no de las asambleas de las sociedades mercantiles así como de los instrumentos públicos es una facultad exclusiva de las autoridades del orden común. Esto es, no es dable examinar la legalidad de la escritura pública 35,177, donde se realizó la designación de Rigoberto Zamarripa Luna, como apoderado general de la quejosa, conforme a los requisitos que al efecto establece la legislación mercantil, so pretexto de la promoción de un incidente de falta de personalidad, pues ello implicaría una sustitución en la autoridad del orden común, lo cual no está permitido, porque el juicio de amparo no constituye otra instancia en el procedimiento de origen, sino un proceso a través del cual el órgano judicial federal controla la constitucionalidad de los actos de las autoridades y, por ende, sólo puede examinar si los actos reclamados son violatorios o no de los derechos humanos, pero, se insiste, mediante la tramitación de un incidente de falta de personalidad en el presente juicio constitucional, no se puede determinar la validez o no del instrumento público y de la asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad denominada A y A Desarrollo Residenciales, Sociedad Anónima de Capital Variable, ahí asentada. Sirven de apoyo a lo anterior por analogía, las tesis de rubro y texto siguientes: "Décima Época Registro: 160438 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 144/2011 (9a.) Página: 3267 COMITÉS PARTICULARES EJECUTIVOS. LA PERSONALIDAD DE SUS INTEGRANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DEBE ACREDITARSE EXCLUSIVAMENTE CONFORME A LA LEY DE AMPARO. Conforme a los artículos 213, fracción III y 214 de la Ley de Amparo, los comités particulares ejecutivos tienen legitimación para promover el juicio de amparo en representación de un núcleo de población ejidal o comunal determinado, y para tal efecto basta que, ante el tribunal competente, sus integrantes acrediten su personalidad en términos de lo dispuesto por dicha Ley, sin que pueda examinarse la legalidad de la asamblea donde se realizó su designación conforme a los requisitos que al efecto establece la Ley Federal de Reforma Agraria. Lo anterior es así, ya que la Ley de Amparo establece que basta exhibir el acta de asamblea donde se haga constar la designación de los integrantes del comité particular ejecutivo, para que les sea reconocida su personalidad en el juicio constitucional." "Séptima Época Registro: 248926 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 187-192, Sexta Parte Materia(s): Civil Página: 108 PERSONALIDAD, EXCEPCIÓN DE FALTA DE. NO DA LUGAR A ESTUDIAR LOS ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL ACTA CONSTITUTIVA, NI DE LAS DIVERSAS ASAMBLEAS CELEBRADAS POR LOS SOCIOS. Las supuestas anomalías de las actas de constitución y diversas asambleas de una sociedad, que señala la solicitante de amparo, amén de que debieron ser materia de la nulidad respectiva que declarase la autoridad judicial correspondiente, en nada le agravian, puesto que, a quien perjudicarían en su caso, sería a los legítimos interesados (en este caso los socios)." Por otra parte, respecto a lo argumentado por el autorizado del tercero interesado precisado en el inciso d) anterior, consistente en que el compareciente Rigoberto Zamarripa Luna, no cuenta con el título de abogado y que la demanda no está suscrita por profesional en derecho, por lo que se incumple lo establecido en el artículo 2207 del Código Civil del Estado de Jalisco, el cual establece lo siguiente: "Artículo 2207. En los poderes generales judiciales, bastará decir que se otorgan con ese carácter, para que el apoderado pueda representar al poderdante en todo negocio de jurisdicción voluntaria, mixta y contenciosa, desde su principio hasta su fin; siempre que no se trate de actos que conforme a las leyes requieran poder especial, en tal caso se consignarán detalladamente las facultades que se confieran con su carácter de especialidad. Este tipo de poderes sólo podrá otorgarse a personas que tengan el título de abogado, licenciado en derecho o a quien no tenga ese carácter se encuentre asesorado necesariamente por profesionales del derecho, quien deberá suscribir y actuar conjuntamente con el apoderado, en todos los trámites judiciales. En los poderes generales para administrar bienes, bastará decir que se otorgan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales para ejercer actos de dominio, será suficiente que se exprese que se confieren con ese carácter, a efecto de que el apoderado tenga todas las facultades de propietario, en lo relativo a los bienes como en su defensa. En esencia, el citado artículo establece que sobre quien recaiga un poder general judicial, deberá contar con título de abogado o licenciado en derecho y, en caso de no tenerlo, ser asesorado por quien si lo tenga, debiendo suscribir conjuntamente con el apoderado en los trámites judiciales en que intervengan. Sin embargo, en el instrumento público se advierte lo siguiente (foja 12 vuelta): "Se designan como Apoderados de la sociedad a los señores ANDRÉS ESTEBAN ROBLES ESTRADA y/o RIGOBERTO ZAMARRIPA LUNA, quienes tendrán las facultades plenas establecidas en las cláusulas VIGÉSIMA TERCERA de los Estatutos Sociales. Facultades que podrán ejercer de manera conjunta o separadamente indistintamente, y a quienes además, para el ejercicio de su encargo se les confieren los siguientes poderes en forma enunciativa y no limitativa: a).- Poder General Judicial, con todas las facultades generales y las especiales que requieren cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación alguna, en términos de los artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro, párrafo primero y 2587 dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los Estados de la República. De la transcripción del instrumento público anterior, se advierte que el Poder General Judicial otorgado a quien se ostentó y reconoció el carácter de representante legal de la sociedad mercantil quejosa, se concedió en términos de los artículos 2554 y 2587 del Código Civil Federal, los cuales son de contenido siguiente: "Artículo 2,554. En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen. Artículo 2,587. El procurador no necesita poder o cláusula especial sino en los casos siguientes: I.- Para desistirse; II.- Para transigir; III.- Para comprometer en árbitros; IV.- Para absolver y articular posiciones; V.- Para hacer cesión de bienes; VI.- Para recusar; VII.- Para recibir pagos; VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la ley. Cuando en los poderes generales se desee conferir alguna o algunas de las facultades acabadas de enumerar, se observará lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 2,554". En síntesis, los artículos en mención no disponen que el otorgamiento de un poder general para pleitos y cobranzas, necesariamente deba recaer en un profesionista en derecho, o que quien no lo sea, actúe conjuntamente asesorado de uno; ni tampoco se prevé que los poderes no tengan eficacia mayor a cinco años De esta forma, si el poderdante otorga un poder judicial general en términos del artículo 2207 del Código Civil del Estado de Jalisco, el juez de amparo, al momento de determinar la personalidad del apoderado, deberá corroborar que quien suscribe la demanda es abogado o licenciado en Derecho o, en su defecto, que lo hace conjuntamente con alguno de estos profesionales; esto, pues así se manifestó la voluntad por parte del interesado en la representación. Sin embargo, se estará a lo anterior, a menos que en el mismo instrumento conste que adicionalmente se otorgaron diversas facultades, cuyo ejercicio sea menos restrictivo. Entonces, si en el testimonio de escritura pública constara que se otorgó poder general judicial en términos del artículo 2207 del Código Civil del Estado de Jalisco y adicionalmente se otorgó un poder general para pleitos y cobranzas en términos del artículo 2554 del Código Civil Federal, el Código Civil para la Ciudad de México o cualquier otro correlativo en otra entidad, se determinaría que el apoderado que no es abogado ni suscribe los actos con el profesional, carece de facultades para presentar la demanda de amparo por lo que hace al poder general judicial, sin embargo; sí las tendría de conformidad con el poder general para pleitos y cobranzas que también se le concedió en términos de los artículos 2554 y 2587 del Código Civil Federal. Por tales motivos, se colige que en el caso concreto, el poder materia de la presente incidencia, se otorgó con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna, en los términos que al caso refieren los citados preceptos legales del Código Civil Federal, de ahí que, es claro que esas facultades son menos restrictivas que las que dispone el diverso 2207 de la legislación local sustantiva. Sobre el particular, es oportuno destacar las consideraciones conducentes de la contradicción de tesis 287/2017, en cuanto ilustran que no es necesario que la demanda de amparo sea suscrita por el apoderado en conjunto con un abogado o licenciado en derecho, si el poder se otorgó conforme a los referidos preceptos legales del Código Civil Federal. ". De esta forma, si el poderdante otorga un poder judicial general en términos del artículo 2207 del Código Civil del Estado de Jalisco , el juez de amparo, al momento de determinar la personalidad del apoderado, deberá corroborar que quien suscribe la demanda es abogado o licenciado en Derecho o, en su defecto, que lo hace conjuntamente con alguno de estos profesionales; esto, pues así se manifestó la voluntad por parte del interesado en la representación. Se estará a lo anterior, a menos que en el mismo instrumento conste que adicionalmente se otorgaron diversas facultades, cuyo ejercicio sea menos restrictivo; así, si en el testimonio de escritura pública constara que se otorgó poder general judicial en términos del artículo 2207 del Código Civil del Estado de Jalisco y adicionalmente se otorgó un poder general para pleitos y cobranzas en términos del artículo 2554 del Código Civil Federal, el Código Civil para la Ciudad de México o cualquier otro correlativo en otra entidad, se determinaría que el apoderado que no es abogado ni suscribe los actos con el profesional, carece de facultades para presentar la demanda de amparo por lo que hace al poder general judicial, pero sí las tendría de conformidad con el poder general para pleitos y cobranzas que también se le concedió." (Énfasis propio) De la que derivó la jurisprudencia con texto y datos de localización siguiente (lo resaltado es propio): "Época: Décima Época Registro: 2018299 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 28/2018 (10a.) Página: 6 DEMANDA DE AMPARO. PARA SUSCRIBIRLA, EL APODERADO GENERAL JUDICIAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2207 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, DEBE CONTAR CON TÍTULO DE ABOGADO O LICENCIADO EN DERECHO O, EN SU DEFECTO, HACERLO CONJUNTAMENTE CON ALGUNO DE ESTOS PROFESIONALES. Para determinar la personalidad del apoderado que suscribe la demanda de amparo a nombre del quejoso, el Juez de amparo debe estudiar dos cuestiones: (i) que dentro de las opciones de la personalidad derivada se encuentre la de realizar un acto jurídico determinado mediante la figura de representación que se está utilizando; y, (ii) que el poder exista y contemple las facultades necesarias para el acto jurídico determinado, pero en términos de la legislación común. Para estos efectos, el artículo 10 de la Ley de Amparo -similar al numeral 12 de la Ley de Amparo abrogada-, señala que la representación debe acreditarse: (i) en términos de la propia Ley de Amparo; (ii) en su defecto, conforme al ordenamiento que rija la materia del acto reclamado; y, (iii) cuando tampoco se prevea en este caso, se remitirá a las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles. No obstante, el juzgador también deberá analizar que el poder es un acto jurídico regular que cumple con los elementos y requisitos para su existencia y efectividad, lo que se corroborará con la legislación en materia común, acorde con las disposiciones del contrato de mandato. Lo anterior, toda vez que la Ley de Amparo y, generalmente, las señaladas legislaciones de aplicación supletoria no prevén todas las formas legales para que las personas instituyan apoderados, sino que sólo se habilita la actuación del apoderado para determinado acto jurídico y, en ocasiones, se ordena la exhibición de un documento probatorio en el que conste el poder, como es el testimonio notarial correspondiente. Ahora bien, para analizar si el facultamiento cumple con los requisitos referidos, deberá observarse el contenido del documento donde conste el poder otorgado y determinar si es un acto jurídico regular, así como su alcance, de conformidad con el código civil al que las partes decidieron sujetarse; tomando en cuenta que el poder surge ante la manifestación de la voluntad de una persona que pretende facultar a otra para que lleve a cabo determinados actos jurídicos a su nombre, y si el poderdante decide, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, que la representación se efectúe mediante las facultades generales descritas y se ejerzan como lo establece el código sustantivo, entonces debe atenderse a esa manifestación. Por tanto, si el poderdante otorga un poder general judicial en términos del artículo 2207 del Código Civil del Estado de Jalisco, debe corroborarse que quien suscribe la demanda de amparo es abogado o licenciado en Derecho o, en su defecto, que lo hace conjuntamente con alguno de estos profesionales; lo anterior, a menos de que en el mismo instrumento conste que adicionalmente se otorgaron diversas facultades, cuyo ejercicio sea menos restrictivo." De ahí que los argumentos vertidos por el tercero interesado incidentista resulten infundados Finalmente, resulta innecesario abordar el estudio de las diversas constancias que anunció el tercero interesado, porque en nada variaría el sentido de la presente determinación. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se declara infundado el incidente de falta de personalidad promovido por el tercero interesado Francisco Javier Dueñas Pineda, por conducto de su autorizado, en el juicio de amparo en que se actúa, por las razones vertidas en el considerando último del propio fallo. Notifíquese personalmente. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, hoy veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado permitieron la elaboración del engrose; quien actúa y firma con el secretario Guillermo Aguirre Castañeda, que autoriza y además certifica que las promociones que, en su caso, generaron la presente resolución, y la resolución misma, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. LAPT/GAC/sra
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