Flavio Pérez Alvarado

Expediente 752/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
752/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
03/12/2021

Partes del expediente

  • Flavio Pérez Alvarado

Actuaciones

  1. Principal

    I. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja en contra del auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. II. Archivo. Ahora bien, al no existir diligencias pendientes por desahogar, ni acuses pendientes de glosar, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). III. Relevancia documental. Atendiendo al contenido del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. IV. Valoración cuaderno principal. En cumplimento al artículo 21, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el expediente relativo es destruible por haber desechado la demanda; por lo que una vez transcurrido el término que alude el referido acuerdo, procédase a su destrucción, previa acta que se elabore para constancia.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso C) de la Ley de Amparo, notifico por lista a la parte quejosa el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, el cual en lo conducente dice: "... En tales condiciones, la falta de evidencia criptográfica de la firma electrónica del promovente, misma de la cual derivase su nombre, si el certificado es reconocido por la Unidad y si el mismo se encuentra vigente, implica que fue omiso en manifestar su voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional. Así las cosas, respecto de la presentación de tal documento y los diversos razonamientos esgrimidos, se advierte que no se puede dar valor probatorio alguno a la demanda de cuenta por haber sido presentada sin firma electrónica (evidencia criptográfica) del promovente *******. Máxime, que tampoco se advierte la ocurrencia en el caso concreto de algún supuesto en el que pueda prescindirse del requisito de la firma electrónica, en términos de los artículos 15 y 109, de la Ley de Amparo; ya que del escrito de demanda que nos ocupa, no se desprende que el promovente reclame actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; de modo que si la demanda no fue firmada electrónicamente por los antes nombrados, no existe evidencia de la voluntad de quien comparece como tal. Además, no es un acto que afecte la salud del quejoso toda vez que refiere que tiene temor de ser privado de su libertad, ya que agentes de la policía judicial se presentaron en su domicilio con una orden para detenerlo, razón por la cual no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, relativo a actos que importen peligro de privación de la vida. Por consiguiente, los actos tildados de inconstitucionales no se satisfacen alguno de los supuestos contenidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo que haga procedente dispensar de firma el escrito de demanda en términos de lo previsto en la parte final del artículo 109 del mismo ordenamiento. En consecuencia, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, ello implica el no ejercicio de la acción constitucional, como deriva de la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, en el tomo IX, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y dos, página cuatrocientos noventa y cuatro cuyo rubro y contenido son: "PROMOCIONES, FALTA DE FIRMA EN LAS. Las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor, y ante tal omisión dichos escritos no tienen ningún valor, puesto que todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del suscriptor, y en esta forma responsabilizarse el mismo de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar conducentemente." Lo anterior, fue motivo de estudio por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 45/2018, de la cual emanó el criterio jurisprudencial P./J. 8/2019 (10a.), de número 2019715, y de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3 y 108, fracción I, de la Ley de Amparo; lo que procede es desechar la demanda de garantías, por notoriamente improcedente, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. Cobra aplicación la tesis aislada, visible en la página noventa y seis, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Volumen 175-180, sexta parte, de texto y rubro: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa."

  3. Principal

    Notificación personal.

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