Flavio Gibran Toledo Reyes
Expediente 123/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 123/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Flavio Gibran Toledo Reyes
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio 40/2023, firmado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, residente en Pachuca, Hidalgo, mediante el cual remite original del juicio de amparo directo 805/2022, un anexo consistentes en expediente 147/2018 del índice del Tribunal del Arbitraje del Estado de Hidalgo, y copia certificada de ejecutoria dictada el doce de enero del año que transcurre, dictada en los autos del juicio de amparo directo de referencia; resolución de la que de su contenido se advierte que dicho Tribunal declara su legal incompetencia para conocer del amparo promovido por el Ayuntamiento Constitucional de Atitalaquia, Hidalgo, respecto del acto consistente en el proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno, por estimar que surte a favor de un Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, en turno. Acúsese recibo correspondiente y por los motivos que se vierten, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, se avoca al conocimiento del referido juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 35 y 107 de la Ley de Amparo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 123/2023-5, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, fracción IV, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite la demanda de amparo. Lo anterior, porque del análisis integral del escrito de la demanda, así como de la determinación del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, emitida en la ejecutoria de doce de enero de dos mil veintidós, en los autos del juicio de amparo directo 805/2022, se desprende que la parte quejosa reclama como acto destacado el acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintiuno, donde se acordó la promoción que el quejoso presentó el veintinueve de junio del mismo año, en el que revocó asesores, así como el incidente promovido, el cual se determinó que era improcedente en razón de ya existía un laudo en el expediente; lo que hasta este momento podría actualizar la hipótesis de procedencia prevista en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que al momento de resolver el presente asunto sean precisados, en términos del artículo 74, fracción I, del ordenamiento legal invocado en último término. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado respecto al acto reclamado que nos ocupa. PETICIÓN DE INFORMES JUSTIFICADOS Y APERCIBIMIENTOS Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a lo dispuesto en los artículos 26, fracción II, inciso a) y 117, ambos de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, el cual deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, en el cual, la autoridad expondrá las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Precisándole a la indicada autoridad responsable que los autos originales del expediente laboral lo remitió el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito a este Juzgado de Distrito en cumplimiento a la de ejecutoria del doce de enero del año en curso, dictada en el juicio de amparo directo 805/2022. Asimismo, hágasele saber que de no rendir su informe, o bien, de no remitir las constancias en los términos que se le solicitan, este Juzgado de Distrito se encuentra facultado por el artículo 260, fracción II, de la Ley de la Materia Vigente, para imponerle una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, (entendiéndose días unidad de medida y Actualización conforme a la reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis), al resolver el fondo del asunto. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Por ello, se apercibe a la autoridad responsable aludida que dicha multa le será aplicada en caso de no rendir el informe solicitado precisamente dentro del plazo que le fue concedido, pues al hacerlo en forma extemporánea retardaría indebidamente la celebración de la audiencia constitucional, cuya fecha fue fijada considerando la anticipación con que el informe debe ser conocido por la parte quejosa. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de garantías deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. Hágase saber a la parte quejosa, así como a las autoridades responsables, que acorde con lo previsto por el artículo 64 de la Ley de la Materia, están obligadas a manifestar cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento, apercibidos que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trecientos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, (entendiéndose días unidad de medida y Actualización conforme a la reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis), según las circunstancias del caso. APERCIBIMIENTO A LAS PARTES Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo Vigente, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79 de la Ley de Amparo Vigente); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, manifiesta su imposibilidad de notificar a alguna de las autoridades responsables debido a su inexistencia, o bien, que alguna de las diversas autoridades informe que no existe otra de las autoridades, o en caso que el Servicio Postal Mexicano devuelva el sobre del oficio de transcripción de este proveído por inexistencia de la autoridad destinataria, sin mayor trámite, se les tendrá como inexistentes, suspendiéndose toda comunicación procesal con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Por otra parte, dado el volumen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, consistentes en expediente 147/2018 y su acumulado 215/2019, y para un mejor manejo del presente cuaderno se ordena abrir UN ANEXO al juicio de derechos en que se actúa, que contenga dichas constancias, respetando el entresello y folio original que les corresponde. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que al rendir sus informes justificados expresando un hecho falso o negando la verdad de los hechos, es constitutivo de delito en términos del artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, y se sanciona con pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. En otro sentido, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, conforme a lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. En el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. TERCERO INTERESADO Se tiene como tercera interesada a María de los Ángeles Sánchez Álvarez, por lo que se comisiona al actuario adscrito a este juzgado, a fin de que proceda al notificarle el presente proveído, requiriéndola para que en el término de tres días, contados a partir del día siguiente al de su legal notificación, señale domicilio en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo así, sin necesidad de posterior acuerdo, las ulteriores se le harán por lista que se fije en los Estrados de este Tribunal Federal, de conformidad a lo establecido por el artículo 29 de la Ley de Amparo Vigente, con el objeto de que si lo estima conveniente se apersone al presente juicio y haga valer sus derechos como corresponda; además, le haga saber el día y hora fijados para la celebración de la audiencia constitucional. Hágase del conocimiento de la tercero interesada que el domicilio de este Juzgado Federal es el ubicado en Boulevard Luís Donaldo Colosio, 1209, edificio "B", planta baja, fraccionamiento Colosio I, Reserva Villa Aquiles Serdán, Pachuca, Hidalgo, Código Postal 42084. NOTIFICACIÓN A LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA ADSCRIPCIÓN. Con fundamento en la fracción IV del artículo 5o. y 124 de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la participación que por ley le corresponde, cuya notificación deberá realizarse por lista que se fije en este juzgado federal, en términos del artículo 26, fracción III, del ordenamiento legal invocado; poniendo a su disposición copia de la demanda de amparo y del presente auto. APERCIBIMIENTO A LAS PARTES Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 y 251 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este juzgado federal y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, apercibidos que en caso de ser omisos, se les impondrá una multa de treinta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, manifiesta su imposibilidad de notificar a alguna de las autoridades responsables debido a su inexistencia, o bien, que alguna de las diversas autoridades informe que no existe otra de las autoridades, o en caso que el Servicio Postal Mexicano devuelva el sobre del oficio de transcripción de este proveído por inexistencia de la autoridad destinataria, sin mayor trámite, se les tendrá como inexistentes, suspendiéndose toda comunicación procesal con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31 del mismo ordenamiento legal, infórmese a las autoridades responsables que las notificaciones en el presente juicio de amparo, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, el acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, se les notificarán por lista; salvo aquellas que se estime deban efectuarse en forma personal, las cuales se harán por medio de oficio.1 DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda; y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que hace mención, en virtud de no tener registrada su cédula profesional en el Sistema de Consulta del Consejo de la Judicatura Federal; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acrediten lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlo como autorizados en términos amplios. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. NOTIFICACIONES DE POSIBLES DIFERIMIENTOS POR LISTA Se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluida a la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de la Materia. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.176/2012 (10ª) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia Común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO En otro orden, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General, requiérase a las partes a efecto de que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que se establezcan comunicaciones no procesales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Por otro lado, SE INVITA A LAS PARTES de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente señalado PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que deberán solicitar a este Juzgado de Distrito la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de tres de febrero de dos mil veintidós, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ******************** para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de demanda signado por *** en su carácter de apoderado legal del quejoso *** mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 123/2022-4, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DETERMINACIÓN JUDICIAL Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare una causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el término "manifiesto" debe entenderse como lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. El criterio que informa, se contiene en la jurisprudencia P./J. 128/2001, con registro número 188643, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 803, que dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de dos de diciembre de dos mil veintiuno, en el que la responsable señaló fecha y hora para el desahogo de una prueba confesional a cargo del quejoso, quien no acudió a su desahogo debido a que no le fue notificado personalmente, según afirma en su demanda. Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Del análisis sistemático de los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando se promueva en contra de actos en juicio que no sean de imposible reparación. Asimismo, se observa que los actos de imposible reparación son los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se combaten actos en el juicio, se deben tomar en cuenta dos criterios, a saber: I. Que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate. II. Que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. En caso de no reunirse alguno de esos criterios, debe estimarse improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. El criterio que informa, se contiene en la tesis P. LVII/2004, con registro número 180415, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Octubre de 2004, página 9, que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Conforme a lo anterior, el acto reclamado en estudio, por su naturaleza, no tiene el carácter de irreparable, ya que constituye una actuación procesal que no tiene efectos materiales sobre sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al existir la posibilidad legal de que obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales que ha generado la actuación de que se duele desaparecerían, en virtud que sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal que inciden en la conducta procesal que ha tomado en el juicio natural con vista a obtener un fallo favorable. En congruencia con lo anterior, si en el caso se reclama el proveído de dos de diciembre de dos mil dos veintiuno, en el que la responsable señaló fecha y hora para el desahogo de una prueba confesional a cargo del quejoso. Por tanto, es claro que dicho acto, atendiendo a su origen y características esenciales, no afecta de manera directa, cierta ni inmediata, alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues aun cuando éste refiere que se infringen en su perjuicio los derechos fundamentales de un debido proceso y una adecuada defensa; lo cierto es, que ante la naturaleza del acto reclamado, lo único que podría lesionar -sin conceder-, serían las normas que rigen en el ofrecimiento, admisión y preparación de pruebas. Por lo que, la temática legal concerniente al ofrecimiento, admisión y preparación de pruebas, constituyen propiamente derechos de índole adjetiva o procesal, en tanto que tienden a salvaguardar el correcto desarrollo de procedimiento natural, de donde se obtiene que su posible conculcación con motivo del acto reclamado, no lesiona alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa, como son, la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros de los consagrados en la Carta Magna; ello, si se pondera que el ofrecimiento, admisión y preparación de pruebas no necesariamente implica que vaya ser desfavorable a los intereses del ahora disconforme, pues pudiera ser que la autoridad responsable al decidir la contienda de origen, dicte una sentencia favorable a sus pretensiones; lo que, de ocurrir, haría desaparecer la transgresión procesal aquí alegada, sin dejar secuela alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa, porque de esa manera, las consecuencias del acto reclamado no habrían llegado a trascender a sus derechos sustantivos; de ahí que, el acto de autoridad que en el caso particular se combate, no es de aquéllos que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación. Apoya lo anterior por analogía la jurisprudencia 3a20/904, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es: "PRUEBAS, SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO.- Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueve contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de labores del presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90, Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis". En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con la diversa fracción V, del numeral 107, y 172, fracción III, todas de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y en términos del artículo 12 de la misma Ley únicamente a ***, en virtud de que si se encontró registro de su célula profesional en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura, tal como se aprecia de la certificación de cuenta y a las demás personas que menciona en términos restringidos del citado numeral. Téngasele proporcionando una cuenta de correo electrónico y número telefónico el cual se tiene como formas especiales y expeditas de contacto, a través de las cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Finalmente, se autoriza la consulta del presente expediente vía electrónica; por tanto, se encomienda al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que dé de alta a los usuarios "RPERDOMO" "JRroa", "Brendaceron" y "JuliaLopezV" en el expediente electrónico del juicio en que se actúa, para dicho efecto o anterior para los efectos legales a que haya lugar. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. Notifíquese personalmente.
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