Flavio Enrique Flores Camacho
Expediente 837/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 837/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Flavio Enrique Flores Camacho
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del dieciocho de diciembre de dos mil veinte, (plazo interrumpido con suspensión de plazos originados con motivo de la contingencia sanitaria), continuando del uno al cuatro de marzo de dos mil veintiuno, (termino computado tomando en consideración la notificación del acuerdo de dieciocho de septiembre del año en curso, relativo a la reactivación de términos, conforme con lo previsto en el artículo 20 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19); transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa recurriera el proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que haya hecho uso del recurso de queja a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), en relación con el 98 de la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. De conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se tuvo por no presentada la demanda, no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que el cuaderno principal es susceptible de destrucción y que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el numeral 21 del Acuerdo en comento, dentro de los noventa días siguientes, se ordena llevar a cabo la depuración de este expediente, y solicitar la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.
- Principal
Vista la Circular SECNO/8/2021 suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, cabe destacar que la fracción I, punto 2 de dicha Circular establece que una vez transcurrido el plazo del uno al nueve de febrero de dos mil veintiuno, se reanudarán los plazos y términos procesales conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, en posterior decisión la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó ampliar el plazo de que se trata, del diez al quince de febrero de dos mil veintiuno, según lo corrobora la Circular SECNO/9/2021, en lo que corresponde a la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato, Morelos, Guerrero, Querétaro, Nayarit, Hidalgo y Colima; y, finalmente, la circular SECNO/10/2021, estableció como fecha de inicio para reanudar los plazos, a partir del dieciocho de febrero del propio mes y año, para las entidades federativas enlistadas, exceptuando a los Estados de Guanajuato y Guerrero. En consecuencia, continúese con la tramitación del presente juicio de amparo en la etapa en que se encuentra, esto es, se levanta la suspensión de plazos y términos, la cual operará a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación por lista por lo que las partes estarán en aptitud de promover lo que en derecho corresponda, de preferencia y de estar a su alcance mediante el esquema de juicio en línea, en el entendido de que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Ahora bien, considerando que el artículo 2 del citado Acuerdo General levantó la suspensión con precisiones que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal, aunado a que se trata de una suspensión de términos y plazos subsecuente, esto es, que no es la primera suspensión durante la contingencia sanitaria y que constituye un hecho notorio que a la fecha las labores jurisdiccionales han dejado de encontrarse suspendidas, así como la obligación de las partes de revisar en forma periódica la lista a que hace referencia el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena hacer de su conocimiento la reanudación que fue decretada, en términos del numeral 21 del propio Acuerdo General. Consecuentemente, y con apoyo además en los artículos 2, fracción II, 5 fracciones I y II, y 6, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes la reanudación del presente expediente, mediante la publicación en lista a que hace referencia el numeral transcrito. Sin que escape a la vista la tesis aislada de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, tal criterio establece que debe notificarse personalmente la resolución que ordena reanudar un procedimiento que se encuentra suspendido y no cuando todos los procedimientos dentro del órgano jurisdiccional se encontraban suspendidos con motivo de una contingencia sanitaria y se levanta la suspensión de plazos y términos al mismo tiempo de manera notoria. Máxime que, como se explicó, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal levantó la suspensión con precisiones que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. Además, dada la amplia difusión en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal de las Circulares y Acuerdos relacionados con los esquemas de contingencia, constituye un hecho notorio para los justiciables la fecha a partir de la cual las labores jurisdiccionales en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en particular del Noveno Circuito, han dejado de encontrarse suspendidas, lo que impacta en la obligación de revisar en forma periódica la lista a que hace referencia el artículo 29 de la Ley de Amparo, que se publica físicamente y en internet. Notifíquese.
- Principal
Visto el contenido de la certificación que antecede, de la que aparece que el término de cinco días concedido a la parte quejosa para que diera cumplimiento al requerimiento que se contiene en proveído de doce de noviembre de dos mil veinte, transcurrió del veintiséis de noviembre al dos de diciembre de dos mil veinte, sin que lo haya hecho no obstante estar debidamente notificada del referido auto, según se desprende de la constancia de notificación respectiva. En tal virtud, y toda vez que conforme al numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, concluidos los términos fijados a las partes, se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo a la parte quejosa el apercibimiento contenido en el acuerdo de doce de marzo del año en curso, y en consecuencia, se tiene por no presentada la demanda de amparo con la que se formó el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
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Téngase recibido del Asesor Jurídico Federal Roberto Gómez Maravilla, autorizado para oír y recibir notificaciones, de la Asesora Jurídica Federal Mayra Anel Rincón Arvizu, representante especial del tercero interesado Humberto *** (incapaz), mediante el cual en atención al requerimiento que se contiene en el auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, manifiesta que la citada representante especial carece de facultades para poder permitir el acceso al inmueble motivo de la prueba pericial ordenada en autos, así como proporcionar todas las facilidades necesarias con el propósito de que se lleven a cabo los trabajo técnicos correspondientes en relación a la prueba pericial ofertada en autos, solicitando se requiera para tal efecto al incapaz Humberto ***, por conducto de sus representantes o curadores...se tiene al promovente haciendo las manifestaciones que se plasman en el ocurso de cuenta, agregándose al presente expediente para los efectos legales correspondientes el ocurso de mérito. Sin perjuicio de lo anterior, con apoyo en los numerales antes invocados, requiérase al Juez Tercero de lo Familiar en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación de este acuerdo, informe a este Juzgado de Distrito, el nombre y domicilio de la persona que actualmente cuida provisionalmente del incapaz Humberto ***, así como de sus bienes, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 310 del Código Familiar del Estado, la tutela es un cargo de interés público, por lo que es necesario que al no contar con la protesta de un tutor legítimo que cuide solemnemente del incapaz, el Estado se encuentra obligado a realizar la designación de un tutor provisional, quien se encargará de alimentar a la persona sobre la que se ejerza la tutela, así como a destinar de preferencia los ingresos de la persona incapaz a la curación de sus enfermedades; a formar inventario solemne y circunstanciado de cuanto constituya el patrimonio de la persona sobre quien se ejerza la tutela; así como a realizar en general todos los actos tendentes a administrar el caudal de la persona incapaz. Con el apercibimiento legal que en caso contrario, se le impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigente...
Quedan 2 actuaciones en este expediente
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