Flavio Delgadillo Jaime
Expediente 1120/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1120/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/07/2019
Partes del expediente
- Flavio Delgadillo Jaime
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya presentado promoción encaminada a impugnar el auto de diez de junio de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Asimismo, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que en sesión de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la readscripción del Juez de Distrito Rubén Olvera Arreola a este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de junio de este año, en sustitución del Juez Luis Ávalos García, lo que se hizo del conocimiento mediante oficio SEADS/689/2019, y se informa para los efectos legales conducentes.
- Principal
Visto el oficio de cuenta suscrito por el Director de Amparos Contra Leyes "C" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que devuelve el oficio 12218/2019 dirigido al Presidente de la República, toda vez que a la misma no le corresponde la representación de la citada autoridad; por tanto, reexpídase por vía de mensajería rápida (estafeta) el citado comunicado dirigiéndolo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al domicilio ubicado en mención.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte QUEJOSA NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el 10/junio/2019; se le notifica por medio de la presente lista dicho auto, en el que se resolvió lo siguiente: Agréguese a los autos el informe justificado de la Secretaria General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en los términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; y de conformidad con el numeral 119 del mismo ordenamiento, téngase por ofrecida la prueba documental que anexa, la que se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia naturaleza. De la lectura integral de la demanda se revela como acto reclamado: ? La omisión de emitir laudo en el juicio laboral 1038/2018-E2. Ahora bien, en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, es preciso enfatizar que no todo lo que deja de hacerse constituye una omisión, sino que, su existencia depende de la capacidad de realizar la acción, la oportunidad de actuar, y la existencia de una razón para proceder, por lo general, al tenor de una norma que permita esperar esa actuación. Es así, porque la certeza de una omisión lleva a adscribir responsabilidad a la autoridad obligada en el área del Derecho, dentro de un entorno causal, por lo que su existencia implica atribuir el deber jurídico correspondiente, en tanto la inexistencia de la abstención, no trae como consecuencia la vinculación de responsabilidad. Entonces, una actitud omisa se sujeta a la presencia del deber legal correlativo a cargo de la autoridad, es decir, su certeza se determina en función de las obligaciones normativas que a ésta corresponden, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; pero no sólo por el hecho de incurrir en un no hacer. De las constancias exhibidas por la autoridad responsable se pone de manifiesto que en el juicio de origen aún no se ha cerrado el periodo de instrucción, pues de las actuaciones remitidas por ésta en su informe de ley se aprecia que aún quedan pruebas pendientes por desahogar dentro del sumario de origen, constancia que corrobora el dicho del Tribunal responsable al aducir en su informe que el juicio laboral 1038/2018-E2 de su índice aún no se encuentra en la etapa procesal correspondiente para proceder al dictado del laudo. Entonces, como quedó demostrado en el párrafo que antecede, no se encuentran colmados los presupuestos establecidos en los artículos 884 al 890 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales disponen que la autoridad laboral debe emitir el laudo, ciñéndose a los siguientes términos: a) Dos días después de concluir el desahogo de pruebas para que se presenten alegatos; b) Tres días a partir de que transcurra el plazo de alegatos y se certifique la inexistencia de pruebas pendientes por desahogar, para que las partes expresen su conformidad con dicha certificación y el auxiliar, de oficio, declare cerrada la instrucción; c) Diez días a partir de que se cierre la instrucción para emitir el proyecto de resolución en forma de laudo; d) Cinco días a partir de que los integrantes reciban la copia del proyecto de resolución en forma de laudo, para que soliciten que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzguen conveniente para el esclarecimiento de la verdad; y, e) Diez días a partir de que hayan trascurrido los cinco días referidos en el inciso que antecede, para que se lleve a cabo la discusión y votación del proyecto de resolución en forma de laudo. Así, es inconcuso que a la fecha de presentación de la demanda -veintiuno de mayo de dos mil diecinueve- no existía un deber jurídico a cargo del Tribunal responsable respecto a emitir el proyecto de laudo en el juicio laboral 1038/2018-E2, porque el juicio natural no se encuentra en la etapa procesal correspondiente para ello, al no haberse desahogado la totalidad de las pruebas; es decir, estar pendiente del desahogo de la prueba confesional admitida en autos, ni haber transcurrido los plazos destacados en supra líneas, elemento que constituye un presupuesto de la acción laboral, sin el cual existe imposibilidad para que la autoridad emita el laudo correspondiente. Por tanto, si a la fecha de iniciación del juicio no se encontraban colmados los requerimientos necesarios para su solución, no puede considerarse que la inactividad del funcionario constituya en una omisión impugnable en esta sede constitucional, ni pueda derivar responsabilidad alguna de ese no hacer. En el entendido que, la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo. De otra manera, el juicio de amparo se ocuparía de actos u omisiones posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del asunto. Corolario de lo expuesto, con fundamento en el 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA el juicio de amparo. En la inteligencia de que el resultado del fallo que se llegara a dictar en este juicio sería en el mismo sentido; por tanto, en atención al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional, a nada práctico conduciría esperar a la celebración de la audiencia constitucional para dictar el fallo correspondiente. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, esto es, las NUEVE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.
- Principal
Visto el oficio del Secretario General del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, a través del cual en cumplimiento al requerimiento de quince de mayo del año en curso informa que requirió al Juzgado de Primera Instancia en materia Civil del Vigésimo Noveno Partido Judicial con residencia en Cihuatlán, Jalisco, para que de inmediato cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante demostrando haber cumplido dicha requisa.
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