Flavio Aguirre Covarrubias
Expediente 354/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. 15 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 354/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 05/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Flavio Aguirre Covarrubias
- José Manuel Ruiz Lira
- Rosa Isela Martínez González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado que guardan los autos del presente asunto, se desprende que mediante acuerdo de seis de junio de dos mil veintitrés, el mismo se declaró que causó estado para todos los efectos legales a que hubiera lugar, remitiéndole a la autoridad responsable testimonio de la ejecutoria, voto particular que formuló el magistrado Pedro Guillermo Siller González Pico y los autos de origen, archívese el expediente y ES CONSERVABLE.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que transcurrió el término legal, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Primer Tribunal Colegiado, en la cual se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, con testimonio de la ejecutoria, remítanse a la autoridad responsable el voto particular que formuló el magistrado Pedro Guillermo Siller González Pico y los autos de origen; háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control (electrónicos).
- Queja
Agréguese a sus autos el testimonio del acuerdo de doce de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el recurso de queja 353/2022, al que se adjunta copia certificada por la secretaria de acuerdos de este Tribunal, del oficio 11333/2023, firmado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, mediante el cual acusa recibo del similar 4416/2023, del índice de este tribunal, por el que se le remitió testimonio de la ejecutoria dictada en el presente asunto y los autos de origen. Visto; el estado que guardan los presentes autos y que mediante ejecutoria de veinte de abril de dos mil veintitrés, dictada en este asunto se declaró infundado el recurso de queja interpuesto, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y electrónico, respectivamente.ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
- Juicio de Amparo Directo
ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, en contra del acto atribuido al entonces Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito, actuando como Tribunal de Alzada en el Sistema Penal Acusatorio, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, consistente en la resolución de veinte de mayo de dos mil veintidós dictada en el toca penal *** de su índice, derivado de la causa penal ***. VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO PEDRO GUILLERMO SILLER GONZÁLEZ PICO EN EL AMPARO DIRECTO PENAL 354/2022. Con el debido respeto disiento de la opinión de mis compañeros Magistrados al concluir que por derivar el caso de un procedimiento abreviado, ello impide analizar la subsunción de delitos planteada por el quejoso. Lo anterior, porque no advierto que con ello se esté cuestionando la responsabilidad del acusado, ni la existencia del delito a partir de los datos de prueba recabados durante la investigación; temas que ciertamente no pueden ser revisables en la apelación de donde deriva la sentencia reclamada, y por ende en el amparo, en los términos de la jurisprudencia 1a./J. 34/2018 (10a.) que se cita, de rubro: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. CUESTIONES QUE PUEDEN SER REVISABLES EN LA APELACIÓN INTERPUESTA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DERIVADA DE AQUÉL." Y es que para determinar si opera la subsunción, esto es, la absorción de una conducta penal en otra, necesariamente deben existir ambos delitos. En el caso, el de posesión de cartuchos y el diverso de posesión de cargadores. Luego, las cuestiones mencionadas, quedan fuera de este estudio. Por ende, es un tema que sí era analizable, en los términos de la propia jurisprudencia sobre la base de si la pena que se impuso, resultaba o no contraria a lo que dispone la ley. Porque con la subsunción -de darse-, ni los delitos y menos el hecho que les dio causa se desconocen; tan es así que el hecho y la conducta se van a seguir sancionando; mas, en respeto al principio non bis in ídem, previsto en el artículo 23 Constitucional, no podrán imponerse ambas penas, solo la del delito que absorbió al otro. En efecto, el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente dispone "Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia." Precepto que consagra una garantía de seguridad jurídica, de acuerdo con la cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Garantía que como se sabe en el ámbito procesal, trasciende como principio de cosa juzgada, a manera de que ninguna persona puede ser juzgada más de una vez por el mismo delito; por lo que se encuentra proscrita la multiplicidad de juzgamientos y, por consecuencia, de penas por el mismo hecho (un solo juzgamiento, una sola sentencia por un solo delito, así como una sola pena para él). Sin embargo, dicho principio también prohíbe que pueda imponerse a una misma conducta una doble penalidad, es decir, que se recalifique, con lo que se evita que se sancione penalmente más de una vez. Es donde advierto que encuentra cabida la figura de la subsunción. Por lo tanto su estudio, en respeto al artículo 23 Constitucional -de observancia estrictamente obligatoria-, en relación con el 21, que consagra la facultad de la persona juzgadora para imponer las penas, constituía un deber tanto para el juez de control, como para la propia Sala. Por lo mismo era tema analizable en el amparo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 158/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto: "CONCURSO APARENTE DE TIPOS PENALES. EL ESTUDIO SOBRE SU OPERATIVIDAD, PUEDE REALIZARSE TANTO EN EL AUTO DE PROCESAMIENTO COMO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. En estricto acatamiento a los principios de exacta aplicación de la ley en materia penal y de non bis in idem, previstos en los artículos 14 y 23 de la Constitución Federal, es cuando se dicta el auto de procesamiento, el primer momento en el que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de analizar lo relativo a la operatividad del concurso aparente de tipos penales, ya que ello se encuentra supeditado a los datos o pruebas con las que cuenta para determinar si los hechos que se le atribuyen al inculpado son subsumibles o no en uno de los varios supuestos de hechos típicos penales. En contrapartida, el órgano jurisdiccional al no contar con esa inicial convicción que le generan los diversos elementos de prueba, encontraría un impedimento jurídico y fáctico para poder pronunciarse al respecto, resultando inaceptable obligarlo a que lo realice arbitraria o intuitivamente, con independencia de que, si en el auto de procesamiento en forma provisional no estuvo en condiciones de hacerlo, posteriormente pueda llevar a cabo el estudio de mérito. Por otra parte, exista o no el estudio sobre la operatividad del concurso aparente de tipos en el auto de procesamiento, al momento de dictarse la sentencia es cuando el juzgador en forma definitiva debe resolver al respecto, es decir, dar sustantividad propia a los hechos, precisamente porque el resultado al que se arribe habrá de trascender en las sanciones que, como consecuencia jurídica del delito, serán impuestas al acusado. En el caso de que se haya realizado el estudio en el auto de procesamiento, al dictarse la sentencia, las pruebas aportadas pueden conducir a la misma conclusión, o bien, a variar el criterio que se sostuvo inicialmente, sin que pueda sufrir variación alguna la base fáctica de la acusación." De ahí que concluyo: el concepto de violación relacionado con la subsunción de delitos ameritaba una respuesta de fondo por este tribunal colegiado, por ubicarse dentro de los supuestos de excepción, que de manera genérica, determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al sostener con relación al procedimiento abreviado que: ". sólo podrá ser objeto de cuestionamiento la violación al cumplimiento de los presupuestos jurídicos fundamentales para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio; lo cual comprende el análisis la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados por el Ministerio Público en la acusación. Así como, de ser el caso, la imposición de penas que sean contrarias a la ley, distintas o mayores a las solicitadas por el Ministerio Público y aceptadas por el acusado, además la fijación del monto de la reparación del daño." (El énfasis es propio). Lo anterior partiendo de una interpretación que además resulta conforme al principio aludido, que se ve reforzada por el principio pro persona, inmerso en el artículo 1º Constitucional. Al respecto cito la jurisprudencia 1a./J. 37/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la supremacía normativa de la Constitución no se manifiesta sólo en su aptitud de servir como parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales; de forma que, en caso de que existan varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución. En otras palabras, esa supremacía intrínseca no sólo opera en el momento de la creación de las normas, cuyo contenido ha de ser compatible con la Constitución en el momento de su aprobación, sino que se prolonga, ahora como parámetro interpretativo, a la fase de aplicación de esas normas. A su eficacia normativa directa se añade su eficacia como marco de referencia o criterio dominante en la interpretación de las restantes normas. Este principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento con la Constitución, reiteradamente utilizado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una consecuencia elemental de la concepción del ordenamiento como una estructura coherente, como una unidad o contexto. Es importante advertir que esta regla interpretativa opera con carácter previo al juicio de invalidez. Es decir, que antes de considerar a una norma jurídica como constitucionalmente inválida, es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución y que le permita, por tanto, subsistir dentro del ordenamiento; de manera que sólo en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la norma ordinaria y la Constitución, procedería declararla inconstitucional. En esta lógica, el intérprete debe evitar en la medida de lo posible ese desenlace e interpretar las normas de tal modo que la contradicción no se produzca y la norma pueda salvarse. Así el juez ha de procurar, siempre que sea posible, huir del vacío que se produce cuando se niega validez a una norma y, en el caso concreto, de ser posibles varias interpretaciones, debe preferirse aquella que salve la aparente contradicción. Ahora bien la interpretación de las normas conforme a la Constitución se ha fundamentado tradicionalmente en el principio de conservación de ley, que se asienta a su vez en el principio de seguridad jurídica y en la legitimidad democrática del legislador. En el caso de la ley, fruto de la voluntad de los representantes democráticamente elegidos, el principio general de conservación de las normas se ve reforzado por una más intensa presunción de validez. Los tribunales, en el marco de sus competencias, sólo pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando no resulte posible una interpretación conforme con la Constitución. En cualquier caso, las normas son válidas mientras un tribunal no diga lo contrario. Asimismo, hoy en día, el principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, se ve reforzado por el principio pro persona, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios en los cuales, dicha interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales de las personas frente al vacío legislativo que puede provocar una declaración de inconstitucionalidad de la norma." Son estas las razones por las cuales, me aparto de la decisión de la mayoría. ATENTAMENTE MAGISTRADO PEDRO GUILLERMO SILLER GONZALEZ PICO.
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