Flavio Abdiel López Marroquin
Expediente 210/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 20 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 210/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 20/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Flavio Abdiel López Marroquin
Actuaciones
- Principal
(aviso) notificación por lista a la quejosa.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinte de abril de dos mil veintidós. RADICACIÓNVista la demanda de amparo promovida por FLAVIO ABDIEL LÓPEZ MARROQUÍN, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de Papantla de Olarte, Veracruz y otra autoridad, por violación a los artículos 1, 8, 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 210/2022, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, en principio, es menester tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierte es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Son orientadoras las consideraciones sustentadas en la jurisprudencia P./J. 128/2001. En el caso, de oficio, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. Del citado precepto, se puede advertir que el motivo legal de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales previstos en la ley ordinaria, y que sean los idóneos para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual debió agotarse previamente por la accionante del amparo. En ese orden de ideas, para que se actualice tal causal de improcedencia, se desprenden las siguientes hipótesis: a) Que se trate de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. b) Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. c) Igualmente, no existe obligación de agotar dichos recursos, cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. d) Que el acto reclamado no se trate de una orden de aprehensión, reaprehensión, de vinculación a proceso, que niegue la libertad provisional bajo caución o que se decida sobre un incidente de desvanecimiento de datos, arresto, o cualquiera que afecta la libertad personal del quejoso, siempre que se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. e) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando el juicio de amparo sea promovido por persona extraña al juicio del que derivan los actos reclamados. f) Tampoco existe obligación de agotar el recurso cuando esté sujeto a una interpretación adicional de la Ley. Por su parte, del escrito de demanda se advierte que el impetrante del amparo es parte actora en el expediente 129/2022 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Papantla de Olarte, Veracruz, y el acto que por esta vía combate es: "De la autoridad denominada como ORDENADORA: a) Reclamo la NOTIFICACIÓN derivada del AUTO DICTADO, con fecha 24 de marzo del presente año en curso, dentro del expediente número 129/2022 del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, y notificado en el domicilio del suscrito quejoso. b) La aplicación del principio de congruencia y exhaustividad en base al artículo 76 y 77 de la Ley de amparo, dentro del procedimiento que nos ocupa el expediente número 129/2022 del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, en relación al auto de fecha 24 de marzo del presente año en curso, por lo que violentan un derecho fundamental el suscrito consagrado en la Constitución Federal en su artículo 1, 2, 8, 14 y 16 por lo que tengo el derecho al respeto de mi persona, para la aplicación del derecho mediante procedimiento judicial en base a lo estipulado en la Ley. 2.- De la autoridad denominada como EJECUTORA: a) Reclamo la notificación de con (sic) fecha 24 de marzo del presente año en curso, dentro del expediente número 129/2022, y notificado EN EL DOMICILIO DEL SUSCRITO quejoso con fecha seis de abril del presente año, por parte del actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito de Papantla, Veracruz, Lic. José Luis Barón García, por lo que violentan un derecho fundamental el suscrito consagrado en la Constitución Federal en su artículo 1, 2, 14 y 16 por lo que tengo el derecho al respeto de mis posesiones y bienes.". (Lo resaltado es propio). En tanto, en el numeral tres del capítulo de antecedentes, precisó: "3.- El suscrito quejoso, he sido objeto de procedimientos diversos como consecuencia de la guarda y custodia de mi menor hijo de iniciales E.L.L, toda vez dentro del expediente número 129/2022, solicito como prestación principal la guarda y custodia de menor hijo, como se comprobará en el momento procesal oportuno, toda vez que desde el año 2018, la madre de mi menor hijo, dejó bajo mi cuidado, por motivos que en ese momento desconocía, pero se da el caso de que ya había demandado al suscrito una pensión alimenticia para mi menor hijo y que cobraba cada quincena misma que se radico bajo el expediente número 1159/2015, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, y la cual el suscrito respetó hasta el año 2021, en donde solicito la cancelación de dicha pensión alimenticia toda vez que el menor ya tenía dos años viviendo con el suscrito quejoso, y me hago cargo de todas y cada una de sus necesidades alimentarias de mi menor hijo, y ella seguía cobrando la pensión sin devolverla al suscrito, y a raíz de ello, se ha dedicado solo a oponerse a que se decrete legalmente la estadía de mi menor hijo, así posteriormente se han generado diversos expedientes, pero quiero hacer del conocimiento su Señoría, que he sido objeto de violaciones procedimentales al omitir tener una congruencia y exhaustividad del procedimiento en cuanto a mis prestaciones que demando en mi escrito inicial de demanda radicado bajo el número 129/2022 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Papantla, Veracruz, toda vez que desde el inicio de mi procedimiento sin tener personalidad alguna se ha permitido a la parte contraria unas manifestaciones fuera de lugar, siendo el juez conocedor parte importante para poder llevar un procedimiento conforme a derecho corresponda, ahora bien, como lo he manifestado con anterioridad, sin apercibimiento alguno da entrada a las manifestaciones sin que tenga personalidad reconocida, siendo totalmente violatorio al procedimiento que el suscrito ha pretendido hacer valer, y así mismo al llevar a cabo también una notificación que se señala de manera personal al suscrito dentro del auto de fecha 24 de marzo del presente año, sin que haya sido de manera verídica dicha notificación, y al prestarse a dicha acción, se encuentran violentando flagrantemente los derechos que el suscrito está velando junto a mi menor hijo, toda vez que pese a la insistencia de llevar un procedimiento legal que donde se lleve a cabo la valoración de las pruebas necesarias, y previo desarrollo del mismo se declare mediante sentencia firme, el derecho que corresponda. (.)". (Lo resaltado es propio). De las transcripciones que preceden, se desprende que el acto reclamado es notificación del acuerdo de veinticuatro de marzo del año en curso, dentro del expediente 129/2022 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Papantla de Olarte, Veracruz, promovido por el propio impetrante del amparo. Sin embargo, debido a que en el juicio de origen aún no se dicta sentencia con la que se concluya el asunto -pues incluso en sus antecedentes que narró bajo protesta de decir verdad-, el quejoso hace hincapié de que es su deseo que se lleva a cabo un procedimiento legal con una debida valoración de pruebas a fin de que se dicte sentencia firme; dicha circunstancia vuelve procedente la tramitación del incidente de nulidad de notificaciones previo a la acción constitucional, y si no se agota, no se satisface el principio de definitividad que determina la procedencia del juicio de amparo. Por tanto, es que se estima operante la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado puede ser impugnado a través del incidente de nulidad de notificaciones a que se refiere el artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles de Veracruz. "Artículo 90. El incidente de nulidad que se promueva por defecto en las notificaciones, se substanciará ante el mismo juez o magistrado que conozca del negocio. Si la parte contraria estuviere conforme, se declarará desde luego la nulidad de lo actuado desde la notificación hecha indebidamente. Si no estuviere conforme, se convocará a una audiencia que tendrá verificativo a más tardar dentro de cinco días, en la que los interesados pueden presentar las pruebas que tuvieren. En la misma audiencia se resolverá lo que procediere en justicia. En el caso de que proceda la nulidad, se impondrá al responsable una multa equivalente, como máximo, a diez días de salario que devengue el servidor público y se le condenará al pago de los gastos y costas." Asimismo, cabe traer a colación el numeral 55 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que establece: "Artículo 55. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo V del Título Segundo, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviere legítimamente hecha. La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente en que haya intervenido el interesado en solicitar la nulidad, pues de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho; con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. La tramitación de los incidentes de nulidad no suspenderá el curso de los juicios. La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente en que haya intervenido el interesado en solicitar la nulidad, pues de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho; con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. La tramitación de los incidentes de nulidad no suspenderá el curso de los juicios. La tramitación de los incidentes de nulidad no suspenderá el curso de los juicios." De los citados preceptos se observa que las partes en un asunto de naturaleza civil pueden interponer el incidente de nulidad por defecto en las notificaciones, con el fin de declarar la nulidad de lo actuado desde la notificación hecha indebidamente. En el caso, el promovente arguye que: "El suscrito quejoso, bajo protesta de decir verdad manifiesto que tengo mi domicilio ubicado en el callejón Cuauhtémoc s/n del municipio de Coyutla, Veracruz, en donde he radicado todo el tiempo de vida (.), pero se da el caso que el día miércoles seis de abril del presente año, como todos los días que el suscrito labora tuve actividad escolar, en la institución, hasta las seis de la tarde, hora en la que me desocupe y me dirigí hacia mi domicilio ya mencionado anteriormente, y al llegar aproximadamente después de más de una hora de traslado de mi centro de trabajo a mi domicilio me percato de que se encuentra en las inmediaciones de mi casa junto al portón, un papel tirado, el cual al revisar me percato de que aparece a mi nombre y la leyenda al final de documento "LO QUE HAGO DE SU CONOCIMIENTO A EFECTO DE QUE LE SIRVA DE NOTIFICACIÓN EN FORMA A LAS 16:40 HORAS DEL DÍA DE SU FECHA, LO ANTERIOR EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO. POR LOS ARTÍCULOS 53, 75 Y 79 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO, LE DEJO EL PRESENTE CON USTED MISMO, POR SI HABERLO ENCONTRADO." (Lo resaltado es propio). Máxime que, es parte actora en el expediente 129/2022, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Papantla de Olarte, Veracruz. Ahora bien, de las manifestaciones que el impetrante hizo bajo protesta de decir verdad, se advierte que dicho juicio aún no está concluido por sentencia alguna y si aquél es parte actora, es inconcuso que antes de acudir al juicio de amparo, tuvo que agotar el incidente de nulidad previsto por los artículos 55 y 90 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz y de esa manera estar en posibilidad de obtener su nulidad, todo esto, teniendo en cuenta que en el juicio de amparo debe cumplirse con el principio de definitividad, y si no lo hizo así, hace improcedente el presente asunto. Ello, máxime que del análisis integral de la demanda de amparo, a la que se encuentra obligada esta juzgadora conforme al principio de exhaustividad, no se advierte que el impetrante tenga el carácter de tercero extraño a juicio, ya sea en estricto sentido o por equiparación, en cuyo caso se actualizaría un supuesto de excepción, al citado principio de definitividad que rige en materia de amparo. Además, en el caso particular, no opera excepción alguna al principio de definitividad a que alude el artículo 61, fracción XVIII de la ley de la materia, pues el asunto que nos ocupa no se refiere ningún acto de autoridad que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Asimismo, el acto reclamado tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Igualmente, tales medios de defensa no están sujetos a una interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente, pues los artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, son claros al establecer el mencionado medio de impugnación, en términos del citado arábigo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que se refiere a esas excepciones. Ciertamente, en torno a ésta última excepción cabe mencionar que dicha hipótesis contemplada en ese precepto legal, se refiere a los casos en que, dada la naturaleza del recurso, a fin de determinar su procedencia, se haga necesaria una interpretación adicional, figura que se actualiza cuando el significado de la norma no queda claro en el contexto específico en que se ha de aplicar y el intérprete se encuentra frente a dos o más soluciones posibles, de suerte que ha de enfrentarlas y decidir cuál de ellas es la que encuentra mayor apoyo, justificando de manera adicional por qué se opta por esa interpretación, dando así origen a lo que en la doctrina jurídica se denomina interpretación adicional. Así, de ser ese el caso, no se surte la carga procesal de agotar el medio ordinario de defensa en lugar de incoar el juicio de amparo, ello en el entendido de que no opera tal excepción cuando exista jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la procedencia del medio ordinario de impugnación, puesto que en esas circunstancias no le es dable al Tribunal Colegiado de Circuito realizar interpretación alguna. Por lo demás, esta exclusión del principio se comprende mejor si se tiene en cuenta que el artículo 1° Constitucional establece que todas las autoridades se encuentran obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, vínculo que dé inicio se colma al través de disposiciones legales, como la norma en comento, que propician un fácil acceso al juicio de amparo y se evita la proliferación de trampas procesales. Sirve de apoyo la tesis que sigue: "Época: Décima Época Registro: 2005388 Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: XVI.2o.C.T.1 K (10a.) Página: 3142 PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO (INTERPRETACIÓN ADICIONAL). El citado artículo prevé dos supuestos que excluyen la observancia del principio de definitividad que rige el juicio de amparo, la disposición contempla que tal regla no opera: a) Cuando en el caso específico, la procedencia del medio ordinario de impugnación se encuentre sujeta a una interpretación adicional y b) Cuando su fundamento resulte insuficiente para determinarla; en ambos supuestos se permite al gobernado acudir al recurso o directamente al juicio. Ahora bien, la hipótesis contemplada en ese precepto legal, se refiere a los casos en que, dada la naturaleza del recurso, a fin de determinar su procedencia, se haga necesaria una interpretación adicional, figura que se actualiza cuando el significado de la norma no queda claro en el contexto específico en que se ha de aplicar y el intérprete se encuentra frente a dos o más soluciones posibles, de suerte que ha de enfrentarlas y decidir cuál de ellas es la que encuentra mayor apoyo, justificando de manera adicional el porqué se opta por esa interpretación, dando así origen a lo que en la doctrina jurídica se denomina interpretación adicional. Así, de ser ese el caso, no se surte la carga procesal de agotar el medio ordinario de defensa en lugar de incoar el juicio de amparo, ello en el entendido de que no opera tal excepción cuando exista jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la procedencia del medio ordinario de impugnación, puesto que en esas circunstancias no le es dable al Tribunal Colegiado de Circuito realizar interpretación alguna. Por lo demás, esta exclusión del principio se comprende mejor si se tiene en cuenta que el artículo 1o. constitucional establece que todas las autoridades se encuentran obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, vínculo que de inicio se colma al través de disposiciones legales, como la norma en comento, que propician un fácil acceso al juicio de amparo y se evita la proliferación de trampas procesales." Empero, en el caso, se estima que dicha excepción no se surte, porque el medio de impugnación se encuentra previsto en el numeral 90 del Código de Procedimientos Civiles de Veracruz, por lo que no existía duda de que si el medio de defensa era procedente o no para combatir el acto reclamado destacado -la notificación del acuerdo de veinticuatro de marzo de la presente anualidad-, sí era procedente el diverso incidente de nulidad de notificaciones. En esa tesitura, al no haberse agotado el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, mediante la interposición del recurso correspondiente, por parte del impetrante, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 257209 Instancia: Tribunal Colegiado del Octavo Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 12, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 37 RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Época: Octava Época Registro: 217466 Instancia: Primer Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 61, Enero de 1993 Materia(s): Común Tesis: VI.1o. J/78 Página: 99 NULIDAD DE ACTUACIONES. SI EL JUICIO NO HA CONCLUIDO CON SENTENCIA, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El artículo 73 fracción XIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional es improcedente contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa por ello es obvio que en esta última expresión, medio de defensa, queda comprendido el incidente de nulidad de actuaciones que debe agotarse previamente a la promoción del juicio de garantías, a través del cual puede lograrse la anulación del acto reclamado; esto es obtener el objetivo de cualquier medio de defensa. Por ende si el juicio en que se reclama la falta o indebido emplazamiento no se encuentra concluido por sentencia, eso vuelve procedente la tramitación del incidente de nulidad de actuaciones previo a la acción constitucional, y si no se agota, no se satisface el principio de definitividad que determina la procedencia del juicio de amparo." En el anterior contexto, cabe concluir que si el promovente no agotó el medio de impugnación ordinario, esto es, el incidente de nulidad, previsto por los artículos 55 y 90 del Código de Procedimientos Civiles de Veracruz; y por lo tanto, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por Flavio Abdiel López Marroquín, por su manifiesta e indudable improcedencia. Se invoca la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 187016 Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Mayo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Página: 902 AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por el promovente en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Sandra Elena Olarte San Martín, Rosalba Martínez Vázquez y Juan Santiago Demetrio, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite al promovente y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa al promovente, que en caso de que desee consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberá generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se le otorgará un Código QR que permitirá a las partes en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. DILIGENCIAS PERSONALES De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, las diligencias personales que se realicen en este asunto, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables.
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