Flaviano Gómez Martínez
Expediente 436/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 436/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 04/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Flaviano Gómez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan este expediente, se advierte que las parte quejosa y tercera interesada, no se inconformaron dentro del término legal, contra el acuerdo de ocho de abril de la presente anualidad, en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los arábigos 196, 201, fracción I, y 202 de la normativa de la materia, se tiene por consentido el citado proveído. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente, en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el ordinal 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los numerales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el arábigo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano del acto reclamado; además, no existe documento considerado como original por el normativo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro, además no se apertura el incidente de suspensión. Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. Ley de Transparencia. Por otra parte devuélvase a la autoridad responsable Juez de Control de San Pedro Pochutla, Oaxaca, un disco de audio y video relativo a la causa penal 37/2020. Se solicita el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el numeral 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, ocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal de las actuaciones, se desprende que el quejoso Flavio Gómez Martínez y la tercera interesada Josefa Reyes Ruiz no desahogaron la vista ordenada por acuerdo de veintiocho de marzo del año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído y, por tanto, atendiendo a los elementos que obran en autos, es dable establecer si la sentencia de amparo fue acatada por la responsable. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA La resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en el amparo en revisión 157/2021, el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, respecto del acto reclamado al 1. Juez de Control del Circuito Judicial Región Costa de la Agencia Municipal el Zapote, San Pedro Pochutla, Oaxaca, fue para los efectos siguientes: En audiencia formal ante las partes, deberá verificar que quien asistió al imputado tanto en la audiencia inicial como en la relativa a la vinculación a proceso, contaba en ese momento con la acreditación jurídica, legal, suficiente y comprobable de licenciado en derecho, y que el original o copia certificada de la cédula profesional, ésta se encuentre registrada ante el Poder Judicial del Estado. Si del ejercicio de verificación resulta que el defensor no era licenciado en derecho, deberá reponer la audiencia inicial de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, así como la diversa audiencia de treinta posterior, en la causa penal 37/2020, en la que se vinculó a proceso al quejoso Flaviano Gómez Martínez, siguiendo los lineamientos argumentativos de esta sentencia, otorgándole plenitud de jurisdicción en su decisión cuando resuelva la situación jurídica del impetrante, sin que agrave ésta bajo el principio non reformatio in peius. Si por el contrario, del ejercicio de verificación resulta que la persona a cargo de la defensa o asistencia jurídica sí era licenciado en derecho en los términos descritos en el considerando relativo al estudio de fondo de este asunto, deberá asentar el resultado de la verificación en aquella determinación que por su naturaleza y efecto estime conveniente, purgando con ello las omisiones ya descritas, es decir, por no hacer constar en esas propias audiencias que el abogado que lo asesoraba, realmente contaba con la cédula profesional de derecho, que ésta se encontraba registrada en los sistemas del Poder Judicial del Estado, así como lo relativo a la interrogación al encargado, informático o auxiliar del juzgado de control, si ya habían acreditado ante la Administración o área del órgano jurisdiccional su calidad de abogado o licenciado en derecho. En el entendido que: Para lo anterior, deberá cumplir con el requisito formal de que el funcionario ante quien se verifique tal circunstancia, sea el mismo que presidió tanto la audiencia inicial como la continuación de la audiencia de vinculación a proceso. En caso de que exista imposibilidad para ello, deberá justificarse de manera fehaciente las razones por las cuales el mismo juzgador no puede presidir ambas audiencias." Ahora bien, por oficio remitido vía correo electrónico por el Juez de Control de San Pedro Pochutla, Oaxaca, acordado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, dicha responsable adjuntó copia certificada de la audiencia de veinticuatro de marzo pasado, verificada en la causa penal 37/2020 de su índice, instruida contra Flavio Gómez Martínez, relativa al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el juicio en que se actúa, en la que precisó que el licenciado Narciso Hernández Enríquez, fue quien ostentó el cargo de defensor particular del aquí impetrante, desde la audiencia inicial de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, quien acreditó con cédula profesional 10618032, la profesión de licenciado en derecho, la que está registrada en el Sistema de Gestión Judicial del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Considerando que las audiencias de formulación de imputación y vinculación a proceso, verificadas en su orden, el veinticinco y treinta de noviembre de dos mil veinte, cumplieron los requisitos exigidos en la ejecutoria de amparo, por lo que mantuvo subsistente todo lo ahí asentado. Documental que tiene valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO La sentencia amparadora tenía como finalidad primordial que el 1. Juez de Control del Circuito Judicial Región Costa de la Agencia Municipal el Zapote, San Pedro Pochutla, Oaxaca, cumpliera lo siguiente: "I) En audiencia formal ante las partes, deberá verificar que quien asistió al imputado tanto en la audiencia inicial como en la relativa a la vinculación a proceso, contaba en ese momento con la acreditación jurídica, legal, suficiente y comprobable de licenciado en derecho, y que el original o copia certificada de la cédula profesional, ésta se encuentre registrada ante el Poder Judicial del Estado. II) Si del ejercicio de verificación resulta que el defensor no era licenciado en derecho, deberá reponer la audiencia inicial de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, así como la diversa audiencia de treinta posterior, en la causa penal 37/2020, en la que se vinculó a proceso al quejoso Flaviano Gómez Martínez, siguiendo los lineamientos argumentativos de esta sentencia, otorgándole plenitud de jurisdicción en su decisión cuando resuelva la situación jurídica del impetrante, sin que agrave ésta bajo el principio non reformatio in peius. III) Si por el contrario, del ejercicio de verificación resulta que la persona a cargo de la defensa o asistencia jurídica sí era licenciado en derecho en los términos descritos en el considerando relativo al estudio de fondo de este asunto, deberá asentar el resultado de la verificación en aquella determinación que por su naturaleza y efecto estime conveniente, purgando con ello las omisiones ya descritas, es decir, por no hacer constar en esas propias audiencias que el abogado que lo asesoraba, realmente contaba con la cédula profesional de derecho, que ésta se encontraba registrada en los sistemas del Poder Judicial del Estado, así como lo relativo a la interrogación al encargado, informático o auxiliar del juzgado de control, si ya habían acreditado ante la Administración o área del órgano jurisdiccional su calidad de abogado o licenciado en derecho. En el entendido que: IV) Para lo anterior, deberá cumplir con el requisito formal de que el funcionario ante quien se verifique tal circunstancia, sea el mismo que presidió tanto la audiencia inicial como la continuación de la audiencia de vinculación a proceso. V) En caso de que exista imposibilidad para ello, deberá justificarse de manera fehaciente las razones por las cuales el mismo juzgador no puede presidir ambas audiencias." Ahora bien, en audiencia de veinticuatro de marzo de este año, celebrada en la causa penal 37/2020 de su índice, instruida contra Flavio Gómez Martínez, abordó el cumplimiento de los efectos de la ejecutoria del amparo dictada en este sumario constitucional, precisando que el licenciado Narciso Hernández Enríquez, fue quien ostentó el cargo de defensor particular del aquí impetrante, desde la audiencia inicial (formulación de imputación) y la relativa de vinculación a proceso, verificadas en su orden, el veinticinco y treinta de noviembre de dos mil veinte, al haber acreditado con cédula profesional 10618032, la profesión de licenciado en derecho, y encontrarse registrada en el Sistema de Gestión Judicial del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; por lo que mantuvo subsistente todo lo ahí asentado. Actuación de la que remitió en copia certificada. Con lo cual se tuvo a dicha responsable acatando en sus términos la sentencia emitida por este órgano de control constitucional de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, y confirmada por la Superioridad en el amparo en revisión 157/2021. De lo expuesto someramente, se aprecia que la autoridad responsable, cumplió con los efectos del fallo protector, tanto formales como materiales, habida cuenta que el debido cumplimiento de una sentencia de amparo es una cuestión de orden público, cuyo acatamiento no puede ser defectuoso y/o excesivo, sino congruente con lo efectivamente examinado y decidido en la ejecutoria. Por tanto, es dable advertir que la autoridad responsable en el ámbito de su competencia dio cumplimiento al objeto material y sustancial de la sentencia ejecutoriada en los términos precisados con antelación. En relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I y 196 de la Ley de Amparo, se considera que los titulares del amparo fueron restituidos en el goce de las prerrogativas vulneradas y, por ende, se tiene cumplida la sentencia constitucional, dejándose a salvo los derechos de los impetrantes para que, de no estar conforme con la determinación arribada, interpongan los medios legales que estime convenientes contenidos en la normativa de la materia, en la inteligencia que de no hacerlo, se acordará lo procedente. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido vía correo electrónico por el Juez de Control de San Pedro Pochutla, Oaxaca, al que adjunta copia certificada del proveído de veinticuatro de marzo del año en curso, dictado en la causa penal 37/2020 de su índice, instruida contra *********, atendiendo al cumplimiento de la ejecutoria de la sentencia confirmada por la Superioridad emitida por este órgano jurisdiccional el nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Actuación con la que aduce dar cumplimiento a los términos de los efectos de la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con la documental descrita con anterioridad, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifiesten lo que a sus intereses convenga. *****Cabe precisar que es de tomarse en cuenta el informe, pues no obstante que se remitió vía correo electrónico, éste es un medio de comunicación electrónica, que al ser certificada su recepción por el secretario de este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, la tesis con número de registro 216635, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que no se ha realizado el envío del oficio 24997/2021, de siete de diciembre de dos mil veintiuno, dirigido a la autoridad responsable Juez de Control de San Pedro Pochutla, Oaxaca; en consecuencia, en obvio de dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, procédase a su remisión para efecto de que la responsable cumpla en sus términos lo ahí ordenado. Cúmplase.
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