Flavia Jerónimo Moreno y Otros.
Expediente 1204/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1204/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/10/2018
Partes del expediente
- Flavia Jerónimo Moreno y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida ***, por propio derecho, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de México. 2. Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. 3. Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. 4. Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1204/2018-4-B. DESECHAMIENTO En atención a lo anterior, una vez analizada integralmente la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, la demanda de que se trata debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.; (.)" De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. A fin de corroborar lo anterior, se hace necesario tomar en consideración que en la parte que interesa, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el término para promover el juicio de amparo será de quince días, salvo las excepciones mencionadas en sus fracciones I, II, III y IV. Conforme a la disposición legal antes referida, la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Primer párrafo: Quince días, por regla general; b) Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición: c) Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. e) Fracción IV: En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días, previsto como regla general en el propio precepto. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día siguiente de su entrada en vigor. En el caso, la acción de amparo resulta extemporánea tomando en consideración la fecha en que la quejosa conoció de los actos de aplicación del artículo 51, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; a través de esos cobros. Sobre el tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en Revisión 930/2010, y que a la postre integraron la tesis de jurisprudencia 2a./J. 92/2011, precisó lo siguiente: 1. Los gobernados tienen tres momentos para impedir la aplicación de determinada norma jurídica: a) Cuando la ley entra en vigor, si la norma tiene naturaleza autoaplicativa. b) Cuando se emite un acto de aplicación que causa perjuicio al quejoso, debiendo promoverse el juicio contra la ley como contra el acto de aplicación (en este supuesto no puede desvincularse el estudio de la ley que corresponde a su concreto acto de aplicación -jurisprudencia 2a./J. 71/2000 ; y, c) Cuando se impugne un acto distinto al primer acto de aplicación que se encuentre fundado en una ley declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuesto en que ya no será necesario que el quejoso impugne la ley, sino que bastará combatir dicho acto. 2. Tratándose de amparo contra leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia, la protección constitucional que se solicita contra un ulterior acto de aplicación se obtiene a partir de que se aduce, como vicio propio del acto controvertido, al haberse apoyado en una norma expresamente calificada como violatoria de derechos fundamentales por la jurisprudencia del Alto Tribunal, de manera que lo que demanda el gobernado en este tipo de juicios es que el órgano que conozca del juicio de amparo cumpla con su obligación de acatarla, conforme lo ordena el artículo 217 de la Ley de Amparo. En atención a las anteriores consideraciones, la referida Sala señaló que la función del órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo se limitará a verificar si el caso concreto se ajusta o no a los supuestos que lleven a la aplicación de la jurisprudencia. La referida Sala destacó que si lo que se atribuye al acto de aplicación es un vicio propio, consistente en la inobservancia de una jurisprudencia en materia de amparo contra leyes (ahora amparo contra normas de carácter general) la posibilidad de formular el mismo concepto se puede plantear tantas veces como se aplique en perjuicio del quejoso la norma jurisprudencialmente declarada inconstitucional, más aun cuando la concreción del precepto provenga de distintas autoridades, pues lo que en estos casos se destruye es el acto que materializa la norma y ello puede acontecer todas las veces en que se reitere su aplicación. La referida jurisprudencia 2a./J. 92/2011, se encuentra visible en la página 298, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, Novena Época, que dice: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA NEGATIVA DE ENTREGA DE APORTACIONES FUNDADA EN EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA A LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 83/2011, para estimar que si el trabajador no impugnó el artículo octavo transitorio citado cuando eligió su régimen pensionario ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ni reclamó el ulterior acto de aplicación de dicho precepto derivado de la resolución dictada por el Instituto cuando lo pensionó, nada le impide reclamar el sucesivo acto de aplicación del propio precepto cuando el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores le informa oficialmente que esa dependencia dejó de administrar los recursos aportados a su subcuenta de vivienda, por haberlos transferido al Gobierno Federal, vía Tesorería de la Federación, ya que es hasta ese momento en el que el INFONAVIT asume formalmente frente al trabajador la responsabilidad que tuvo en el cambio de destino de tales sumas de dinero, comunicándole, fundada y motivadamente, el destino final de esas aportaciones. En efecto, tratándose del amparo contra leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la protección constitucional solicitada contra un ulterior acto de aplicación se obtiene a partir de que se aduce, como un vicio propio del acto controvertido, el haberse apoyado en una norma calificada expresamente como violatoria de garantías, de manera que lo pretendido en este tipo de juicios es que el órgano jurisdiccional cumpla su obligación de aplicar esa jurisprudencia conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, por lo que la posibilidad de formular el mismo concepto de violación puede plantearse tantas veces como se aplique en perjuicio del quejoso la norma jurisprudencialmente declarada inconstitucional, más aún cuando la concreción del precepto provenga de distintas autoridades, pues lo que en estos casos se destruye es el acto fundado en la norma contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ello puede acontecer todas las veces en que se reitere su aplicación. Esta posibilidad de impugnación en forma sucesiva obedece a que si el quejoso consintió la norma declarada inconstitucional por no haberla reclamado oportunamente, tendrá que impugnar en cada caso concreto el acto proveniente de las autoridades, a fin de que mediante una sentencia protectora se les obligue a respetar la jurisprudencia. Consecuentemente, si el trabajador consintió el artículo octavo transitorio referido, conserva su derecho para reclamar la inobservancia de esa jurisprudencia cuando el INFONAVIT le informe cuál fue el destino de las aportaciones de la subcuenta de vivienda que no le entregó, pues es a partir de este momento en que conoce que lo ahorrado para la obtención de vivienda se encauzó para sufragar el régimen de pensiones." Ahora, en el capítulo relativo a los antecedentes de la demanda de amparo, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, afirmó que desde que se le otorgó la pensión por viudez, esto es, desde el dieciséis de noviembre de dos mil trece, se le ha estado aplicando la deducción del concepto 48 denominado "compatibilidad de pensión", lo cual acredita con la constancia denominada "Liquidación de pago previa incorporación a nómina" de veintiocho de enero de dos mil catorce. En ese sentido, y dada la fecha de presentación de la demanda de amparo (uno de octubre de dos mil dieciocho), resulta evidente que los actos de aplicación, consistentes en la deducción por el concepto 48, denominado "compatibilidad de pensión" dentro del periodo comprendido entre el dieciséis de noviembre de dos mil trece y noviembre de dos mil diecisiete, de conformidad con el artículo 51, párrafo segundo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, son consentidos, al no haberlos impugnado dentro del término de quince días que prevé la ley de amparo. Colige lo anterior, el hecho de que en el mes de noviembre de dos mil diecisiete, se le realizó el último descuento por dicho concepto, lo que fue manifestado bajo protesta de decir verdad y se corrobora con la impresión del comprobante de pago ***, con sello electrónico de validez oficial, por lo que es evidente que por lo menos desde esa fecha tuvo conocimiento de la existencia del último acto de aplicación aquí combatido. Documental con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que cuenta con el sello electrónico correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXI.1o.P.A.11 K (10a.) , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal Y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de rubro siguiente: "DOCUMENTO ELECTRÓNICO. SI CUENTA CON CADENA ORIGINAL, SELLO O FIRMA DIGITAL QUE GENERE CONVICCIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD, SU EFICACIA PROBATORIA ES PLENA." En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia en el presente juicio, en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por *** Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ***
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