Flavia Carolina Salazar Carrillo
Expediente 265/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 265/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 28/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Sub Delegación Juárez 1 del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social
- Flavia Carolina Salazar Carrillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada Incidente de Suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe..
- Principal
En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las quince horas cuarenta y cinco minutos del treinta de agosto del dos mil veintiuno, encontrándose en audiencia pública el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa en unión de su Secretario de Juzgado, licenciado Hilario Quintero Torres, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional del juicio de amparo 265/2020-V-B, promovido por Flavia Carolina Salazar Carrillo, sin la comparecencia de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario procede a la lectura de la demanda de amparo y demás constancias de autos, sin necesidad de hacer relación expresa de ellas, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Acto seguido, se abre el periodo probatorio, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales que obran en autos, por así permitirlo su propia y especial naturaleza, y toda vez que no existen otros elementos de prueba pendientes de desahogo, se cierra dicho periodo y se pasa a la fase de alegatos, sin que obre escrito alguno que los contenga, por lo que se declara cerrada la misma; habiéndose dado a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, dicha representación social no presentó pedimento. Con lo anterior, se dan por concluidas las dos primeras fases de esta audiencia constitucional y se procede a dictar la siguiente sentencia: Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 265/2020-V-B, promovido por Flavia Carolina Salazar Carrillo, contra actos del Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido en Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito, el tres de agosto del dos mil veinte, Flavia Carolina Salazar Carrillo, promovió juicio de amparo, contra actos del Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, a quien reclamó los actos que expone en el capítulo cuarto de su demanda, siendo el siguiente: "4.- ACTOS RECLAMADOS.- Del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta Ciudad Juárez, Chihuahua, le reclamo: a).- La OMISIÓN DE CONTINUAR TOMANDO LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE SALUD DE LA IMPETRANTE, ASÍ COMO POR EL ALTO RIESGO QUE IMPLICA PARA LAS PERSONAS QUE PUEDAN TENER CONTACTO CON LA AQUÍ SUSCRITA, ANTE LA ORDEN DADA POR EL INSTITUTO DEMANDADO A LA SUSCRITA PARA QUE EN TAL ESTADO DE ALTO RIESGO CONTAGIO ME REINTEGRE AL TRABAJO, EN ATENCIÓN AL DECRETO PRESIDENCIAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 24 DE MARZO DEL AÑO 2020; CONSISTENTE EN ACUERDO: por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar por las instituciones de salud pública y privada para la mitigación y control de los riesgos que implica para la salud la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Pero sobre todo para prevenir oportunamente un problema de salud más grave en mi persona, compañeros y de las demás con las que por razón de mi trabajo pueda tener contacto, ya que de acuerdo a los estudios que me fueron practicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, estos dieron como resultado que fuera tratada por problemas de salud graves que me ocasiona el virus SARS-CoV2 (COVID-19), de lo cual aún no estoy totalmente sanada, y por cuya enfermedad se me tendría que seguir atendiendo por el Instituto Mexicano del Seguros Social, quien en su doble carácter de patrón e instituto de salud pública contrario a las medidas de seguridad social decretadas, me da de alta como paciente por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y como su empleada me ordena integrarme al trabajo." SEGUNDO. Por auto de cinco de agosto del dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, se registró como expediente 265/2020-V-B, se solicitaron a las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, en auto de quince de enero del dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa ampliando la demanda, respecto de las autoridades Director del Hospital General Zona Número Treinta y Cinco, del Instituto Mexicano del Seguro Social; y Doctor García, Jefe de Medicina Interna del Hospital Sesenta y Seis, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad. Seguido el juicio por sus trámites, en la fecha y hora indicada tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual se realizó al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el "Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito"; en virtud de que reclama actos a autoridades con residencia en esta ciudad, lugar en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En este sentido se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; así como en tesis número P. VI/2004, de la voz: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa se duele de lo siguiente: La omisión de la responsable de continuar tomando las medidas de protección de salud a la quejosa, así como el alto riesgo que implica para las personas que puedan tener contacto con la quejosa, ante la orden dada por el Instituto demandado a la quejosa para que en tal estado de alto riesgo de contagio se reintegre al trabajo, en atención al decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo del 2920, acuerdo en el que establecen las medidas preventivas que se deberán implementar por las instituciones de salud pública y privada para la mitigación y control de los riesgos que implica para la salud la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Pero sobre todo para prevenir oportunamente un problema de salud más grave en su persona de la quejosa, compañeros y de las demás con las que por razón de mi trabajo pueda tener contacto, ya que de acuerdo a los estudios que le fueron practicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, estos dieron como resultado que fuera tratada por problemas de salud graves que le ocasiona el virus SARS-CoV2 (COVID-19), de lo cual aún no está totalmente sanada, y por cuya enfermedad se le tendría que seguir atendiendo por el Instituto Mexicano del Seguros Social, quien en su doble carácter de patrón e instituto de salud pública contrario a las medidas de seguridad social decretadas, la da de alta como paciente por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y como su empleada le ordena integrarse al trabajo. Lo anterior constituye el acto que será materia de análisis en la presente determinación. TERCERO. La autoridad responsable, Subdelegado Estatal del Instituto del Seguro Social, con sede en esta Ciudad, al rendir su informe justificado, negó los actos que le reprocha la quejosa, señalando que el acto reclamado por la quejosa no es de su competencia, debido a que no labora para la institución ni se encuentra adscrita o comisionada para desempeñar actividad labora alguna en la referida institución; y sin que se advierta de la demanda y escrito ampliatorio acto cierto que le reclame en lo particular por la quejosa, por lo tanto, se tienen como inexistentes los actos reprochas a la autoridad en mención, pues además de las constancias de autos que se allegaron, se inadvierte acto alguno en el que hayan participado la referida autoridad. Asimismo, la autoridad responsable, Director del Hospital General Regional Número Sesenta y Seis, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de superior jerárquico del Jefe de Medicina Interna del Hospital Número Sesenta y Seis, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Doctor García, al rendir su informe justificado, en fecha veintidós de febrero del dos mil veintiuno, negó la existencia de los actos que la parte quejosa reclama en la demanda, agregando en dicho informe que al encontrarnos en semáforo amarillo y dado que la quejosa no atiende a pacientes sospechosos o confirmados con Covid-19, puede regresar a su lugar de trabajo. Por otra parte, la diversa autoridad responsable, Director del Hospital General Zona Número Treinta y Cinco, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificada del oficio petitorio, por ende, en auto de veinte de mayo del dos mil veintiuno, se tuvieron por presuntivamente ciertos los actos reprochas a la referida omisa, y para el efecto se le solicitó remitiera copia certificada de las constancias que integraran el expediente clínico-médico y administrativo de la quejosa, lo cual se tuvo por recibido en auto de veintinueve de julio del dos mil veintiuno. Ahora bien, no obstante que se tienen por presuntivamente por ciertos los actos reclamados a la responsable Director del Hospital General Zona Número Treinta y Cinco, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, sin embargo, atendiendo que de las constancias que integran los autos, en específico de la copia certificada del expediente clínico médico-administrativo de la quejosa, remitido por la autoridad antes mencionada, la cual tiene valor probatorio en términos del numeral 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, del cual, solo se advierte que la impetrante del amparo, quien aduce ser trabajadora social, al Servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social, adscrita al Hospital General Zona Treinta y Cinco, con residencia en esta ciudad, con funciones de desempeño en la categoría de dar orientación a derechohabientes y sus beneficiarios, afiliados al Instituto en mención, y que se encuentra en situación de riesgo para realizar sus funciones, en fecha uno de julio del dos mil veinte, fue diagnosticada como sospechosa de Covid-19 y que padece hipertensión, no obstante es dable señalar, que respecto a los actos materia de reproche, la quejosa no acredita los mismos, pues de autos no se desprende dato alguno que demuestre que ante tales padecimientos, la misma haya solicitado ante las responsables se le tuviera en los términos expuestos del Acuerdo General publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo del dos mil veinte, en el que establecen las medidas preventivas que se deberán implementar por las instituciones de salud pública y privada para la mitigación y control de los riesgos que implica para la salud la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Si bien la quejosa anexo a su demanda, la documental consistente en alta (nota de egreso) a su nombre, y suscrita por el Doctor Alan Yael Madrid Juárez, de fecha veinte de julio del dos mil veinte, de cual se demuestra que se trata de paciente de cuarenta y ocho años de edad, con los DX de PB Sars Cov2 (Neumonía Viral), DM en control, Hipertensión Arterial Sistemática, y con alta de servicio, con resguardo a domicilio por catorce días. Empero, la documental en mención, no acredita el acto que reclama la quejosa, relativo a la negativa (omisión) de la que se duele y que es consecuencia de la alta médica, esto es, la omisión de la aplicación del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo del dos mil veinte, en el que establecen las medidas preventivas que se deberán implementar por las instituciones de salud pública y privada para la mitigación y control de los riesgos que implica para la salud la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), por ende, resulta ser inexistente, toda vez que para que dicha negativa (omisión) resulta cierta, debe existir la petición de la misma y que con ella se genere el acto materia de reclamo, lo cual en el caso no se demuestra, dado que la impetrante fue omisa en acreditar dicha circunstancia; de ahí que se tengan por inexistentes los actos materia de reproche. Lo anterior, se reitera, porque la quejosa se abstuvo de aportar prueba de la que se advierta la participación de las autoridades que señala como responsables en los actos que reclama en el controvertido juicio constitucional que en esto se resuelve. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos fundamentales, por cuanto hace a los actos reclamados a la citada autoridad responsable. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Volumen XLIII, Primera Parte, Materia(s): Común, Página: 181, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Además, cobra aplicación la tesis VI.2°.A.4 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que lleva por rubro: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO". Finalmente, toda vez que en el juicio de amparo en el que se actúa se ha decretado el sobreseimiento, no causa perjuicio a la parte quejosa, el hecho de que este Juzgado de Distrito no atienda las cuestiones de fondo, ya que el sobreseimiento pone fin al juicio, lo que impide abordar tal análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que nos ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 75, 107 y 124 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Flavia Carolina Salazar Carrillo, por las razones indicadas en el considerando tercero del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Hilario Quintero Torres, quien autoriza y da fe. Doy fe. treinta de agosto de dos mil veintiuno
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado que guardan los autos, y toda vez que en auto de veintinueve de julio del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable, Instituto Mexicano del Seguro Social, remitiendo copia certificada del expediente clínico y administrativo de la quejosa Flavia Carolina Salazar Carrillo, por lo que no fue rendido con la anticipación que establecen los artículos 117 y 119 de la ley de la materia, y a fin de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar pruebas, con fundamento en los preceptos en mención, el suscrito juzgador ordena de oficio el diferimiento de la audiencia constitucional que habría de celebrarse en esta fecha y para su verificativo se señalan las QUINCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Hilario Quintero Torres, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de agosto de dos mil veintiuno. Vistos el oficio y anexos remitidos por la Delegada Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, agréguense a sus autos para que obren como correspondan, sin que sea el caso proveer en relación a los mismos, en virtud de que en auto de veintinueve de julio del año en curso, se proveyó lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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