Fisheye Tekese Bokurostion

Expediente 777/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
777/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
25/01/2023

Partes del expediente

  • Ministerio Público de la Federación Adscrito.
  • Fisheye Tekese Bokurostion

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que en dieciséis de enero de dos mil veintitrés entró en vigor el Acuerdo General 107/2022, publicado en trece de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; en el que se amplió la competencia de este Juzgado de Distrito, a materia mixta y cambió la denominación, quedando de la siguiente manera: Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Por tanto, lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Causa estado. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término para interponer el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En el entendido que únicamente se tomó en consideración el plazo de la parte quejosa por ser la única legitimada para recurrir el acuerdo de sobreseimiento, pues de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las resoluciones que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, por lo que sólo están legitimadas a recurrir las determinaciones que les son adversas, lo que en la especie no aconteció ya que en este asunto se determinó sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Décimo Circuito, visible en la página 2464, libro 34, tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a septiembre de 2016, de rubro y texto siguientes: LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Cuaderno principal. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido (...) Asimismo, se considera que el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del citado acuerdo, se comisiona a la secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de anexos. Finalmente, en el supuesto de que durante la sustanciación del juicio de amparo en que se actúa se hubieran formados tomo(s) de prueba(s) por separado -anexo(s)-; mediante oficio devuélvase los mismos a la autoridad que los remitió.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de este expediente, las constancias y las actuaciones que obran en el presente juicio de amparo, resulta necesario precisar lo siguiente: Quejosos. Anapaula Alithud Venancio Cobos (SÍ RATIFICÓ); Dante José Venancio Vitalilia (SÍ RATIFICÓ); Lilia Carmen Lam Bohorquez (SÍ RATIFICÓ); Gonzalo Olortiga Lam (SÍ RATIFICÓ): Marcos Antonio Nolasco Mozombite (MANIFESTÓ DESISTIRSE); y Claudia Sánchez Vázquez (SÍ RATIFICÓ). Autoridades responsables. 1 y 2.- Titular y Delegado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, Baja California. 3 y 4.- Titular y Delegado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Mexicali, Baja California Acto(s) reclamado(s). La(s) orden(es) de detención, aseguramiento, detención, deportación, incomunicación y/o cualquier acto privativo de la libertad y/o transitar por el territorio nacional. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ahora, vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que los directos quejosos Anapaula Alithud Venancio Cobos, Dante José Venancio Vitalilia, Lilia Carmen Lam Bohorquez, Gonzalo Olortiga Lam, Marcos Antonio Nolasco Mozombite y Claudia Sánchez Vázquez, no se encuentran alojados y/o detenidos administrativamente en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, Baja California. En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.[ XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; esto es, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Por tanto, si los quejosos en su escrito inicial de demanda señalaron esencialmente como actos reclamados, la orden de detención, aseguramiento, detención, deportación, incomunicación y/o cualquier acto privativo de la libertad y/o transitar por el territorio nacional, a las autoridades migratorias del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, Baja California, y de la razón actuarial de veintiuno de octubre del año en curso se desprende que los referidos quejosos ya no se encuentran alojados en la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California; debido a que durante la tramitación del presente juicio de amparo, dichas personas -quejosos- fueron puestas en libertad. Por tanto, se concluye que cesaron los efectos del acto reclamado por los quejosos a las autoridades responsables, surgiendo con ello, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y en virtud de eso, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio únicamente respecto a los quejosos [1]Anapaula Alithud Venancio Cobos, [2]Dante José Venancio Vitalilia, [3]Lilia Carmen Lam Bohorquez, [4]Gonzalo Olortiga Lam, y [5]Claudia Sánchez Vázquez, de conformidad con lo establecido en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica en la siguiente tesis de jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia, Materia: Común, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Tesis número: 2a./J. 59/99, Página: 38). "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). De igual forma, resulta oportuno precisar, por una parte, que se estima manifiesta la causal de improcedencia advertida, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclaman los directos quejosos, han cesado en los efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. Por lo antes expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cinco minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, de lo cual deberá realizarse la anotación correspondiente en la agenda que se lleva en este Juzgado, para los efectos legales correspondientes. Por no presentada demanda. Por otra parte, vista la constancia de notificación electrónica de nueve de septiembre de dos mil veintidós, se advierte que feneció el plazo otorgado a la promovente del juicio en proveído del siete de septiembre de dos mil veintidós, para que proporcionara un diverso domicilio en donde localizar al diverso quejoso [6]Marco Antonio Nolasco Mozombite, sin que hubiese dado cumplimiento a lo requerido; por tanto, se tiene por precluído el derecho para hacerlo con posterioridad. En razón de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el auto de referencia, y con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 114 y 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, por cuanto hace al quejoso Marco Antonio Nolasco Mozombite. Con motivo de lo antes expuesto, se dejan sin efecto las providencias decretadas, en favor de los quejosos. Modificación en el SISE. Por tanto, se instruye al analista jurídico a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice las modificaciones necesarias en el expediente electrónico para dejar sin efectos la fecha antes señalada y, haga las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este órgano jurisdiccional. Finalmente, debido a que todos los directos quejosos fueron puestos en libertad tal y como se advierte de la razón actuarial de cuenta, notifíquese por lista el presente proveído.

  3. Principal

    ...... se admite la demanda de amparo en los términos presentados. Incidente de suspensión. Sin que sea el caso ordenar la apertura del incidente de suspensión, toda vez que mediante proveído de veinte de agosto del año en curso, se proveyó lo conducente. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con veinte minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. Se hace del conocimiento a las partes que la audiencia constitucional se celebrará con o sin la concurrencia de las partes acorde a lo establecido en el artículo 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Dése la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 5, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Toda vez que el promovente no señala domicilio procesal para efectos de oír o recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones personales por lista, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para el efecto o autorice que se realicen las notificaciones aún las de carácter personal vía electrónicas a través del usuario que proporcionó en su demanda. Se tienen como autorizados de su parte en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo a ********************, dado que tiene inscrita la cédula profesional en el registro correspondiente que lo acredita como licenciado en derecho. Por otro lado, de conformidad con el artículo 2 fracción XIX del Acuerdo General 15/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus Covid-19, se tiene a la parte quejosa señalando el siguiente número de telefónico ********************, así como el correo electrónico entebialberto@hotmial.com, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que este Juzgado Federal lo estime necesario. De igual forma; y como lo solicita, de conformidad con los artículos 55, 57, 62 y 63, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la parte quejosa el acceso al presente asunto, en la modalidad de expediente electrónico. Por tanto, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "********************", únicamente por el juicio de amparo en que se actúa. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancia respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse. Así también, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, de los que se advierte que en proveído de ocho de julio de dos mil quince, se ordenó el archivo del presente asunto y se estimó que el mismo debería ser susceptible de destrucción; sin embargo, atendiendo a que en este juicio de amparo se dictó sentencia en la que, por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo peticionado, por tanto, es susceptible de depurarse, ...

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