Fiscal Generar del Estado de Oaxaca

Expediente 365/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
365/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • Fiscal Generar del Estado de Oaxaca

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de mayo de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto que desechó de plano la presente demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO. Por otra parte, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21, inciso d), del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.Así lo proveyó y firma Laura Esther Cruz Cruz, Jueza Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; quien actúa ante Nabor García López, Secretario Judicial que autoriza y da fe de lo actuado. DOY FE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de abril de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Oaxaca, y Agente del Ministerio Público encargado de la Unidad Especial de Tortura adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado. En consecuencia, regístrese en el libro de Gobierno bajo el número 365/2023 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); fórmese el expediente electrónico e impreso. Ahora bien, en el caso, la parte promovente reclama, en esencia, la omisión de las autoridades responsables para integrar la carpeta de investigación por los delitos de tortura cometidos en su perjuicio en el año de mil novecientos noventa y nueve. DESECHAMIENTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al recibir la demanda se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, procede desecharla de plano. Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Ahora bien, bajo la premisa contenida en el artículo anterior, resulta claro que antes de admitir a trámite la demanda de amparo, es pertinente examinar si ante todo, existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento. En el caso, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establece, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." La hipótesis definida en esta fracción se refiere a la obligación de los gobernados de agotar los recursos ordinarios o medios de impugnación contemplados en la ley donde se origina el acto emitido por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, antes de promover el juicio de amparo. Este principio no es absoluto, pues en su párrafo segundo precisa que si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, opera la excepción al principio contenido en la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo en estudio. Ahora, de la transcripción de la porción normativa efectuada, se obtiene que la improcedencia advertida, se actualiza cuando el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado a través de un medio de defensa ordinario, siempre que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos del acto impugnado sin exigir mayores requisitos que los requeridos por la Ley de Amparo y que el acto impugnado no carezca de fundamentación. En la especie, conviene precisar que el aquí quejoso cuenta con el carácter de víctima y reclama de las autoridades responsables citadas la omisión para integrar la carpeta de investigación por los delitos de tortura cometidos en su perjuicio en el año de mil novecientos noventa y nueve. En efecto, se considera es improcedente el juicio de amparo promovido por la parte quejosa, pues como se precisó en líneas precedentes, el acto reclamado esencialmente se traduce en la omisión de las autoridades responsables en la falta de integración de la carpeta de investigación ********************, ante el Agente del Ministerio Público encargado de la Unidad Especial de Tortura adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde la parte promovente tiene el carácter de víctima. Sin embargo, resulta necesario señalar que contra dicho acto reclamado, previo a la instauración del juicio de amparo, se estima procedía ser impugnadas en la vía ordinaria ante el Juez de Control competente, tal y como se encuentra previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; precepto legal que a la letra dice: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de Control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Ahora bien, tratándose como en el caso, que la parte quejosa, tiene el carácter de víctima u ofendida en la etapa de investigación, deviene importante precisar que el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reglamenta un aspecto de toda la labor de investigación, referente a que si la autoridad ministerial es omisa en su labor de investigación, al no ser dicho acto privativo de la libertad, sino de molestia, la víctima tiene derecho a inconformarse ante la autoridad judicial, en términos del citado artículo 258 del propio código, el cual establece que las determinaciones del Ministerio Público, sobre la abstención de investigar, entre otras, pueden impugnarse ante el Juez de Control; por lo que al no estar en presencia de las excepciones previstas en los incisos a), b) o c), de la fracción XVIII de la Ley de Amparo, es imperativo para la parte quejosa agotar la vía jurisdiccional ordinaria, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial. Así las cosas, como requisito para que la parte quejosa pudiera acudir a esta instancia constitucional a combatir dicho acto reclamado, en primer término, debió agotar contra el acto reclamado, el medio de defensa innominado previsto en el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, sin que pase inadvertido que el citado numeral establece expresamente que dicho recurso ordinario procede contra las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, y en el caso concreto reitérese, se trata de la falta de integración de la carpeta de investigación ********************, ante el Agente del Ministerio Público encargado de la Unidad Especial de Tortura adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Ello, tomando en cuenta que por interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los requisitos de procedencia del recurso innominado en comento, deben ampliarse de tal forma que también proceda contra omisiones por parte de la autoridad en la etapa de investigación del proceso penal, pues dicha conducta supone la paralización de la función investigadora, teniendo el mismo efecto que una determinación emitida por el Fiscal. Ahora, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, resulta prudente cavilar los razonamientos expuestos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017 -de la que emanaron las jurisprudencias 27/2018 y 28/2018- en la cual se expuso esencialmente que debe recordarse que la función investigadora tiene lugar en la etapa preliminar, cuyo objeto es el esclarecimiento de los hechos derivados de una noticia criminal, así como la obtención de información y elementos que permitan, en su caso, fundar una acusación en contra de una persona a la que se atribuya la comisión de un hecho que la ley señale como delito. Esta labor, por disposición expresa del artículo 21 de la Constitución Federal, corresponde al Ministerio Público, quien asume el papel de rector de la investigación y es auxiliado por la policía, así como por expertos en diversas ciencias u oficios. Asimismo, que cuando la autoridad ministerial en la fase de investigación tiene conocimiento de un hecho con apariencia de delito, debe investigar y practicar todas aquellas diligencias y actos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados, respetando en todo momento los derechos de las partes y el debido proceso; sin que la investigación que realice pueda suspenderse o interrumpirse, salvo los casos previstos legalmente. De igual manera, se estableció que era necesario enfatizar que la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene diversas finalidades, de entre las que podemos destacar dos. La primera consiste en que -generalmente- la investigación que realice el Ministerio Público en la fase preliminar, pueda ser supervisada por el Juez de control. Así, la intención del Constituyente Permanente al diseñar la figura del Juez de Control -en la reforma constitucional de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos. En ese orden de ideas, como se ha expuesto y tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, se estima que es impugnable a través del medio ordinario de defensa antes precisado, dado que el mismo tiene como finalidad que el Juez de Control respectivo revise las omisiones del Ministerio Público y las autoridades que auxilien en la definición del curso de una indagatoria, y en caso de que estime que su actuación es contraria a la ley, debe conminarlo a que cese esa omisión, a efecto de que lleve a cabo las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados. Por tanto, en aras del principio de definitividad que rige la materia de amparo, la parte promovente debió impugnar el acto aquí reclamado ante el citado Juez, pues al no advertirse haber sido impugnadas mediante dicho recurso ordinario, dejó de observar el principio de procedencia de amparo antes señalado, sin encontrarse en alguno de los casos de excepción establecidos en la ley, que le permitieran acudir a este juicio constitucional, sin previamente agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley ordinaria que rige el acto reclamado. Al respecto de esto, sirve de apoyo, la jurisprudencia 27/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Penal, visible en la página 945, Libro 57, Tomo I, Agosto de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." Asimismo, la jurisprudencia 28/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Penal, consultable en la página 943, Libro 57, Tomo I, Agosto de dos mil dieciocho, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". Lo anterior, además de que como se dijo, es necesario que, previo a la promoción del juicio de amparo, la víctima u ofendida agote el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues será el juez de control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, se pronuncie sobre ese tema a través de los principios de publicidad, contradicción, continuidad, contradicción e inmediación. Máxime que, y se insiste, la citada Primera Sala consideró que si bien en dicho numeral no se incluían de manera expresa las omisiones de la autoridad ministerial, ello no era un obstáculo para instar ese medio de impugnación, porque de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permitía concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. Por ende, refirió que tales determinaciones no se limitaban a las taxativamente previstas en ese numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino en general a las actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación, incluyendo las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Destacó que los derechos de la víctima previstos en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 109, fracción XXI del Código Nacional, de impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, se encontraban salvaguardados, en tanto que, el medio de defensa previsto en el citado artículo 258, resulta idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. Así las cosas, como requisito para que la parte quejosa pudiera acudir a esta instancia constitucional a combatir dicho acto reclamado, en primer término, debió agotar contra la el acto reclamado, el medio de defensa innominado previsto en el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, toda vez que no se agotó el medio ordinario de defensa previsto por la ley, se estima se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61; con apoyo en el diverso 113, todos de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto aquí reclamado. Lo anterior es así, toda vez que de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera, al dictarse sentencia, se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano la demanda de cuenta, con objeto de que el promovente tenga conocimiento desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Sin que tal determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que el presente pronunciamiento, se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. Se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de 2006, página 921, cuyo rubro: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Asimismo, cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, tampoco contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Sin que se inadvierta el contenido de la tesis la tesis XVI.1o.A.T.2 K (10a.) de la Décima Época, visible en la página 1167 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, que es del rubro: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS" Además cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En apoyo se invoca la tesis CCXXVI/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO." Además, el hecho de que se actualice una causal de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se les esté negando a la promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Solicitud para la promoción del juicio en línea. Se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del "juicio en línea", acorde a lo establecido en el artículo 263 del aludido Acuerdo General. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que señala en el proemio de su demanda y como autorizado en términos amplios a ********************, toda vez que proporcionó su número de cédula profesional ********************, la cual se verificó en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, como se advierte de la certificación de cuenta. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis aislada 2a.VIII/2020 (10a.), registro digital 2021840, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 77, agosto de 2020, tomo V, página 4456, décima época, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." Asimismo se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a la restante persona que señala en su escrito de demanda. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Se autoriza al secretario adscrito para que firme el oficio correspondiente. Notifíquese y personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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