Fiscal General del Estado de Puebla

Expediente 120/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 9 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
120/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
09/02/2018

Partes del expediente

  • Fiscal General del Estado de Puebla

Actuaciones

  1. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de febrero de dos mil dieciocho. En principio, resulta necesario establecer que para la tramitación del presente incidente de suspensión, en lo que se refiere a sus efectos formales y procesales se aplicará la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado por auto admisorio de esta fecha y con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, con dos copias de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 120/2018-B, promovido por ****, contra actos de las siguientes autoridades: 1 Aarón Hernández Chino, Juez de Control y Ejecución con sede en la ciudad de Puebla, dentro de la causa penal 107/2018/PUEBLA. 2 Fiscal General del Estado de Puebla. 3 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (en su correcta denominación). 4 Director de la Policía Estatal de Puebla. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo vigente, pídase a las autoridades responsables sus respectivos informes previos que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de la notificación de este auto, en el cual se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes, para lo cual se les envía copia autorizada de la demanda de amparo. Se apercibe a las autoridades responsables que de no hacerlo, se les impondrá a cada uno y por separado una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y, en términos del artículo 260, fracción I de la Ley de Amparo vigente. Así mismo, con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a las autoridades responsables para que, en el término de cuarenta y ocho horas contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto (al momento de rendir su informe previo), informen a este juzgado si ya se resolvió sobre la suspensión de los actos reclamados en otro juicio de amparo por lo que hace a la aquí parte quejosa o por otra persona, en su nombre y representación, y, de ser así, remitan copia certificada de las resoluciones correspondientes. Se apercibe a las autoridades responsables que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo en vigor, se les impondrá a cada uno y por separado una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que se lleve a cabo el desahogo de la audiencia incidental correspondiente. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: I. La orden de presentación, comparecencia o cita para la formulación de la imputación emitida por un Juez; y, II. La orden de aprehensión o reaprehensión, presuntamente dictada en su contra dentro de la causa penal 107/2018/PUEBLA, así como su ejecución. Conviene establecer que, no obstante que la parte quejosa, respecto de su posible captura, sólo reclama una orden de aprehensión, pudo haber designado erróneamente el acto reclamado por desconocimiento. Además, dada la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, este órgano jurisdiccional considera que el análisis que diferencia los actos que dichas autoridades pueden ordenar, otorga mayor seguridad jurídica a la parte promovente del amparo. Por analogía, sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 34/2001 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN. El hecho de que el peticionario de garantías haya señalado de manera incorrecta, de acuerdo a la técnica jurídica, como acto reclamado una orden de aprehensión y de los informes justificados se desprenda la existencia de una orden de reaprehensión, no es suficiente para considerar que el acto reclamado no existe y que, por tanto, deba sobreseerse en atención a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, sin examinar la constitucionalidad del acto que apareció probado, bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso. Ello es así, pues aun cuando la orden de aprehensión y la de reaprehensión, como se dijo, técnicamente son diferentes, ambos actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado y sería excesivo considerar que por error o ignorancia en el nombre del acto reclamado, se deba sobreseer, ya que ello no puede servir de base para determinar la inexistencia de dicho acto, por lo que el juzgador, inspirado en los principios de justicia exacta y expedita, no sólo debe analizar la demanda en su integridad, sino también los informes de las autoridades responsables y en sí todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, para obtener una interpretación completa de la voluntad del quejoso y advertir el error o la omisión en que haya incurrido por desconocimiento de la denominación del acto reclamado y examinar la constitucionalidad del que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomado como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Lo anterior no significa, en modo alguno, suplir la queja deficiente o integrar la acción que intente el gobernado, sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, con lo cual se permite que el accionante no vea obstaculizado su acceso a la justicia, por el exceso de rigorismos que contradicen el espíritu tutelar del juicio de garantías. Por técnica y para mayor comprensión, se proveerá la suspensión de los actos reclamados de la siguiente manera: TÍTULO ÚNICO: Actos derivados de un procedimiento regido bajo el nuevo sistema procesal acusatorio. Capítulo 1. De la orden de comparecencia, presentación o cita para la audiencia de formulación de la imputación emitida por un Juez de Control. Si el acto reclamado consiste en una orden de comparecencia, presentación o cita para la audiencia de formulación de la imputación emitida por un Juez de Control, con fundamento en lo establecido en los artículos 162 y 166 de la Ley de Amparo vigente, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este Juzgado Federal por cuanto hace a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa únicamente respecto a la continuación del procedimiento que se le instruye, el cual no debe obstaculizarse o paralizarse, para no transgredir disposiciones de orden público; y, en el caso de que exista un apercibimiento de orden de aprehensión, no se haga efectivo, hasta en tanto se resuelva en definitiva la presente incidencia. Lo anterior es así, ya que el acto reclamado transgrede el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria de la persona apercibida, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el solo hecho de no acudir, ya que a partir de ahí puede ordenarse y ejecutarse su aprehensión. Norma el criterio de la suscrita Jueza la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. EN CONTRA DEL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA DE "FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN", PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y CHIHUAHUA). La figura de la "formulación de la imputación" dentro del sistema de justicia penal acusatorio oral, se define en los códigos adjetivos penales de los Estados de Chihuahua y Durango, respectivamente, de la siguiente manera: "El acto procesal que corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público, mediante el cual comunica al imputado, en presencia del Juez, que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados"; y "La comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del juez, de que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señale como delitos". En ambos Estados de la República se establece que la formulación de la imputación se realiza cuando el Ministerio Público considera oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial y, para ello, debe solicitar al juzgador la celebración de una audiencia para que pueda comunicarle al investigado la formulación de la imputación. Audiencia para la cual la autoridad jurisdiccional citará al investigado, a quien se le indicará que tendrá que acudir acompañado de su defensor, con el apercibimiento de ley, que de no comparecer se ordenará su aprehensión. Ahora bien, el auto con apercibimiento de aprehensión que emite la autoridad jurisdiccional, es un acto que transgrede el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria de la persona apercibida, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el solo hecho de no acudir, ya que a partir de ahí puede ordenarse y ejecutarse su aprehensión; además, a partir del instante en que se emite el apercibimiento en comento, se actualiza una afectación a la libertad deambulatoria de la persona, pues la orden de citación para que se le formule la imputación tiene por objeto lograr su comparecencia para que continúe la secuela procesal; ello implica que su derecho a la libertad puede verse restringido al menos parcialmente, en la medida en que aparte de que obligadamente tiene que acudir a la citada audiencia, debe, a partir de ahí, sufrir una perturbación indirecta de la libertad con motivo de las consecuencias que deriven de la prosecución del procedimiento que requieren de su ineludible presencia. Por consiguiente, se estima que el auto de mérito es un acto que afecta su libertad en atención a los efectos que produce, lo cual se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente. A fin de que continúe surtiendo efectos la medida cautelar concedida en líneas precedentes, de conformidad con el artículo 168 de la Ley de Amparo vigente, se fijan a la parte quejosa las siguientes medidas de aseguramiento: a) Presentarse ante el Juez de la causa cuantas veces sea citado; b) Señalar ante este órgano de amparo el lugar donde se encuentra establecido su domicilio particular cierto y actual en el que pueda ser localizado tanto por este órgano constitucional como por la autoridad responsable ordenadora; y, c) En el término de cinco días contados a partir de la notificación de este auto, deberá exhibir una garantía por la cantidad de $500.00 (quinientos pesos, cero centavos, moneda nacional). Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 35/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: ORDEN DE COMPARECENCIA. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO, PROCEDE LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN DENTRO DEL JUICIO DE GARANTÍAS, PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 124 BIS, 130, 136 Y 138 DE LA LEY DE AMPARO. Contra la ejecución de una orden de comparecencia procede la suspensión provisional, aun cuando se trate de delitos de pena alternativa o que no ameriten pena privativa de la libertad, en virtud de que concurren los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues constituye un acto que puede causar daños y perjuicios de difícil reparación, ya que su ejecución implica una afectación material y temporal del derecho fundamental de la libertad personal, aunque en menor grado que la orden de aprehensión. Así, conforme a los artículos 124 bis, 130, 136 y 138 de la Ley de la materia, la suspensión que se conceda contra la ejecución de una orden de comparecencia será para el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa únicamente respecto a la continuación del procedimiento que se le instruye, el cual no debe obstaculizarse o paralizarse, para no transgredir disposiciones de orden público. Además, para que no cesen los efectos de la suspensión concedida, el quejoso debe cumplir con los siguientes requisitos: a) en el plazo que establezca el juzgador de amparo que conozca del asunto, otorgar la garantía que éste decrete; b) comparecer ante el Juez de la causa, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución que concede la suspensión, para la continuación del procedimiento penal, conforme al artículo 138 de la Ley de la materia, lo que deberá acreditar ante el Juez de garantías dentro de las setenta y dos horas siguientes a dicha comparecencia, mediante la constancia respectiva de la que se advierta el sello del juzgado responsable; c) presentarse ante el Juez de la causa cuantas veces sea citado, y en caso de inasistencia éste deberá informarlo al Juez de amparo para que revoque la concesión de la suspensión decretada y, d) señalar domicilio a fin de que puedan hacerle las notificaciones respectivas; asimismo, se le apercibirá que de no cumplir con los requisitos fijados en los aludidos incisos b) y c), se hará efectiva la garantía otorgada en favor del erario federal. Lo anterior, a fin de que el quejoso pueda ser devuelto al Juez responsable en caso de no obtener el amparo federal solicitado, y sin perjuicio de las que adicionalmente el juzgador estime imponer, acorde a las circunstancias del caso concreto y en uso de las amplias facultades que los señalados preceptos legales le conceden para decretar las medidas de aseguramiento pertinentes para prevenir que el indiciado se sustraiga de la acción de la justicia y evitar perjuicios a terceros y al interés social. Signifíquese a la parte quejosa que la obligación descrita en el inciso b), será exigible hasta que tenga la certeza respecto de la existencia del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada autoridad responsable ordenadora señalada en la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 149/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto se reproducen: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso. No obstante lo anterior, si la parte quejosa cumple con la medida de aseguramiento indicada en el inciso b) antes de la celebración de la audiencia incidental, deberá acreditar su cumplimiento ante este Juzgado de Distrito dentro del término de tres días siguientes a su acatamiento, mediante las constancias respectivas de la que se advierta el sello del juzgado responsable. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable que ordenó el acto reclamado para que, comunique si la parte quejosa cumple con la medida de aseguramiento fijada en el inciso b). Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, , con fundamento en los preceptos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo vigente, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. La medida cautelar no surtirá efecto alguno si la orden de comparecencia, presentación o cita reclamada es dictada por autoridades judiciales distintas a las aquí señaladas. Capítulo 2. De la orden de aprehensión o reaprehensión emitida por un Juez de control. Ahora, en primer término conviene destacar que del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte que el legislador se refirió a varios tipos de orden de aprehensión, a saber: 1. La orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso (ante ante-penúltimo párrafo; y fracción III del citado artículo 141); 2. La orden de aprehensión por contumacia (antepenúltimo párrafo del citado artículo 141). 3. La orden de aprehensión para reanudar el procedimiento penal, por conclusión del procedimiento de extradición en el Estado requirente, que el legislador denomina "orden de reaprehensión" (penúltimo párrafo del citado artículo 141); y, 4. La orden de aprehensión por incumplimiento de una medida cautelar (último párrafo del citado artículo 141). En ese esquema, por cuanto hace a la orden de aprehensión que reclama la parte quejosa, con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional en los siguientes términos: Apartado A). Tratándose de una orden de aprehensión como forma de conducción del imputado al proceso. Fracción I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 Constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar en el que deba estar guardando prisión preventiva a juicio de la autoridad judicial competente, quedando a disposición de dicha autoridad para la continuación del procedimiento penal correspondiente. Fracción II. Así mismo, en el caso de que el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde dicha solicitud favorablemente, el efecto de la suspensión será para que la parte quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar en el que deba estar guardando prisión preventiva a juicio de la autoridad judicial competente, quedando a disposición de dicha autoridad para la continuación del procedimiento penal correspondiente. Fracción III. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa y no se encuentre en el supuesto del punto anterior, la suspensión producirá el efecto de que la parte quejosa no sea detenida. En ese sentido, a fin de que surta efectos la suspensión provisional concedida en el último supuesto referido, con fundamento en el artículo 168 de la Ley de Amparo, la parte quejosa deberá cumplir con las siguientes medidas de aseguramiento: a) En el término de cinco días contados a partir de la notificación de este auto, deberá exhibir la garantía indicada en el Capítulo 1, inciso c). b) La obligación de la quejosa de presentarse ante el Juez de la causa dentro del plazo de tres días para la continuación del proceso, así como cuantas veces sea exigida su comparecencia, debiendo acreditar el cumplimiento de esta prevención ante este Juzgado de Distrito dentro del término de tres días siguientes a su presentación. Así mismo, signifíquese a la parte quejosa 1) que si incumple con las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable y 2) que las obligaciones descritas en los párrafos precedentes serán exigibles hasta que se tenga la certeza respecto de la existencia del acto reclamado. Esto último, porque resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada autoridad responsable ordenadora señalada en la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 149/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso. Apartado B). Tratándose de una orden de reaprehensión dictada en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, en caso de que el acto reclamado consista en una orden de reaprehensión emitida en términos del penúltimo párrafo del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, para reanudar el procedimiento penal, por conclusión del procedimiento de extradición en el Estado requirente, se concede la suspensión provisional en los mismos términos que se señalaron en las fracciones I, II y III del apartado A) de este capítulo, con las mismas medidas de aseguramiento destacadas en los incisos a) y b) de ese apartado y con los propios apercibimientos. Apartado C). Tratándose de una orden de aprehensión dictada por contumacia (sustracción del inculpado de la acción de la justicia) y/o por incumplimiento a una medida cautelar u obligación impuesta. - Si la orden de aprehensión fue emitida con base en lo dispuesto en los párrafos antepenúltimo y último del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, por contumacia (sustracción del inculpado de la acción de la justicia) y/o por incumplimiento a una medida cautelar u obligación impuesta dentro del procedimiento penal de origen, con fundamento en el artículo 163 de la Ley de Amparo, la suspensión provisional se concede para el efecto de que el quejoso, una vez que sea detenido, quede a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar en el que deba estar recluido a juicio de la autoridad judicial competente, y a disposición de dicha autoridad para la continuación del procedimiento penal correspondiente. La medida cautelar no surtirá efecto alguno si la orden de captura reclamada es dictada por autoridad judicial distinta a las aquí señaladas. Capítulo 3. De las garantías fijadas. Por otro lado, atento a las cauciones señaladas en este título (segundo), no se inadvierte que el artículo 168 de la ley de la materia también prevé que para fijarla se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: - La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute a la parte quejosa: - Las características personales y situación económica de la parte quejosa; y, - La posibilidad de que el mismo se sustraiga de la acción de la justicia. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con la información necesaria para hacer un pronunciamiento en el que se consideren dichos elementos; además de que al concederse la suspensión contra actos que afectan la libertad personal, deben tomarse las medidas necesarias, a fin de que la parte quejosa, con motivo de la suspensión otorgada no evada la acción de la justicia, por lo que la garantía fijada para que continúe surtiendo efectos la medida cautelar concedida es asequible, esto es, está al alcance de cualquier persona, pero a la vez es elevada para asegurar que la parte inconforme no se sustraiga a la acción de la justicia; aunado a que la parte promovente en su demanda de garantías no proporciona datos exactos respecto al delito o delitos que se le atribuyen, y no puede obligársele a proporcionar tal información, ya que en la generalidad de los casos la parte inculpada no tiene conocimiento de los hechos que se le atribuyen sino hasta el momento en que se le aprehende. Tampoco es factible retardar el pronunciamiento sobre la suspensión solicitada hasta en tanto la autoridad responsable ordenadora, en su caso, proporcione tales datos, toda vez que existe peligro de que se ejecute el acto reclamado, con notorios perjuicios para la parte quejosa, pues el objeto de la suspensión es precisamente evitar que se causen tales perjuicios. Así, para el otorgamiento de la suspensión provisional que aquí se decreta, se toman en cuenta únicamente la naturaleza de la violación, el peligro en la demora y la dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el particular con la ejecución del acto. En consecuencia, a fin de que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para fijar la garantía que en su caso proceda al momento de resolver en definitiva el presente incidente de suspensión, se provee: 1) Se requiere a la autoridad responsable que haya emitido el acto reclamado para que en el término de cuarenta y ocho horas que se le otorgó para rendir su informe previo, manifieste de manera expresa la naturaleza, modalidades y características del delito que se imputa a la parte quejosa, así como sus características personales y situación económica, en caso de que tenga constancia de ello, por lo que en ese caso, deberá remitir tales constancias a este juzgado. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en los preceptos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo vigente, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 2) Se requiere a la parte quejosa para que en el término de tres días precise, bajo protesta de decir verdad, el estado que guarda su situación económica, la actividad a la que se dedica y los ingresos mensuales que percibe y, de ser posible, robustezca su dicho con documentales idóneas. Capítulo 4. Supuesto en el que no procederá la suspensión de los actos reclamados indicados en los capítulos 1 y 2 del presente Título. De conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, hágase saber a la parte quejosa que la medida cautelar concedida, en cualquiera de los casos señalados, no surtirá sus efectos si el acto que se reclama es una orden o medida de protección impuesta en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal -en términos de la legislación aplicable- para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Atento a lo anterior, se requiere a la autoridad responsable (que haya dictado dicha orden) para que en el término de cuarenta y ocho horas que se le otorgó para rendir su informe previo, manifieste si el acto que se combate tiene dichas características. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en los preceptos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo vigente, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.En otro aspecto, hágase saber a la parte quejosa que podrá exhibir la garantía solicitada en cualquiera de las formas establecidas por la Ley para el cumplimiento de las obligaciones (billete de depósito, póliza de fianza, etcétera) pero de exhibirlas en billete de depósito o póliza de fianza deberá contener los siguientes requisitos: En caso de exhibir billete de depósito: - En el apartado autoridad asentar el nombre de este órgano jurisdiccional: Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y, - Que se exprese el objeto para el cual se exhibe, esto es, en el apartado concepto deberá indicar que es para que surta efectos la suspensión provisional concedida a ***** en el incidente de suspensión 120/2018-B. En caso de exhibir póliza de fianza: - Que se expida ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; - Que se exprese el objeto para el cual se exhibe, esto es, en el apartado concepto deberá indicar que es para que surta efectos la suspensión provisional concedida a ***** en el incidente de suspensión 120/2018-B; y, - Deberá además, contener la renuncia en forma expresa de la compañía afianzadora, a las disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de que se haga efectivo el cobro de las cantidades caucionadas y deberá someterse en forma expresa para tal efecto a lo que sobre el particular dispone el artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en supletoriedad de la Ley de Amparo, expídasele copia certificada por duplicado del presente proveído, previa toma de razón que por su recibo obre en autos, quien deberá comparecer con identificación oficial y vigente, en el horario comprendido de las diez a las doce horas, en días hábiles, ya que así lo permiten la labores de este órgano jurisdiccional. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, el que señala en su escrito inicial de demanda de amparo y por autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Finalmente, téngase a la parte quejosa, manifestando su oposición a que se publique su nombre y datos de identificación personal, para los efectos legales conducentes.

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