Fiscal General del Estado de Oaxaca

Expediente 1013/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1013/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Fiscal General del Estado de Oaxaca

Actuaciones

  1. Principal

    MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el veintiocho de septiembre del año en curso, en el cual se DESECHÓ la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, ARCHÍVESE el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 14 del citado Acuerdo General, este expediente es DESTRUIBLE, toda vez que se desechó la demanda de amparo; y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del Acuerdo citado; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 20, fracción IV, la destrucción deberá realizarse después de tres años. Realícese la captura de datos que correspondan en los libros de control. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA II "... DESECHAMIENTO DE DEMANDA Con fundamento en el artículo 113, en relación al 61, fracción XXIII, 107, fracción V y, 172, fracción III, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se DESECHA la demanda por notoria y manifiesta improcedencia, toda vez que hasta en este momento, NO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL E IRREPARABLE A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS del promovente. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo vigente, disponen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo anterior, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen. En tanto, que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Del estudio de la demanda de amparo se advierte que el promovente hace consistir el acto reclamado en el acuerdo de quince de agosto de dos mil veintitrés, por parte de la junta responsable, hizo efectivo el apercibimiento de veintiuno de abril del año en curso, y tuvo por presuntivamente ciertos los hechos en el que el actor trata de probar, con el deshojado de la prueba de inspección ocular, en el citado juicio laboral. Ahora, en la especie se advierte SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA antes invocada porque el acto reclamado hasta en este momento no es de imposible reparación, sino de orden procedimental que por sí no afecta materialmente los derechos sustantivos del quejoso, como actor del juicio laboral; los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.; Conforme a los invocados preceptos, el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra actos que son de IMPOSIBLE REPARACIÓN entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, en los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, para que se produzca tal afectación, las consecuencias de los actos reclamados deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no llegará a trascender al resultado del fallo. En el caso, el promovente reclama violaciones a los artículos 14, y 16 Constitucionales, pues la responsable -Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca-, al emitir el acuerdo de quince de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio laboral 60/2019, hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiuno de abril del año en curso, dictado por la junta responsable, y tiene a la parte demandada, aquí quejosa, por presuntivamente ciertos los hechos que el actor trata de probar con la prueba de inspección ocular, referente al desahogo en las tarjetas y/o controles de asistencia por el periodo comprendido del uno de octubre de dos mil once hasta el quince de enero de dos mil diecinueve. Sin embargo tal acto, no puede considerarse como de ejecución irreparable, pues tener por presuntivamente ciertos los hechos que el actor trata de probar con la prueba de inspección ocular, referente al desahogo en las tarjetas y/o controles de asistencia por el periodo comprendido del uno de octubre de dos mil once hasta el quince de enero de dos mil diecinueve, hasta este momento NO es un acto que cause una afectación material, directa e irreparable a los DERECHOS SUSTANTIVOS del ente demandado, ya que ello no contiene por sí una condena, ni impide al quejoso ejercer los derechos de defensa que le corresponden en esa controversia; sino que, en dado caso, será hasta que se resuelva el juicio laboral para determinar si esa prueba trasciende al fallo y de ser así, el quejoso podrá impugnar tal estimación probatoria en la vía directa, no mediante el juicio de amparo indirecto. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de su parte, a las personas que refiere. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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