Fiscal General del Estado de Michoacán
Expediente 890/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 890/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Fiscal General del Estado de Michoacán
- Magistrado de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, ciudad
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de enero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Vista la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos acuerdos por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, así como de la circular SECNO/1/2021 emitida el ocho de enero de dos mil veinte, por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal relativa a la "Propuesta de Medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo. Ahora bien, es necesario destacar que según lo establecido en el punto número 1, de la circular CAP/3/2020 emitida el veinte de diciembre de dos mil veinte, por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se aprobó la "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", se suspendieron los plazos y términos procesales, con las salvedades ahí expuestas; de modo que, en virtud del regreso al esquema de trabajo previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en el artículo 20 del citado ordenamiento, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. ESCRITO PRESENTADO POR LA PARTE QUEJOSA. Intégrese el escrito enviado a través del correo institucional por Rosario Berber Cerda y Lino Ángeles Hernández, en representación de Adrián López Solís, en cuanto Fiscal General del Estado de Michoacán de Ocampo, por medio del cual pretenden cumplir con la prevención formulada en autos. Al respecto, dígasele que no ha lugar a proveer respecto al contenido del escrito presentando por la vía en que pretende hacerlo, puesto que el trámite del presente juicio no se puede realizar en la vía electrónica de correo; esto es así, pues el correo electrónico no es una forma de trámite autorizado por la Ley de Amparo, siendo la única autorizada el esquema de "juicio en línea", para el que deberá registrar usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, una vez que proporcione el nombre del usuario correspondiente, se realizarán las gestiones correspondientes para dar la autorización vía internet de la consulta del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa. CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por Rosario Berber Cerda y Lino Ángeles Hernández, en representación de Adrián López Solís, en cuanto Fiscal General del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de dieciséis de diciembre del año en curso. INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE GRADO. De la demanda de amparo promovida por Rosario Berber Cerda y Lino Ángeles Hernández, en representación de Adrián López Solís, en cuanto Fiscal General del Estado de Michoacán de Ocampo, contra actos de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, se obtiene que este juzgador carece de competencia legal, por razón de grado, para conocer de este juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte como acto reclamado: La resolución de doce de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, dentro del recurso de reconsideración JA-R-0097/2020-II, promovido por Maribel Hernández Mata, en contra de la sentencia definitiva dictada dentro del juicio administrativo JA-1026/2016-III, que sobreseyó el juicio de origen. Determinación que revocó la sentencia definitiva para efecto de dictar otra en su lugar, en la que, siempre que no exista alguna otra causal de improcedencia o sobreseimiento prelatoria, se aborde el estudio de fondo de la cuestión planteada resolviendo lo que en derecho proceda, prescindiendo de aplicar la Ley Federal de Responsabilidades Patrimonial del Estado. El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; ." Ahora, es pertinente definir los actos que delimitan la procedencia del amparo directo, como enseguida se verá: 1. Se está ante una sentencia definitiva cuando: a) Esta resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden ningún recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada; y, b) Cuando los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan. 2. Por otro lado, las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, siempre que respecto de ellas las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario, siendo oportuno tener en cuenta que conforme al principio de definitividad, para efectos de la promoción del juicio de amparo (directo o indirecto), deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos en las leyes, antes de acudir al amparo, pues el incumplimiento de ello tiene como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo. Al respecto, es de precisar que Maribel Hernández Mata (actora del juicio administrativo) agotó el principio de definitividad al interponer recurso de reconsideración en contra de la sentencia definitiva que sobreseyó el juicio administrativo de origen; de ahí que la resolución reclamada se considera una determinación que pone fin al juicio, pues se trata de una sentencia definitiva. En ese orden de ideas, se toma en cuenta que, en atención a la naturaleza de la sentencia controvertida, pone fin al juicio de origen; por ende, su conocimiento escapa al ámbito de competencia del amparo indirecto, no así de la vía directa, pues, como se destacó, ésta se encuentra diseñada precisamente para conocer de ese tipo de determinaciones. Sobre todo porque de los puntos resolutivos del recurso de reconsideración que fueron trascritos por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierte que la autoridad responsable revocó el sobreseimiento decretado por el Juez Administrativo de primera instancia, y le ordenó dictara otra resolución en su lugar, en la que siempre que no exista alguna otra causal de improcedencia o sobreseimiento prelatoria, aborde el estudio de fondo de la cuestión planteada resolviendo lo que en derecho proceda, prescindiendo de aplicar la Ley Federal de Responsabilidades Patrimonial del Estado; lo que implica que no se repuso el procedimiento que haga procedente la vía indirecta. De ahí que, si bien es cierto se revocó el sobreseimiento la sentencia no deja de ser definitiva y poner fin a la instancia, pues lo que ahora habrá de determinar es con relación al fondo del asunto, prescindiendo de aplicar la Ley Federal de Responsabilidades Patrimonial del Estado; por lo que, se reitera el acto reclamado es una sentencia definitiva, cuyo estudio corresponde al Tribunal Colegiado, no a un Juez biinstancial. Tiene aplicación la tesis XI.3o.A.T.3 A (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, de rubro y texto: "RESOLUCIONES DICTADAS POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN QUE SOBRESEEN EN SU INTEGRIDAD EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN SU CONTRA PROCEDE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 298 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ESA ENTIDAD, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO DIRECTO. De los artículos 143, 144, 154 y 155 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, se advierte que el Tribunal de Justicia Administrativa, como órgano autónomo de control de legalidad y dotado de plena jurisdicción, es competente para resolver definitivamente tanto las controversias que se promuevan en el juicio contencioso administrativo, como el recurso de reconsideración previsto en el artículo 298 del propio ordenamiento, el cual, conforme a su fracción III, procede contra las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos. Ahora, en atención a que el legislador no distinguió entre las resoluciones que decreten o nieguen el sobreseimiento en el juicio en su integridad y las que lo sobreseen en parte, se concluye que, respecto de las primeras, cabe la reconsideración como recurso ordinario que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar esa determinación y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo directo en su contra, ya que así se acata el principio de definitividad que rige en el proceso constitucional, contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en tanto que, respecto de las resoluciones que decretan o nieguen sobreseimientos en forma parcial procede el amparo directo, sin necesidad de agotar el recurso de reconsideración, pues así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 102/2013 (10a.), al establecer que contra ese tipo de resoluciones no procede recurso ordinario previo que pueda modificarlas o revocarlas, debiéndose ocupar el Tribunal Colegiado de Circuito, en su integridad, del estudio de los conceptos de violación sometidos a su consideración." En tal condición, se impone declarar la legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión, y se remite al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, decida si acepta o no la competencia planteada, solicitando atentamente se sirva acusar recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. PRUEBAS. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que adjunta a su libelo de cuenta, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogada, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional y tenerlas por recibidas en ese acto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. Autoridad informa gestiones de cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexos que remite el Enlace Jurídico de la Secretaría de Educación en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones realizadas encaminadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, del contenido del referido comunicado se advierte que en atención al requerimiento formulado a la citada autoridad por el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, el treinta de noviembre pasado, consistente en que informara sobre la respuesta dada o los trámites administrativos realizados por la Directora de Gestión de Personal y Nóminas, así como por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, al respecto la autoridad referida le comunicó que el Jefe del Departamento de Normatividad hizo de su conocimiento que no se cuenta con la respuesta del diverso oficio número SE/SA/DGPN/SP/DPE/1034/2020, dirigido a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Michoacán, por medio del cual se le solicita proporcionar techo presupuestal a las claves de J. Santos Ibarra y otros, lo que acredita con las constancias que exhibe. Asimismo, el referido enlace jurídico solicitó a dicha autoridad laboral que se vincule a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Michoacán para que dé cabal cumplimiento al laudo dictado dentro del juicio 102/2010, debido a que la Secretaría de Educación en el Estado no es un ente desconcentrado del gobierno ni cuenta con patrimonio propio, por lo que resulta necesario la intervención de dicha secretaría a efecto de poder dar cumplimiento al fallo protector; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Autoridad informa gestiones y hace manifestaciones. Por otra parte, glósese el oficio procedente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite copia autorizada del proveído que dictó el once de diciembre del año en curso, del que se desprende que requirió de nueva cuenta al Enlace Jurídico de la Secretaría de Educación en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que informe las gestiones realizadas encaminadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo e informe la respuesta dada por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Michoacán al respecto, bajo apercibimiento; instruyendo además a dicho enlace jurídico para que de manera interna realice los trámites necesarios para cumplir lo solicitado. Asimismo, por las razones que expone, solicita que se vincule al cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Michoacán. Requerimiento a autoridad no responsable. Ahora bien, tomando en consideración lo manifestado por la autoridad responsable oficiante y aunado a la circunstancia de que este Órgano Jurisdiccional en el ámbito de sus facultades, puede allegarse de los medios y/o información necesaria para hacer cumplir la ejecutoria de amparo; en obvio de mayores dilaciones, mediante oficio que al efecto se libre, requiérase al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, informe si a la fecha realizó la encomienda decretada por la Directora de Administración de Personal de la Secretaría de Educación en el Estado, esto es, si ya proporcionó techo financiero a los nombramientos otorgados a J. Santos Ibarra Ibarra, Tarcicio Gómez Méndez y Esther Zamudio Tirado y si se otorgaron las claves presupuestales correspondientes a la basificación u homologación en sus nombramientos como Directores Técnicos de Escuela Telesecundaria, sin que obste la circunstancia de que en el periodo de noviembre de dos mil diecinueve al enero de dos mil veinte se llevó a cabo la federalización de la nómina, o en su caso manifieste el impedimento que tenga para ello, debiendo en ambos casos anexar en copia certificada las constancias que lo acrediten; toda vez que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público. Apercibimiento. Lo anterior bajo apercibimiento que de no atender el anterior requerimiento ni acreditar todo lo ordenado de manera pormenorizada, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cincuenta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes
- Fiscal General del Estado de Michoacán635/2020
- Fiscal General del Estado de Michoacán.923/2019
- Fiscal General del Estado de Michoacán1068/2019
- Fiscal General del Estado de Michoacan1164/2021
- Fiscal General del Estado de Michoacán.1032/2019
- Fiscal General del Estado de Michoacán652/2020
- Fiscal General del Estado de Michoacán, ciudad606/2020
- Fiscal General del Estado de Michoacán, ciudad360/2020
- Fiscal General del Estado de Michoacán, ciudad795/2020
- Fiscal General en el Estado de Michoacán, ciudad186/2021
- Fiscal Regional de Justicia de Morelia, Michoacán.588/2018
- Fiscal Regional de Justicia de Zamora, Michoacán.113/2019