Fiscal General del Estado de Campeche

Expediente 687/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
687/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Fiscal General del Estado de Campeche
  • Leonardo Torres García y Otros.
  • Leonardo Torres García

Actuaciones

  1. Principal

    Agreguese a los autos el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco Campeche, Campeche, mediante el cual acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional mediante proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, háganse las anotaciones en el Libro respectivo, y en su oportunidad, archívese el presente cuadernillo como asunto totalmente concluido... NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En ese sentido, el suscrito considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo. En efecto, la competencia constituye un presupuesto procesal cuyo análisis es orden público; las reglas para determinarla en el amparo biinstancial se encuentran previstas en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución y 37 de la Ley de Amparo.remítase el expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Campeche, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esa entidad federativa, en favor de quien se declina la competencia para seguir conociendo del amparo; lo anterior, para los efectos que indica el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo...notifiquese personalmente

  3. Principal

    Cancún, Quintana Roo, primero de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Leonardo Torres García y Blanca Esperanza Mérida López, contra actos que reclama del Fiscal General del Estado de Campeche, y otras autoridades, consistentes en: La orden de desposesión y/o confiscación del vehículo marca Chevrolet, tipo Pick Up, modelo 2000, color blanco, con placas de circulación CR-68918. La orden de aprehensión y reaprehensión, y su ejecución. En consecuencia, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número 687/2020. Suspensión de plano Ahora, en atención a que los quejosos señalan como acto reclamado la orden de confiscación del vehículo marca Chevrolet, tipo Pick Up, modelo 2000, color blanco, con placas de circulación CR-68918; con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la orden de confiscación, al tratarse de una pena prohibida por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La medida cautelar se decreta para para el efecto de que las autoridades responsables no realicen su apropiación y aplicación en beneficio del Estado, hasta en tanto sea resuelto el presente juicio de amparo. La suspensión aquí concedida no puede tener efectos distintos al supuesto referido, como es el aseguramiento realizado por autoridad investigadora o judicial, conforme a lo dispuesto por el precepto 16 Constitucional. Tampoco surte efectos si se trata de la aplicación de bienes decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito, ni el decomiso en caso de enriquecimiento ilícito, o la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto. Tampoco surtirá efecto alguno contra la ejecución de mandamientos derivados de procedimientos jurisdiccionales de cualquier tipo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE PLANO. PROCEDE CONCEDERLA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO, CONTRA EL ACTO DE CONFISCACIÓN DE BIENES, CON BASE EN LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO CONTENIDAS EN SU DEMANDA, SIN QUE SEA NECESARIA LA EXIGENCIA DE INDICIOS QUE DEMUESTREN SU EJECUCIÓN. Al disponer el artículo 126 de la Ley de Amparo, únicamente que para la procedencia de la suspensión de oficio y de plano, se requiere que se trate de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es el de confiscación de bienes, esa condición es la esencial de manera concreta para materializar ese supuesto y, por ende, al no desprenderse de su redacción, como requisito para la actualización de la hipótesis citada, que sea necesaria la existencia de indicios que demuestren la ejecución del acto de confiscación reclamado, tampoco es permisible que a través de una interpretación se adicione esa condición como nueva exigencia para la procedencia de la medida referida, por lo que en los casos en que el quejoso reclame la confiscación de bienes, procede conceder la suspensión de plano en los términos previstos por el artículo 126 citado, pues basta para ello la manifestación que en ese sentido realice aquél en su demanda, sin que sea necesario la exigencia de indicios que demuestren su ejecución." Por tanto, requiérase a las autoridades responsables para que de inmediato en un término no mayor a veinticuatro horas, rindan el respectivo informe relativo a la suspensión de plano y hágase del conocimiento de las responsables que el incumplimiento de la suspensión de plano decretada, constituye la comisión de un delito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de amparo en vigor, que es del tenor siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Se apercibe a las autoridades responsables que de no cumplir con lo ordenado anteriormente, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que proceda a incoar la averiguación previa correspondiente, ya que la conducta que se les atribuye puede ser constitutiva de delito, conforme a las leyes aplicables correspondientes. Prevención En la demanda de a amparo los promoventes reclaman la orden de aprehensión y/o reaprehensión, la cual atribuyen únicamente a autoridades ministeriales del Estado de Campeche; asimismo, bajo protesta de decir verdad, manifestaron que tienen su domicilio en Campeche, Campeche. En ese panorama, en atención a que la competencia constituye un presupuesto de orden público el cual se encuentra regulado en el amparo biinstancial por los artículos 107, fracción XII de la Constitución y 37 de la Ley de Amparo, y en virtud de que la parte quejosa no señaló autoridades responsables residentes en el Estado de Quintana Roo; a fin de proveer sobre la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 108, fracción III y V, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que en el término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifieste: Si lo desea señalar alguna autoridad ejecutora dentro de la demarcación territorial en la que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Lo anterior, en atención a la obligación del suscrito de velar por que las pretensiones de las partes sean afines con los principios de prontitud y economía procesal que rigen en el artículo 17 Constitucional. Sin que esto, implique que el quejoso no pueda ejercer sus derechos ante esta potestad federal, ya que dicho ejercicio no es ilimitado, pues el suscrito, como garante del procedimiento, debe asegurarse de que no se retrase injustificadamente, con el único fin de prolongar los beneficios cautelares que la suspensión del acto reclamado apareja a su esfera jurídica. En tal virtud se le apercibe que, en caso de incumplimiento, se proveerá sobre la competencia en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En otro contexto, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado y como correo electrónico asesoría_legal_magb@hotmail.com y número telefónico 99-81-16-11-31, para ser utilizado como medio de localización durante el tiempo que dure la contingencia provocada por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID -19. Además, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 77, 78, 79 y 93, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, se autoriza la consulta electrónica del presente juicio de amparo al promovente. En estas condiciones, téngasele señalando como nombre de usuarios: 1. JURIDICOGOMEZ; 2. LILIANJAIMES; y 3. EDREICASTILLO. Por tanto, se ordena dar de alta al citado usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de amparo, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Finalmente, hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Así lo acordó y firma, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid19, ante Luis Abraham Aquiahuatl Vázquez, Secretario que autoriza y da fe.

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