Fiscal General del Estado Chihuahua

Expediente 531/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
531/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
20/10/2022

Partes del expediente

  • JOSÉ JUAN ÁVILA RODRíGUEZ
  • Fiscal General del Estado Chihuahua

Actuaciones

  1. Principal

    En veinte de octubre de dos mil veintidós, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el último párrafo del artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario Lic. Jesús Manuel Mora Bustillos.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de queja contra del auto de ocho de julio de este año, en que desechó la demanda de amparo en el presente expediente, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. De tal manera, atendiendo a la resolución que puso fin al presente asunto, y a lo dispuesto en los numerales 12, 14, 21, inciso d), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es destruible. Conforme lo indica el párrafo segundo, del artículo 35, del acuerdo aludido, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, ocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por el licenciado Jorge Salome Bissuet Galarza, en nombre de Jose Juan Avila Rodríguez, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Así, en principio, cabe destacar que el licenciado Jorge Salome Bissuet Galarza, en nombre de Jose Juan Avila Rodríguez, promovió diversa demanda en favor de citado quejoso, según se desprende del diverso juicio de amparo 527/2021, del índice de este juzgado; lo anterior, en términos del arábigo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, constituye un hecho notorio. Fórmense expediente físico y electrónico respectivamente; regístrese en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo; y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el orden 531/2021-IV. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de la demanda de amparo para verificar si se actualiza o no alguna causal de improcedencia, pues de acontecer tal circunstancia debe desecharse. De la lectura y compulsa integral de la demanda de cuenta, con la diversa que dio origen al diverso juicio de amparo 527/2021, se llega a la conclusión que en ambos casos reclamó la incomunicación, no obstante que en ambas demandas reclama diverso acto reclamado, pues en la demanda 527/2021, también reclama la orden de traslado del quejoso a un diverso centro penitenciario, mientras en la presente demanda reclama reubicación del quejoso, del módulo de donde actualmente se encuentra a otro diverso, destacando que ambas fueron presentadas mediante el Portal de Servicios en Línea de Poder Judicial de la Federación. Así, cabe destacar que no se estimó de tramite urgente la demanda de amparo indirecto de cuenta, en razón que mediante auto de fecha siete de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 526/2021 al cual se acumuló el juicio de amparo 527/2021, se decretó la suspensión de plano de la incomunicación que dice el promovente es objeto el quejoso Jose Juan Avila Rodríguez. Así, respecto al acto reclamado consistente en la incomunicación, se estima que se actualiza de manfera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el cual indica: "Artculo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;." Para arribar a la anterior determinación, es menester recordar que los órganos jurisdiccionales no pueden desconocer sus propias actuaciones, y se trae a colación como hecho notorio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, las constancias que obran en el diverso juicio de amparo 527/2021, del índice de este juzgado de Distrito, el cual fue también promovido por el mismo promovente en favor de Jose Juan Avila Rodríguez, respecto a la incomunicación a que dice es objeto esto, misma que se considera atribuye a las mismas autoridades, destacando que dicho juico de amparo se acumuló al juicio de amparo 526/2021. Actualizándose así la causal de improcedencia antes invocada, ya existe identidad de: i) quejosa; ii) autoridades responsables; y, iii) actos reclamados, por cuanto a la incomunicación se refiere, por lo que jurídicamente no es posible realizar un análisis de los actos reclamados, en dos o más ocasiones en juicios diversos. Se ordena glosar a los presentes autos copias simples de las documentales citadas con antelación; lo anterior para debida constancia. Tiene aplicación, la Jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada por Contradicción de Tesis 423/2016, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el ocho de junio de dos mil dieciocho, Décima Época, del rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." En consecuencia, con apoyo en los artículos 61, fracción X; y, 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por ser notoria, manifiesta e indudable su improcedencia por cuanto se refiere a la incomunicación de quejoso se refiere es sujeto en el Centro Estatal de Reinserción Social número 3, con sede en esta ciudad. Por otra parte, respecto al diverso acto que señala como reclamado consistentes en la "La reubicación del quejoso, del módulo de donde actualmente se encuentra a otro diverso, bajo el argumento de la autoridad administrativa de implementar medidas de seguridad de preventivas y de seguridad, sin la debida motivación y fundamentación, exponiendo su vida dado a la contingencia que se vive a nivel mundial con el contagio de COVID 19", se estima que también se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" En efecto, la fracción transcrita consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de definitividad, que impone como obligación al quejoso, antes de acudir a promover demanda de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, se puede establecer que conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá acudir a ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que se regulen en la ley de donde emana el acto reclamado. Ahora bien, dentro del Capítulo III, denominado Procedimiento Administrativo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se encuentran los artículos 107 a 115 los cuales disponen: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." En adición a dichos preceptos, en el Capítulo IV, denominado Controversias ante el Juez de Ejecución, del mismo cuerpo de leyes invocado, se encuentran los artículos 116 y 117, del tenor siguiente: "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada." De dichos preceptos, se obtiene, en lo que aquí interesa, que las peticiones ante la autoridad penitenciaria en contra de hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del centro de reclusión de que se trate, quien, una vez recibida la petición, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; determinación que deberá notificarse personalmente al promovente. El director del centro de reclusión estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas, entre otras, con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, así como con el plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales. Establecido lo anterior y atendiendo a la naturaleza del auto reclamado, se estima que los quejosos previo a promover demanda de amparo, debieron formular la petición ante la autoridad penitenciaria y seguir el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Bajo ese contexto, es necesario indicar que no se oponen a la decisión adoptada, los criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Nación, que a continuación se detallan: Jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.), visible en la página 800 del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro electrónico 2003323, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO." Tesis aislada 1a. CLXVI/2014 (10a.), consultable en la página 824 del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materias Constitucional y Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro electrónico 2006256, intitulada: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL." Jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.), que obra en la página 247 del Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro electrónico 2010596, del título siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA." De la lectura de los criterios invocados, como primer aspecto relevante a destacar, se advierte que fueron emitidas, tomando como base la reforma constitucional a los artículos 18 y 21, de dieciocho de junio de dos mil once, en la que, como quedó indicado en los párrafos anteriores, se le quitaron facultades a las autoridades administrativas para decidir las controversias que se susciten en reclusión, para otorgárselas a la autoridad judicial; lo que conlleva a que las autoridades administrativas ya no tengan competencia propia para ordenar los traslados, sino que éstos deben ser autorizados por las autoridades judiciales, pues de lo contrario, se estaría frente a actos emitidos fuera de procedimiento judicial. Circunstancia que se materializó con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que de su contenido, como también quedó reseñado en los párrafos anteriores, se aprecia el acto que tenga que ver con sus condiciones de internamiento, se da en el contexto de un procedimiento jurisdiccional en cualquiera de sus etapas, en cuyo caso, la Ley Nacional de Ejecución Penal en los artículos 9, fracción IX, 107 y 108 fracción I, le otorga el derecho de realizar una petición por virtud de la cual la autoridad administrativa estaba obligada a abrir un procedimiento y una vez agotado resolver, que puede ser en el sentido de subsanar la afectación. Por otro lado, debe señalarse, que los criterios reseñados atienden a situaciones anteriores a la entrada en vigor de la legislación de ejecución penal en comento, donde las autoridades administrativas continuaban ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades y sin autorización judicial, en donde, ante la falta de normatividad especial sobre la materia, se consideró pertinente la procedencia del juicio de amparo para controlar la constitucionalidad de tales actos. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la Jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.) haya sido publicada con posterioridad a la entrada en vigor de la legislación especial, esto es, en noviembre de dos mil dieciséis, ya que de la lectura de los razonamientos expuestos al resolver la Contradicción de tesis 154/2016, que dio origen a dicho criterio, no se aprecia que los mismos hayan dirimido una problemática atendiendo a la Ley Nacional de Ejecución Penal, sino a una cuestión que surgió con anterioridad a la vigencia de ésta. Adicionalmente, debe expresarse que tampoco se opone a lo anterior, el hecho de que, con base en los criterios antes reseñados y el artículo 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se haya considerado a la orden de traslado como un acto emitido fuera de procedimiento judicial. Pues como quedó señalado, con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cambió la naturaleza del referido acto reclamado, y no actualiza ninguna de las hipótesis contempladas en el mencionado precepto para que se considere como asunto urgente, y, por ende, se provea a su inmediata tramitación. Máxime, el numeral 48 del Acuerdo en cita, constituye una disposición de carácter administrativo que regula el actuar de los servidores públicos adscritos a las oficinas de correspondencia común, por lo que la calificación de un asunto como urgente para su turno, sólo tiene como efecto su atención oportuna; pero no restringe ni influye en el trámite legal que le corresponde conforme a la facultad de análisis jurídico exclusiva de los órganos jurisdiccionales. En esta tesitura, se colige que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las situaciones relacionadas con la reclusión de los ahora quejosos, adicionalmente cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, por lo que es inconcuso que dichos procedimientos deber ser agotados previo a la presentación del juicio de amparo, en atención al principio de definitividad. Ello es así, porque de acuerdo con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, previo a la interposición de éste, deben ejercitarse los recursos ordinarios que prevenga la ley, que tengan por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada, tal y como se estipulo en líneas precedentes, entonces debe concluirse que el presente juicio es improcedente. Por tales motivos, lo procedente es desechar de la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, respecto de la orden y ejecución de traslado o reubicación del mismo Centro de Reinserción Social Estatal número 3, a un área diversa y/o distinta y/o complementaria y/o adjunta al mismo Centro penitenciario. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de impro6cedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la jurisprudencia 1ª./J 22/2014 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 325, del epígrafe y contenido siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Asimismo, es aplicable la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 1, Libro XV, diciembre de dos mil doce, página 530, que establece lo siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Así como la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, página 1587, del tenor literal siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. v DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." De igual forma, se le tiene proporcionando el usuario para consultar el expediente electrónico, así como para que las notificaciones se le realicen vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Atento a lo anterior, téngase por autorizado lo solicitado para que las notificaciones aún las de carácter personal en el juicio de amparo se realicen por vía electrónica al usuario "jsbg2020", conforme al artículo 55 del "Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", se instruye al Analista Jurídico del Sistema Integral de Expedientes, que realice el alta respectiva en dicho sistema, para los efectos legales procedentes. En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 3, 7, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 3, 8, Titulo Cuarto Información Clasificada (97-109), Capítulo II, De la Información Reservada (110-112), Capítulo III, De la Información Confidencial (113-117), así como el Capítulo IV, De las Versiones Públicas (118-139), 140 y 141 y con lo dispuesto por el Capítulo I, del Título Séptimo de la mencionada Ley, se deberá proceder, en concordancia con la normativa que rige en lo atingente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la aplicación de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyendas que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley. En la inteligencia que de no cumplir con lo anterior, se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, que se trata de versiones públicas y consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta, bajo la total responsabilidad de la parte que las exhiban, debiendo asumir las consecuencias legales que deriven de ello. Apercibidas que en caso de no hacerlo, como se indica, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que lo hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además, acreedoras a una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (89.62) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo. Por tanto, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información aludido que establezcan las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. Se hace del conocimiento de las partes en que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. En el entendido, que el artículo 15 del citado Acuerdo General 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, mismo que fue reformando mediante el diverso Acuerdo General 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual entró en vigor el uno de noviembre del año en curso, decreta que las jornadas presenciales serán de seis horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las trece horas con quince minutos hasta las diecinueve horas con quince minutos, de lunes a viernes (horario vespertino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. Medidas relativas a la etapa de contingencia. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Lo anterior, a fin de privilegiar la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros interesados deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico. Mientras que, a las autoridades, en su carácter de responsables y terceros interesados, se les hará la primera notificación mediante oficio digitalizado firmado electrónicamente y remitido por correo electrónico, acorde a lo establecido en el décimo transitorio del Acuerdo General 21/2020, así como las subsecuentes, dado el esquema hibrido en que es necesario continuar el presente asunto, para lo cual deberán proporcionar una dirección de correo electrónico en la que se le deban hacer las notificaciones en este asunto, mientras no obtenga un usuario del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Toda vez que este tipo de notificación no genera acuses en automático, deberán confirmar la recepción del correo, especificando los archivos que se les enviaron, lo cual será certificado por la fedataria judicial, contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la determinación para indicar que quedaron notificados; apercibidos que, transcurrido ese término este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación y será a partir del tercer día en que sus términos comenzarán a correr; lo cual encuentra sustento, por analogía, en el contenido de los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), así como 30, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, las autoridades que deseen incorporarse al directorio realizado con motivo del convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal, o que quieran actualizar el correo electrónico en el que deban ser notificadas, podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx. Por otra parte, cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Lo anterior es así, considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permiten garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces http://portalconsejo.cjf.gob.mx, desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica/ desde Internet. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. En ese orden, se reitera las autoridades responsables que las promociones y comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Las notificaciones se realizaran por regla general mediante lista, con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet, consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. Adicionalmente, se instruye al Actuario Judicial para que la publicación de este auto se incluya en la lista que deberá ser remitida a la Administración Regional de esta demarcación, para que el personal de ésta las coloque en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. Finalmente, en términos de lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde ahora los días y horas inhábiles para que el actuario realice las notificaciones correspondientes en el presente asunto; ello, atendiendo a las cargas de trabajo de este juzgado y con la finalidad de tutelar el derecho fundamental de acceso a justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 constitucional. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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