Fiscal General de la República
Expediente 174/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 174/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/04/2023
Partes del expediente
- Fiscal General de la República
- José Antonio de Anda Turati
- JOSÉ ANTONIO DE ANDA TURATI y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a diez de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; hágase la anotación en el libro de gobierno; en consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Finalmente, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio que remite el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; ahora, de la lectura del mismo se desprende que no corresponde al presente expediente, por lo que de una búsqueda realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), se observa que corresponde al diverso juicio de amparo 174/2022, radicado en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal de esta ciudad, por ello, en obvio de mayores dilaciones, previa copia simple que se deje en autos, remítase el oficio de cuenta al Juzgado Federal antes referido; para los efecto legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, siete de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibida demanda de amparo promovida por ********, por propio derecho, contra actos del Fiscal General de la República y otra autoridad responsable. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 174/2022-V. Genérese el expediente electrónico e impreso. Ábrase el incidente de suspensión por duplicado. Desechamiento Ahora bien, antes de proveer sobre la admisión de la demanda de mérito, debe precisarse que se analiza en primer lugar la procedencia del juicio de amparo ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse preferentemente. En ese tenor, debe precisarse que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es uno de aquellos que produzca al directo quejoso una ejecución de imposible reparación, por lo que se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo con la que se da cuenta, ya que el acto aquí reclamado lo hace consistir en: La omisión de citar a comparecer al quejoso a la o las carpetas de investigación que se sigan en su contra. Ello es así, toda vez que, como se mencionó anteriormente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el acto señalado no es de aquellos que constituyen un acto de imposible reparación, en virtud de que los efectos de la integración de una carpeta de investigación, pueden ser susceptibles de contraerse o anularse. De esta manera los actos no trascienden de modo irreparable en la esfera jurídica del gobernado, pues no le ocasionan un perjuicio, lo cual podría suceder hasta en tanto, el órgano jurisdiccional a quien le corresponda conocer de esa carpeta de investigación, determine si es procedente girar o no una orden de aprehensión por los hechos que se investigan. Tiene sustento lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.154/2005, que a la letra dice: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así.". Lo anterior, porque el acto no le causa perjuicio al interés jurídico del directo quejoso, ya que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público; por tanto, sus actuaciones como órgano de representación social investigador, constituyen un derecho social que no conforman la esfera jurídica de los particulares, de lo que se deduce que tal función no constituye un derecho privado. Además, dicho precepto constitucional faculta al Ministerio Público para que tramite, integre y ejercite la acción penal inmediatamente que aparezca que en la carpeta de investigación se hubieren satisfecho los requisitos del artículo 16 de la carta magna; por ende, los actos como ente de derecho social, atribuidos constitucionalmente al Ministerio Público, persecutor de delitos, que incluyen la integración de la indagatoria con todas sus actuaciones, incluso cuando ejerce acción penal, no pueden constituir violaciones a las garantías constitucionales, porque no suponen una afectación cierta, directa e irreparable de esos actos de naturaleza procesal a los derechos sustantivos del gobernado, en la medida en que de existir alguna violación de los derechos adjetivos puede ser subsanado si se obtiene una resolución favorable a la de sus intereses; esto es, en todo caso, cuando el juez del proceso a quien le corresponda resolver sobre el ejercicio de la acción penal solicitado por la representación social en la consignación respectiva se pronuncie, por lo que este pronunciamiento sería lo que en última instancia afectaría la esfera jurídica del ahora quejoso. Asimismo, el Juez que deba conocer de la carpeta de investigación, para poder resolver sobre la situación jurídica que debe guardar el gobernado en relación con los hechos que se le atribuye, debe constatar que las actuaciones realizadas por el Ministerio Público Investigador en la carpeta de investigación, se ajusten a la garantía de legalidad que consagra el artículo 20 de la Constitución Federal, y es en ese momento, cuando pudiera actualizarse alguna afectación a la esfera jurídica del justiciable, por considerar que no se analizaron adecuadamente los actos de ilegalidad que ahora reclama. Por ello, se actualiza la causal de improcedencia que se sustenta, tal como expresamente lo señala el numeral 61, fracción XII, en relación con el artículo 113, de la Ley de Amparo; por tanto SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizadas a las personas que refiere en su escrito inicial de demanda, con las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando acredite estar facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Se tiene por autorizadas exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señala, en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia. Expediente Electrónico Atento a la solicitud de la parte quejosa respecto la consulta del expediente electrónico, a través de su usuario registrado, dígasele que se autoriza su utilización. Así, toda vez que en el escrito de demanda se proporciona el nombre de usuario, instrúyase a la Oficial Judicial "A" adscrita, para que capture dicha autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, infórmese al promovente que queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página respectiva del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notificación electrónica El justiciable señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el domicilio ubicado dentro de esta jurisdicción; sin embargo, también solicita se le realice todo tipo de notificaciones de forma electrónica, ya que cuentan con usuario autorizado por el Portal de Servicio en Linera del Poder Judicial de la Federación; por tanto, solicítese a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado para que en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, realicen las notificaciones en el presente asunto de forma electrónica al usuario que proporciona. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Notifíquese y personalmente a la Oficial Judicial "A" adscrita.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 4,297 expedientes
- Fiscal Desconcetrado de Investigación En Tlalpan147/2017
- Fiscal Desconcetrado de Investigación En Tlalpan197/2017
- Fiscal General de la República234/2019
- FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA y Otros.243/2019
- Fiscal General de la República807/2019
- Fiscal General de la República669/2019
- Fiscal General de la República502/2019
- Fiscal General de la República828/2019
- Fiscal general de la República889/2019
- Fiscal General de la República988/2019
- Fiscal General de la República1014/2019
- Fiscal General de la República1049/2019