Fiscal General de Justicia del Estado
Expediente 101/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 101/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 22/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Fiscal General de Justicia del Estado
- Avelino Rodríguez Gallegos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 101/2022. R E S U L T A N D O: PRIMERO. El veintinueve de enero de dos mil veintidós, Salvador Patiño García presentó a favor de Avelino Rodríguez Gallegos, la demanda de amparo, solicitando la protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENAUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DEL INFORME 1 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. CIUDAD (Denominación correcta) NEGÓ 2 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA DE LA FISCALÍA COORDINADORA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. CIUDAD (Denominación correcta) NEGÓ 3 COORDINADOR GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. CIUDAD (Denominación correcta) NEGÓ 4 DIRECTOR DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN REGIÓN MORELIA. CIUDAD (Denominación correcta) NEGÓ 5 DIRECTOR DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN DE HOMICIDIO DOLOSO Y FEMINICIDIO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (quien dio contestación al oficio dirigido al DIRECTOR DE LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL HOMICIDIO DOLOSO CONTRA LA MUJER Y FEMINICIDIO). NEGÓ 6 DIRECTOR DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN DE HOMICIDIO DOLOSO Y FEMINICIDIO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (quien dio contestación al oficio dirigido al DIRECTOR DE LA FISCALÍA DE HOMICIDIOS DOLOSOS) NEGÓ ACTOS RECLAMADOS: Detención ilegal, incomunicación, tortura y maltrato físico y psicológico. Actos que estimó violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado el conocimiento del asunto; y, por acuerdo de veintinueve de enero de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo y se concedió la suspensión de plano por los actos de incomunicación, tortura y maltrato físico y psicológico; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Verificación de certeza de los actos reclamados. Actos inexistentes. Las autoridades responsables Fiscalía General del Estado, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía Coordinadora de la Fiscalía General del Estado, Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado y Director de la Policía de Investigación Región Morelia, todas con residencia en esta ciudad, al rendir los informes justificados negaron expresamente los actos reclamados consistentes en la detención ilegal, incomunicación, tortura y maltrato físico y psicológico; y, y, la diversa autoridad responsable Director de Carpetas de Investigación de la Unidad Especializada de Investigación de Homicidio Doloso y Feminicidio de la Fiscalía General del Estado (quien dio contestación a los oficios dirigidos al DIRECTOR DE LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL HOMICIDIO DOLOSO CONTRA LA MUJER Y FEMINICIDIO y al DIRECTOR DE LA FISCALÍA DE HOMICIDIOS DOLOSOS), con residencia en esta ciudad, únicamente respecto de los actos violatorios al artículo 22 Constitucional. Inexistencia que se corrobora con el acta suscrita el veintinueve de enero del año en curso, por la actuaria adscrita a este Órgano Jurisdiccional, de la que se advierte que al tener a la vista la quejoso directo de que se trata, procedió a dar fe del estado físico exterior que presentaba, esto es, si presentaba huellas de violencia, y en ese sentido asentó: ". no veo golpe alguno y de viva voz me refiere que no ha sido golpeado, después de que fue detenido con motivo del presente amparo, que salió el 28 de enero de 2022 y lo volvieron a detener." Acto continuo, le preguntó al quejoso directo si se encontraba incomunicado o en una situación que lo pusiera en riesgo de ser privado de su vida, si había tenido comunicación con alguna persona, esto es familiar, amigo, abogado o alguna otra persona de su confianza, y en ese sentido esencialmente le manifestó que no se encontraba incomunicado. De ahí que citados actos reclamados se tengan por inexistentes. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Michoacán, Director de la Policía de Investigación Región Morelia y Coordinador General de la Policía de Investigación, todas con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestaron que el quejoso fue puesto a disposición de la licenciada Birzabith Mascote Loeza, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, por personal de la Fiscalía Regional de Morelia, Unidad de Investigación de Tarímbaro, Michoacán, de esa Fiscalía General del Estado, el día veintidós de enero de dos mil veintidós, por el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en agravio de la sociedad, dando origen a la Carpeta de Investigación número MOR/053/21430/2022, con Número Único de Caso 1003202202831; puesto que también informaron que con motivo de esos hechos fue puesto en libertad el veinticuatro de enero de dos mil veintidós; de ahí que dicha información no constituye base de los actos reclamados, previamente analizados; ello, si se considera que la demanda de amparo se presentó el veintinueve de enero de dos mil veintidós; es decir, con fecha posterior a que fue puesto en libertad por aquellos hechos; por tanto, su inexistencia. Además de que en su demanda narra hechos relativos a que su detención si bien es cierto ocurrió el veintidós de enero de dos mil veintidós, también lo es que fue derivado de la causa penal 1769/2021, en la que incluso refiere se le decretó su libertad a razón de un homónimo; luego de lo cual menciona diversas causas penales como la 1912/2021, 276/2021, 326/2019, 1008/2021, 1796/2021, 1180/2021, 998/2020, 1017/2020; y las carpetas de investigación MOR/053/20707/2021, MOR053/38974/2021, MOR/053/29526/2021, MOR/053/28848/2019, MOR/053/34312/2021/ MOR/053/32293/2020 y el expediente 34/178/UATP/MOR/2018; de ahí que no se aprecie relación entre lo informado por las autoridades ejecutoras y lo aquí reclamado por el quejoso. Máxime, el quejoso fue omiso en ofrecer prueba que desvirtúe la aseveración de las autoridades, por lo que no queda sino acoger esta última. Por tanto, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO. Presunción de existencia del acto reclamado consistente en la detención del quejoso. El Director de Carpetas de Investigación de la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso y Feminicidio de la Fiscalía General del Estado, por sí y por el Director de la Fiscalía de Homicidios Dolosos, con residencia en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado respecto del acto reclamado consistente en la detención del quejoso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." Precisado lo anterior, es conveniente tener presente que, por regla general, la causa de improcedencia relativa al cambio de situación jurídica, se produce cuando concurren lo siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b) Que después de haberse presentado la demanda de garantías se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica que prevalecía en el quejoso; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, por lo cual deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas; d) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó, y la nueva resolución, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; e) Que por el cambio de situación jurídica resulten consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. Lo anterior, se obtiene de la 2a. CXI/96, que establece: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional.". Expuesto lo anterior, tal como se adelantó, este órgano de control constitucional estima que en el presente juicio de garantías se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, en relación con la detención reclamada, ya que si bien es cierto, la Jueza de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, no fue señalada como autoridad responsable; también lo es que del oficio 453/2022, signado por dicha oficiante; recibido en proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en atención al requerimiento formulado en auto del dieciocho de ese mes y año; se advierte que la detención del quejoso fue en cumplimiento de la orden de aprehensión derivada de la causa penal 1925/2021. Y, en ese sentido, también informó que el dos de febrero de dos mil veintiuno, en continuación de la audiencia de formulación de imputación que inició el veintinueve de enero de dos mil veintidós, se le decretó la no vinculación a proceso del quejoso. Documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Máxime, porque adjuntó el disco compacto (DVD) que contiene la citada audiencia. Resulta aplicable la jurisprudencia, que versa: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Por ello, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para analizar y emitir un pronunciamiento sobre la detención del quejoso en el presente juicio de amparo. Dicho de otra manera, las posibles violaciones acaecidas con motivo de la detención se consumaron con el dictado de la no vinculación a proceso; y, en ese sentido, no puede ser jurídicamente susceptible de estudiarse, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica que impera en la causa penal 1925/2021 y que en ese sentido lo es el auto de no vinculación a proceso que le fue decretado el dos de febrero de dos mil veintidós; es decir, no es factible emitir un pronunciamiento respecto del acto reclamado sin afectar las ulteriores situaciones jurídicas creadas con posterioridad. Se insiste, el auto de no vinculación a proceso sustituyó la situación en la que se encontraba el quejoso, al momento de promover la presente demanda de amparo, con motivo de la detención derivada del cumplimiento de la orden de aprehensión dictada en la causa penal 1925/2021, y, por ende, operó un cambio de situación jurídica que impide examinar la constitucionalidad de su detención. Por similitud, se cita el siguiente criterio de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada). Se reitera, la detención de la que se duele el quejoso, no puede ser analizada en esta instancia, pues respecto de ese acto del que se pretendía el análisis constitucional, operó un cambio de situación jurídica; el que incluso no resta decir beneficia al quejoso, puesto que se decretó su no vinculación a proceso por lo que a esa causa se refiere; esto es, fue sustituida procesalmente por la determinación dada por el juez de control en la audiencia inicial. En consecuencia, al concretarse la aludida causal de improcedencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Finalmente, no se soslaya que la fiscal adscrita a este órgano jurisdiccional formuló los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Se cita la Jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 101/2022, promovido por Salvador Patiño García a favor de Avelino Rodríguez Gallegos, por las razones dadas en los considerandos segundo y cuarto de este fallo. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma, la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, con quien actúa y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese el oficio de cuenta, signado por la Jueza de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, con sede en esta ciudad; lo anterior, en atención al requerimiento formulado en auto del dieciocho de febrero del dos mil veintidós; advirtiéndose que es el original de su oficio 453/2022, de fecha veinticuatro de febrero del presente año, mismo que en diverso proveído de once de febrero del año en curso, se tuvo por recibido en copia simple, al que anexó un disco (DVD). Por tanto, se acuerda lo siguiente: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por admitidas y desahogadas, en razón a su propia y especial naturaleza, la documental que la autoridad responsable adjuntó con antelación consistente en un disco compacto (DVD), que contiene la audiencia de fecha dos de febrero del dos mil veintidós, para acreditar su dicho; mismo que se encuentra a su disposición en este órgano jurisdiccional a fin de que si estima necesario, puedan consultar la información contenida en el referido formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.- En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Manifestaciones de la autoridad responsable. Agréguese el oficio de cuenta, signado por la Jueza de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, con sede en esta ciudad; a través del cual, en atención al requerimiento formulado en proveído del once de febrero del dos mil veintidós, en el sentido de que informe a este Juzgado sobre el fundamento o regulación para el uso de la firma al parecer faximil; es decir, sin firma autógrafa, que calza el oficio recibido en este Juzgado el nueve de febrero del presente año, registrado bajo el número 2006, o bien, haga la aclaración respectiva. A lo que, en lo que interesa manifiesta lo siguiente: ".Aunado a lo anterior me permito informarle que este tribunal y de manera general los funcionarios que laboramos en el Poder Judicial del Estado de Michoacán, no contamos con firma electrónica, por lo que atendiendo a la situación extraordinaria que se presentó y de la cual he dado cuenta, a fin de no dilatar el trámite del amparo promovido por el quejoso, fue remitido vía electrónica en las condiciones señaladas el informe previo.". En sentido de lo informado, se tiene que el oficio recibido en este Juzgado el nueve de febrero del presente año, registrado bajo el número 2006, resulta ser una copia simple, sin firma autógrafa. En ese contexto, requiérase a la autoridad oficiante, para que en el TÉRMINO DE TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita en original y con firma autógrafa su oficio 453/2022, recibido en este Juzgado el nueve de febrero del año en curso y registrado bajo el número 2006. Lo anterior, para estar en condiciones de acordarlo en el fondo, y tener por recibidas las pruebas contenidas en el disco versátil (dvd) enviado mediante el oficio de referencia. Requerimiento que tiene sentido si se toma en consideración que contrario a lo que sostiene en su oficio de cuenta, éste no fue remitido de manera electrónica, tan es así que al mismo anexó el citado disco versátil a que se hace referencia. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Maira Flor López Valencia, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, por licencia concedida a la titular de este órgano jurisdiccional por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio número 04447/2022, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de febrero de dos mil veintidós. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Oficio sin firma autógrafa. Visto el oficio y anexo consistente en un disco con los registros digitales de la causa penal 1925/2021, que envía la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, con residencia en esta ciudad, mismo que contiene firma al parecer faximil; es decir, sin firma autógrafa, lo que se corrobora con la leyenda que obra en el sello de recibido del oficio en comento. Por lo tanto, previo a acordarlo en el fondo, y tener por recibidas las pruebas contenidas en el disco enviado, solicítese a la Juez en cita, informe a este Juzgado sobre el fundamento o regulación para el uso de tal firma, o bien, haga la aclaración respectiva. Notifíquese en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.
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